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Modo: Corpus Pro

PAGARÉ. LA PROMESA INCONDICIONAL DE PAGAR UNA SUMA DETERMINADA DE DINERO, ES UN REQUISITO DE EXISTENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18836
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, , Pág. 360.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIA CIVIL.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DC. 14103/2001, promovido por Jorge Alfonso Moreno Nieto, su sucesión, relativo al juicio de amparo número 2682/2000, sostuvo lo siguiente:

"El anterior alegato resulta fundado, dado que si bien es verdad que el llenar con posterioridad a su firma, los espacios intencionalmente dejados en blanco de un título de crédito, no constituye propiamente una alteración o falsificación, en tanto que para que esto ocurra, es menester que primero exista un texto y luego se modifique por uno posterior, o que se imite la firma del presunto suscriptor; alteración o falsificación que no se da cuando se asienta un dato que intencionalmente las mismas partes dejaron de señalar en principio; también lo es que el adicionar el texto de un título de crédito o concretamente de un pagaré con menciones que no contenía al momento de ser firmado, también implica de algún modo una alteración que si bien resulta lícita en algunos casos, por estar permitida por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y siempre que se ajuste a lo pactado por las partes, en otros puede acarrear la ineficacia del título y, por ende, la improcedencia de la vía. En efecto, el artículo 13 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece: ‘Artículo 13. En caso de alteración del texto de un título de crédito, los signatarios posteriores a ella se obligan según los términos del texto alterado, y los signatarios anteriores, según los términos del texto original. Cuando no se pueda comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes.’. La literalidad de dicho precepto lleva a establecer que la alteración de un título de crédito se da cuando se cuenta con un texto original y luego se modifica por otro, o se le agrega algo que no contenía, y que en esa hipótesis los signatarios posteriores a la alteración se obligan según los términos del texto alterado, y los anteriores según los términos del texto original. Asimismo, prevé una presunción legal que opera cuando se establece que hay alteración pero no puede comprobarse si el documento se firmó antes o después de la alteración; presunción que consiste en considerar que la firma fue puesta antes de la alteración. En la especie, existe un hecho cierto que, como lo sustentó la Sala responsable, se prueba con la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía ofrecida por la quejosa, de que el pagaré base de la acción fue llenado en dos momentos distintos con posterioridad a la fecha en que fue firmado, esto es, cuando sólo contenía las menciones ya impresas en el formato o esqueleto respectivo, pero no las puestas a máquina de escribir, entre ellas, las relativas al importe del pagaré en número y letra, al lugar y fecha de suscripción, a la fecha de vencimiento, al número del pagaré, a la tasa de interés aplicable, al nombre del suscriptor y su domicilio. Este hecho probado implica que se alteró por adición el pagaré fundatorio de la acción y, por tanto, resulta inconstitucional el que la Sala responsable, a pesar de que precisó que con el dictamen pericial de que se trata se demostró que el pagaré básico de la acción se llenó con posterioridad a su firma, determine que esa circunstancia no implica alteración o falsificación del documento. También resulta inconstitucional lo estimado por la Sala en cuanto a que el hecho de que se demuestre con el multicitado dictamen que el pagaré señalado fue llenado con posterioridad a la firma que lo calza o en diferentes inserciones a la máquina de escribir, no destruye la prueba preconstituida que tiene a su favor la parte actora. En efecto, está demostrado con el referido dictamen que cuando el autor de la sucesión quejosa firmó el pagaré fundatorio de la acción del juicio natural, no contenía diversas menciones, entre ellas la cantidad a pagar, la mención del lugar y fecha de suscripción, la fecha de vencimiento. Ahora bien, la circunstancia de que se acredite que el pagaré fundatorio de la acción no contenía la cantidad a pagar lo vuelve ineficaz como título de crédito y revela la improcedencia de la vía ejecutiva mercantil. Se expone tal aserto, porque si bien las menciones relativas al lugar y fecha de suscripción y fecha de vencimiento, sólo constituyen requisitos de eficacia que pueden ser satisfechos por su legítimo tenedor antes de ser presentado para su pago, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y no de existencia o esencial, cuya falta sí impide que surta sus efectos de título ejecutivo; sí constituye un requisito de esta última naturaleza el asentar desde la emisión del documento la cantidad a pagar. En efecto, el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece: ‘Artículo 170. El pagaré debe contener: I. La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; II. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; III. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; IV. La época y el lugar del pago; V. La fecha y el lugar en que se suscriba el documento; y, VI. La firma del suscriptor, o de la persona que firme a su ruego o en su nombre.’. Ese precepto, aunque no en forma expresa, establece tanto requisitos de existencia como de eficacia del título de crédito denominado pagaré, y que pueden distinguirse atendiendo a su naturaleza. Los primeros son aquellos, sin los cuales, no puede nacer a la vida jurídica y, por ende, no pueden ser satisfechos en otro momento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y los segundos, son aquellos que resultan necesarios para que produzcan plenamente sus efectos legales, pero que en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del mencionado ordenamiento legal y, contrariamente a lo alegado por la quejosa en forma genérica, pueden ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para la aceptación o para su pago, pero cuya falta no impide que nazca a la vida jurídica. En efecto, del sentido literal del referido artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se desprende que resultan necesarios para la existencia del pagaré, los requisitos previstos en sus fracciones I, II y VI, y que son: la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, que implica el señalar la cantidad a pagar, y la firma del suscriptor o de la persona que firma a su ruego o en su nombre, porque resultan imprescindibles para que pueda ser considerado como tal. Se asevera lo anterior, porque el requisito de contener la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, permite diferenciarlo de otros títulos de crédito o de otros actos jurídicos, y es necesario para que pueda surtir sus efectos como título ejecutivo; el consistente en la promesa incondicional de pago, permite desvincularlo de la causa que le dio origen y facilitar su circulación y cobro, del que a su vez se desprende el consistente en el señalamiento de la cantidad a pagar, que permite tener la certeza del alcance de la obligación y, por ende, de la promesa incondicional de pago; y el consistente en la firma del suscriptor o de la persona que firma a su ruego o en su nombre, es primordial porque permite propiamente que la obligación surja, ya que la firma es el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita. Por otra parte, los requisitos previstos en las fracciones III, IV y V del referido precepto legal, consistentes en el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, y la fecha y el lugar de suscripción del documento; son sólo requisitos de eficacia necesarios para que pueda producir plenamente sus efectos, pero cuya falta no impide nacer al pagaré y que, por ende, pueden ser satisfechos por su legítimo tenedor, que es el interesado en el llenado completo del documento y no por el suscriptor como lo pretende la quejosa, hasta antes de su presentación para su pago, en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la referida Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En la especie, está demostrado que antes de la firma del pagaré, el documento ya tenía impresos los requisitos esenciales a que se refieren las fracciones I, II y VI del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que son: la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento y la promesa incondicional de pago, pero no el señalamiento de la cantidad a pagar, requisito esencial del pagaré que no podía válidamente satisfacerse con posterioridad; por lo que resulta evidente que dicho pagaré no nació a la vida jurídica por falta de ese requisito esencial y, por ende, que no surtió efectos de título ejecutivo. Al no considerarlo de ese modo la Sala responsable, violó en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad y debida fundamentación y motivación consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que motiva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia definitiva reclamada y, en su lugar, pronuncie otra en la que conforme a los lineamientos de esta ejecutoria, considere que quedó demostrada la alteración por adición del pagaré base de la acción y que cuando se firmó carecía del requisito esencial de contener el señalamiento de la cantidad a pagar y, por ende, que no constituye título ejecutivo, con base en lo cual resuelva la litis de segunda instancia conforme en derecho proceda. La concesión del amparo comprende a los actos de ejecución reclamados al Juez Trigésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, porque no se impugnaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la inconstitucionalidad del reclamado a la responsable ordenadora. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número ochenta y ocho, publicada en la página setenta del Tomo VI, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete-dos mil, Quinta Época, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe). Finalmente, siendo fundados los conceptos de violación antes analizados, en el aspecto indicado y que ello trae como consecuencia que se nulifique el acto reclamado a la Sala responsable, resulta innecesario el estudio de los demás argumentos expuestos como conceptos de violación, dado que a nada práctico conduciría. Es aplicable al caso, la jurisprudencia identificada con el número ciento sesenta y ocho, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento trece del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, que es del siguiente epígrafe y texto: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe)."

La ejecutoria anterior, dio origen a la tesis I.3o.C.315 C, cuyos rubro y texto son:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XV, junio de 2002

"Tesis: I.3o.C.315 C

"Página: 673

"PAGARÉ. LA CANTIDAD A PAGAR ES UN REQUISITO DE EXISTENCIA DE ESA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO, POR LO QUE SU SEÑALAMIENTO NO PUEDE SER SATISFECHO CON POSTERIORIDAD A SU FIRMA. De lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se desprenden requisitos tanto de existencia como de eficacia del título de crédito denominado pagaré, y que pueden distinguirse atendiendo a su naturaleza, dado que mientras los primeros son aquellos sin los cuales no puede nacer a la vida jurídica y, por ende, deben ser satisfechos desde el momento de su suscripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de dicha ley, los segundos son los que resultan necesarios para que el pagaré produzca plenamente sus efectos legales, pero que en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del mencionado ordenamiento legal, pueden ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, hasta antes de la presentación del título para la aceptación o para su pago. Conforme a tales distinciones, resultan necesarios para la existencia del pagaré los presupuestos previstos en las fracciones I, II y VI del mencionado artículo 170 y que son: la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, que implica el señalar la cantidad a pagar, y la firma del suscriptor o de la persona que firma a su ruego o en su nombre, habida cuenta que son imprescindibles para que el documento respectivo pueda ser considerado como pagaré, dado que el contener la mención relativa inserta en el texto del documento permite diferenciarlo de otros títulos de crédito o de otros actos jurídicos y es necesario para que pueda surtir sus efectos como título ejecutivo; el consistente en la promesa incondicional de pago, posibilita desvincularlo de la causa que le dio origen y facilitar su circulación y cobro, del que a su vez se desprende el consistente en el señalamiento de la cantidad a pagar, que permite tener la certeza del alcance de la obligación y, por ende, de la promesa incondicional de pago; y el consistente en la firma del suscriptor o de la persona que firma a su ruego o en su nombre es primordial, porque permite propiamente que la obligación surja, ya que la firma es el signo gráfico mediante la que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita. Los demás requisitos previstos en las fracciones III, IV y V del referido precepto legal, consistentes en el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, y la fecha y el lugar de suscripción del documento, son sólo requisitos de eficacia necesarios para que pueda producir plenamente sus efectos, pero cuya falta no impide concebir la existencia jurídica del pagaré y que, por ende, pueden ser satisfechos por su legítimo tenedor, que es el interesado en el llenado completo del documento y no por el suscriptor, hasta antes de su presentación para su pago, en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la referida ley.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 14103/2001. Jorge Alfonso Moreno Nieto, su sucesión. 23 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas."

QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo D-376/1995, promovido por Armando Josué Macip Echeverría, relativo al juicio ejecutivo mercantil número 92/93, sostiene lo siguiente:

"QUINTO. Son infundados en parte e inoperantes en lo demás los conceptos de violación. Para así estimarlo, conviene precisar que en relación con el documento fundatorio de la acción de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno, la Sala responsable consideró en esencia que aun cuando la demandada reconoció haberlo firmado, de las pruebas aportadas, particularmente de la pericial, la conducían a concluir que tal documento no cumple en estricto con los requisitos y menciones necesarios para que se le considere un título de crédito. Examinó los hechos y su contestación, obteniendo, que de la copia al carbón de la nota de remisiones exhibida, se desprendía que los datos asentados en forma manuscrita no son exactamente coincidentes, pues en el título de crédito base de la acción se mencionan datos que no aparecen en la copia. Continuó con el análisis de las pruebas aportadas y concluyó que no era procedente la condena al pago del documento de que se trata, en virtud de que la cantidad que aparece fue puesta en época posterior a la suscripción del mismo, es decir que originalmente no constaba cantidad específica a pagar, por lo que, en concreto, no existía la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero en términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de manera que resultaba improcedente la vía ejecutiva mercantil. En contra de estas consideraciones resumidas, el quejoso alega únicamente que de la literalidad del documento en cuestión, sí existe la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, al mencionarse ‘debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente’, por lo que es procedente la vía ejecutiva mercantil, ya que el documento reúne las características propias de un pagaré. Ante tal situación, los conceptos de violación resultan en parte inoperantes, pues en realidad el quejoso hace valer sólo una aseveración en el sentido de que el documento fundatorio de la acción sí reúne los requisitos de ley, concretamente el relativo a que en el documento debe existir la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, pero con esta simple afirmación no combate ni mucho menos destruye todas y cada una de las consideraciones que condujeron a la Sala responsable a estimar que el documento de que se trata no reunía los requisitos y menciones necesarios, para que se le considerara un título de crédito, motivo que sería suficiente para negar el amparo solicitado, en razón de que si el quejoso no expresa verdaderos conceptos de violación, consistentes en razonamientos jurídicos concretos en contra de las consideraciones y fundamentos contenidos en la sentencia reclamada, no puede legalmente hablando hacerse un estudio oficioso de la misma. Es aplicable sobre este aspecto la jurisprudencia 9 de este Tribunal Colegiado, que dice: ‘CONCEPTO DE VIOLACIÓN. EN QUÉ CONSISTE.’ (se transcribe). En el mismo sentido, es aplicable la jurisprudencia 50 de este propio Tribunal Colegiado, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO LOS CONSTITUYE LA SIMPLE CITA DE PRECEPTOS LEGALES.’ (se transcribe). Por lo demás, el único argumento expresado a manera de afirmación por el hoy quejoso, resulta infundado, porque si bien es cierto que el documento de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno, contiene la mención impresa que dice: ‘Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente’, con lo cual se entiende que se trata de un pagaré, sin embargo, a lo que se refirió la Sala responsable al expresar que el documento en cuestión no reunía los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es a la circunstancia de que en ese documento originalmente no tenía asentada la cantidad que se había obligado a pagar la suscriptora, ni mucho menos el porcentaje de intereses moratorios supuestamente convenidos, puesto que de la copia al carbón de la nota de remisión correspondiente, se observaba que el documento no contenía alguna cantidad a la que se hubiese obligado a pagar la demandada, por lo que, ciertamente aun cuando en el referido documento se menciona la palabra pagaré, inserta en el texto del mismo, no contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, de ahí que carece del requisito exigido por la fracción II del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En las condiciones anteriores y no existiendo más conceptos de violación que examinar, procede negar el amparo solicitado."

SEXTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 627/99, promovido por Eduardo Castillo Flores y Eduardo Castillo Rendón, sostuvo lo siguiente:

"Aunado a lo anteriormente expuesto, resulta menester señalar que el pagaré en blanco es aquel que los suscriptores firmaron y entregaron al beneficiario, sin contener los datos legales necesarios, pero el documento presenta los espacios necesarios para escribirlos. En este caso, el documento es válido y el tenedor puede escribir los datos necesarios, de acuerdo con el convenio de emisión, según reiteradamente lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si no aparece que hubiera habido ese convenio de emisión, como acontece en la especie, el ejecutado puede en consecuencia, interponer la excepción personal relativa; misma que en caso de interponerse por la parte demandada, es a ella, y no a la actora, a quien corresponde la carga de la prueba del hecho en que fundamente su excepción, precisamente en aplicación del principio contenido en el aludido artículo 1194 del Código de Comercio consistente en que, de igual manera que corresponde al actor la demostración de los hechos constitutivos de su acción, toca a su contraria la justificación de los constitutivos de sus excepciones o defensas, lo cual como ya se dijo no aconteció en autos; pues en la especie, los demandados manifestaron en su escrito de contestación, que el pagaré que firmaron fue en garantía de una obligación que posteriormente se determinaría, y sin embargo, no ofrecieron prueba alguna para demostrar esa situación, pues no exhibieron el convenio de emisión que corroborara la afirmación que hicieron de que el documento fue otorgado bajo esa condición, ni tampoco aportaron alguna otra prueba que convalidara dicha afirmación; de ahí que la responsable esté en lo correcto al estimar que no llegó a demostrarse la excepción opuesta. Por lo demás, el hecho de que se afirme que no se haya pactado cantidad alguna en el título de crédito y que por consiguiente se alegue que falta uno de los requisitos para considerarlo como pagaré; debe señalarse, como se dijo, que al entregársele al tenedor el documento materia del juicio no se omitieron los requisitos sustanciales que enumera el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como lo es la mención de ser pagaré y la orden incondicional de pago, pues del texto del documento así se desprende, y si a lo anterior se añade la existencia de espacios en blanco para ser llenados, en realidad lo que ocurrió es que se le concedió al beneficiario la liberalidad de llenar esos espacios, correspondiéndole a los demandados demostrar, como se dijo, la excepción que opusieron de ser el documento contrario a lo convenido por haberse dado en garantía, lo cual no se acreditó en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 381, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y contenido son los siguientes: ‘TÍTULOS EJECUTIVOS. CARGA DE LA PRUEBA DERIVADA DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. CORRESPONDE AL DEMANDADO.’ (se transcribe). Asimismo, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/182, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 902 del Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tenor literal siguiente: ‘TÍTULOS EJECUTIVOS, EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.’ (se transcribe). En ese contexto, igualmente infundado resulta lo manifestado por los quejosos en cuanto a que la Sala responsable incorrectamente desestimó el agravio que hicieron valer ante ella en el recurso de apelación respecto a la aplicación del artículo 1194 del Código de Comercio, toda vez que dicha autoridad sostuvo que el banco no tiene que demostrar la relación causal que dio origen a la cantidad amparada en el título de crédito base de la acción, siendo suficiente para justificar su acción y derecho la exhibición del mismo. Contrario a lo alegado por los amparistas, cabe puntualizar que la autoridad responsable estuvo en lo correcto al sostener que los títulos que conforme a la ley tienen el carácter de ejecutivos, constituyen prueba plena preconstituida de la acción ejercitada en el juicio; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero y la fracción IV del artículo 1391 del Código de Comercio, que literalmente dice lo siguiente: ‘Art. 1391.’ (se transcribe). De ahí que los títulos de crédito como el pagaré traen aparejada ejecución, lo que jurídicamente significa que el documento exhibido por la actora, es un elemento demostrativo que en sí mismo hace prueba plena, y al satisfacer los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la vía procedente para reclamar su pago es la ejecutiva mercantil; de esta forma, al gozar de autonomía dicho documento, lleva implícita la acción ejecutiva por ser una prueba preconstituida, que trae aparejada ejecución, la cual exime a su tenedor de la obligación de probar la causa que le da origen al documento; por ello, si el demandado opuso excepciones tendientes a destruir la eficacia del título es a él y no al actor a quien correspondía la carga de la prueba del hecho en que fundamentó su excepción, lo que no aconteció en el caso a estudio; por tanto, la responsable aplicó en forma debida el artículo 1194 del Código de Comercio, transcrito en líneas anteriores. Por otra parte, carecen de razón los quejosos al argumentar que el documento fundatorio de la acción resultaba inexistente al haberlo firmado en blanco, pues según adujeron, no contenía ninguno de los requisitos que por ley debe contener, en específico la cantidad a pagar así como los intereses ordinarios y moratorios, y que en un momento posterior unilateralmente el banco actor llenó todos los espacios que se encontraban en blanco. Sobre el particular, la Sala responsable en la sentencia reclamada estableció textualmente lo siguiente (se transcribe). De lo antes transcrito se advierte que la Sala responsable no viola las garantías individuales de los quejosos, pues correctamente se ajusta a lo dispuesto por los artículos 15 y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los cuales textualmente disponen lo siguiente: ‘Art. 15.’ (se transcribe). ‘Art. 170.’ (se transcribe). Efectivamente, contrario a lo estimado por los quejosos, la Sala responsable interpretó correctamente los artículos mencionados en líneas anteriores, ya que de lo dispuesto por el aludido artículo 15 de la citada ley, se colige que es permitida la emisión de los documentos crediticios, sin consignar en ellos las menciones y requisitos para su eficacia, los que podrán ser satisfechos por quien en su oportunidad debió llenarlos, siempre y cuando esto se haga antes de la presentación del título para su aceptación o para su pago; es decir, basta la suscripción de un título de crédito, como aconteció en la especie, para que éste tenga existencia, aun cuando carezca de los datos relativos a la emisión, valor nominal, fecha de vencimiento, nombre del beneficiario, toda vez que dichos datos podrán ser satisfechos por el tenedor legítimo, conforme a lo convenido al momento de emitirse el documento; por tanto, la circunstancia alegada por los quejosos, relativa a que los datos del documento fueron agregados al título de crédito en cuestión, el cual refieren fue suscrito en blanco, no implica alteración de documento en los términos del artículo 8o., fracción VI, de la legislación mercantil de referencia. Aunado a lo anterior, se tiene que los datos que supuestamente fueron agregados al título, se efectuaron antes de la presentación para el cobro por lo que debe prevalecer con todas sus características inherentes; en todo caso, si el tenedor al llenar el documento de mérito, se excedió en las condiciones acordadas, lo cual no fue acreditado, será responsable de los daños y perjuicios que se lleguen a ocasionar, mas no puede hablarse de alteración del documento. Además cabe puntualizar que los demandados, ahora quejosos, admitieron haber suscrito dicho título, aceptando en consecuencia haber contraído una obligación cambiaria directa con el banco actor a través de la suscripción del título en cuestión, y máxime que al haber admitido también que el pagaré de que se trata fue firmado en garantía de una obligación que posteriormente se determinaría, se presume válidamente que ambas partes acordaron previamente y tenían conocimiento pleno de la cantidad que como suerte principal e intereses se estipuló al momento de suscribirse el documento, lo cual no fue controvertido por los demandados en el juicio natural; por ende, aun en el supuesto caso de que el documento hubiere sido firmado en blanco por los demandados, el banco estaba legalmente facultado para llenar las menciones y los requisitos que dicho título debe contener para que el mismo tenga validez y eficacia cambiaria, como acertadamente lo estimó la Sala responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 269 emitida por la Tercera Sala, visible en la página 182, Tomo IV, Parte SCJN, Sexta Época del Apéndice de 1995, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘LETRA DE CAMBIO EN BLANCO.’ (se transcribe). Asimismo, tiene aplicación la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 319, Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO SUSCRITOS EN BLANCO. NO PUEDE HABLARSE DE ALTERACIÓN DE DOCUMENTO SI SE AGREGAN LOS DATOS FALTANTES.’ (se transcribe). De igual forma, con relación a lo alegado por los quejosos respecto a que en el caso concreto no hubo consentimiento ni objeto por no haberse precisado la obligación en el documento base de la acción; cabe decir que ello es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18836-6c7ec6d2/pagare-la-promesa-incondicional-de-pagar-una-suma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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