RENUNCIA DE RECURSOS LEGALES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1053, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 86/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Por otra parte, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer en una contradicción de tesis debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las situaciones jurídicas, consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
CUARTO. Establecido lo anterior, es necesario analizar las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados, con el objeto de determinar si existe la contradicción de tesis planteada.
De la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el veintisiete de abril de dos mil, al resolver por unanimidad de votos de los Magistrados Jesús María Flores Cárdenas, Francisco Carrillo Vera y Epicteto García Báez, el recurso de revisión civil número 34/2000, interpuesto por el quejoso Alfredo Padilla Monge, se obtuvo la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, agosto de 2000
"Tesis: V.3o.5 C
"Página: 1226
"RENUNCIA DE RECURSOS LEGALES. NO ES EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE LA INTERPOSICIÓN DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio establece que las partes pueden sujetarse a un procedimiento convencional que hubieren pactado ante un tribunal, si se formalizó en un convenio judicial en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, y en el que pudiesen indicar los recursos legales a que renuncien, conforme a lo dispuesto en los artículos 1051, 1052 y 1053, fracción IV, de ese ordenamiento legal; no obstante, en la Ley de Amparo que es de orden público, rige el principio de definitividad que consagra la norma 107, fracción III, inciso a), de la Carta Magna, consignado, a la vez, en el artículo 73, fracción XIII, de aquel ordenamiento reglamentario, por lo que, si como en el caso, el Código de Comercio establece un recurso ordinario a través del cual puede ser revocado, modificado o nulificado el acto reclamado, es indudable que debe agotarse dicho medio impugnativo antes de acudir al juicio de amparo, pues para efectos de éste, el acto que se combate debe tener el carácter de definitivo que la ley requiere para el análisis de su constitucionalidad, con las únicas excepciones previstas en tal dispositivo, o sea, cuando se trate de terceros extraños al juicio o respecto de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los previstos en el artículo 22 constitucional. Máxime si en ese sentido, tratándose del amparo directo, el artículo 46 de la Ley de Amparo prevé como excepción válida la renuncia a los recursos ordinarios, empero no cuando se refiere al amparo indirecto porque no se surte la hipótesis que ese último precepto contempla."
Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos, de los Magistrados Gonzalo Hernández Cervantes, Ana María Serrano Oseguera de Torres y Daniel Horacio Escudero Contreras, al dictar la resolución de fecha ocho de abril de dos mil tres, en el amparo en revisión civil número 1229/2003, interpuesto por Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, sustenta el criterio que de manera esencial se advierte en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Son fundados los agravios expresados. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, demandó en la vía ejecutiva mercantil de Bonaplast, Sociedad Anónima de Capital Variable y de MFI Holding, Sociedad Anónima de Capital Variable, el pago de diversas prestaciones, radicándose dicha controversia en el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el número de expediente 229/2001. Antes de dictarse sentencia definitiva, las partes celebraron un convenio el trece de agosto de dos mil uno, mismo que ratificaron ante el Juez natural. Es necesario precisar que en ese convenio el apoderado de la parte demandada, Bonaplast, Sociedad Anónima de Capital Variable, suscribió ese convenio no sólo en representación de dicha persona moral, sino también de MFI Holding, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Grupo Industrial de Fomento, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien en lo sucesivo se le denominó ‘Grinfo’, estas dos últimas como obligadas solidarias. Ese convenio fue aprobado por el Juez de origen en el proveído de quince de agosto de dos mil uno y elevado a la categoría de cosa juzgada, con el carácter de sentencia ejecutoria y se ordenó a las partes estar y pasar por él en los términos en él insertos. Por escrito de veintidós de agosto de dos mil dos, la ahora recurrente promovió el inicio del procedimiento de ejecución, lo que acordó de conformidad el Juez natural en el auto de ocho de octubre de dos mil dos, ordenando se requiriera a la acreditada y sus obligados solidarios para que en el término de cinco días acreditaran ante la responsable haber dado cumplimiento al convenio judicial antes citado, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procedería a la ejecución del mismo; requerimiento ante el cual fueron contumaces las partes prevenidas, por lo que en auto de quince de noviembre de dos mil dos el Juez natural dictó auto en el que tuvo por acusada la rebeldía en que incurrieron aquéllas, siguiéndose el procedimiento de ejecución en los proveídos posteriores siguiendo los lineamientos del convenio. Sin embargo, por auto de diez de enero de dos mil tres, la responsable determinó que se continuaría el trámite de la ejecución sólo por lo que hace a la obligada principal, pero no respecto de los solidarios, requiriendo a la acreditante para que aclarara la cantidad adeudada por ellos, a lo que la ahora recurrente manifestó que dicha cantidad es la que se contiene en la certificación contable que exhibió como anexo al escrito en el que solicitó la ejecución del convenio, ante lo cual la responsable previno al inconforme para que precisara la foja de autos en que se encontraba aprobada esa cantidad, respondiendo a ello la ejecutante que atento lo dispuesto en el convenio judicial no resultaba necesaria la aprobación de tal cantidad, reiterando su petición de ejecución sobre esos obligados solidarios, a lo que el Juez natural nuevamente lo requirió para que precisara la foja de autos en la que constara la aprobación de esas cantidades, insistiendo entonces el ahora inconforme en lo manifestado en el sentido de que no era necesaria tal aprobación. Finalmente, por auto de veintinueve de enero de dos mil tres, previa nueva petición de despachar ejecución contra esas obligadas, la responsable determinó que no había lugar a dictar auto de ejecución contra las obligadas solidarias, porque la inconforme funda su solicitud en el certificado contable exhibido con el escrito que solicitó la ejecución del convenio, por una cantidad que no fue reconocida por esos demandados en el convenio, y porque la sola exhibición del certificado contable no faculta la exigibilidad del mismo y en autos no obra constancia de que se hubiere aprobado la cantidad a que aquel se refiere y, por ello, el Juez determinó que como carece de facultades para enderezar, modificar o aclarar el planteamiento de lo solicitado por las partes se determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado. Lo narrado en los párrafos anteriores permite establecer que el acto reclamado es una determinación que impide la ejecución de un convenio que tiene eficacia de sentencia ejecutoriada, por cuanto hace a los obligados solidarios, dado que el Juez negó despachar ejecución respecto de las personas que aparecen con tal carácter en el mismo. Ahora, en ese convenio se estableció expresamente que las partes otorgantes del mismo, al fijar en la cláusula décima cuarta las reglas para su ejecución, expresamente renunciaron en el inciso j) a los recursos legales previstos en el Código de Comercio y, en su caso, en el de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, si hubiese supletoriedad, en especial al de apelación y queja ante el superior; de lo que se sigue que esa renuncia opera respecto de todos los actos que se dicten durante la ejecución de dicho convenio. En esas circunstancias, aunque en principio pudiera considerarse que el acto reclamado era impugnable mediante el recurso de apelación, lo cierto es que en la cláusula decimocuarta del convenio antes referido, que rige todo lo relativo a la ejecución del mismo, las partes renunciaron expresamente al derecho de interponer cualquier medio ordinario de defensa; luego entonces, no se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías para inconformarse por medio de éste contra ese proveído; máxime que en éste se niega la ejecución respecto de los citados obligados solidarios. Sin que obste para considerarlo así, lo expresado por el Juez de Distrito en el sentido de que la Ley de Amparo es de orden público y, por ende, rige el principio de definitividad previsto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, y en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, y que por ello, si en el Código de Comercio se establece la existencia de un recurso ordinario a través del cual el acto reclamado puede ser revocado, modificado o nulificado, necesariamente debe agotarse, aunque las partes hubieren renunciado expresamente a su derecho a interponer esos recursos; pues resulta claro que la intención de las partes que intervinieron en el convenio de referencia, al pactar esa renuncia, fue precisamente la de dar celeridad a la ejecución del mismo, evitando medios de defensa que pudieran generar su retraso, razón por la cual este Tribunal Colegiado no comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que invoca el Juez de Distrito en el auto materia de esta revisión. Con base en las consideraciones anteriores, procede revocar el auto que desechó la demanda de garantías de cuenta y se ordena al Juez de Distrito que, en caso de no advertir otra causal de improcedencia manifiesta e indudable, admita la demanda de referencia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76 al 79 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se revoca el auto impugnado. SEGUNDO. Se ordena al Juez de Distrito admita la demanda de garantías promovida por Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, representado por su apoderado para pleitos y cobranzas, Carlos Enrique Odriozola Mariscal, en contra del auto de veintinueve de enero de dos mil tres, dictado por el Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el expediente 229/2001, en caso de no existir otra causal de improcedencia indudable y manifiesta." (fojas 41 a 47).
Ahora bien, del texto íntegro de las ejecutorias de referencia, según las copias certificadas que obran en autos del amparo en revisión 34/2000 y expediente original del amparo en revisión 1229/2003 (improcedencia), con valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos, se obtiene:
I. Amparo en revisión civil 34/2000 del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, resuelto el veintisiete de abril de dos mil:
1. En el juicio ejecutivo mercantil 2519/94, promovido por el apoderado de Bancomer, Sociedad Anónima, en contra de Alfredo Padilla Monge, ante el Juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil en Hermosillo, Sonora, se emite la resolución interlocutoria que declara improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el demandado.
2. Dicha interlocutoria es dictada en la etapa de ejecución de un convenio judicial celebrado entre las partes, homologado y elevado a la categoría de cosa juzgada ante el propio Juez, que en su cláusula décima primera se pactó la renuncia de distintos beneficios, como se lee a continuación:
"Décima primera. Convienen expresamente ‘los demandados’ con ‘el actor’ que para los efectos del artículo 1053, en su fracción IV, renuncian a los beneficios que les pudieran reportar los artículos 1331, 1336, 1339, 1341 y, en general, el capítulo XXV del Código de Comercio en vigor." (foja 86 vuelta).
3. El demandado que promovió el incidente reclamó la interlocutoria en el amparo indirecto 177/99, promovido ante el Juez Quinto de Distrito en Nogales, Sonora, que en la sentencia dictada en la audiencia constitucional, decretó el sobreseimiento del juicio, al considerar sustancialmente:
a) Que el quejoso debió impugnar la interlocutoria mediante el recurso ordinario de apelación, de acuerdo con el artículo 1314 del Código de Comercio.
b) Que, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo.
4) El quejoso promovió contra ese fallo el correspondiente recurso de revisión, radicado con el número 34/2000 en el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que al emitir resolución confirmó el sobreseimiento, con las siguientes consideraciones sustanciales:
a) Que es cierto que conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio, artículos 1051, 1052 y 1053, fracción IV, las partes pueden sujetarse al procedimiento convencional pactado ante un tribunal si se formalizó en convenio judicial y que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y que pueden establecer la renuncia a los recursos legales.
b) Que no obstante, la Ley de Amparo es de orden público y consigna el principio de definitividad en el artículo 73, fracción XIII.
c) Que, por tanto, con independencia de cualquier otra consideración, el Código de Comercio establece un recurso ordinario por el cual pudo ser revocado, modificado o nulificado el acto reclamado y debió agotarse antes de acudir al amparo, pues las únicas excepciones al principio de definitividad son las que señala el artículo citado.
d) Que conforme al artículo 46 de la ley de la materia, sólo en el amparo directo cabe la renuncia de recursos ordinarios cuando se trata de sentencias definitivas de primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia.
e) A mayor abundamiento, consideró que el quejoso no obstante la renuncia de recursos pactada, interpuso apelación contra el auto aprobatorio de remate y, por tanto, se sometió a la propia ley y no al procedimiento convencional pactado.
II. Amparo en revisión civil 1229/2003 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resuelto el ocho de abril de dos mil tres:
1. En el juicio ejecutivo mercantil 229/2001, promovido por el apoderado de Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, en contra de Bonaplast, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, ante el Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se emite un auto en que no se proveyó de conformidad a la solicitud de la actora, en cuanto a la ejecución del convenio judicial celebrado por las partes en el juicio.
2. Dicho auto, como se anticipó, es dictado en la etapa de ejecución de un convenio judicial celebrado entre las partes antes de dictar sentencia definitiva, ratificado ante el Juez y aprobado por éste, elevado a la categoría de cosa juzgada con el carácter de sentencia ejecutoria y se ordenó a las partes a estar y pasar por él, que en su cláusula décimo cuarta de rubro ejecución del convenio, se pactó la renuncia de recursos como se lee a continuación:
"... Los otorgantes renuncian expresamente a los recursos legales previstos en el Código de Comercio y, en su caso, en el de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, si hubiese supletoriedad, en especial al de apelación y queja ante el superior ..."
3. El actor reclamó el acuerdo en el amparo indirecto 177/2003, promovido ante el Juez Séptimo de Distrito "A" en Materia Civil en el Distrito Federal, el que desechó de plano la demanda, al considerar sustancialmente:
a) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
b) Que el acto reclamado no reúne el requisito de definitividad, porque en su contra procedía el recurso de apelación previsto por los artículos 1336, 1339 y 1340 del Código de Comercio, por el cual pudo ser revocado, modificado o nulificado.
c) Que no es obstáculo el que las partes hubieran renunciado a los recursos legales en el convenio judicial, conforme al derecho que les concede el Código de Comercio, ya que la Ley de Amparo es de orden público y rige el principio de definitividad. Apoya su resolución en la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito transcrita antes, derivada de la sentencia dictada en el amparo en revisión civil 34/2000, que participa en esta contradicción.
4. El quejoso promovió contra ese auto el correspondiente recurso de revisión, radicado con el número 1229/2003 en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que al emitir resolución el ocho de abril de dos mil tres revocó el desechamiento y ordenó al Juez de Distrito admitir la demanda con las siguientes consideraciones sustanciales:
a) Que el acto reclamado es una determinación que impide la ejecución de un convenio que tiene eficacia de sentencia ejecutoria.
b) Que las partes en ese convenio expresamente pactaron renuncia a los recursos legales previstos en el Código de Comercio y en el de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en especial a los de apelación y queja, por lo que la renuncia opera respecto de todos los actos que se dicten durante la ejecución de dicho convenio.
c) Que, por tanto, el quejoso no estaba obligado a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías e impugnar el auto mediante el recurso de apelación.
d) Que no es obstáculo el que la Ley de Amparo sea de orden público, pues la intención de las partes que intervinieron en el convenio al pactar la renuncia de los recursos fue la de dar celeridad a la ejecución del mismo.
e) Que, por tanto, no comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que invoca el Juez de Distrito en el auto materia de la revisión.
De lo hasta ahora expuesto, se advierte que sí se produce la discrepancia de criterios, habida cuenta de que, ante el planteamiento de problemas esencialmente iguales, cada uno de los tribunales pronunció una solución diametralmente opuesta.
De la reseña de los dos asuntos se advierte la problemática sobre la interpretación de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, para establecer si constituye excepción a ese principio, el que las partes convinieran la renuncia de los recursos que la ley establece, siendo permisible esa renuncia conforme al artículo 1053, fracción IV, del Código de Comercio.
En efecto, en los dos juicios de amparo destacan las siguientes similitudes:
1. Se originan en juicios ejecutivos mercantiles en la etapa de ejecución de convenios judiciales elevados a la categoría de cosa juzgada, en que se pacta en forma expresa la renuncia de los recursos ordinarios que establece el Código de Comercio.
2. Los Jueces de Distrito, uno sobreseyendo en el juicio y otro desechando la demanda, consideraron que la renuncia de los recursos no es excepción al principio de definitividad que consagra la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que, por tanto, previo al amparo los promoventes debieron interponer el recurso ordinario de apelación que prevé el Código de Comercio.
Sin embargo, mientras el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito sostiene el criterio de que aun cuando las partes, conforme al Código de Comercio, celebraron el convenio en que pactaron la renuncia de los recursos legales, ello no es excepción al principio de definitividad que consagra la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que es de orden público y se debió agotar el recurso de apelación.
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito adoptó una posición diametralmente opuesta, ya que sostuvo que la renuncia de los recursos legales pactada en el convenio es una excepción al principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no obstante ser de orden público, por lo que el quejoso no estaba obligado a interponer el recurso de apelación previo al amparo y expresamente dijo no compartir el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.
Es decir, que en el asunto que nos ocupa se debe definir como punto de contradicción: ¿La renuncia de recursos legales permitida conforme al artículo 1053, fracción IV, del Código de Comercio, pactada en convenio judicial elevado a la categoría de cosa juzgada en juicio ejecutivo mercantil, es o no una excepción al principio de definitividad previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo?
Es pertinente establecer desde ahora que no resulta obstáculo para la existencia de la contradicción de criterios el hecho de que la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito no haya integrado jurisprudencia por reiteración, conforme lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, ni que las consideraciones vertidas en la ejecutoria emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito no se hayan formalizado en tesis, en razón de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, basta con que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, al dictar resoluciones en asuntos de su competencia, sustenten criterios diferentes sobre un mismo punto de derecho para que proceda decidir cuál es el que deba prevalecer.
Resultan aplicables al caso las tesis de jurisprudencia que se identifican y leen como sigue:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Apéndice de 1995
"Tomo: VI, Parte SCJN
"Tesis: 187
"Página: 127
"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS. Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 Bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia."
No se soslaya que el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito argumentó que la renuncia de recursos, como excepción al principio de definitividad, sólo es permisible en el amparo directo conforme al artículo 46 de la ley de la materia y, a mayor abundamiento, también sostuvo que el quejoso se sometió a la ley y no al convenio al haber interpuesto un recurso de apelación contra diversa actuación.
Sin embargo, ello no impide que se dé la contradicción de criterios por el hecho de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito no hiciera consideraciones en ese sentido, ya que esto lo único que implica es que sobre esos dos tópicos no exista punto de contradicción.
Por lo expuesto, queda claro que concurren los requisitos para arribar a la conclusión de que en la especie existe la contradicción de criterios que debe resolverse.
QUINTO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final de este considerando se sintetizará en la tesis correspondiente, por las razones que a continuación se exponen.
Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales, que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado.
Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate.
En este sentido, la propia Constitución y su ley reglamentaria de la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa.
El fundamento constitucional del principio de referencia está contenido en el artículo 107 de la Carta Magna, cuyas fracciones III, incisos a) y b), IV y V, inciso b), señalan textualmente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18121-deed560c/renuncia-de-recursos-legales-prevista-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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