ARRESTO. NO ESTÁ LEGALMENTE PREVISTO COMO MEDIDA DE APREMIO, PARA EL CASO DE QUE EL DEMANDADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NO ASISTA A LA DILIGENCIA DE EMBARGO U OMITA SEÑALAR A PERSONA INSTRUIDA PARA ATENDERLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 83/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación, en la parte que interesa, se transcriben:
a) El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el diez de agosto de dos mil el amparo en revisión 186/2000, promovido por Jorge Arturo Soto García y Lucía Jiménez Salazar, sostuvo lo siguiente:
"OCTAVO. Es fundado el primer concepto de violación y suficiente para otorgar el amparo. De las constancias remitidas en copia certificada por las Jueces Tercera y Cuarta de lo Civil y de Hacienda con su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en materia de amparo, se desprende que ante tales Jueces, Sergio González Jiménez promovió sendas demandas en la vía ejecutiva mercantil, las cuales originaron los juicios ejecutivos mercantiles números 435/2000 y 438/2000, respectivamente, el primero contra ambos quejosos y el segundo sólo en contra de Jorge Arturo Soto García. En los autos de dieciséis y quince de marzo, emitidos en cada uno de los citados juicios, aparte de ordenarse el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, se dispuso prevenir a la parte demanda en los siguiente términos: ‘... Se hace saber al demandado que para el caso en que sea necesario dejarle citatorio para la práctica de la diligencia, y que en la hora fijada en el mismo no espere en su domicilio al ministro ejecutor o deje persona instruida para atender la diligencia, se le impondrá una medida de apremio consistente en arresto hasta por treinta y seis horas de conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Código de Comercio ...’. A fin de cumplimentar lo ordenado en dichos autos, el ministro ejecutor Jesús García Zapata se constituyó en el domicilio de los demandados el veinte de marzo del año en curso, y no habiéndolos encontrado les dejó citatorios para que lo esperaran a las diez horas del día veintidós del mismo mes, fecha en la cual volvió a constituirse en el domicilio, asentando en las actas que no encontró a los demandados, quienes tampoco dejaron persona instruida para atender la diligencia, pese a que se les dejó citatorio en ese sentido, por lo que dispuso dar cuenta al Juez correspondiente. Con vista en tales actas y proveyendo a la petición hecha por el abogado de la parte actora, las Jueces responsables dictaron sendos autos el veintinueve y treinta de marzo, en los que hicieron efectivo el apercibimiento e impusieron un arresto de doce horas a Lucía Jiménez Salazar y Jorge Arturo Soto García, y de doce horas a Jorge Arturo Soto García, respectivamente. Ahora bien, como acertadamente lo afirman los quejosos en sus conceptos de violación, la imposición de los arrestos es ilegal, en virtud de que las autoridades responsables perdieron de vista que en ninguno de los preceptos legales que regulan el auto de exequendo y su diligenciación, se prevé la obligación a cargo del demandado de estar forzosamente presente en la diligencia o, en su defecto, de dejar persona instruida para atenderla, pues los artículos 1392 y 1393 del Código de Comercio simplemente disponen lo siguiente: ‘Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste.’. ‘Artículo 1393. No encontrándose al deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas de la ley procesal local, respecto de los embargos.’. Del contenido de estos preceptos, concretamente del segundo, se desprende que cuando el deudor no es encontrado en el domicilio señalado por el actor, debe dejársele citatorio, y si no aguarda, la diligencia de embargo es dable practicarla con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o con cualquiera otra persona que viva en el domicilio señalado, mas no se contiene alguna prevención en el sentido de que en caso de no aguardar el citatorio, el deudor necesariamente debe dejar persona instruida para atender la diligencia, pues ésta, como ya se vio, puede entenderse con un pariente, un empleado o un doméstico del interesado o con cualquier persona que allí viva. Por tanto, si de las actas correspondientes no aparece que el ejecutor ante la ausencia de los demandados haya siquiera intentado entender la diligencia con cualquiera de las personas que menciona el precepto, puesto que nada asentó sobre el particular, no cabe sino concluir que la orden de arresto carece absolutamente de fundamento legal. En estas circunstancias, al resultar fundado el primer concepto de violación, es innecesario examinar los restantes, pues aquél basta para estimar que las órdenes de arresto transgreden las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que conduce a este tribunal a conceder el amparo de la Justicia Federal para el efecto de que los autos que los contienen se dejen insubsistentes. El otorgamiento del amparo se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al procurador de Justicia del Estado, director de la Policía Judicial y comandante del Grupo de Órdenes de Aprehensión de la Policía Judicial de la entidad." (fojas 15 vuelta a 17).
En el amparo en revisión 329/2000, interpuesto por Jessica Atilano Reynoso, resuelto el ocho de diciembre de dos mil se consideró lo que a continuación se expone:
"QUINTO. Los agravios resultan fundados, supliendo su deficiencia en términos de la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, y de acuerdo con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y cuatro, Tomo VII, de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: ‘ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO.’ (se transcribe). En efecto, de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 984/2000, promovido por Jorge Jiménez Salamanca en contra de Jessica Atilano Reynoso, las cuales hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o., y que remitió el Juez Cuarto de lo Civil y de Hacienda de esta ciudad, con su informe justificado, aparece que por auto de diez de julio del presente año, ordenó aparte del requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, prevenir a la parte demanda en los siguientes términos: ‘... Se hace saber al demandado que para el caso en que sea necesario dejarle citatorio para la práctica de la diligencia, y que en la hora fijada en el mismo no espere en su domicilio al ministro ejecutor o deje persona instruida para atender la diligencia, se le impondrá una medida de apremio consistente en arresto hasta por treinta y seis horas, de conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Código de Comercio ...’. Que en cumplimiento a dicho proveído, a las catorce horas con cinco minutos del día quince de septiembre de dos mil, Salvador Ávila Blanco, en su carácter de ministro ejecutor de la Dirección de Actuaría del Poder Judicial del Estado, se constituyó en la casa marcada con el número trescientos veintiuno letra A de la calle Rivero y Gutiérrez de esta ciudad; que habiéndose cerciorado que en ese lugar tenía su domicilio la demandada por habérselo manifestado así Lariza Atilano, y no encontrándose presente, procedió a dejar citatorio para que lo esperase a las once horas con treinta minutos del día dieciocho del citado mes y año, bajo apercibimiento que de no hacerlo así o no dejar persona instruida para atender la diligencia se le impondría una medida de apremio, consistente en un arresto hasta por treinta y seis horas, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio; que habiéndose constituido nuevamente en el domicilio el día y hora señalado, y no hallando presente a la interesada ni persona instruida para atender la diligencia, la Juez Cuarto de lo Civil y de Hacienda de esta ciudad, con apoyo en lo previsto en los artículos 1393 del Código de Comercio y 60, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles, por acuerdo de veinticinco de septiembre del año en curso, hizo efectivo el apercibimiento e impuso a la solicitante del amparo Jessica Atilano Reynoso, un arresto de doce horas. Ahora bien, la imposición de arresto es ilegal, en virtud de que la autoridad responsable soslayó que en ninguno de los preceptos legales que regulan el auto de exequendo y su diligenciación, se prevé la obligación a cargo del demandado de estar forzosamente presente en la diligencia o, en su defecto, de dejar persona instruida para atenderla, pues los artículos 1392 y 1393 del Código de Comercio simplemente disponen lo siguiente: (se transcriben). Del contenido de estos preceptos, concretamente del segundo, se desprende que cuando el deudor no es encontrado en el domicilio señalado por el actor, debe dejársele citatorio, y si no espera, la diligencia de embargo es dable practicarla con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o con cualquiera otra persona que viva en el domicilio señalado, mas no se contiene alguna prevención en el sentido de que en caso de no aguardar el citatorio, el deudor necesariamente debe dejar persona instruida para atender la diligencia, pues ésta, como ya se vio, puede entenderse con un pariente, un empleado o un doméstico del interesado o con cualquier persona que allí viva. En tal virtud, es de concluir que la orden de arresto carece de fundamento legal y transgrede las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que conduce a este tribunal a conceder el amparo solicitado para el efecto de que se deje insubsistente la orden de arresto reclamada. Se hace extensivo el otorgamiento del amparo al acto de ejecución atribuido al director de la Policía Judicial del Estado. Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el amparo civil en revisión número 186/2000, promovido por Jorge Arturo Soto García y Lucía Jiménez Salazar, al recurrir la sentencia del Juez Primero de Distrito del Estado, dictada en el juicio de amparo indirecto número 449/2000. Teniendo en consideración que este Tribunal Colegiado no comparte la jurisprudencia en que el Juez Primero de Distrito apoyó la sentencia recurrida, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: ‘ARRESTO DECRETADO COMO MEDIDA DE APREMIO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. REQUISITO PARA QUE PROCEDA SU APLICACIÓN.’, ya que en ella se considera que si en términos del artículo 1393 del Código de Comercio, cuando se haya dejado el citatorio correspondiente, en el que además de hacerse saber el día y hora precisos en que debe de esperar el demandado, se hace un requerimiento al demandado de que de no estar presente, debe dejar instrucciones para que permita el desahogo de la diligencia, y que en caso de desacato se le impondrá como medida de apremio un arresto; este tribunal considera que al no contener el invocado artículo 1393 del Código de Comercio prevención alguna en ese sentido, dado que la diligencia puede entenderse con un pariente o un doméstico del interesado o cualquier persona que vive en el domicilio, con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de mérito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que decida cuál criterio debe prevaler." (fojas 23 vuelta a 26).
En el amparo en revisión 101/2002, interpuesto por Obeth de Luna Martínez, al resolverlo en sesión de once de abril de dos mil dos determinó lo siguiente:
"SEXTO. El único agravio resulta fundado, supliendo su deficiencia en términos de la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, y de acuerdo con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y cuatro, Tomo VII, de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: ‘ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO.’ (se transcribe). En efecto, de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 53/2002, promovido por José Ángel Rubio Calderón en contra de Obeth de Luna Martínez, las cuales hacen prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o., y que remitió el Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda de esta ciudad con su informe justificado, aparece que por auto de dieciséis de enero del presente año, ordenó aparte del requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, prevenir a la parte demandada en los siguientes términos: ‘... Se hace saber al demandado que para el caso en que sea necesario dejarle citatorio para la práctica de la diligencia, y que en la hora fijada en el mismo no espere en su domicilio al ministro ejecutor o deje persona instruida para atender la diligencia, se le impondrá una medida de apremio consistente en arresto hasta por treinta y seis horas, de conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Código de Comercio ...’. En cumplimiento a dicho proveído, Luis Augusto Giacinti Mayagoitia, en su carácter de ministro ejecutor de la Dirección de Actuaría del Poder Judicial del Estado, se constituyó en la casa marcada con el número ciento dieciséis D de la calle A de la colonia Macías Arellano de esta ciudad; que habiéndose cerciorado que en ese lugar tenía su domicilio el demandado por habérselo manifestado así Emanuel Picazzo, y no encontrándose presente, procedió a dejar citatorio para que lo esperase a las once horas del día veinticuatro del citado mes y año, bajo apercibimiento que de no hacerlo así o no dejar persona instruida para atender la diligencia se le impondría una medida de apremio, consistente en un arresto hasta por treinta y seis horas, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 60 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio; que habiéndose constituido nuevamente en el domicilio el día y hora señalado y no hallando presente al interesado ni persona instruida para atender la diligencia, el Juez Séptimo de lo Civil y de Hacienda de esta ciudad, con apoyo en lo previsto en el artículo 60, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Código de Comercio, por acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, hizo efectivo el apercibimiento e impuso al solicitante del amparo Obeth de Luna Martínez, un arresto de treinta y seis horas. Ahora bien, la imposición del arresto es ilegal, en virtud de que la autoridad responsable soslayó que en ninguno de los preceptos legales que regulan el auto de exequendo y su diligenciación, se prevé la obligación a cargo del demandado de estar forzosamente presente en la diligencia o, en su defecto, de dejar persona instruida para atenderla, pues los artículos 1392 y 1393 del Código de Comercio simplemente disponen lo siguiente: (se transcriben). Del contenido de estos preceptos, concretamente del segundo, se desprende que cuando el deudor no es encontrado en el domicilio señalado por el actor, debe dejársele citatorio, y si no espera, la diligencia de embargo es dable practicarla con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o con cualquiera otra persona que viva en el domicilio señalado, mas no se contiene alguna prevención en el sentido de que en caso de no aguardar el citatorio, el deudor necesariamente debe dejar persona instruida para atender la diligencia, pues ésta, como ya se vio, puede entenderse con un pariente, un empleado o un doméstico del interesado o con cualquier persona que allí viva. En tal virtud, es de concluir que la orden de arresto carece de fundamento legal y transgrede las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que conduce a este tribunal a conceder el amparo solicitado para el efecto de que se deje insubsistente la orden de arresto reclamada." (fojas 35 a 37).
De los anteriores asuntos derivó la tesis inserta enseguida:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, julio de 2002
"Tesis: XXIII.3o.1 C
"Página: 1251
"ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. NO ESTÁ LEGALMENTE PREVISTO PARA EL CASO DE QUE EL DEMANDADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DEJE DE ASISTIR A LA DILIGENCIACIÓN DEL AUTO DE EXEQUENDO U OMITA SEÑALAR A PERSONA INSTRUIDA PARA ATENDERLA. Los artículos 1392 y 1393 del Código de Comercio, que regulan el auto de exequendo y su diligenciación, no prevén la obligación a cargo del demandado de estar forzosamente presente en la diligencia de embargo o, en su defecto, dejar persona instruida para atenderla pues, conforme al último de los preceptos, cuando el deudor no es encontrado en el domicilio señalado por el actor, debe dejársele citatorio y si no espera, aquélla puede practicarse con los parientes, empleados o domésticos, o con cualquiera otra persona que viva en el domicilio señalado. Por tanto, es ilegal que se imponga al demandado un arresto como medida de apremio, por el hecho de no atender el citatorio que se le dejó para que estuviera presente en la diligencia o dejara persona instruida para atenderla, ya que, como quedó señalado, los mencionados preceptos legales no contemplan prevención en ese sentido y, por el contrario, el segundo de ellos autoriza a que la diligencia sea entendida con cualquiera de las personas a que hace referencia.
"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 186/2000. Jorge Arturo Soto García y otra. 10 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: José Luis Zamora Román.
"Amparo en revisión 329/2000. Jessica Atilano Reynoso. 8 de diciembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Juan de Dios Monreal Cuéllar.
"Amparo en revisión 101/2002. Obeth de Luna Martínez. 11 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretaria: Desidé Meza Murillo."
b) El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por su parte, resolvió el seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco el amparo en revisión 7/55, promovido por Pablo Antonio Tovar Xochitiotzin, cuyas consideraciones las hizo consistir en lo siguiente:
"CUARTO. Resulta fundado y suficiente para revocar la parte de la sentencia que se recurre y en su lugar conceder la protección constitucional solicitada, el segundo de los agravios propuestos. En primer lugar debe destacarse que tratándose, como en el caso, de una diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada en un juicio ejecutivo mercantil, como en la que se apoyó el Juez responsable para decretar el acto reclamado consistente en una orden de arresto por diez días como medida de apremio, en principio no son aplicables las reglas previstas en el código adjetivo para el Distrito Federal, toda vez que existe disposición expresa en la legislación mercantil (lo que impide la supletoriedad conforme al artículo 1054 del código respectivo) contenida en el numeral 1393 del propio cuerpo normativo, en el sentido de que no encontrándose al deudor, se le dejará citatorio para que aguarde el día y hora en él fijados, y no haciéndolo se procederá al embargo entendiéndose la diligencia con cualquier persona que se encuentre en la casa respectiva o con el vecino más inmediato. Ahora bien, asiste la razón al quejoso recurrente cuando afirma que, contrariamente a lo que sostuvo la Juez de Distrito, no es verdad que el auto reclamado de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y tres, mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento consistente en una orden de arresto por diez días como medida de apremio, se haya emitido respetando las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, que el requerimiento correspondiente no se le hizo saber legalmente para que estuviera en aptitud de cumplir con lo ordenado. En efecto, para determinar que el acto reclamado estaba ajustado a derecho, la a quo consideró, sustancialmente, que con fecha diez de marzo de mil novecientos noventa y tres el ejecutor correspondiente se constituyó en el domicilio del demandado (hoy quejoso) para dar cumplimiento al auto de exequendo, habiéndose entendido la diligencia con Armando Montero, a quien a pesar de haberle informado el motivo de la misma, manifestó que se oponía a ella por instrucciones del demandado, y que posteriormente mediante nueva diligencia de veintisiete de abril del mismo año, ésta se entendió con la esposa del enjuiciado, María de Tovar, a quien se le hizo saber lo ordenado por auto del día catorce de los mismos mes y año (requerimiento al demandado en el sentido de que de oponerse nuevamente al embargo se le impondría un arresto de diez días fojas ciento veinticinco del expediente principal), y no obstante ello manifestó que se oponía a la práctica de la diligencia por instrucciones expresas de su esposo (fojas ciento veintisiete del mismo expediente); actuaciones que merecían eficacia probatoria, porque además de haber sido realizadas por un funcionario en el ejercicio de sus funciones, el quejoso no había desvirtuado su validez con prueba alguna. No obstante lo anterior, si bien es cierto que en la referida diligencia de veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres aparece que en ese mismo acto se hizo del conocimiento de quien dijo ser la esposa del demandado (pues con ella se entendió) el proveído del día catorce del mismo mes y año, a través del cual se requería a aquél para que permitiera el desahogo de la misma, apercibido que de no hacerlo se le impondría como medida de apremio un arresto por diez días, también lo es el hecho de que la mencionada actuación no se verificó en términos de las disposiciones aplicables vigentes, y ello originó que no existiera por parte del enjuiciado un conocimiento legal del requerimiento y apercibimiento citados para que estuviera en aptitud de cumplirlos. Al efecto, el artículo 1393 del Código de Comercio dispone: (se transcribe). De lo anterior se deriva que tratándose -como en el caso- de la primer diligencia en un juicio ejecutivo mercantil, que consiste en el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, el notificador ejecutor correspondiente deberá constituirse en el domicilio del deudor, y no encontrándolo le dejará citatorio en el que se especificará el día y la hora en que debe aguardar su regreso, pero una vez que éste se verifique y no habiendo aguardado dicho deudor, se procederá entendiéndose la actuación con la persona que se encuentre en el domicilio o con el vecino más próximo. En este momento cabe destacar que el citatorio que refiere dicho precepto se deje si a la primera búsqueda el deudor no se encuentra, evidentemente tiene como finalidad primordial que la diligencia respectiva se entienda de preferencia personalmente con el interesado, a efecto de que se le haga saber directamente que existe un juicio en su contra y pueda hacer valer lo que a su derecho corresponda. Circunstancia que se evidencia todavía más cuando a la vez existe un requerimiento expreso de la autoridad judicial para que se conduzca en determinado sentido, con el apercibimiento de que de no hacerlo se le impondrá una medida de apremio, porque entonces aunado a las sanciones procesales a que se puede hacer acreedor también existe otro acto que le puede afectar su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, si en la especie en la diligencia multicitada de veintisiete de abril de mil novecientos noventa y tres, mediante la cual se pretendió llevar a cabo el auto de exequendo, el requerimiento y apercibimiento de mérito, sólo se hizo del conocimiento de la persona con quien se entendió el motivo de la misma y se le entregó la cédula de notificación que contenía el auto de catorce del mismo mes y año, procediéndose a pretender llevar a cabo el embargo respectivo, y al cual se opuso dicha persona, pero no aparece que en cumplimiento a lo dispuesto por el invocado artículo 1393 del código mercantil, primeramente se haya dejado al demandado el citatorio correspondiente en el que además de precisarse el día y la hora en que debía esperar, también se asentara que en caso de no poder estar presente dejara instrucciones para que se permitiera el desahogo de la diligencia, y que en caso de desacato se le impondría como medida de apremio un arresto por diez días (requisitos que debía reunir el indicado citatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el cual sí resulta aplicable supletoriamente en el presente caso ante la omisión del Código de Comercio sobre tal cuestión, a efecto de que estuviera en aptitud de cumplir o, en su caso, conocer de manera legal y veraz las sanciones a que se podría hacer acreedor); resulta evidente que el acuerdo mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento de referencia es violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con las disposiciones secundarias antes invocadas, toda vez que no se emitió una vez que se hubieran cumplido las formalidades del procedimiento ya puntualizadas." (fojas 86 a 93).
En el amparo en revisión 250/96, promovido por Antonio Ferrer Noreña y otra, resuelto en sesión de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, consta:
"CUARTO. De los argumentos esgrimidos por la parte recurrente como agravios, son esencialmente fundados los relativos a que la Juez de Distrito a quo valoró indebidamente las diligencias de notificación previas al dictado del auto reclamado, en el que se impuso a la empresa Constructora y Arrendadora Fenovesa, Sociedad Anónima de Capital Variable, una multa por el equivalente a ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imposición de la multa, y se apercibió a dicha empresa, por conducto de su representante legal, de que en caso de que no permitiera o no girara órdenes para permitir la práctica de la diligencia ordenada en el auto de exequendo, se le impondría, a través de dicho representante, una nueva medida de apremio consistente en arresto hasta por treinta y seis horas ... Entrando al estudio de los agravios planteados por la parte recurrente, este Tribunal Colegiado advierte que a fojas sesenta de los autos del juicio de amparo obra copia certificada de la razón de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y seis, elaborada por el actuario que practicó la diligencia respectiva, en la que se asentó lo siguiente: (se transcribe). ... El auto de veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cinco, al que hizo referencia el actuario en la diligencia cuya acta se transcribió, es el de exequendo, y el diverso proveído, de veinticuatro de agosto del citado año, al que también se aludió en dicha diligencia, es del tenor siguiente: (se transcribe). ... De las anteriores transcripciones se aprecia que en la razón de entrega del citatorio al representante legal, de trece de marzo de mil novecientos noventa y seis, no se asentó que en dicha diligencia se hubiese notificado a la ahora quejosa, por conducto de la persona con la que se entendió la diligencia, el auto de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que le hacía saber la existencia del apercibimiento de imponerle una multa para el caso de que se opusiera a la práctica del auto de exequendo o de que no girara instrucciones para que se permitiera la ejecución del mismo, de lo que se infiere que dicho representante legal no tuvo conocimiento previo del auto que ordenó el apercibimiento, lo que resultaba necesario para que en el momento de la diligencia, en caso de oposición, el representante legal de la empresa quejosa se hiciera acreedor a la imposición de la multa, por lo que no procedía que se impusiera dicha multa; y en relación con el apercibimiento de arresto al representante legal de la empresa, para que pudiera proceder su imposición se requería la previa notificación personal al mismo de dicho proveído. Así, aun cuando el auto de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que contenía dicha conminación, se notificó a Mario Murillo el trece de marzo del siguiente año, tal notificación se practicó con posterioridad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18105-af0aa333/arresto-no-esta-legalmente-previsto-como-medida-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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