AGRAVIOS EN LA APELACIÓN MERCANTIL. ES INDISPENSABLE QUE SE NOTIFIQUE PERSONALMENTE EL ACUERDO DONDE SE CONCEDE TÉRMINO PARA EXPRESARLOS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y JALISCO, APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO DE COMERCIO VIGENTE HASTA EL 23 DE JULIO DE 1996). EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACIÓN, CITACIÓN Y REQUERIMIENTO. CONSTITUYEN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL QUE TIENEN SIGNIFICADO DISTINTO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. La parte conducente de la ejecutoria del amparo directo civil 215/2002, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, el veintisiete de mayo de dos mil dos, es del siguiente tenor:
"QUINTO. Son infundados los anteriores conceptos de violación. En el acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil uno, la autoridad responsable acordó lo siguiente: (se transcribe). Con fecha seis de diciembre de dos mil (sic), el notificador de la Sala responsable notificó por lista y levantó la certificación que a continuación se transcribe: (se transcribe). Con fecha diecisiete de enero de dos mil dos, la Sala responsable emitió el auto reclamado en los siguientes términos: (se transcribe). Previamente se precisa que, en el presente caso, procede el juicio de garantías, pues si bien es cierto que se reclama el auto de diecisiete de enero de dos mil dos, dictado dentro del toca de apelación 1118/2001, por el presidente del Primer Tribunal Regional del Primer Circuito del Estado, a través del cual declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la ahora parte quejosa en contra de la sentencia de veintidós de octubre de dos mil uno, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil de esta ciudad, dentro del juicio ordinario mercantil 201/98; también resulta cierto que la legislación mercantil aplicable al caso lo es el Código de Comercio, previo a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, en virtud de que el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, base de la acción, fue celebrado con fecha nueve de enero de mil novecientos ochenta y nueve, según se advierte de la escritura pública número 20485, volumen 595, pasada ante la fe del notario público número 36, con residencia en esta ciudad, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada reforma, de conformidad con lo dispuesto en su artículo primero transitorio, que preceptúa lo siguiente: (se transcribe). En consecuencia, considerando la temporalidad del contrato base de la acción, así como la legislación mercantil aplicable, se concluye que el juicio de garantías resulta procedente contra el auto que declaró desierto el recurso de apelación, al no existir medio de impugnación alguno en su contra, por tanto, dicha declaración de deserción constituyó la conclusión del juicio mercantil, dejando firme la sentencia recurrida. Tiene aplicación a lo anterior, la entonces jurisprudencia obligatoria por contradicción de tesis número 53, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Parte SCJN, página 35, cuyos rubro y texto se citan: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe). De igual forma, aplica al caso la entonces jurisprudencia obligatoria por contradicción de tesis número 3a./J. 4/92, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 52, abril de 1992, página 13, cuyos rubro y texto se citan: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA DECLARA DESIERTA NO PROCEDE RECURSO.’ (se transcribe). Como se anunció, son infundados los conceptos de violación que se analizan, en virtud de que no le asiste la razón a la parte quejosa cuando aduce que se debió notificar personalmente el auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil uno, mediante el cual se le dio vista por el término de tres días para que formulara agravios; se afirma lo anterior, porque en las diversas fracciones del artículo 172 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado supletoriamente a la legislación mercantil, en términos del artículo 1054 del Código de Comercio, no está contemplada la notificación personal del auto que ordena se dé vista a la parte apelante para que exprese agravios según se advierte de su contenido: ‘Artículo 172.’ (se transcribe). Por otra parte, es inexacto lo que aduce la parte quejosa porque, en la especie, no se actualiza el supuesto de la fracción V del citado artículo 172 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, para que el auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil uno fuera notificado personalmente, en virtud de que la vista que a través de dicho proveído se le dio por el término de tres días para que expresara agravios, no constituye el requerimiento de un acto que la parte apelante debiera cumplir, en atención al significado que tiene el término ‘requerimiento’, que ha sido definido de la siguiente manera: (se transcribe). En razón de lo anterior, la vista que por el término de tres días se dio a la parte apelante para que expresara agravios respecto de la sentencia de fecha veintidós de octubre de dos mil uno, previsto por la fracción II del artículo 385 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, no constituye un requerimiento al no implicar intimación alguna, dado que su concesión no fue para que coactivamente la parte ahora quejosa ejerciera tal derecho, o que obligadamente así debiera ser, dado que la autoridad responsable a través de dicho proveído no estaba exigiendo ni obligando a la apelante a que expresara agravios, pues ésta tiene libre albedrío de hacerlo o no, por tanto, el elemento de intimación en que se traduce el requerimiento no se materializó en la especie. Tampoco constituye obstáculo a lo anterior, el que la autoridad responsable en dicho auto señalara la carga procesal que la no expresión de agravios implica, en términos de la fracción III (sic) del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, que preceptúa lo siguiente: ‘Artículo 385.’ (se transcribe). Se considera así, dado que tal carga procesal debe entenderse como un imperativo del propio interés, que a diferencia de la obligación su cumplimiento produce ventajas directas a la parte interesada, pero su falta de realización, si bien configura una situación jurídica desfavorable, en este caso para la parte que no expresó agravios, ello no conduce a la imposición de una sanción o, como ya se dijo, a la existencia coactiva de una conducta; de lo anterior, conjugado con la inexistencia del elemento intimación que exige todo requerimiento, se obtiene que el auto de vista que se dio a la parte apelante para que expresara agravios, no satisface el supuesto de notificación personal previsto en el artículo 172, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. El anterior argumento se ilustra con la definición del término ‘carga procesal’, consultable en el Diccionario Jurídico Mexicano, A-CH, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, México 2000, páginas 417 y 418, cuyo texto es el siguiente: ‘Carga procesal.’ (se transcribe). Por las consideraciones anteriores, este tribunal no comparte el criterio invocado por la parte quejosa, que sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la jurisprudencia número III.3o.C. J/21, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 902, cuyo argumento sustancial es contrario a lo anteriormente expuesto, cuyos rubro y texto dicen lo siguiente: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA AL INCONFORME PARA QUE EXPRESE AGRAVIOS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE Y NO POR MEDIO DE BOLETÍN JUDICIAL.’ (se transcribe). Por tanto, procede denunciar la contradicción de tesis correspondiente, remitiendo los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución, en términos del artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, que cita lo siguiente: ‘Artículo 196.’ (se transcribe). Tampoco resulta aplicable la jurisprudencia número 463, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita la parte quejosa, por tratarse de una materia distinta como es la de amparo y no referirse al supuesto en estudio, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 308, cuyos rubro y texto se citan: ‘REQUERIMIENTOS EN EL AMPARO, NOTIFICACIÓN DE LOS.’ (se transcribe). En consecuencia, contrario a lo señalado por la parte quejosa, al resultar correcta la notificación por lista del auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil uno, la Sala responsable de manera fundada y motivada declaró desierto el recurso de apelación mediante auto de fecha diecisiete de enero de dos mil uno, ello ante la falta de expresión de agravios dentro del término que para tal efecto se le concedió a la apelante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1078, 1079, fracción VI y 1342 del Código de Comercio, y 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, en la medida de que el primer numeral señala que una vez concluido el término fijado a las partes, se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse, en este caso, la expresión de agravios; el segundo en su fracción IV señala el término de tres días que, en ese caso, fue concedido a la parte apelante para que formulara dichos agravios; mientras que el tercero señala la forma de sustanciación del recurso; y finalmente, el 77 de la codificación local adjetiva, al señalar que cuando un mandato establezca una carga procesal, como es la expresión de agravios, dentro del plazo que se le fijó, y si no lo hace reportará el perjuicio procesal que sobrevenga, en este caso, declarar desierto el recurso de apelación, artículos que preceptúan lo siguiente: (se transcriben). De igual forma, contrario a lo señalado por la reclamante de garantías, la Sala responsable estuvo en lo correcto al considerar en el auto reclamado de fecha diecisiete de enero de dos mil, el cómputo realizado en la constancia de fecha seis de diciembre de dos mil (sic), levantada por el actuario notificador respecto de la legal notificación por lista del auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil uno, al haberse efectuado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al Código de Comercio; asimismo, resultó también legal la certificación realizada por el secretario general de Acuerdos del Primer Tribunal Regional del Primer Circuito, mediante el cual hizo constar que ya había transcurrido el plazo de tres días para que la parte apelante expresara agravios, considerando para tal efecto y como ha quedado plasmado en este estudio, que el auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil uno fue correctamente notificado por lista, sin que ameritara notificación personal. Por otra parte, tampoco le asiste la razón a la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable omitió considerar lo dispuesto en la fracción IV del artículo 172 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, porque el auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil uno era de notificación personal, ante el cambio de población y de distrito judicial en el conocimiento del asunto, aduciendo que el juicio natural se llevó en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, mientras la sede del Primer Tribunal Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, se encuentra en un lugar distinto; se afirma lo anterior, pues con independencia de que el Juez natural y la autoridad responsable tuvieran o no al momento de la sustanciación del recurso de apelación su residencia en lugares distintos, la Sala responsable no podía considerar el auto en cita como un caso urgente para notificarlo personalmente, en términos de la fracción IV del artículo 172 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Se afirma lo anterior, considerando que el Juez Tercero de lo Mercantil de esta ciudad, mediante notificación de fecha trece de noviembre de dos mil uno, emplazó a la parte demandada quejosa haciéndole de su conocimiento para que dentro del término de cinco días concurriera al Primer Tribunal Regional del Primer Circuito, a sustanciar el recurso interpuesto en términos del artículo 378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, notificación visible a fojas ciento cincuenta y siete y ciento cincuenta y ocho del juicio natural, cuyas constancias a continuación se escanean, para mayor ilustración: (se transcriben). De lo anterior se obtiene que la parte ahora quejosa tuvo conocimiento en tiempo y forma de ante qué tribunal debía comparecer para la sustanciación para el recurso de apelación, pues para tal efecto el Juez natural le notificó el emplazamiento para acudir a la alzada y le hizo saber que tenía el término de cinco días para hacerlo; en consecuencia, contrario a lo que señala la reclamante de garantías, no existía supuesto urgente alguno para que el tribunal responsable ordenara notificar personalmente el auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil uno, para evitar dejar al apelante en estado de indefensión, dado que no se actualiza tal supuesto. Finalmente, es infundado lo que aduce la parte quejosa, en virtud de que la Sala responsable no citó como fundamento ni del auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil uno, ni de la resolución reclamada de diecisiete de enero de dos mil dos, tesis aislada o de contradicción de tesis, para resolver como lo hizo, lo cual amerite realizar estudio mayor, máxime que dichos autos fueron legalmente emitidos por la autoridad responsable sin violar disposición legal ni constitucional alguna, en perjuicio de la parte quejosa." (fojas 2 a 30 de los mencionados autos).
CUARTO. Por otra parte, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se sustentó al resolver los siguientes juicios de amparo directo, conforme a las siguientes consideraciones.
1) Amparo directo civil 2273/98, en la ejecutoria de doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho:
"QUINTO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer, aunque para arribar a esa conclusión habrá de suplirse la deficiencia de la queja con base en el artículo 76 bis, fracción VI, de la ley de la materia. En sentencia de catorce de enero del presente año, el Juez natural decidió que la actora había acreditado su acción, que el demandado, en cambio, no había justificado sus excepciones, motivo por el que lo condenó al pago de las prestaciones reclamadas. Inconforme la parte reo con ese fallo, interpuso en su contra el recurso de apelación del que correspondió conocer a la Sala responsable, quien en proveído de veintiséis de mayo siguiente radicó la apelación y acordó, además, en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe). Ahora bien, este tribunal es de la opinión que el auto por el que en segunda instancia se ordena prevenir al apelante para que exprese agravios contiene un verdadero apercibimiento, toda vez que constituye procesalmente un acto por el que el juzgador conmina u ordena a alguna persona que cumpla lo mandado por él, con la advertencia de que si no lo hace se le hará efectiva determinada sanción, razón por la que de acuerdo a lo que dispone el artículo 109, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dice: (se transcribe), es claro que ese auto debe notificarse personalmente conforme lo sostuvo este colegiado en la tesis cuya claridad no amerita mayores comentarios, que se aprobó el veintiuno de mayo de este año al resolver el diverso amparo directo 2236/97, y que por lo reciente todavía no se encuentra publicada, que establece: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA AL INCONFORME PARA QUE EXPRESE AGRAVIOS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE Y NO POR MEDIO DE BOLETÍN JUDICIAL.’ (se transcribe). En vista de lo expresado es obvio que la determinación de la Sala en el proveído de veintiséis de mayo del año en curso, a través del cual ordenó prevenir al apelante para que formulara agravios por contener el requerimiento de un acto que dicha parte debía cumplir (puesto que si no lo hacía incurriría en la sanción procesal de que se declararía desierta la apelación y firme la sentencia recurrida, lo que ciertamente ocurrió mediante el diverso auto de doce de junio posterior), indudablemente que la notificación respectiva debió haberse practicado en forma personal y no por Boletín Judicial, dado que se actualizó la hipótesis en la aludida fracción IV del artículo 109 del enjuiciamiento civil del Estado. Antes de finalizar debe añadirse que la notificación personal que se sostiene debió haber ordenado el tribunal de alzada, del acuerdo que ordenó requerir a los apelantes para que expresaran agravios, procedía también por la circunstancia de que el ahora quejoso ignoraba a cuál de las cinco diferentes Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que en la actualidad conocen de la materia civil, iba a corresponder el conocimiento de la apelación, y por ello desconocía también ante quién debería formular los agravios. Debe, por tanto, concederse la protección federal impetrada para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el proveído de doce de junio del presente año, y proceda a notificar personalmente al apelante el auto de veintiséis de mayo del mismo año. La concesión anterior se hace extensiva a las autoridades señaladas como ejecutoras según lo previene la jurisprudencia 102 del tomo y Apéndice invocados, que señala: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)." (fojas 80 a 89 del cuaderno de la denuncia de contradicción).
2) Amparo directo civil 956/98, en la ejecutoria de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve.
"IV. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer. Este propio tribunal en sesión de veintiuno de mayo del año pasado, al resolver el diverso juicio de garantías 2236/97, sustentó el siguiente criterio que aparece publicado en la página 1102 del Tomo VIII, correspondiente a octubre de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA AL INCONFORME PARA QUE EXPRESE AGRAVIOS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE Y NO POR MEDIO DE BOLETÍN JUDICIAL.’ (se transcribe). Ahora bien, de lo acabado de transcribir fácilmente se advierte que asiste la razón a los quejosos, en lo que aducen acerca de que al no habérseles hecho saber en forma personal el término que fijó el ad quem para formular agravios, no tuvieron oportunidad de expresar que ya habían cumplido con ese requisito, motivo por el que, agregaron, se les dejó indefensos sobre el particular. Por tanto, si el tribunal de alzada consideró necesario hacer el requerimiento de que se trata, es obvio entonces que de acuerdo con el sumario transcrito líneas atrás, el proveído respectivo debió haber ordenado que se hiciera del conocimiento de los apelantes en forma personal. Procede entonces conceder la protección federal solicitada para que el ad quem, en caso de estimar indispensable requerir para tal fin a los inconformes, tome en cuenta los lineamientos dados al respecto en la presente ejecutoria. La protección federal debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se reclaman al Juez señalado como autoridad responsable ejecutora, con base en lo dispuesto por la jurisprudencia 102, del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)." (fojas 91 a 97 del cuaderno de la denuncia de la presente contradicción de tesis número 73/2002-PS).
3) Amparo directo civil 2700/98, resuelto el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
"CUARTO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer. A fin de establecer la ilegalidad del auto combatido resulta indispensable traer a colación el diverso de cuatro de agosto del año anterior, a través del cual el órgano de alzada expresamente ordenó que fuera por Boletín Judicial la notificación que se hiciera a los apelantes para que formularan agravios. Tal acuerdo, en lo conducente, dice: (se transcribe). Conviene precisar que contra lo que se afirma en el auto que se acaba de transcribir, ninguno de los dos criterios que aquí se citan son sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que la primera de las tesis citadas proviene del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, y la segunda del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de suerte que no resultan obligatorias para este órgano jurisdiccional. Por otro lado, no se comparte el punto de vista a que se alude en dichas ejecutorias, debido a que se estima que en el caso tiene aplicación el artículo 109, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria, que estatuye: (se transcribe), habida cuenta que los términos ‘apercibimiento’, ‘requerimiento’ y ‘prevención’ (el primero y el último fueron los que se utilizaron en el caso), en realidad tienen un significado similar, pues expresan la idea de notificar y advertir a las partes o a terceros para que cumplan con lo que se ordena en la respectiva determinación, bajo pena de que les serán aplicados los medios de apremio, las correcciones disciplinarias o de que les parará perjuicio la resolución de que se trata, según corresponda. Al respecto se citan los comentarios de don Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, vigesimosegunda edición, páginas 98 y 711, consistentes en: ‘apercibimiento’ (se transcribe) y ‘requerimiento’ (se transcribe). Lo antes dicho constituye, en esencia, la motivación que se dio en la ejecutoria dictada por este colegiado en sesión de veintiuno de mayo del año próximo pasado, al fallar el amparo directo 2236/97, que originó la tesis visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, octubre de 1998, página 1102, del siguiente tenor: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA AL INCONFORME PARA QUE EXPRESE AGRAVIOS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE Y NO POR MEDIO DE BOLETÍN JUDICIAL.’ (se transcribe); en la inteligencia de que con el criterio anterior se acordó se planteara ante la Suprema Corte la denuncia de contradicción de tesis con la diversa que es precisamente en la que se apoyó la Sala responsable, misma que aún se encuentra pendiente de resolución. Consiguientemente, procede otorgar la protección federal impetrada para que la Sala responsable, en cumplimiento de la presente ejecutoria, decrete la reposición del procedimiento hasta el auto de cuatro de agosto del año anterior, y ordene se notifique personalmente a los ahora quejosos. La concesión del amparo se hace extensiva a la autoridad ejecutora con base en la jurisprudencia 102 del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario invocado, que dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)." (fojas 99 a 124 del cuaderno de la denuncia de contradicción de tesis).
4) Amparo directo 1189/99, fallado el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve.
"V. Son fundados los conceptos de violación hechos valer. El quejoso preponderantemente se duele de que no expresó agravios en la alzada porque el auto por el que se fijó término para ese efecto no fue correctamente notificado, ya que, por una parte, la notificación de dicho proveído debió ser personal y no se hizo así, y por otro lado, en la razón asentada en el toca de apelación con motivo de la publicación del referido proveído en el Boletín Judicial, aparece que dicha publicación fue anterior a la fecha en que se pronunció la sentencia recurrida. Es cierto que a fojas cuatro del toca de apelación aparece el sello que comúnmente se estampa para hacer constar la publicación de los acuerdos en el Boletín Judicial, donde se advierte que se asentó lo siguiente: (se transcribe), refiriéndose al acuerdo de ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve. Por lo que al no haber evidencia en el toca de apelación de que el impetrante haya participado en el juicio después de que se practicó dicha actuación y antes de que se pronunciara el proveído por el que se declaró desierto el recurso de apelación, procedería abordar el análisis de esa cuestión, de acuerdo con lo que precisa el criterio sostenido por este tribunal consultable en la página trescientos setenta y seis del Tomo VIII, julio de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ‘NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL PROMOVENTE NO TUVO CONOCIMIENTO DE UNA NOTIFICACIÓN ANTERIOR AL AUTO QUE IMPUGNA Y QUE PUSO FIN A LA SEGUNDA INSTANCIA, SINO HASTA DESPUÉS DE PRONUNCIADO ESE ACUERDO, NO ESTABA OBLIGADO A AGOTAR PREVIAMENTE AL AMPARO EL INCIDENTE DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe). Sin embargo, será necesario actualizar esa cuestión porque es suficiente para conceder el amparo la queja relativa a que debió ser personal la notificación del proveído por el que se requirió al apelante para expresar agravios. Lo anterior, porque este tribunal, en sesión de veintiuno de mayo del año pasado, al resolver el diverso juicio de garantías 2236/97, sustentó el siguiente criterio que aparece publicado en la página 1102 del Tomo VIII, correspondiente a octubre de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA AL INCONFORME PARA QUE EXPRESE AGRAVIOS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE Y NO POR MEDIO DE BOLETÍN JUDICIAL.’ (se transcribe). De lo acabado de transcribir se advierte que asiste la razón al quejoso, en cuanto a que al no habérsele hecho saber en forma personal el término para que formulara agravios, no tuvo oportunidad de cumplir con ese requisito, dejándolo en estado de indefensión. Por tanto, si el tribunal de alzada emitió el requerimiento de que se trata, es obvio entonces que de acuerdo con el sumario transcrito líneas atrás, el proveído respectivo debió haber ordenado que se hiciera del conocimiento del apelante en forma personal. Consecuentemente, al no haberlo hecho así, procede conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que el ad quem deje insubsistentes los acuerdos reclamados de ocho y veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve, actuando en forma congruente con lo precisado en esta ejecutoria, y ordene notificar personalmente al agraviado el acuerdo por el que fijó término al apelante para expresar agravios. Es de señalar que este tribunal no comparte el criterio invocado por la responsable en el acuerdo de ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, con el rubro: ‘APELACIÓN. AUTO DE RADICACIÓN EN LA ALZADA Y TÉRMINO PARA EXPRESAR AGRAVIOS. NO EXISTE OBLIGACIÓN LEGAL DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.’, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, ya que el mencionado criterio es opuesto al sostenido por este tribunal que ahora resuelve, y tan es así que ante su discrepancia este colegiado denunció la contradicción de tesis relativa, registrada con el número 81/98, pendiente de resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (fojas 126 a 148 del cuaderno de la denuncia de contradicción).
5) Amparo directo 125/99, al que corresponde la ejecutoria de trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
"IV. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer, aunque para arribar a esta conclusión habrá de suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo. En sentencia de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el Juez Noveno de lo Mercantil resolvió que la parte actora probó la acción, y que como la demandada no acreditó sus manifestaciones la condenó al pago de las cantidades reclamadas y al de los gastos y costas. Inconforme con ese veredicto, la demandada interpuso en su contra el recurso de apelación del que tocó conocer a la Sala responsable, quien en proveído de seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, entre otras cosas, radicó dicho medio de defensa, tuvo por señalados domicilios para recibir notificaciones de las partes, previno al apelante para que formulara los agravios dentro de un término de tres días y lo apercibió que le tendría por desistido del recurso de no hacerlo, ordenando omitir la notificación personal del acuerdo, por lo que únicamente fue publicado en el Boletín Judicial el día nueve siguiente. Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, se levantó certificación en el sentido de que no se había presentado escrito de expresión de agravios y se dictó el auto de veintitrés de febrero del referido año, en el que se hizo efectivo el apercibimiento aludido, tuvo por desistido del recurso a la apelante, declaró firme la resolución impugnada y ordenó devolver los autos al juzgado de su procedencia. A propósito del término ‘apercibimiento’, don Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, S.A., 1966, página 87, lo define así: (se transcribe). Por su parte, Juan Palomar de Miguel en su Diccionario para Juristas, Ediciones Mayo, 1981, página 108, sobre la palabra apercibir, refiere: (se transcribe). De lo expuesto se pone de relieve que la determinación de la Sala responsable en el proveído de seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que ordenó prevenir a la apelante para que en el término de tres días formulara los agravios que le causaba la reso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17807-9007b148/agravios-en-la-apelacion-mercantil-es-indispensable-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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