TÍTULO EJECUTIVO MERCANTIL. EL REQUISITO DE PREVIA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, PARA INTEGRAR AQUÉL, SÓLO ES EXIGIBLE CUANDO EXISTA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE CRÉDITO A FAVOR DE EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, Y LA SOSTENIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los criterios que se estiman contradictorios son los siguientes:
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 2605/2002 el nueve de mayo de dos mil dos, emitió el criterio siguiente:
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer. En efecto, los artículos 47 y 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito estatuyen: ‘Artículo 47.’ (se transcribe). ‘Artículo 48.’ (se transcribe). De la lectura y análisis de dichos preceptos se desprende que el régimen que establecen, respecto a los documentos que constituyen título ejecutivo para el ejercicio de las acciones correspondientes, respectivamente, comprende a: 1) los contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y las demás operaciones que celebren las organizaciones auxiliares del crédito; y, 2) al contrato o documento en que se hagan constar los créditos, arrendamientos financieros o factoraje financiero que otorguen las organizaciones auxiliares del crédito correspondientes, así como a los documentos que demuestren los derechos de crédito transmitidos a empresas de factoraje financiero. Del artículo 48 citado se desprende, en lo conducente, que: 1) los documentos que demuestren los derechos de crédito, 2) notificados debidamente al deudor, y 3) junto con la certificación del estado de cuenta a que se refiere el artículo 47 anterior, serán título ejecutivo mercantil, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito alguno. Por tanto, contrariamente a lo que alega la sociedad nacional de crédito quejosa, el transcrito artículo 48 no solamente se refiere al contrato de arrendamiento financiero o factoraje financiero que otorguen las organizaciones auxiliares del crédito, sino que de su simple lectura se aprecia que también se refiere genéricamente al contrato o documento en que se hagan constar los créditos relativos; texto con el cual es posible interpretar que el precepto incluye a cualquier otro contrato de crédito, no solamente de arrendamiento o factoraje financieros. Corrobora lo anterior el hecho de que el transcrito artículo 47 de la misma legislación, bajo la misma razón, no solamente abarca a los contratos de arrendamiento o factoraje financiero, sino a las demás operaciones que celebren las organizaciones auxiliares del crédito, en que se pacte que el acreditado o el mutuatario puedan disponer de la suma acreditada o del importe del préstamo en cantidades parciales o estén autorizados para efectuar reembolsos previos al vencimiento del término señalado en el contrato; por lo cual, sí prevalece el requisito legal de que los documentos que demuestren los derechos de crédito, consten notificados debidamente al deudor, para que junto con la certificación del estado de cuenta a que se refiere el artículo 47 anterior, sean título ejecutivo mercantil. Además, la sociedad quejosa, en su demanda expresamente invocó el artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, estimándolo aplicable como rector del procedimiento, por lo que no existe ninguna excusa para aseverar, en los conceptos de violación, que indebidamente aplica ese precepto la autoridad responsable. En tal virtud, la Sala responsable correcta y legalmente se funda en la tesis de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, diciembre de 1996. Tesis: XVI.2o.8 C. Página 426, del tenor: ‘ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO. LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN SÓLO DEBEN REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO.’ (se transcribe). Derivado de lo anterior, queda de manifiesto que la tesis aislada que invoca la sociedad quejosa, publicada en la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, octubre de 1999. Tesis: VII.1o.C.52 C. Página 1317, que dice: ‘ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO. INNECESARIO NOTIFICAR AL DEUDOR TODOS LOS CONTRATOS O DOCUMENTOS EN QUE SE HAGAN CONSTAR LOS CRÉDITOS QUE OTORGUEN LAS UNIONES DE CRÉDITO, PARA QUE CONSTITUYAN TÍTULOS EJECUTIVOS.’ (se transcribe); tesis que no constituye jurisprudencia en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, toda vez que esa tesis no se ha sustentado en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, se trata de una tesis que sólo se ha sustentado en dos ocasiones, según la cita que hace la quejosa, cuyo contenido no comparte este órgano jurisdiccional de amparo, en virtud de que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito es claro al establecer, entre otros requisitos, la necesidad de que el contrato o documento en el que se haga constar el crédito (en el caso, el contrato de apertura de crédito de habilitación o avío celebrado entre la Unión de Crédito de Fomento para la Empresa, S.A. de C.V., en su carácter de acreditante ... como acreditada, y ... como obligado solidario) sean debidamente notificados al deudor, para que junto con el certificado del contador de la organización auxiliar del crédito acreedora, constituyan título ejecutivo mercantil. En cambio, comparte en sus términos el criterio sostenido en la tesis que invoca la Sala responsable en el fallo reclamado, porque se apega a dicho precepto; de suerte que, como se ha dejado establecido, la determinación reclamada sí es conforme a derecho. Es pertinente señalar que en la especie no es aplicable el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se refiere a los contratos en que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, pues la quejosa no fue quien lo otorgó, sino que fue la Unión de Crédito de Fomento para la Empresa, S.A. de C.V., organización auxiliar del crédito, carácter que le confiere el artículo 3o., fracción IV, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; unión de crédito que cedió los derechos derivados del contrato relativo a la ahora quejosa, y si la cedente hubiese ejercitado su acción en la vía ejecutiva mercantil con apoyo en el artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, tenía que haber notificado previamente al deudor, como lo ordena dicho precepto, al haber cedido sus derechos, esa obligación recayó en la cesionaria, ahora quejosa, la que no fue cumplida por ésta, motivo por el cual los documentos base de la acción no constituyeron título ejecutivo mercantil."
En ese mismo sentido, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y seis el amparo directo 774/96, emitió la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, diciembre de 1996
"Tesis: XVI.2o.8 C
"Página: 426
"ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO. LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN SÓLO DEBEN REUNIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. La Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 68, establece los requisitos que deben reunir los contratos en que consten los créditos que estas instituciones otorgan, para que adquieran la calidad de títulos ejecutivos y, por su parte, el artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, previene los requisitos que se deben satisfacer para que los contratos en que se hagan constar los créditos que otorguen dichas instituciones auxiliares del crédito sean títulos ejecutivos. Por tanto, cuando una organización auxiliar del crédito, que no es una institución de crédito, y cuya organización y funcionamiento se rige por su propia ley, accione en la vía ejecutiva mercantil, para obtener el cumplimiento de una obligación contraída para con ella por uno de sus socios, formalizada en un convenio, deberá forzosamente colmar los requisitos exigidos por el artículo 48 de la ley especializada, conforme a la cual contrata, para que los documentos base de la acción sean considerados títulos ejecutivos. Por ello no puede invocarse como aplicable el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, puesto que este ordenamiento rige la actividad y funcionamiento de las instituciones de crédito, pero no el de las organizaciones auxiliares del crédito; contexto en el que es ineludible que estos organismos se sujeten cuando, como en el caso, hacen uso de la vía ejecutiva mercantil, a las reglas que su propia ley especializada señala, para el efecto de que los documentos base de la acción sean considerados títulos ejecutivos; a saber, el propio contrato junto con la certificación de estado de cuenta y la constancia de que el primero fue notificado debidamente al deudor.
"Amparo directo 774/96. Unión de Crédito Regional, S.A. de C.V. 18 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Arredondo Elías. Secretario: Manuel Pallares Peralta."
Por el contrario, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver los amparos directos 603/98 y 491/99, sostuvo la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, octubre de 1999
"Tesis: VII.1o.C.52 C
"Página: 1317
"ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CRÉDITO. INNECESARIO NOTIFICAR AL DEUDOR TODOS LOS CONTRATOS O DOCUMENTOS EN QUE SE HAGAN CONSTAR LOS CRÉDITOS QUE OTORGUEN LAS UNIONES DE CRÉDITO, PARA QUE CONSTITUYAN TÍTULOS EJECUTIVOS. El artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, establece la necesidad de que los contratos en que se hagan constar los créditos, tienen que ser notificados debidamente a los deudores, para que constituyan títulos ejecutivos; pero esa notificación se refiere únicamente a los contratos de factoraje financiero o a los documentos que demuestren los derechos de crédito transmitidos a empresas de factoraje financiero; sin embargo en tratándose de los contratos de crédito otorgados por las uniones de crédito, no es necesaria tal notificación previa, por no señalarlo expresamente la ley, para que éstos sean considerados títulos ejecutivos. De ahí que si los contratos base de la acción, fueron otorgados por una unión de crédito, es evidente que para integrar los títulos ejecutivos sólo se requiere de los referidos contratos y del correspondiente estado de cuenta certificado por el contador de la organización auxiliar del crédito, sin ningún otro requisito.
"Amparo directo 603/98. Unión de Crédito Ganadero, Industrial y Comercial de Veracruz, S.A. de C.V. 28 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Arnulfo Joachin Gómez.
"Amparo directo 491/99. Unión de Crédito Industrial Veracruzana, S.A. de C.V. 26 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretaria: Celia Castañeda Hernández."
CUARTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
De lo anterior se obtiene que para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Ahora bien, de las sentencias pronunciadas por los tribunales contendientes se advierte, como aspectos importantes del problema sometido a la consideración de esta Primera Sala, lo siguiente:
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (denunciante) consideró que el requisito de notificación al deudor, para integrar el título ejecutivo mercantil, que prevé el artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, no solamente se refiere a los contratos de arrendamiento o factoraje financiero que otorguen las organizaciones auxiliares del crédito, sino también al contrato o documento en que se hagan constar los créditos relativos, es decir, incluye cualquier tipo de contrato de crédito, no solamente de arrendamiento o factoraje financiero, lo que aduce se corrobora con lo dispuesto en el artículo 47 del aludido ordenamiento legal, el que no sólo abarca a los contratos de arrendamiento o factoraje financiero, sino a las demás operaciones que celebren las referidas organizaciones auxiliares del crédito; por consiguiente, estima, el contrato o documento en el que se hagan constar los créditos, debidamente notificados al deudor, junto con el estado de cuenta certificado por el contador de la organización auxiliar del crédito, constituye título ejecutivo mercantil.
Este criterio es compartido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que sostuvo criterio en el sentido de que cuando una organización auxiliar del crédito, que no es una institución de crédito, y cuya organización y funcionamiento se rige por su propia ley (Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), accione en la vía ejecutiva mercantil para obtener el cumplimiento de una obligación contraída para con ella por uno de sus socios, deberá forzosamente colmar los requisitos exigidos por el artículo 48 de la ley especializada, conforme a la cual contrata, para que los documentos base de la acción sean considerados títulos ejecutivos, a saber: el propio contrato junto con la certificación de estado de cuenta y la constancia de que el primero fue notificado debidamente al deudor.
Por el contrario, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostuvo, en esencia, que no obstante que el artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito estatuye la necesidad de que los contratos en que se hagan constar los créditos deben ser notificados debidamente a los deudores para que constituyan títulos ejecutivos, en tratándose de los contratos de crédito otorgados por las uniones de crédito no es necesaria tal notificación previa, por no señalarlo expresamente la ley; además, de una interpretación sistemática se obtiene que dicha notificación se refiere únicamente a los contratos de factoraje financiero o a los documentos que demuestren los derechos de crédito transmitidos a empresas de factoraje financiero. En ese sentido, concluye que si los contratos base de la acción fueron otorgados por una unión de crédito, sólo se requerirá de los referidos contratos y del correspondiente estado de cuenta certificado por el contador de la organización auxiliar del crédito, para que éstos sean considerados títulos ejecutivos, sin necesidad de que medie ningún otro requisito.
En ese orden de ideas, se advierte que en la especie concurren todos los requisitos necesarios para la configuración de la contradicción de tesis, a saber:
a) Al resolverse los negocios jurídicos se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, esto es, los tribunales contendientes analizaron los requisitos que deben reunir los contratos o documentos en que se hagan constar los créditos que otorgan las organizaciones auxiliares del crédito (uniones de crédito), concretamente por lo que se refiere a la exigencia de que deben ser notificados debidamente al deudor para que, junto con la certificación del estado de cuenta respectivo, puedan ser considerados títulos ejecutivos, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; siendo que para el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, la notificación constituye un requisito sine qua non para que se perfeccione el título ejecutivo; mientras que para el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito no es exigible tal condición, pues ésta opera sólo cuando existe transmisión de derechos de crédito a favor de empresas de factoraje financiero.
b) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, como se advierte de las tesis transcritas y las ejecutorias que obran en autos; y,
c) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos pues, como ya se dijo, el tema común que analizan los criterios divergentes consiste en determinar si los contratos o documentos en que se hagan constar los créditos otorgados por las instituciones auxiliares del crédito requieren de la notificación previa al deudor para que se perfeccionen como títulos ejecutivos mercantiles, lo que se analizó por los Tribunales Colegiados a la luz de los supuestos normativos contenidos en los artículos 47 y 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
En ese sentido, procede concluir que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada.
No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.
Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que literalmente dice:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.
"Contradicción de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.
"Contradicción de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.
"Contradicción de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Benito Alva Zenteno.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."
Igualmente, es aplicable el siguiente criterio de la Segunda Sala, que esta Primera Sala comparte:
"Octava Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XII, diciembre de 1993
"Tesis: 2a. VIII/93
"Página: 41
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así.
"Varios 29/92. Contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito. Cinco votos. 19 de mayo de 1993. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo."
QUINTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento las consideraciones siguientes:
Como quedó expuesto en su oportunidad, el tema de la presente contradicción de tesis estriba en determinar el alcance de los requisitos que establece el artículo 48 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para que los contratos en que se hagan constar los créditos que estas instituciones otorgan, adquieran la calidad de títulos ejecutivos mercantiles. Concretamente, si aquellos que celebran las uniones de crédito deben ser notificados debidamente al deudor para colmar las exigencias legales que prevé el precepto aludido y constituir, de esa forma, títulos ejecutivos, o bien, esa exigencia sólo opera cuando exista transmisión de derechos de crédito a favor de una empresa de factoraje financiero.
Para una mayor claridad del tema a resolver, conviene analizar la naturaleza jurídica del título ejecutivo y del juicio ejecutivo mercantil, pues el estudio que se realizará consiste en determinar si para que los documentos en los que se hagan constar los créditos que otorgan las organizaciones auxiliares del crédito (uniones de crédito) tengan el carácter de título ejecutivo y, por ende, proceda la vía ejecutiva mercantil, es necesario o no que previamente se haya realizado al deudor la notificación que prevé el artículo 48 del ordenamiento legal mencionado.
Por su naturaleza, el título ejecutivo mercantil debe contener una serie de elementos para ser considerado como tal, conteniendo una deuda en la que necesariamente se consigne que sea cierta, exigible y líquida.
En cuanto al elemento de que la deuda sea cierta, requiere que el propio documento refiera la existencia del derecho, defina al acreedor y al deudor, con lo que igualmente determina los otros elementos que se hacen consistir en una prestación exigible y líquida, de plazo y condiciones cumplidos, pues sin tales presupuestos no se puede estar en presencia de un título ejecutivo y, por lo mismo, no es factible la procedencia de la vía ejecutiva.
En diversos criterios jurisprudenciales, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para estar en presencia de un título ejecutivo, debe contener un derecho perfectamente reconocido por las partes, que el documento mismo contenga la existencia del derecho, defina al acreedor y al deudor y determine la prestación cierta, líquida y exigible de plazo y condiciones cumplidos, como pruebas todas ellas consignadas en el título.
Lo anterior se desprende de las tesis que a continuación se reproducen:
"Sexta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: CXXIV, Cuarta Parte
"Página: 107
"TÍTULOS EJECUTIVOS. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER. El juicio ejecutivo es un juicio de excepción que se basa en el establecimiento, por un título, de un derecho perfectamente reconocido por las partes; el documento mismo prolija la existencia del derecho, define al acreedor y al deudor y determina la prestación cierta, líquida y exigible, de plazo y condiciones cumplidos, como pruebas todas ellas consignadas en el título. Ahora bien, si se deduce una acción en la vía ejecutiva mercantil, pero de los términos de la demanda se advierte con claridad que se están ejercitando derechos controvertibles, que no hay la exigencia de una deuda cierta y líquida, se pone de relieve que se está frente a un título que no puede fundar una acción ejecutiva, porque no se reúnen los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia de esta Suprema Corte han señalado como indispensables para que un título traiga aparejada ejecución.
"Amparo directo 265/66. Firestone El Centenario, S.A. 11 de octubre de 1967. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas.
"Volumen XXI, página 186. Amparo directo 3990/58. Madreyfus, S.A. 13 de marzo de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Castro Estrada.
"Tomo CXXV, página 99. Amparo civil directo 1273/54. Hilados del Norte, S.A. y coagraviados. 4 de julio de 1955. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Gabriel García Rojas."
"Quinta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: CXXV
"Página: 99
"TÍTULOS EJECUTIVOS. El juicio ejecutivo es un juicio de excepción que se basa en el establecimiento, por un título, de un derecho perfectamente reconocido por las partes; el documento mismo prolija la existencia del derecho, define al acreedor y al deudor y determina la prestación cierta, líquida y exigible, de plazo y condiciones cumplidos, como pruebas todas ellas consignadas en el título. Ahora bien, si se deduce una acción en la vía ejecutiva mercantil, pero de los términos de la demanda se advie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17751-6d126ed4/titulo-ejecutivo-mercantil-el-requisito-de-previa-notificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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