DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ENTONCES PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE AMBOS EN MATERIA CIVIL, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación con el fondo del asunto.
Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para que exista contradicción de criterios, es necesario que concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, cabe citar la tesis jurisprudencial que se identifica y lee como sigue:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el ocho de julio de mil novecientos noventa y tres, resolvió el juicio de amparo directo 3403/93, promovido por Joel Romero Saulnier, cuya ejecutoria, en la parte que interesa, a la letra dice:
"El cuarto motivo de inconformidad deviene infundado, toda vez que no es exacto que el tribunal de alzada hubiese verificado una inexacta aplicación del artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles, ni de la jurisprudencia que invoca en el fallo combatido sobre objeción a los documentos privados, toda vez que al desestimar el agravio alusivo en la sentencia impugnada, sólo confirmó el correcto valor probatorio que la Juez a quo concedió al contrato de arrendamiento exhibido por el actor en el procedimiento natural, con el que se dio por acreditada la relación contractual entre las partes, ya que el contrato de arrendamiento es el documento que legítima al accionante en una acción de desahucio como la que se trata en la especie, sin que sea suficiente la objeción que se haga del documento cuestionado y la admisión de esa objeción, ya que se requiere la aportación de elementos de convicción suficientes que acrediten la invalidez del contrato, por no tratarse de un documento simple proveniente de tercero como aduce el quejoso, sino de un documento privado que se analiza al tenor de los artículos 335 y 402 del Código de Procedimientos Civiles, conteniendo en sí mismo el valor probatorio suficiente y necesario que le concede la ley, en la medida en que el objetante no acredita la objeción que hace valer en relación con ese documento con pruebas idóneas, siendo aplicable la tesis jurisprudencial que invocó la Sala responsable en la sentencia definitiva combatida, y la diversa que aparece publicada en la página 557 del volumen sobre precedentes de la Tercera Sala que no han integrado jurisprudencia correspondiente a los años 1969 a 1986, Cuarta Parte, cuyo sumario es el siguiente: ‘DOCUMENTOS, OBJECIÓN DE.’ (se transcribe); por lo cual, de ninguna manera puede concluirse como quiere el quejoso, que corresponda al litigante contrario probar la autenticidad del documento privado en que funda su derecho ..." (fojas 79 a 82 del cuaderno de la contradicción en que se actúa).
Con base en esa resolución sustentó la tesis que dice:
"Octava Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XII, septiembre de 1993
"Tesis: I.3o.C.631 C
"Página: 215
"DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIÓN NO DEMOSTRADA. No es suficiente la objeción de un documento privado exhibido en juicio para que éste pierda su valor probatorio, sino que es necesario además, que la objeción que haga el litigante, se funde en causas que puedan motivar la invalidez del documento y que dichas causas se acrediten con pruebas idóneas. No sucede lo mismo cuando se trata de un documento simple proveniente de tercero, que es objetado por la parte a quien perjudica, porque en este caso basta la objeción para que pierda su valor probatorio, arrojando la carga de la prueba de su contenido al oferente."
Posteriormente, el propio Tribunal Colegiado, con fechas treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro y dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, resolvió los juicios de amparo directo 3333/94 y 2703/96, promovidos por Manuel Rebolledo Benítez y la sucesión de Cipriano Alejandro Menchaca Monjaraz, respectivamente, y en los mismos reiteró el criterio que había sustentado en la ejecutoria anteriormente transcrita, en su parte conducente, los cuales no se transcriben a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias.
SEXTO. El entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, con base en las ejecutorias que emitió al resolver los juicios de amparo directo 27/88, 90/89, 407/90, 64/91 y 74/91, promovidos por Leonarda García Zempoaltécatl, Rafael Ángel Lara González y otro, Delikatessen, Sociedad Anónima de Capital Variable, Eulalia Macías Ramos y Calixto Telez Telez y otra, respectivamente, con fechas diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, veintitrés de agosto y cuatro de octubre de mil novecientos noventa, siete y catorce de marzo de mil novecientos noventa y uno, sustentó la tesis jurisprudencial que a la letra dice:
"Octava Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: VII, mayo de 1991
"Tesis: VI.1o. J/53
"Página: 88
"DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. SURTEN PLENOS EFECTOS SI NO SE DEMUESTRA LA OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles, los documentos privados harán prueba plena cuando no fueren objetados o cuando fueren legalmente reconocidos, de tal manera que si se objeta uno de esos documentos, es a cargo de quien plantea la cuestión demostrar los extremos en que apoye su aserto, pero si no lo hace, devendrá en una simple afirmación sin base que la sustente y por lo mismo la probanza debe surtir efectos plenos."
En virtud de que los cinco precedentes con base en los cuales se sustentó la tesis transcrita con anterioridad son de similar redacción, a fin de evitar repeticiones innecesarias, solamente se transcribirá el primero de ellos que, en la parte que interesa, a la letra dice:
"En efecto, el entonces actor acompañó a su demanda como base de la acción una copia al carbón de un contrato de compraventa celebrado el once de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, entre Irene Rodríguez viuda de Vega, como vendedora, y Sotero Zempoaltécatl, Leonardo García y Francisco Sánchez, como compradores. La materia de ese instrumento fue un terreno denominado El Barrial, ubicado en el pueblo de San Pablo Xochimihuacán, con las medidas y colindancias que en otra parte de esta ejecutoria quedaron especificadas, habiendo sido el monto de la operación, la cantidad de cien pesos. La copia de referencia contiene las firmas autógrafas de la vendedora y una huella digital que aparece como de ésta, pero además las firmas autógrafas tanto de los compradores como de los testigos que intervinieron en el acto. Al contestar la demanda, este documento fue tachado de alterado y de falso, no obstante, ninguna prueba se ofreció para acreditar tales aseveraciones a pesar de que la demandada estuvo en posibilidad de hacerlo y de esta suerte demostrar que la firma de la vendedora no fue estampada por el puño y letra de la persona que aparece como tal, y que la huella no le pertenece. Es pertinente hacer notar que aunque no se dijo expresamente, lo relacionado con la falsificación o alteración de ese documento constituye una verdadera objeción, y como tal debió probarse, ya que no basta decir que un documento se objeta sino que es necesario acreditar la causa en que se apoye la objeción, porque de lo contrario devendrá una simple afirmación sin base que la sustente. Como corolario de lo que ha quedado expuesto, debe señalarse que de acuerdo con el artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los documentos privados provenientes de las partes harán prueba plena cuando no fueren objetados o cuando fueren legalmente reconocidos, de esta disposición se sigue que si habiendo sido objetado uno de ellos, la parte interesada no demuestra los extremos en que apoya su redargución, la probanza debe surtir efectos plenos para comprobar los hechos de que se trate ..." (fojas 178 reverso a 179 del cuaderno de la contradicción en que se actúa).
SÉPTIMO. El entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente con la misma denominación pero en Materia Civil, con base en las ejecutorias que emitió al resolver los juicios de amparo directo 380/88, 417/88, 454/88, 497/88 y 8/89, promovidos por José Elías Piña Cortés, José Luis Huerta Machorro, José Luis Castillo y otra, Josefina Rendón Méndez y Donaciano Hernández Cruz, con fechas once de octubre y dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, diez, trece de enero y nueve de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, sustentó la tesis jurisprudencial que a la letra dice:
"Octava Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989
"Tesis: VI. 3o. J/6
"Página: 911
"DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. NECESIDAD DE PROBAR LA OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla contempla dos hipótesis, en las que el documento privado proveniente de las partes tiene pleno valor probatorio: Cuando no es objetado, o bien, cuando es legalmente reconocido. Ahora bien, aun cuando una de las partes objete un documento privado, expresando que lo hace en cuanto a su contenido y firma, tales manifestaciones por sí solas son insuficientes para tener por justificada la objeción, pues el objetante debe probar las causas en que funda su oposición, dado que es un principio general de derecho, el que la buena fe se presuma en todo caso, de manera que debe considerarse que el oferente de la prueba actúa rectamente, al atribuir a su contraparte el documento que exhibe, por lo que es a ésta a quien toca demostrar las circunstancias no manifestadas por aquél, que restan o privan eficacia probatoria al documento."
En virtud de que los cinco precedentes con base en los cuales se sustentó la tesis transcrita con anterioridad, son de similar redacción, a fin de evitar repeticiones innecesarias solamente se transcribirá el tercero de ellos, por ser el más explícito que, en la parte que interesa, a la letra dice:
"También son infundadas las argumentaciones que se encaminan a controvertir el valor del contrato de arrendamiento de fecha primero de julio de mil novecientos ochenta y cinco, base de la acción que intentó la señora Romana Huerta Tobón. En efecto, el artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone (se transcribe). El precepto transcrito contempla dos hipótesis en las que los documentos privados provenientes de las partes tienen pleno valor probatorio cuando no se objetan, o bien, cuando son legalmente reconocidos. En la especie, aun cuando los hoy quejosos objetaron el contrato de referencia, al sostener la falsedad de su contenido y firmas, tales manifestaciones por sí solas son insuficientes para tener por justificada la objeción, pues los propios quejosos debieron probar las causas en que fundaron su oposición, porque es un principio general de derecho el que la buena fe se presuma en todo caso, de manera que debe considerarse que el oferente de la prueba actúa rectamente al atribuir a su contraparte el documento que exhibe, por lo que es a ésta a quien toca demostrar las circunstancias no manifestadas por aquél, que restan o privan de eficacia probatoria al documento. Consecuentemente, aun cuando los quejosos objetaron el contrato, se repite, dado que no aportaron prueba alguna para acreditar su objeción, es inconcuso que al propio contrato debió otorgársele, como se hizo, pleno valor probatorio. La anterior conclusión no se desvirtúa por el hecho de que los quejosos en escrito de fecha cuatro de abril de mil novecientos ochenta y seis, hayan interpuesto incidente penal, pues éste fue desechado mediante acuerdo de fecha veinticuatro del mismo mes y año; por lo que ante este desechamiento debieron interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicable, de tal manera que al no hacerlo así, ese proveído causó estado, y en atención al principio de preclusión procesal que impera en materia civil, perdieron su derecho para formular cualquier impugnación acerca de ese documento. Por lo anterior, es inexacto que al multicitado contrato deba restársele validez porque, según se dijo, no se justificaron las objeciones, el incidente fue desechado y en términos del artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, era innecesario que se reconociera expresamente, según quedó precisado ..." (fojas 318 reverso a 319 reverso del expediente de la presente contradicción).
OCTAVO. La resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo presidente denunció la contradicción de tesis a estudio, en la parte conducente, es del tenor siguiente:
"Asimismo, lo alegado por el impetrante de garantías en el sentido de que a los terceros perjudicados les correspondía la carga de probar que no eran suyas las firmas que en calidad de vendedores aparecen en el contrato privado de compraventa en comento, resulta infundado. Lo anterior se estima así, en atención a la interpretación de lo dispuesto por los artículos 342 y 401, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, los cuales son del tenor siguiente: ‘Artículo 342.’ (se transcribe). ‘Artículo 401.’ (se transcribe). De los preceptos legales transcritos se desprende que los documentos privados son pruebas imperfectas, esto es, originariamente llegan a juicio sin que la ley reconozca que por sí mismos demuestran su autenticidad, pues para ello se requiere que sean reconocidos por su suscriptor o suscriptores, ya sea en forma expresa o tácita derivada de su no objeción, de tal forma que cuando no existe dicho reconocimiento, su autenticidad debe ser reforzada a través de otro u otros medios convictivos de los establecidos en la ley para que se perfeccionen, pues de lo contrario únicamente tienen el valor de un indicio. Ahora bien, en el caso concreto, el documento exhibido por el quejoso como base de su acción reconvencional es un contrato privado, y como tal constituye una prueba imperfecta, por lo que, contrario a lo aducido por el impetrante del amparo, no goza, por sí mismo, de la presunción de autenticidad, y dado que no fue reconocido por los hoy terceros perjudicados ni expresa ni tácitamente, pues lo objetaron argumentando que no eran suyas las firmas que aparecen en él, resulta inconcuso que al hoy quejoso, como oferente de la prueba, le correspondía demostrar su autenticidad, reforzándolo con otros medios convictivos de los establecidos en la ley, ya que no fue perfeccionado por el reconocimiento expreso o tácito de los terceros perjudicados. En tal virtud, los objetantes no tienen la carga de demostrar su objeción para impedir que el contrato privado de compraventa surta plenos efectos probatorios, pues la simple objeción es suficiente para que únicamente tenga el valor de indicio, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales transcritos en párrafos precedentes, ya que expresamente se establece que los documentos privados sólo harán prueba plena contra su autor cuando sean reconocidos legalmente, y ello solamente se obtiene mediante el reconocimiento expreso o tácito del mismo; de manera que si en la especie los terceros perjudicados objetaron el contrato base de la acción, al tratarse de un documento privado, su objeción, sin necesidad de demostrarla, es suficiente para que la documental de mérito carezca de pleno valor convictivo. Caso contrario sucede con los documentos públicos, ya que al respecto el artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas establece: ‘Los documentos públicos hacen prueba plena y no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde.’. De lo que se desprende que éstos llegan a juicio con la calidad de pruebas perfectas, pues no requieren del reconocimiento expreso o tácito de la persona a quien se atribuye su autoría para que tengan el valor de prueba plena, por ende, la simple objeción no es suficiente para restarles eficacia probatoria, sino que la misma debe ser demostrada por su objetante para que pueda desvirtuarse el valor convictivo del que por disposición legal gozan dichas documentales. Sin que sea óbice a lo sustentado en párrafos anteriores lo que el inconforme alega en el sentido de que la manifestación de los demandados reconvencionistas en cuanto a la negativa de reconocimiento de las firmas que aparecen en la documental en comento envuelve la afirmación expresa de un hecho, consistente en que ‘afirman que las firmas no son de ellos’ y que, por tanto, a éstos les correspondía demostrar la falsedad de las mencionadas rúbricas; pues dicho argumento en forma alguna pone de manifiesto la existencia de una negativa que envuelva la afirmación expresa de un hecho, dado que la citada objeción constituye una negativa lisa y llana en el sentido de que las firmas que calza el documento base de la acción reconvencional no son de ellos. Además, como ya se dijo, dicho documento originariamente llega a juicio como una prueba imperfecta, por lo que aun cuando se estimara que la objeción en comento constituyera una negativa que envuelve la afirmación de un hecho, ello en forma alguna revertiría la carga probatoria, cuando, como en el caso, la autenticidad del contrato de mérito no está reforzada con otros medios convictivos pues, por las razones apuntadas, es al oferente del documento privado a quien le corresponde perfeccionarlo y, por tanto, la simple objeción es suficiente para que únicamente tenga el valor de un indicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 86/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo XIV, noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe). Sin que sea obstáculo a lo precisado en esta ejecutoria, las tesis citadas por el quejoso, que a continuación se especifican: jurisprudencia número 53, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 88, Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. SURTEN PLENOS EFECTOS SI NO SE DEMUESTRA LA OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (se transcribe). Tesis I.3o.C.631, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la foja 215, Tomo XII, septiembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que literalmente dice: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, OBJECIÓN NO DEMOSTRADA.’ (se transcribe). Jurisprudencia número 6, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 911, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor siguiente: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS OBJETADOS. NECESIDAD DE PROBAR LA OBJECIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (se transcribe). Ahora bien, se estima que dichos criterios no son obstáculo a lo sustentado en esta sentencia, en virtud de que por las razones que quedaron expuestas en párrafos anteriores, este órgano de control de legalidad no los comparte. Ello es así, en atención a que en los criterios transcritos sustancialmente se sostiene que no es suficiente la objeción de un documento privado exhibido en juicio para que éste pierda su pleno valor convictivo, sino que es necesario que el objetante demuestre su objeción para restarle eficacia probatoria, pues de lo contrario surte plenos efectos; y este Tribunal Colegiado considera, en esencia, que los documentos privados son pruebas imperfectas, por lo que originalmente llegan a juicio sin que la ley reconozca que por sí mismos demuestran su autenticidad, pues para ello se requiere que sean reconocidos por su suscriptor o suscriptores, ya sea en forma expresa o tácita, por lo que cuando no existe dicho reconocimiento su veracidad debe ser reforzada a través de otro u otros medios convictivos de los establecidos en la ley para que se perfeccionen, por ende, en estos casos el objetante no tiene la carga de acreditar su objeción para evitar que un documento privado surta plenos efectos, ya que la simple objeción sin demostrarla es suficiente para tal fin, en consecuencia, es al oferente a quien le corresponde la carga probatoria a fin de reforzar la autenticidad de ese tipo de documentales."
NOVENO. Después de analizar los criterios precedentemente transcritos, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada en lo que corresponde a los criterios sostenidos por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, en relación con el del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, sin participar en dicha contradicción de tesis el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Igualmente, esta Primera Sala también advierte que la materia de la contradicción de tesis a estudio se constriñe a determinar a quién corresponde la carga de la prueba cuando en un juicio civil se objeta en cuanto a su firma un documento privado proveniente de una de las partes, esto es, si corresponde al oferente de la prueba desvirtuar la objeción planteada por su contraparte a fin de otorgarle valor probatorio a la documental privada por él ofrecida, o corresponde al objetante demostrar los hechos en los que funda su objeción de firma.
Ciertamente, los entonces Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, en lo que corresponde al tema de la contradicción de tesis, sostuvieron un criterio coincidente en el sentido de que del artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, se desprendían dos hipótesis en las que el documento privado proveniente de las partes tenía pleno valor probatorio, a saber, cuando no es objetado o cuando fuera legalmente reconocido, que en la primera hipótesis aun cuando las partes objetaran un documento privado, expresando que lo hacían en cuanto a su contenido y firma, tales manifestaciones por sí mismas eran insuficientes para tener por justificada la objeción, porque el objetante debía probar las causas en que fundara su oposición, dado que era un principio general de derecho, el que la buena fe se presumiera en todo caso, de tal manera que debía considerarse que el oferente de la prueba actuaba rectamente al atribuir a su contraparte el documento que exhibía, por lo que era al objetante a quien tocaba demostrar las circunstancias no manifestadas en el documento que restaran o privaran de eficacia probatoria al mismo.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo indicado con anterioridad, en lo que corresponde a la materia de la contradicción de tesis, sostuvo el criterio de que los documentos privados eran pruebas imperfectas, por lo que originalmente llegaban a juicio sin que la ley reconociera que por sí mismos demostraban su autenticidad, por lo que era necesario que fueran reconocidos por su suscriptor o suscriptores, ya fuese en forma expresa o tácita, y que cuando no existía dicho reconocimiento, su veracidad debía ser reforzada a través de otro u otros medios convictivos de los establecidos en la ley, motivos por los cuales consideró que el objetante no tenía la carga de acreditar su objeción para evitar que un documento privado surtiera plenos efectos, ya que la simple objeción sin demostrarla era suficiente para tal fin y que, por ello, correspondía al oferente de la prueba la carga de probar la autenticidad de esa documental.
De lo anteriormente expuesto se desprende inobjetablemente que sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios precisados en los párrafos anteriores, ya que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron criterios jurídicos discrepantes, porque mientras los entonces Primer y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, sostienen el criterio de que corresponde al objetante de una prueba documental privada en cuanto a la autenticidad de la firma la carga de probar los hechos en que funde su objeción; el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sostiene un criterio opuesto en el sentido de que corresponde al oferente de la prueba la carga probatoria de desvirtuar la objeción formulada por su contraria a fin de perfeccionar la documental privada ofrecida de su parte.
Además, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias que emitieron al respecto y los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, ya que ambos Tribunales Colegiados analizaron juicios de amparo derivados de juicios civiles en los cuales se ofrecieron documentales privadas provenientes de las mismas partes litigantes que fueron objetadas en cuanto a su firma, arribándose a conclusiones contradictorias en cuanto a quién correspondía la carga probatoria, y aun cuando se apoyaron en legislaciones diferentes, de su lectura se advierte que contienen disposiciones similares en lo que corresponde al tema materia de la contradicción de tesis.
Ciertamente, los Tribunales Colegiados del Sexto Circuito para arribar a la conclusión de que correspondía a la parte promovente de una objeción formulada en contra de una documental privada proveniente de las mismas partes litigantes, demostrar los hechos en que apoyaba su objeción, interpretaron el artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que a la letra dice:
"Los documentos privados provenientes de las partes, harán prueba plena cuando no fueren objetados o cuando fueren legalmente reconocidos."
No se soslaya el hecho de que por decreto publicado el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho en el Diario Oficial del Estado de Puebla, el Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, fue adicionado, entre otros, con el artículo 248 bis, en el cual expresamente se estableció que: "De existir objeción a los documentos exhibidos por el actor en su demanda, al contestarse ésta, el demandado habrá de expresar el motivo o causa de su objeción, debiendo anunciar las pruebas tendientes a justificarla.", misma regla que se recoge en el artículo 275 del nuevo Código de Procedimientos Civiles del mismo Estado publicado en su Diario Oficial el nueve de agosto de dos mil cuatro y entrará en vigor el primero de enero de dos mil cinco que dispone: "Los documentos privados, podrán ser objetados tanto en su contenido como en su firma y quien así lo haga, deberá manifestar expresamente la parte que objeta, la causa en que se funda, la que a su vez deberá probar."; porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio reiterado de que los procedimientos judiciales se encuentran formados por actos sucesivos que no se desarrollan en un solo momento y que, por ello, deben regirse por las disposiciones vigentes en la época en que tienen verificativo, de tal manera que si la reforma legislativa en cuestión data de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, es claro que sólo las objeciones formuladas con posterioridad a esa fecha en contra de documentales exhibidas en juicio, en el Estado de Puebla, se encuentran regidas por esa disposición, ya que los iniciados con anterioridad deben regirse por las disposiciones legales que se encontraban vigentes cuando éstos ocurrieron
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18771-9eabe5cf/documentos-privados-provenientes-de-las-partes-la-carga · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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