JUICIO DE AMPARO. DILIGENCIA DE EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO ÉSTA CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 153/2004, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, sostuvo en sus consideraciones lo siguiente (fojas 30 a 35 del expediente):
"QUINTO. Son infundados los agravios que en el caso se expresan. En efecto, contrario a lo aducido en éstos, es objetivamente correcta la determinación de la a quo de sobreseer en el juicio de garantías a que este toca se contrae al advertir la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, ello es así, si se toma en consideración que a la quejosa no le resulta el carácter de tercero extraño al juicio ejecutivo mercantil número 241/90 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Pachuca Hidalgo, dado que, para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña, lo es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, o siendo parte formal, no ha sido emplazada o ésta fue defectuosa, como así se desprende de la jurisprudencia número P./J. 7/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página cincuenta y seis, voz: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.’. Ahora bien, la recurrente se ostentó como tercero extraña al juicio, al indicar que no fue demandada en el juicio ejecutivo mercantil y, por tanto, no fue oída ni vencida, a pesar de haberse embargado un bien inmueble de su propiedad; sin embargo se advierte, como bien lo advirtió la a quo, que tuvo conocimiento de dicho juicio a través de la diligencia de embargo, pues, de las constancias que como justificación a su informe remitiera la autoridad responsable, se advierte, a fojas de la noventa y cinco a la noventa y nueve del juicio de amparo, dicha diligencia en la que, en lo que interesa, se indicó: ‘... Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia firmando al calce los que en ella intervenimos y estando presente en este acto la señora Emilia Berinstáin Alfaro, enterada que fue del adeudo manifiesta que está conforme con el señalamiento hecho por su esposo en lo que respecta a los bienes embargados en la presente diligencia, solidarizándose mancomunadamente con el demandado, y reconociendo el adeudo reclamado y firmando también al calce para su constancia ...’, lo anterior permite establecer que si la revisionista conoció del juicio ejecutivo mercantil a través de la diligencia de embargo, al encontrarse presente y solidarizarse mancomunadamente con el demandado de dicho controvertido, perdió el carácter de tercero extraño al juicio, pues su presencia le permitió el conocimiento de éste, en donde, más aún, indicó estar conforme con que se embargara un bien inmueble de su propiedad; y si bien se aduce en el agravio relativo que la recurrente no firmó dicha diligencia, así como que no es casada con el señor Martín Guzmán Sevilla, también lo es que no ofreció pruebas tendentes a demostrar tales hechos. Siendo pertinente indicar que la a quo sobreseyó en el juicio al advertir la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que refiere a actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21, 22 y 218, y no se refirió a actos consumados como lo aduce la quejosa, de ahí que devenga ineficaz tal argumento, como también lo aducido relativo a que no existe ninguna resolución judicial dirigida a ella, con la cual en un momento se hubiere podido identificar, pues pierde de vista que su sola presencia en la diligencia de embargo es suficiente para que se dé por sabedora del juicio, y bajo ese contexto a partir de esa fecha (27 de marzo de 1990), empezaba a correr el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para la presentación de la demanda de amparo, de ahí que si ésta se presentó hasta el cuatro de agosto del año dos mil tres, claro resulta que se excedió en dicho término, de ahí la extemporaneidad aducida por la Juez de Distrito; así cobra aplicación al caso por su contenido la jurisprudencia número P./J. 39/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página noventa y tres, voz: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal.’. Sentado lo anterior, procede confirmar la sentencia recurrida."
En el asunto anteriormente transcrito, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, formuló voto particular, el que se transcribe aunque no forma parte de la sentencia mayoritaria y no se ve reflejado en sus puntos resolutivos, para ilustrar mejor el sentido de la presente resolución.
No pasa inadvertido el contenido de la tesis número 3a. CIII/91, de la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, página 101, que se transcribe a continuación:
"VOTO PARTICULAR DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO. NO FORMA PARTE DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE UNA SENTENCIA. De una interpretación armónica de los artículos 186 de la Ley de Amparo y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se desprende que el voto particular del Magistrado disidente sólo refleja el ejercicio de su derecho para formularlo pero de ninguna manera forma parte de los resolutivos de la sentencia, puesto que éstos han sido determinados, al igual que la parte considerativa, por la decisión mayoritaria de los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito. Por esta razón, en la práctica judicial, cuando se formula un voto particular en los amparos en revisión o en los amparos directos, según la competencia correspondiente, siempre se engrosa en forma posterior a los resolutivos y a la declaratoria de la votación de cada sentencia.
"Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 533/90. Inmobiliaria Nacional del Valle de México, S.A. de C.V. y otros. 13 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Francisco Javier Cárdenas Ramírez."
El voto particular que nos ocupa es del tenor siguiente:
"Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por mayoría de votos de los ciudadanos Magistrados Isidro Pedro Alcántara Valdés y Agustín Romero Montalvo, en contra del voto particular del Magistrado presidente José Manuel de Alba de Alba, quien lo emite en los siguiente términos: ‘En efecto, difiero del respetable criterio de mayoría, en atención a que en la especie, no estimo actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: «El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218 ...». De autos del juicio de amparo a que este recurso se contrae, se advierte que la quejosa Emilia Beristáin Alfaro hace consistir el acto reclamado sustancialmente en: «... todo lo actuado en los autos del juicio ejecutivo mercantil 241/90 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Pachuca, Hidalgo ... de las autoridades ejecutoras Juzgado Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Coatepec, Ver., y actuario C. Lic. Guillermo Hernández Rosales, reclamo la diligencia de embargo practicada con fecha 27 de marzo de 1990, practicada sobre un bien de mi propiedad ...», asimismo, en sus conceptos de violación, señala que es falso que haya estado presente en la citada diligencia. De lo anterior, es dable establecer que en la especie no puede decretarse el sobreseimiento del juicio de amparo, fundamentando tal determinación en que el acto reclamado fue consentido tácitamente, al no haberse impugnado dentro del término previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, pues para arribar a tal conclusión, debe actualizarse el supuesto previsto en el citado numeral, y, en principio, para que un acto se tenga por consentido tácitamente, debe necesariamente tenerse la certeza de que a quien se le atribuye tal consentimiento, tuvo conocimiento en fecha cierta de dicho acto, y en consecuencia, partiendo de esa fecha, determinar en base al cómputo del término previsto en la Ley de Amparo para impugnarlo, que feneció el aludido término sin que mediara inconformidad en contra de ese acto. Pero el estudio respecto a la legalidad de la diligencia que se reclama, es un aspecto que debe resolverse de fondo, y no mediante un análisis previo para determinar en base a ello la procedencia o no del juicio de garantías. Hacerlo de esta forma, va en contra de la técnica del estudio de un juicio, dado que su sobreseimiento, evita el estudio de fondo; situación que de hecho se presenta, pues el a quo en base al estudio de una cuestión de fondo pretende decretar el sobreseimiento, cuando es precisamente la validez de la diligencia de embargo, lo que se combate a través del juicio de amparo. Ahora, si para la procedencia del juicio fuera necesario el análisis previo de la diligencia de embargo, ello implicaría que si la quejosa acredita la ilegalidad de tal diligencia por comprobar que no participó en ella, entonces debe considerarse que no tenía conocimiento del acto y que por consiguiente no pudo haberlo consentido, y como consecuencia ¿resulta procedente el juicio y debe concederse el amparo?; en sentido contrario, si la quejosa no acredita el desconocimiento y ausencia en dicha diligencia, debe considerarse que tuvo conocimiento del acto y que al no impugnarlo dentro del término que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, lo consintió, por lo que, ¿resulta improcedente el juicio y debe sobreseerse?; en base a estos supuestos, es de concluirse que al constituir lo reclamado la diligencia de embargo, y encontrarse íntimamente relacionado con la causa de improcedencia que hace valer el a quo, debe desestimarse la causal para hacer el estudio de fondo, y en su caso negar o conceder el amparo; pero no llevar a cabo un análisis previo de lo que en esencia se reclama, para determinar el sobreseimiento del juicio. Ahora, al decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con sustento en que la quejosa no demostró que no haya estado presente en la diligencia de veintisiete de marzo de mil novecientos noventa, en que se efectuó el embargo; resulta una petición de principio. Sirve de apoyo a lo anterior, por los datos que reporta, el siguiente criterio jurisprudencial. Séptima Época. Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes 97-102, Sexta Parte. Página 244. «SOBRESEIMIENTO. NOTIFICACIONES. TRIBUNAL FISCAL. En principio, si en la demanda fiscal el actor demandó la nulidad de un crédito y la nulidad de su notificación, y si en su contestación a la demanda las autoridades alegan que la notificación fue válida y que la demanda es extemporánea, resulta una denegación de justicia y una petición de principio sobreseer todo el juicio con base en que la quejosa no objetó las afirmaciones de la contestación de la demanda y en que no probó la nulidad de la notificación; en todo caso, habiendo ya controversia entre lo afirmado en la demanda y lo afirmado en su contestación, es denegar justicia, con violación de la garantía de audiencia (artículo 14 constitucional), prejuzgar sobre la validez de la notificación sin hacer pronunciamiento al respecto. No podría estimarse extemporáneo el juicio sin que previamente se hubiese resuelto sobre la validez de la notificación. Pero esto sólo puede hacerse mediante la declaración de validez, que presupone que se haya estudiado el fondo de esta cuestión: el sobreseimiento no juzga sobre validez ni sobre nulidad, luego ¿cómo podría sobreseerse, con base en que la notificación fue válida, la demanda que versa sobre la validez de la notificación? pues sólo después de resuelto en cuanto al fondo este problema, podría, tal vez y en su caso, estimarse extemporánea la demanda contra el otro acto impugnado, o sea, contra el crédito notificado. Sin embargo, si en la demanda fiscal no se expresa ningún concepto de anulación en contra de la validez de la notificación, respecto de este acto se tiene que sobreseer, y al quedar firme la validez de la notificación, bien puede sobreseerse también por extemporaneidad en la demanda, por lo que hace al crédito notificado.». Asimismo, tiene aplicación a lo anteriormente señalado, el siguiente criterio, cuya localización y contenido son los que a continuación se mencionan: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, enero de 2002. Tesis P./J. 135/2001. Página 5. «IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.».’."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 214/96, consideró lo siguiente:
"CUARTO. Son fundados los agravios. En efecto, es cierto lo que se alega, en cuanto a que no existe constancia alguna de que la autora de la sucesión quejosa o alguno de sus albaceas se haya manifestado sabedora del emplazamiento verificado en el juicio ejecutivo mercantil de origen. En las constancias procesales de aquel juicio, seguido ante el Juez Primero de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Tamaulipas, en contra de Elías Díaz Reséndiz y Juana Olivia Olguín de Díaz (sic), expediente número 499/93, que el propio promovente anexó a la demanda de amparo, se encuentra la diligencia correspondiente al embargo y emplazamiento, que dice literalmente: ‘En la ciudad de Tamazunchale, S.L.P., siendo las 11:20 horas del día 12 del mes de mayo de 1993 (mil novecientos noventa y tres), el suscrito actuario del juzgado de primera instancia asociado del actor Lic. Ricardo de la Fuente Castillo me constituí en el domicilio señalado como el del demandado señores Elías Díaz Reséndiz y Juana Oliva de Díaz, ubicado en la casa número 139 de las calles de Av. Juárez y cerciorándome de que sí lo es y sí estando en ella presente entiendo la diligencia con los propios demandados a quien les hago saber el motivo de la misma y al efecto la requiero por el pago inmediato de la cantidad de N$211,000.00 nuevos pesos como suerte principal y demás prestaciones legales, o en su defecto por el señalamiento de bienes propiedad del demandado para embargo, suficientes a garantizar lo reclamado, ya que de no hacer esto último, el derecho de señalar pasará a la parte actora, a la que manifiesta: Que sí reconocen el adeudo pero que no pueden hacer el pago en estos momentos y que señala lo siguiente como garantía de lo reclamado: un predio urbano ubicado en San Miguel Tamazunchale, S.L.P., de 357.50 metros cuadrados de superficie que se encuentra inscrito bajo el número 63 a fojas 134 vta., libro No. 26 de escrituras privadas de fecha 28 de julio de 1975 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tamazunchale, S.L.P. Un predio urbano Barrio San Miguel de Tamazunchale, S.L.P., con una superficie de 399.00 metros cuadrados de escrituras privadas de fecha 3 de marzo de 1974 inscrita bajo el número 113 a fojas 147 vuelta del libro No. 26 de escrituras privadas de fecha 19 de septiembre de 1975. Acto seguido la parte actora manifiesta que solicita se expidan copias certificadas del acta de embargo y oficio para el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad para que se inscriba y registre el embargo. Otro. Asimismo los requisitos para que señalen domicilio en la Ciudad Victoria, Tamaulipas para recibir notificaciones apercibidos legalmente que si no lo hacen se le harán en los estrados del juzgado. Acto seguido, el suscrito actuario da y tiene por bien y formalmente embargados los bienes señalados por la parte demandada y cuyas características se dan aquí por reproducidas, y únicamente en cuanto basten a garantizar las prestaciones reclamadas y a petición de la parte actora y bajo su responsabilidad nombra como depositario a quien estando presente acepta el cargo conferido y protesta su fiel y legal desempeño a quien pongo en posesión material y jurídica de los bienes embargados. Enseguida notificó y emplazó al demandado en forma personal corriéndole traslado con las copias simples de ley para que dentro del término de cinco días más un día por cada 80 kms. o fracción que exceda de la mitad. En razón de la distancia ocurra al juzgado a hacer el pago de las prestaciones reclamadas o a oponerse a la ejecución si para ello tuviere excepciones que hacer valer y digo que oye el auto y quedó enterado, recibiendo las copias. Con lo que doy por terminada la presente diligencia firmando los que en él intervinieron y quisieron hacerlo. Doy fe. (Er) más un día por cada 80 kilómetros o fracción que exceda de la mitad en razón de la distancia. Si vale. El C. Actuario (firma ilegible). Lic. Alfonso Manzano Santamaría. El actor Lic. Ricardo de la Fuente Castillo (firma ilegible). Demandados. El depositario. Elías Díaz Reséndiz. Juana Oliva de Díaz (firmas ilegibles).’ (f. 235). Como se ve, en esa acta se dice que el emplazamiento fue entendido personalmente con los demandados, de lo cual, el a quo sostiene que éstos quedaron enterados del embargo que se practicó y de la existencia del juicio promovido en su contra; por ende, concluyó el Juez de Distrito, fue a partir de ese momento en que, tales demandados, quedaron en aptitud legal de promover el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, debe destacarse que en las constancias procesales que obran en el juicio de amparo, no hay dato alguno que corrobore o confirme ese supuesto conocimiento del juicio ejecutivo mercantil por parte de los demandados en el mismo, y no es suficiente para considerar acreditado ese extremo y sobreseer por la causa invocada, el contenido del acta transcrita, ya que no puede tomarse en cuenta la sola existencia de la diligencia de emplazamiento, para deducir la eficacia del mismo, cuando lo que se alega en el juicio de garantías, es precisamente la validez del efectuado. Efectivamente, no se puede partir del propio emplazamiento reclamado, para deducir la extemporaneidad del juicio de garantías, sin analizar a fondo ese llamado a juicio, ya que esto equivale a obtener una conclusión en base a una falsa premisa; o sea, se toma equivocadamente como punto de partida del sobreseimiento en el juicio de amparo, la diligencia de emplazamiento, cuando tal es el acto reclamado objeto del análisis legal que se propone al a quo. Lo anterior, sin embargo, no conduce a revocar por completo el susodicho sobreseimiento, pues deberá prevalecer esta medida, por cuanto corresponde al albacea definitivo que promueve el juicio de garantías, por su propio derecho, reclamando particularmente los actos de desposesión, consecuencia del resultado del juicio ejecutivo mercantil de origen; ello es así, porque éste no demuestra que le asista algún derecho, que respalde la posesión que dice tener sobre los inmuebles embargados, siendo que tales bienes no le han sido adjudicados, de acuerdo a las constancias del juicio sucesorio que obran en autos, esto es, que pertenecen aún a la sucesión a bienes de Juana Oliva de Díaz y él sólo ha vivido allí porque se trata del domicilio familiar, sin que obste que el negocio ubicado en ese mismo lugar esté a nombre del citado albacea, pues el cambio de propietario se hizo con posterioridad a la muerte de su madre, y esto únicamente tiene efectos fiscales administrativos. Por ende, deberá confirmarse el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación al diverso numeral 74, fracción III, del mismo ordenamiento. Así pues, toda vez que no se advierte motivo diferente para confirmar el sobreseimiento en cuestión, en relación a la sucesión quejosa, lo conducente es revocar la sentencia recurrida en la parte materia de la revisión. ... SEXTO. Son infundados los conceptos de violación. En efecto, en ellos se alega medularmente que Juana Oliva Olguín, autora de la sucesión quejosa, no fue parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, ya que ésta lo fue Juana Olivia Olguín de Díaz; que en el auto admisorio de la misma se ordenó emplazar a Juana Olivia de Díaz; que la sentencia de primer grado condenó a Juana Olivia de Díaz, y, en fin, que todas las citaciones y notificaciones se han entendido con esa persona llamada Juana Olivia de Díaz. Como se ve, el promovente del amparo nada alega en contra de la diligencia de emplazamiento, cuya acta se transcribió en el considerando cuarto de esta ejecutoria, en el sentido de que no reuniera los requisitos legales tanto de forma como de fondo, y del contenido de esta acta, se advierte que el diligenciario entendió el embargo y emplazamiento de manera personal y directa con Elías Díaz Reséndiz y Juana Oliva de Díaz, quienes suscribieron el acta en cuestión; lo que ahora se alega es que esta última no fue parte demandada en ese procedimiento de origen, esto es, que existe una confusión de personas, ellas son: Juana Olivia de Díaz y Juana Oliva de Díaz. Eduardo Díaz Olguín ofreció como pruebas de su parte en el amparo, diversas documentales como su acta de nacimiento, cartilla del servicio militar nacional y otras más para acreditar su identidad; diversos documentos para demostrar la identidad de su madre, así como su defunción y la propiedad de los inmuebles embargados, y diversas constancias provenientes del juicio ejecutivo mercantil y del sucesorio intestamentario. Posteriormente ofreció la testimonial. Ahora bien, del escrito de demanda que dio origen al juicio mercantil, se advierte que, en efecto, como demandada se citó a Juana Olivia de Díaz (f. 130 a 141); empero, también se advierte que el concepto principal de demanda, lo fue: ‘a) La declaración judicial de vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado con mi mandante en fecha 25 de agosto de 1991, mil novecientos noventa y uno, a que se refiere la cláusula décima sexta del mismo, por la falta de pago de una o más amortizaciones de capital o mensualidades de intereses, a que se refieren las cláusulas cuarta y quinta de dicho instrumento.’; y que en el capítulo de hechos se destacó: ‘1. Con fecha 25 de agosto de 1991 (mil novecientos noventa y uno) mediante escritura pública No. 2, volumen XLVIII, pasada ante la fe del C. Lic. Moisés Hervert Rivera, notario público No. 1, con ejercicio en la ciudad de Tamazunchale, S.L.P., mi representada Banco Mercantil del Norte, S.N.C., hoy S.A., celebró con los CC. Elías Díaz Reséndiz y Juana Olivia Olguín de Díaz, un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria hasta por la cantidad de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente a N$250,000.00 (doscientos cincuenta mil nuevos pesos 00/100 M.N.), el cual fue debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de dicha ciudad, bajo los siguientes datos: partida No. 584, tomo XII de hipotecas y No. 229, tomo III de comercio, de fecha 3 de septiembre de 1991, mismo que en su primer testimonio acompaño a la presente como anexo número 3 tres y como fundamento de mi demanda.’. Por su parte, en el testimonio también presentado en el juicio de garantías por el promovente (f. 179 a 187), sí se especifica que el crédito se otorgó a favor de Elías Díaz Reséndiz y Juana Oliva Olguín de Díaz, coincidiendo los datos reseñados en la demanda como fecha, número de escritura y volumen, número y nombre del notario público y aquellos relativos a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tamazunchale, S.L.P., de lo cual se infiere claramente, que la demandada no es una persona distinta a la autora de la sucesión quejosa, sino la misma, y que el citarla en la demanda como ‘Olivia’, es sólo un error intrascendente, cuya aparente confusión, queda debidamente superada con la relación del documento base de la acción de que se habló. Además, ninguna prueba del promovente tiende a demostrar lo contrario, esto es, que se trata de dos personas distintas, ya que la documental, como se vio, no se refiere a tal punto, sólo lo que se desprende de las mismas que de ninguna manera le benefician, sino lo contrario, y en cuanto a la testimonial, ninguna pregunta se hizo a los deponentes para evidenciar lo alegado sobre la existencia de dos -Así pues, si no se acreditó lo afirmado por el promovente del juicio de amparo, de que su madre no fue demandada en el juicio ejecutivo mercantil de origen y si por el contrario, se demuestra que ella y la supuesta diversa persona son realmente la misma, y además, que fue emplazada personal y directamente a ese procedimiento, lo conducente entonces es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se impetran."
La anterior ejecutoria dio lugar a la tesis aislada número IX.1o.16 K, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, septiembre de 1996, página 642, la cual es del tenor literal siguiente (foja 39 del expediente):
"EMPLAZAMIENTO. ES INCORRECTO TOMARLO COMO BASE DEL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO CONSTITUYE EL PROPIO ACTO RECLAMADO. No es suficiente para considerar acreditado el que los quejosos tuvieron conocimiento del juicio seguido en su contra, y sobreseer por ese motivo en el juicio de amparo, el contenido del acta de emplazamiento, ya que no puede tomarse en cuenta la sola existencia del mismo, para deducir su eficacia, cuando lo que se alega en el juicio de garantías, es precisamente la validez del emplazamiento efectuado. Efectivamente, no se puede partir del propio emplazamiento reclamado, para establecer la extemporaneidad del juicio de garantías, sin analizar a fondo ese llamado a juicio, ya que esto equivale a obtener una conclusión con base en una falsa premisa; o sea, se toma equivocadamente como punto de partida del sobreseimiento en el juicio de amparo, la diligencia de emplazamiento, cuando tal es el acto reclamado objeto del análisis legal que se propone al a quo.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 214/96. Juana Oliva Olguín su suc. y coagraviado. 29 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo."
El mismo Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, remitió a esta Suprema Corte
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18776-77e38dca/juicio-de-amparo-diligencia-de-embargo-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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