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PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18052
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, , Pág. 366.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados que dieron origen a esta denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:

a) El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el nueve de noviembre de dos mil el amparo directo 656/2000, determinó, en la parte que interesa materia de la presente contradicción de criterios, lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer son infundados en parte e inoperantes en otra, de conformidad con las siguientes consideraciones: En el primer concepto de violación, aducen los quejosos que el fallo reclamado es violatorio en su perjuicio de los artículos 14 y 16 constitucionales ‘al resolver requisitos de improcedencia de la acción contrariando el contenido de los artículos 1o., 6o., 213, fracción XVI, 227 y 228 de la Ley de la Propiedad Industrial’, pues es errónea la consideración de la Sala responsable relativa a que no existe ningún artículo en la Ley de la Propiedad Industrial que establezca que previamente al procedimiento judicial debe agotarse un procedimiento administrativo, o bien, que todo tipo de acciones derivadas de la violación a la referida legislación sea competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; apoya su aseveración en que la declaración de violación a los derechos de propiedad industrial reclamados por el actor corresponde a la aplicación administrativa de dicha ley, y su conocimiento y resolución a la autoridad administrativa; si bien no existe un artículo que mencione la necesidad de agotar previamente el procedimiento administrativo antes de intentar el procedimiento judicial, lo cierto es que ‘existe toda una Ley de la Propiedad Industrial’ que así lo dispone, porque no puede haber condena al pago de daños y perjuicios mientras no exista infracción administrativa que sancionar, facultad sancionadora que corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del ámbito de la aplicación administrativa de la ley de que se trata; y los casos de excepción se encuentran delimitados en el artículo 227 de la misma a las controversias mercantiles y civiles, sin que la autoridad judicial tenga injerencia en la aplicación administrativa de la ley, como en el caso en que se reclama violación a los derechos de propiedad industrial por el supuesto uso indebido que del aviso comercial propiedad de la actora hicieron las quejosas, supuesto que está comprendido en el artículo 213, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la autoridad judicial se halla impedida para efectuar la declaración de violación de esos derechos, lo cual corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el que una vez declarada la infracción administrativa, procede a imponer la sanción ‘sin perjuicio de que se imponga además la indemnización que corresponda por daños y perjuicios en términos de la legislación común’. Es equivocada la afirmación de la responsable de que se hayan impuesto sanciones administrativas a las quejosas, porque al efecto únicamente en contra de Mc Donald's Sistemas de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, existe un procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual se encuentra sub júdice, pero no existe procedimiento alguno en contra de las coagraviadas ante la autoridad administrativa para que en su caso se declare su responsabilidad en la violación a los derechos de propiedad industrial del tercero perjudicado y con ese motivo le asista derecho a ésta para reclamarles el pago de daños y perjuicios. Y que las demás prestaciones (además de la declaración de violación de los derechos de propiedad industrial de la actora) sólo serían procedentes como efecto de que la autoridad administrativa hiciera tal declaración. No asiste razón a las inconformes en lo así expuesto. Este Tribunal Colegiado estima que, contrario a lo afirmado por las quejosas, es correcta la consideración de la Sala responsable relativa a que no existe disposición en la Ley de la Propiedad Industrial que establezca que, previamente al procedimiento judicial, debe agotarse algún procedimiento administrativo, o bien, que todo tipo de acciones derivadas de la violación a la referida legislación sea competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Es cierto que a la autoridad administrativa corresponde, en el ejercicio de sus funciones, realizar la declaración de infracciones administrativas cuando, en lo que aquí interesa, se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 213 de la legislación en comento y, en su caso, imponer las sanciones previstas por la propia ley; sin embargo, el alcance de dicha declaración está limitado a la imposición de las sanciones correspondientes, es decir, el procedimiento administrativo respectivo tiene una finalidad esencialmente sancionadora al igual que el proceso penal que, en su caso, se instaure con motivo de la comisión de conductas ilícitas previstas en la ley de que trata, empero, en modo alguno, dicho procedimiento administrativo, eminentemente sancionador, llega a constituir requisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones mercantiles y civiles a que alude el diverso numeral 227 de la referida legislación cuya finalidad es esencialmente conmutativa. Lo que sí acontece, por ejemplo, cuando se trata del ejercicio de la acción penal en los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 223 de la propia legislación, caso en que ésta exige que la autoridad administrativa emita un dictamen técnico sobre los hechos materia de dicha acción, empero en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan. Entonces si la finalidad del procedimiento en el que se declara una infracción administrativa es únicamente sancionadora, no conmutativa, y además no existe disposición en la ley de que se trata que establezca (como pretenden las quejosas) que los daños y perjuicios ‘se ejercitan como resultado del incumplimiento de una infracción administrativa’, es decir, que necesariamente debe existir una infracción administrativa para que proceda la acción de daños y perjuicios, debe concluirse de manera necesaria en la independencia entre el procedimiento administrativo y el judicial, o dicho en otras palabras, no existe dependencia de las controversias mercantiles y civiles a que alude el precepto 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el procedimiento de declaración de infracciones administrativas. Al respecto se comparte, en lo conducente, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, publicado como tesis I.2o.A.372 A, en la página 185 del Tomo XV, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor literal: ‘MARCAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISIÓN DE NO SANCIONARLAS.’ (se transcribe). Consecuencia de lo anterior es que si en la especie se reclama ante la autoridad judicial el pago de daños y perjuicios como acción principal (en los términos de la legislación común), es obvio que la actora tiene la obligación de probar los hechos constitutivos de la misma, al caso la conducta o actos de las demandadas que le ocasionaron daños y perjuicios, aun cuando esos hechos puedan ser constitutivos de infracciones en el ámbito administrativo; de esta suerte, cabe establecer que la autoridad administrativa puede declarar infracciones administrativas por haber incurrido el infractor en violación a los derechos de propiedad industrial y, asimismo, al ejercitarse la acción de daños y perjuicios, la autoridad judicial está en aptitud de declarar que la parte demandada incurrió en conductas que implican violación de derechos de propiedad industrial de la actora y condenar al pago de los daños y perjuicios derivados de los hechos respectivos que constituyen la causa de pedir (motivos por los cuales se acude a demandar el cumplimiento del derecho ejercido) que, conforme a la legislación común, tiene que ser probada para la procedencia de las prestaciones reclamadas. Por lo anterior se concluye en lo correcto de la consideración de la Sala responsable respecto a que el procedimiento administrativo no constituye requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de pago de daños y perjuicios prevista en el artículo 221 de la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, queda desestimada la afirmación realizada por las inconformes en el cuarto concepto de violación, de que en el juicio subyacente la actora haya demandado la aplicación administrativa de la Ley de la Propiedad Industrial por solicitar que se declare la violación a sus derechos de propiedad industrial, así como que necesariamente debe existir la declaración administrativa de la violación de los derechos de propiedad industrial de la actora. A mayor abundamiento, es menester puntualizar que adversamente a lo considerado por las peticionarias del amparo, de la lectura del artículo 221 de la ley del caso no se advierte el orden pretendido respecto de la instauración de los procedimientos administrativo y judicial, pues la preindicada independencia de los mismos se pone de manifiesto de la simple lectura de dicho precepto, el cual prevé: ‘Las sanciones establecidas en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.’, transcripción de la cual se advierte que el adverbio ‘además’ da una connotación de separación e independencia entre ambos vocablos (sanciones e indemnización), pues se refiere a la indemnización por daños y perjuicios a los afectados, y además de dicha indemnización, a las sanciones establecidas en la ley de que se trata, las cuales (sanciones e indemnización) deberán imponerse en los términos de la legislación común y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 221 bis. Por lo demás, la propia parte quejosa admite que las demás prestaciones (aparte de la declaración de violación a los derechos de propiedad industrial de la actora) serían procedentes como efecto de dicha declaración, de modo que si, como ya se vio, ésta puede ser realizada por la autoridad judicial como base para la condena al pago de daños y perjuicios, es evidente que las quejosas no plantean controversia sobre la procedencia de las mismas, máxime que, como ellas mismas lo apuntan, el artículo 228 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en la propia ley, la cual alude a las prestaciones reclamadas por la actora ..." (fojas 278 a 323 del expediente 31/2003-PS).

De la citada ejecutoria derivó la tesis que enseguida se reproduce:

"Novena Época

"Instancia: Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, marzo de 2001

"Tesis: I.13o.C.1 C

"Página: 1797

"PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN. La procedencia de las acciones civiles y mercantiles a que alude el artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial no están condicionadas a la previa declaración de alguna o algunas de las infracciones administrativas previstas en el diverso numeral 213 de esa legislación, pues la finalidad de éstas es eminentemente sancionadora y se da en el marco de las relaciones Estado-particular, mientras que la finalidad de las primeras es netamente conmutativa, cuya relación atañe sólo a particulares; por tanto, al ser independientes unas de otras, para que proceda la acción de daños y perjuicios, reclamada como suerte principal, la parte actora tendrá que probar los hechos constitutivos de la misma, es decir, la conducta o actos de la demandada que se los ocasionaron, independientemente de que los mismos puedan actualizar determinadas infracciones administrativas.

"Amparo directo 656/2000. Mc Donald's Sistemas de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Daniel Gatica López, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Baltazar Cortez Arias."

b) Por otra parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el treinta y uno de mayo de dos mil uno el amparo directo civil 208/2001, sostuvo, en lo que interesa del presente asunto, lo siguiente (fojas 325 a 485 del cuaderno de contradicción de tesis 31/2003-PS):

"QUINTO. Antes de examinar los conceptos de violación que formula la quejosa, es pertinente destacar lo siguiente. ... Son sustancialmente fundados los anteriores conceptos de violación. En primer lugar, debe señalarse que la Ley de la Propiedad Industrial se reformó (inclusive en su denominación) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, señalándose en la exposición de motivos de dichas reformas en lo que trasciende, lo siguiente: (se transcribe). Ahora bien, disponen los artículos 1o. y 2o. de la Ley de la Propiedad Industrial: (se transcriben). Como se ve, dicho ordenamiento tiene entre otros objetivos proteger la propiedad industrial y prevenir los actos que atenten contra ella o que constituyan una competencia desleal. Para ello, dicha ley instrumenta diversos procedimientos con el objeto de proteger los derechos de propiedad industrial debidamente reconocidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estableciendo que es dicha autoridad a quien en forma exclusiva corresponde la aplicación administrativa de ese ordenamiento. Disponen los artículos 6o., fracciones IV, V, VIII y IX, 79 y 155 del ordenamiento en cita: (se transcriben). Como se ve, es facultad exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conocer y resolver todos aquellos procedimientos que tengan por objeto declarar la nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, así como para realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas e imponer las sanciones administrativas que correspondan en materia de propiedad industrial, disponiendo el artículo 215 de la misma ley que la investigación de las infracciones administrativas se realizará por el instituto de oficio o a petición de parte interesada; también deberá conocer y resolver los recursos administrativos correspondientes, sujetándose los procedimientos respectivos a las disposiciones contenidas en los artículos 179 a 202 de la Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, podrá conocer de aquellas controversias en las que se reclame el pago de daños y perjuicios por la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela dicho ordenamiento, siempre y cuando sea designado como árbitro por las partes involucradas. Por otro lado, el artículo 213 enumera las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial, mientras que el artículo 214 establece que las sanciones administrativas serán las siguientes: ‘Artículo 214. (se transcribe).’. Ahora bien, de las constancias relacionadas se advierte que en el juicio ordinario mercantil de origen el debate se centró en la reclamación por parte de la actora del pago de daños y perjuicios derivados de la violación a sus derechos de uso exclusivo de las marcas registradas de las que dijo ser propietaria, en virtud de que las demandadas producen y comercializan diversos artículos iguales o semejantes en grado de confusión a los suyos. La Ley de la Propiedad Industrial concede acción para reclamar los daños y perjuicios a los afectados en sus derechos de propiedad industrial, estableciendo al efecto los artículos 221, 221 bis, 227, 228, 229, 26 y 131 del citado ordenamiento, lo siguiente: (se transcriben). Del examen de los anteriores preceptos, se advierte que la Ley de la Propiedad Industrial, tratándose de la violación a los derechos que tutela, faculta a los afectados para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se imponga a los infractores las sanciones correspondientes; asimismo, concede acción civil y mercantil en términos de la legislación común para demandar ante las autoridades judiciales el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, de lo dispuesto en los anteriores preceptos, se advierte que para el ejercicio de la acción jurisdiccional de pago de daños y perjuicios por la violación a un derecho de propiedad industrial, el accionante deberá acreditar los siguientes elementos: 1. Que la marca de los productos o servicios que produzca o presta el actor, se encuentren debidamente registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o que se encuentre en trámite el procedimiento para otorgar la patente respectiva. 2. Que en virtud de la elaboración o comercialización de productos o prestación de servicios por parte del demandado, se violen los derechos de uso exclusivo reconocidos al actor por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 3. Que con motivo de lo anterior, se ocasione al actor una pérdida o menoscabo en su patrimonio o lo prive de cualquier ganancia lícita que pudiera haber obtenido, lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 2108 y 2109 del Código Civil. Asimismo y conforme a lo dispuesto en los artículos 227, 228 y 229 antes transcritos, las autoridades que conozcan de esas acciones civiles y mercantiles pueden hacer uso de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, así como de las previstas en el artículo 199 bis del mismo ordenamiento que establece: (se transcribe). De lo expuesto, se aprecia que lo relacionado con la violación a los derechos de propiedad industrial no es de la competencia exclusiva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que como se desprende de los artículos transcritos, de dichas cuestiones también pueden conocer las autoridades judiciales federales o comunes a elección del actor, a fin de determinar si en el caso procede condenar al demandado al pago de los daños y perjuicios que su conducta haya ocasionado al titular de esos derechos, máxime si como se ha visto, dichas autoridades judiciales también pueden ordenar la práctica de las medidas que el citado ordenamiento prevé para que cese la violación a derechos de propiedad industrial. Por tanto, no puede estimarse como un presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que ésta determinara la existencia de la violación a sus derechos de propiedad industrial, ya que de lo expuesto se advierte que el procedimiento administrativo de declaración de infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios son independientes uno de otro, pues aunque los mismos tienen como finalidad determinar la existencia de una violación a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, tienen finalidades distintas, ya que el primero tiene una naturaleza eminente (sic) sancionadora y con la segunda se pretende el resarcimiento al afectado de los daños y perjuicios que le hubiera causado la violación a sus derechos de propiedad industrial. Lo anterior se corrobora con el hecho de que como se ha visto, las autoridades judiciales también pueden ordenar la práctica de las medidas que el citado ordenamiento prevé para que cese la violación a derechos de propiedad industrial, además de que no existe precepto alguno en la Ley de la Propiedad Industrial que disponga que antes de intentar la acción de daños y perjuicios se deba agotar procedimiento administrativo alguno ante el citado instituto para que se determine la existencia de alguna infracción por violación a los derechos de propiedad industrial. Es aplicable, por analogía, la tesis I.2o.A.372 A sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, febrero de 1995, página 185, cuyo contenido es el siguiente: ‘MARCAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISIÓN DE NO SANCIONARLAS.’ (se transcribe). También es aplicable la tesis I.13o.C.1 C sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1797, que dice: ‘PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. NO ES NECESARIA LA PREVIA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES PARA LA PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES MERCANTILES Y CIVILES PREVISTAS EN DICHA LEGISLACIÓN.’ (se transcribe). Atento lo expuesto, es fundado el concepto de violación en el que la quejosa señala que no constituye un presupuesto de procedencia para la acción de daños y perjuicios que intentó, que previamente acudiera ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que ésta determinara la existencia de la violación a sus derechos de propiedad industrial, en primer lugar, porque la actora no demandó la aplicación de sanción alguna por la violación a sus derechos de uso exclusivo de las marcas de las que dice ser propietaria; en segundo término, porque como se ha visto, lo relativo a la violación de los derechos de propiedad industrial no es de la competencia exclusiva del referido instituto; y por último, porque la Ley de la Propiedad Industrial no establece que previo al ejercicio de esa acción jurisdiccional el interesado deba agotar procedimiento alguno ante dicha autoridad administrativa. Además, debe señalarse que también es fundado el argumento en el que la quejosa expresa que ese requisito de procedencia al que se refiere la responsable, sólo es aplicable para el ejercicio de la acción penal conforme lo dispuesto en el artículo 225 del ordenamiento en cita que establece: (se transcribe). Luego, contrario a lo considerado por la responsable, no existía impedimento legal alguno para que en la sentencia reclamada se analizara si existió o no, por parte de las demandadas, una violación en los derechos de propiedad industrial de la quejosa y, con base en ello, establecer la procedencia de la condena al pago de los daños y perjuicios. Atento lo expuesto, son fundados los conceptos de violación que se examinan, por lo que procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada dictada en el toca 1215/2000 y en su lugar dicte otra en la que resuelva la controversia planteada conforme a sus atribuciones. Al estimarse fundados los conceptos de violación examinados, ello hace innecesario el análisis de los demás que formuló la quejosa en su demanda de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 168 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 113, cuyo texto es el siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe)."

Con apoyo en las anteriores consideraciones se sustentó el siguiente criterio:

"Novena Época

"Instancia: Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, agosto de 2002

"Tesis: I.11o.C.17 C

"Página: 1323

"MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Los artículos 221, 221 bis, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial facultan a los afectados para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los infractores las sanciones correspondientes. Asimismo, conceden acción civil y mercantil en términos de la legislación común para demandar ante las autoridades judiciales el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a esos derechos. Sin embargo, no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del procedimiento administrativo previsto en los mencionados artículos. La razón de ello radica en que ya que el procedimiento administrativo de declaración de infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios son independientes el uno de la otra, pues aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia de una violación a derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el primero tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la segunda pretende el resarcimiento al afectado de los daños y perjuicios que le hubiera causado la violación a sus derechos de propiedad industrial. En consecuencia, al no existir en la Ley de la Propiedad Industrial algún precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la acción de daños y perjuicios se debe agotar el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que determine la existencia de alguna infracción por violación a los derechos de propiedad industrial, no existe ningún impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe o no una violación a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en ello, establezca la procedencia o improcedencia de la condena al pago de los daños y perjuicios reclamados.

"Amparo directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Cristina Pardo Vizcaíno de Macías. Secretario: Fernando Rangel Ramírez."

c) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 11902/2000 el cinco de diciembre de dos mil dos, consideró, en lo que interesa, lo siguiente (fojas 15 a 261 de los autos en que se actúa):

"VI. ... Asentado lo anterior, es procedente examinar el concepto de violación de fondo expuesto por el quejoso. En el concepto de violación de mérito, esencialmente adujo el quejoso que con el dictado de la sentencia reclamada se violaron en su perjuicio las garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, porque al parecer del inconforme, la Sala responsable resolvió ilegalmente confirmar la sentencia definitiva recurrida, en violación de lo dispuesto por los artículos 1o., 6o., 87, 221, 221 bis, 225, 226, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial, y porque la naturaleza de los procedimientos administrativo y civil son diferentes y, en consecuencia, el juicio civil intentado era totalmente autónomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, y agrega el inconforme que además en la Ley de la Propiedad Industrial no se condiciona la acción de daños y perjuicios a la comisión de una infracción administrativa. Las anteriores alegaciones son infundadas, ya que contrariamente a lo sostenido por el quejoso, en la especie, la acción civil de daños y perjuicios era improcedente, entre tanto no existiera acreditado en actuaciones el pronunciamiento firme por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existió violación a la ley de la materia por parte de los demandados, misma que alegó el inconforme para justificar el reclamo de los daños y perjuicios correspondientes. Lo anterior es así, porque si bien es cierto la naturaleza de los procedimientos civil y administrativo es diferente, y que el juicio civil intentado era autónomo e independiente del procedimiento administrativo respectivo, también lo es que de acuerdo a la legislación civil la responsabilidad civil para cubrir daños y perjuicios, producto de hechos ilícitos, presupone como elemento esencial fundatorio de la acción, la existencia y acreditamiento de un hecho ilícito. Ahora bien, si el hecho ilícito que hizo valer el quejoso en la demanda de origen consistió en una violación directa de los derechos derivados de la Ley de la Propiedad Industrial, y por disposición de ese cuerpo normativo el pronunciamiento de ilicitud por violaciones directas a los derechos derivados de esa ley se encuentra reservada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es inconcuso que el acreditamiento del pronunciamiento administrativo respectivo era un elemento esencial fundatorio de la acción de daños y perjuicios intentada. En efecto, en primer lugar, es necesario precisar que la acción de daños y perjuicios que intentó el quejoso, Grupo Victoria, Sociedad Anónima de Capital Variable, no obstante que la pretendió fundar en el artículo 2110 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria en materia sustantiva mercantil, de la exposición de los hechos en que fundó el pretendido derecho, se advierte que por tratarse de responsabilidad civil de carácter extracontractual tiene regulación expresa en los diversos numerales 1910 y 1915 del Código Civil Federal en cita, según se aprecia de los numerales respectivos, los cuales se transcriben para mejor co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18052-1401d557/propiedad-industrial-es-necesaria-una-previa-declaracion-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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