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Modo: Corpus Pro

PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2003-PS. · Registro digital (IUS): 17969
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, , Pág. 265.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro el amparo directo 183/94, promovido por Gildardo López Hernández, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación. Lo alegado por el quejoso respecto de que el Juez responsable en forma equivocada denomina sentencia interlocutoria a la resolución reclamada, siendo que propiamente se trata de un auto, resulta intrascendente para la posible concesión de un amparo para efectos, pues el hecho de que el Juez natural denomine a la resolución reclamada como una sentencia interlocutoria y no como un auto, que debiera ser lo correcto en términos del artículo 36 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en nada afecta al quejoso, pues no resiente ningún agravio en sus derechos ni mucho menos es violatorio de garantías individuales en su perjuicio. Por otra parte, no le asiste la razón al quejoso por cuanto alega que la resolución reclamada carece de fundamento y motivación, pues del análisis de la misma se desprende que el Juez responsable fundó su resolución en el artículo 17 constitucional y en los diversos artículos 16 y 18 del código procesal de la materia y la motivó en diversos razonamientos, a los que más adelante se hará referencia, por tanto, resultan inaplicables las distintas tesis jurisprudenciales invocadas por el quejoso, máxime que el Juez responsable no introdujo nuevas cuestiones a la litis, sino que expresó lo que en su concepto servía de motivación a su resolución. Ahora bien, se ha venido alegando sustancialmente por parte del demandado, ahora quejoso, la falta de disposición legal que lo obligue a señalar en sus promociones el número de expediente en el que deben ser acordadas, argumentando que el número de expediente no constituye una formalidad judicial, sino que ese número se lo asigna el juzgado y que en todo caso tanto el secretario como el oficial mayor tienen la obligación de buscar el expediente que corresponda en los libros de gobierno, con base en los datos proporcionados en los escritos de las partes, y que en la especie lo que sucedió y ha aceptado es que en el escrito por el que interpuso apelación en contra de la sentencia dictada en el procedimiento de origen, por equivocación, señaló un número de expediente incorrecto. Estos argumentos y las demás aseveraciones que en torno a los mismos se hacen valer resultan infundados, porque si bien es cierto que no existe disposición legal que obligue a las partes a señalar en sus promociones el número de expediente en que deban ser acordadas, también cierto es que por razones de necesidad, identificación, impartición pronta de justicia, manejabilidad de los asuntos, control de los mismos, entre otras, es que se les asigna un número de expediente con el que quedan registrados en los libros de gobierno y, por consecuencia, después de la demanda las partes deben señalar en sus promociones el número de expediente dentro del cual pretendan que sean acordadas pues, de lo contrario, como bien lo expresó el Juez responsable, se infringiría el artículo 17 constitucional al ocupar todo su tiempo, ya sea el secretario o el oficial mayor del juzgado, en la búsqueda del expediente en que debiera ser acordada una promoción en la que no se precisara el número de expediente y, sobre todo, en aquellos escritos o promociones en que se señala un número diferente al que en realidad corresponde al asunto. Ciertamente, si una de las partes señala por error un número de expediente diferente, tal circunstancia repercute en su perjuicio, porque la obligación en ese caso del secretario o del oficial mayor consiste en dar cuenta al Juez con la promoción y con el expediente señalado en la misma, que es el que corresponde según el señalamiento del interesado, pues es de entenderse que es su voluntad el presentar un escrito dentro de ese expediente sin que necesariamente deba recaer un acuerdo favorable, pues se ignora cuál es la finalidad de la presentación de ese escrito dentro de un expediente en el que el ocursante no es parte. A lo anterior cabe agregar que de acuerdo con el principio de estricto derecho que rige en materia civil, los errores de las partes no pueden ser convalidados o subsanados por actuaciones del Juez o de los demás empleados del juzgado, ya que las partes deben precisar los datos correctos, entre ellos el número de expediente, para la debida identificación del expediente y, por consecuencia, del asunto en el que debe recaer acuerdo a la promoción de que se trate. Así las cosas, independientemente de la antigüedad de los asuntos que se manejan en el juzgado, de que pudiera proceder o no la acumulación en el supuesto de que se hubiesen promovido varios juicios de igual naturaleza, en donde figuraran como actor y demandado las mismas partes, como quiera que sea, este Tribunal Colegiado comparte la consideración del Juez responsable, es decir, estima que, entre otras, por razones de necesidad y atendiendo al principio de estricto derecho que rige en materia civil, las partes tienen la carga procesal de señalar en sus escritos o promociones no sólo el número de expediente que se le hubiese asignado al asunto dentro del cual promueven sino el número correcto, puesto que, de lo contrario, corren el riesgo de que su escrito o promoción se acuerde dentro del expediente que señalan aun cuando esto sea por error."

La anterior ejecutoria dio origen a la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XV-2, febrero de 1995

"Tesis: VI.2o.539 C

"Página: 474

"PROMOCIONES DE LAS PARTES. DEBEN SEÑALAR EL NÚMERO CORRECTO DEL EXPEDIENTE QUE CORRESPONDA AL ASUNTO (LEGISLACIÓN DE PUEBLA). Aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, no existe disposición legal que obligue a las partes a señalar en sus promociones o escritos, el número de expediente que corresponda al asunto, sin embargo, entre otras, por razones de necesidad, identificación, impartición pronta de justicia, manejabilidad y control de los asuntos, es por lo que, después de la presentación de la demanda, recae en aquéllas la carga procesal de señalar en sus promociones o escritos, no sólo el número de expediente que corresponda al asunto sino el número correcto, pues si una de las partes señala, aun por error, un número de expediente diferente, tal circunstancia redunda en su perjuicio, porque la obligación del oficial mayor o del secretario del juzgado consiste en dar cuenta al Juez con la promoción y el expediente señalado en la misma, que es el que corresponde según el señalamiento del interesado, porque debe entenderse que es su voluntad presentar un escrito dentro de ese expediente. Por lo tanto y atendiendo al principio de estricto derecho que rige en materia civil, los errores de las partes no pueden convalidarse o subsanarse por actuaciones del Juez, secretario o demás empleados del juzgado, sino que aquéllas deben precisar los datos correctos del asunto, entre ellos, el número de expediente en que deba recaer acuerdo a su promoción.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

"Amparo directo 183/94. Gildardo López Hernández. 15 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo."

QUINTO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el veintiuno de febrero de dos mil tres el amparo directo 777/2002, promovido por Aba Seguros, Sociedad Anónima, sustentó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer. Con el objeto de esclarecer si es o no un deber de los promoventes anotar con exactitud el número del expediente al que comparecen debe tomarse en consideración que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado no existe precepto alguno que imponga esa carga, de suerte que habrá que recurrirse a la interpretación de la ley o a los principios generales de derecho de acuerdo con lo que señala el artículo 14 constitucional. Además, el hecho de que un escrito contenga el error mencionado, de opinar como lo hace la responsable, trae consecuencias sumamente graves para el litigante, en atención a que no solamente puede originar la caducidad de la instancia, como ocurre en la especie, sino también que al demandado no se le tuviera oponiendo excepciones ni formulando reconvención, a las partes ofreciendo los medios de convicción para justificar los hechos constitutivos de la acción o de sus excepciones, impugnando las resoluciones, etcétera. Si no existe esa exigencia en el ordenamiento procesal aludido resulta incorrecto que el Juez desestime los escritos en que se incurra en el equívoco apuntado, en atención al principio de legalidad, consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza. De igual forma, se opina que cobra aplicación, por analogía, el artículo 2o. del cuerpo de leyes local referido, que prescribe: ‘La acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción’; en el entendido de que existen semejanzas en la hipótesis a que se refiere el numeral acabado de copiar con el problema que se examina, dado que en ambos casos se está en presencia de un error de las partes cometido en un libelo dirigido al órgano jurisdiccional y, en el primero, el legislador reguló la hipótesis sin mayor perjuicio para quien incurrió en la irregularidad. En otro aspecto, se estima conveniente copiar en su totalidad la promoción cuestionada que dice: (se transcribe). Lo transcrito es útil para poner de manifiesto que la intención del mandatario aludido fue la de comparecer al juicio de donde derivan los actos reclamados porque, aparte de que mencionó quiénes eran los contendientes, del examen de dicho proceso se desprende que en efecto existe pendiente la notificación cuya práctica fue solicitada. Tampoco tiene repercusión la circunstancia de que la actora no haya reiterado su petición, en virtud de que al interrumpirse el término de la caducidad, según se vio, la única sanción que sobrevendría es la de que con la ausencia de impulso procesal se fueran acumulando nuevamente los días de inactividad. Aunado a lo expresado, debe decirse que lo propio se resolvería si en la sentencia se nombrara equivocadamente a una de las partes, se mencionara con error el expediente, se invocara un artículo o un ordenamiento en lugar de otro, pues, en todos esos casos, podría llegarse a la conclusión de que se trataba de errores irrelevantes, habida cuenta que de todas suertes se sabría a qué se quiso referir el autor o los autores del documento. En ese sentido, en oposición al criterio asumido por el ad quem, se comparten las tesis consultables en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, la primera, en el Tomo III, Segunda Parte-2, página 1034, la segunda, en el Tomo VI, Segunda Parte-1, página 229 y, la tercera, en el Tomo IX, febrero, página 242, que respectivamente señalan: ‘PROMOCIONES EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe). ... Asimismo, la diversa consultable en la Novena Época del Semanario susodicho, Tomo XV, marzo de 2002, página 1429, del siguiente tenor: ‘PROMOCIONES. LA LEY NO EXIGE COMO REQUISITO QUE LAS PARTES INDIQUEN EL NÚMERO DEL EXPEDIENTE AL QUE COMPARECEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). En cuanto a la manifestación de la Sala responsable en el sentido de que no son aplicables las tesis que se transcribieron párrafos atrás en primer y tercer términos por referirse, indica dicha autoridad, a una hipótesis regulada en el Código de Procedimientos Civiles del Estado antes de sus últimas reformas, debe señalarse que es evidente que en esos precedentes se interpretan normas contenidas en ordenamientos ajenos al caso, empero, se estima son aplicables por analogía al encontrarse en iguales condiciones que el código procesal civil local, al no regularse en ninguno de ellos claramente el supuesto a que se contrae el presente asunto, o sea, de qué manera debe proceder el Juez cuando las partes o los sujetos procesales omiten anotar en sus escritos el número de expediente o lo hacen equivocadamente, aun cuando anoten otros datos que permitan conocer el juicio al cual comparecieron. No era trascendente que se allegara al toca el original del ocurso copiado párrafos atrás, toda vez que la copia del escrito con el acuse de recibo original del juzgado, previsto por el artículo 58 del enjuiciamiento civil local, hace las veces de aquél, ya que, pensar de otro modo, no tendría ninguna razón de ser que ese comprobante se entregara a los interesados. Consiguientemente, procede otorgar la protección federal impetrada a efecto de que la Sala responsable, siguiendo los lineamientos referidos, resuelva de nuevo el recurso; decisión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora con base en la jurisprudencia 88 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario multicitado que refiere: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe). Por último, se estima innecesario ocuparse del escrito del tercero perjudicado a través del cual formula alegatos, al no formar parte de la litis en el juicio de garantías, según lo explica la jurisprudencia 39 del tomo y Apéndice aludidos, de rubro: ‘ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.’. Las razones que se dan en este fallo sirven para dar respuesta a lo que solicita el Ministerio Público en su pedimento. Debido a que los criterios que se citan en esta ejecutoria son discrepantes con la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la Octava Época del Semanario indicado, Tomo XV-2, febrero de 1995, página 474, que dice: ‘PROMOCIONES DE LAS PARTES. DEBEN SEÑALAR EL NÚMERO CORRECTO DEL EXPEDIENTE QUE CORRESPONDA AL ASUNTO (LEGISLACIÓN DE PUEBLA).’ (se transcribe), con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar la correspondiente contradicción de tesis a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

SEXTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y ocho el recurso de reclamación 10/88, promovido por J. Jesús Orozco García, en lo conducente, consideró lo siguiente:

"TERCERO. Son infundados los motivos de agravio aducidos por el recurrente porque, si bien es cierto que en el expediente en que se actúa se pone de manifiesto que el promovente de este juicio de garantías, Esteban González Romero, a efecto de interrumpir la inactividad procesal, dirigió equivocadamente su ocurso al H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito con el número de expediente 85/87, y que cuando fue acordado el ocurso de mérito por este órgano jurisdiccional (a foja treinta y cuatro) ya habían transcurrido más de trescientos días, no menos cierto resulta que de acuerdo a lo establecido por los artículos 3o. de la Ley de Amparo y 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, las partes solamente tienen el deber de promover por escrito y de ninguna forma tienen la obligación de identificar el número de expediente; consecuentemente, en atención a las disposiciones legales invocadas, en concepto de los que integran este órgano colegiado, se estima que basta con que se den los datos indispensables para identificar el asunto al que van dirigidos, tales como serían el nombre del quejoso y autoridad o autoridades responsables, requisitos que se cumplen en la especie en el presentado en forma equivocada (el de dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y siete, que obra a foja treinta y tres) siendo, por tanto, que si en el ocurso de referencia se apuntó equivocadamente el número de expediente es obvio que no procedía agregarse, en virtud de no corresponder el nombre del quejoso y las autoridades responsables; sin embargo, el encargado de la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este circuito tenía la obligación, de acuerdo a lo previsto por el numeral 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, de buscar a cuál asunto se dirigió en realidad dicho escrito, a efecto de no violar el derecho de petición que concede el artículo 8o. constitucional. Por otra parte, si el amparo tiene la finalidad de salvaguardar las garantías constitucionales se deberá de tomar en consideración al momento de pronunciar la ejecutoria en este juicio de garantías la fecha en que se recibió el ocurso precitado por la Oficialía Común de Partes (sic) (el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y siete), como acto por el cual se interrumpió la inactividad procesal en este juicio y no aquélla en que se desglosó el mismo por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil con residencia en esta ciudad (acuerdo de catorce de junio de mil novecientos ochenta y ocho, que obra a foja treinta y dos)."

El anterior criterio dio origen a la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989

"Página: 1034

"PROMOCIONES EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. De acuerdo con lo que disponen los artículos 3o. de la Ley de Amparo y 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por prevención expresa del numeral 2 de aquel ordenamiento, las partes en un juicio de amparo no están obligadas a precisar en sus promociones el número de expediente al que se refieren, sino que basta que en las mismas proporcionen los datos indispensables para identificarlo, como son el nombre del quejoso y la autoridad responsable, pues en base a esta información, el encargado de la oficialía de partes común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, debe encaminar el ocurso de que se trate al asunto al que realmente pertenece, conforme a lo preceptuado por el dispositivo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

"Reclamación 10/88. J. Jesús Orozco García. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: César Omar Romero Ballesteros."

SÉPTIMO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el seis de septiembre de mil novecientos noventa el recurso de revisión 169/90, promovido por ... en lo conducente, consideró lo siguiente:

"TERCERO. Son fundados los transcritos motivos de inconformidad. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, que conoció del juicio constitucional promovido por ... en contra del auto de formal prisión atribuido al Juez Tercero de Distrito también en esta entidad federativa, dentro del proceso penal número II-10/990, que lo tuvo como presunto responsable en la comisión del delito contra la salud en las modalidades de compra, posesión y venta de cocaína, esta última en grado de tentativa, previsto y sancionado por el artículo 197, fracciones I y V, del Código Penal Federal, negó el amparo solicitado por encontrarse impedido para emprender el estudio del acto reclamado, habida cuenta que el quejoso no aportó, como era su obligación procesal, copia certificada de las constancias conformantes del aludido proceso penal, en las que se basó la responsable para pronunciarlo. Apoyó su criterio en la tesis relacionada a la jurisprudencia número 165, consultable en la página 276, Octava Parte de la compilación del 1917 a 1985, del rubro: ‘INFORME JUSTIFICADO, DEBEN APORTARSE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE RECLAME, AUNQUE FALTE AQUEL.’. La anterior determinación la estima ilegal la parte recurrente porque aduce que oportunamente exhibió copia certificada de las principales constancias del expediente penal número II-10/990, en el que se pronunció la formal prisión combatida en el amparo, solamente que fueron glosadas en forma equivocada al cuaderno de amparo IV-554/990, porque bajo ese número fue registrada su demanda en el libro ‘índice’ que se lleva en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, según se asentó en la certificación levantada en el juicio de garantías II-557/990, número real del amparo que promovió; error que, según afirma, lo dejó en estado de indefensión, pues trajo como consecuencia que no se analizara la legalidad o ilegalidad del acto que reclamó. Asiste la razón al inconforme, ya que de la certificación que obra a foja 28 del expediente de amparo en el que se dictó la sentencia que ahora se revisa, cuyo original se acompañó a los agravios, hecha por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en esta entidad federativa, se desprende que en efecto, el número con el cual se encuentra inscrito en el libro ‘índice’ que se lleva para control interno de aquel juzgado, el juicio constitucional promovido por ... es el IV-554/990 y que en ese expediente, que realmente corresponde al incoado por ... contra actos del Jefe de la Operación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de Zamora, Michoacán, se encuentra agregado un escrito del aquí recurrente presentado el 15, quince, de junio de 1990, mil novecientos noventa (antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional), por el cual ofreció prueba documental que se halla anexada de la página veintiséis a la ciento veinticinco, lo que se traduce en que, por un error no atribuible al peticionario del amparo, las constancias que exhibió como prueba no se hayan tomado en consideración en el juicio de garantías que promovió, con el consiguiente estado de indefensión para su parte, pues a él incumbe demostrar la inconstitucionalidad que alega en el amparo. Máxime que es obligación del secretario, al dar cuenta al Juez con las promociones de las partes, cerciorarse de que aquéllas realmente correspondan al juicio en que se actúa, constatándolo con el nombre del quejoso y no con el número del expediente, ya que éste no es dato confiable de su identificación, porque fácilmente se puede incurrir en error al citarlo, dándose lugar a una denegación de justicia con la manera en que se procedió en este negocio por el Juez a quo. En esas condiciones, con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que se desglosen del juicio de amparo número IV-554/990 los elementos de convicción ofrecidos por el quejoso, debiéndose anexar al diverso II-557/990 el número correcto del juicio de garantías que él promovió y hecho que sea, señale el Juez de Distrito nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en la cual debe analizarlos y determinar acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado."

La anterior ejecutoria dio origen a la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990

"Página: 229

"PROMOCIONES DE LAS PARTES. Es obligación del secretario al dar cuenta al Juez con las promociones de las partes, cerciorarse de que realmente corresponden al juicio en que se agreguen, constatándolo con el nombre del promovente y no sólo con el número del expediente, por no ser éste el único dato confiable de su identificación.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 169/90. ... 6 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: María Cristina Torres Pacheco."

OCTAVO. El Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver el diez de octubre de mil novecientos noventa y uno el amparo directo 109/91, promovido por Ema Gloria Martínez Pacheco, en lo conducente, consideró lo siguiente:

"QUINTO. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación que aduce la quejosa. En efecto, la sentencia definitiva que se reclama dice en la parte final de su único resultando que al haber transcurrido el término del emplazamiento y no haberse presentado la demandada, hoy recurrente, a hacer el pago o a oponerse a la ejecución, a petición de la parte actora se tuvo por acusada la rebeldía y se citó para sentencia. Como se ve, las constancias que integran el expediente 2283/90 relativo al juicio ejecutivo mercantil del que emana la sentencia que se reclama, obra agregado a fojas quince a la veintidós, inclusive, un cuadernillo denominado de número equivocado veintiocho, compuesto por un escrito y copia del mismo de fecha seis de febrero del año en curso, presentado por Ema Gloria Martínez P., en su carácter de demandada y dirigido al Juez Tercero del Ramo Civil y en cuyo rubro aparece el número 2282/90 tachado y sobre él el número 2283/90. Del ocurso en mención se aprecia que mediante el mismo se da contestación a la demanda promovida por Norma Delgado Molina, en su carácter de endosataria en procuración de Elvira Vázquez Salgado, y aparece a fojas veintidós del expedientillo que se alude un acuerdo que ordena la formación del mismo. Ahora bien, resulta cierto, como lo aduce la impetrante, que corresponde a los secretarios de juzgado, así como al funcionario designado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y su reglamento, la responsabilidad de los expedientes que se radiquen ante el tribunal respectivo, conforme lo dispone el artículo 151 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia mercantil y, asimismo, de que dichos funcionarios cuidarán que todas las actuaciones o documentos se glosen al expediente que corresponda. Por lo que si en el caso existía la promoción ya referida mediante la cual la ahora quejosa verificó su contestación de demanda en la que, si bien es cierto, como lo afirma, existe un error al señalarse como número de expediente el 2282/90 y no el correcto 2283/90, también lo es que no es el único dato de identificación contenido en el ocurso de mérito, ya que expresamente se lee en la primera hoja del mismo que Ema Gloria Martínez P., como parte demandada, daba contestación a la demanda en el juicio ejecutivo mercantil promovido por Norma Emilia Delgado Moreno, en su carácter de endosataria en procuración de Elvira Vázquez Salgado. De lo anterior se colige que el secretario, al dar cuenta al Juez con tal promoción, tuvo elementos suficientes para glosarlo al juicio correspondiente, como lo son los ya mencionados nombres de las partes, actora y demandada, así como el tipo de juicio, estimando este tribunal que, en el caso, se incumplió por parte de este funcionario con la obligación consignada en el numeral 151 del ordenamiento legal último en comento, al tener como único dato confiable de identificación el número de expediente al que se dirigía, circunstancia que originó que el Juez Tercero de lo Civil de esta ciudad, a solicitud de la parte actora, declarase rebelde a la hoy quejosa y citase para oír sentencia mediante proveído de fecha trece de febrero del presente año, con fundamento en el artículo 1404 del Código de Comercio y, consecuentemente, pronunciase su fallo resolutor, mismo que se publicó en lista de acuerdo del día catorce del mismo mes y año, por el que se condenó a la peticionaria de garantías en los términos de sus puntos resolutivos. Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito publicado en la página doscientos veintinueve del Tomo VI, Segunda Parte-1 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ‘PROMOCIONES DE LAS PARTES.’ (se transcribe). Por lo que en ese orden de ideas, al afectarse las defensas de la quejosa y trascender al resultado del fallo las violaciones de referencia, en los términos ya apuntados, este tribunal estima fundados y suficientes los conceptos de violación hechos valer y concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que, en reparación a sus garantías violadas, se reponga el procedimiento a partir del proveído de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y uno, y se provea conforme a derecho el escrito de contestación de demanda de referencia en los autos del juicio ejecutivo mercantil seguido bajo el expediente 2283/90, dejando insubsistente lo actuado con posterioridad."

El criterio anterior se encuentra contenido en la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: IX, febrero de 1992

"Página: 242

"PROMOCIONES DE LAS PARTES. OBLIGACIÓN DEL SECRETARIO DEL JUZGADO DE GLOSARLAS AL EXPEDIENTE QUE CORRESPONDA. Es obligación del secretario para dar cuenta al Juez con las promociones de las partes, cerciorarse de que realmente corresponden al juicio en que se agreguen, constatándolo no sólo con el número de expediente, sino con los demás datos que aparezcan consignados en el escrito respectivo, como pueden ser los nombres de las partes, actora y demandada, tipo de juicio, etcétera, ya que el número del expediente no es el único dato confiable de su identificación.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

"Amparo directo 109/91. Ema Gloria Martínez. 10 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Adá

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17969-7c9297f2/promociones-de-las-partes-para-subsanar-el-error · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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