JUICIO CIVIL HIPOTECARIO. EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO QUE RESULTA INEFICAZ, NO LIMITA AL JUZGADOR PARA EXAMINAR OTROS MEDIOS DE PRUEBA Y RESOLVER CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN LO QUE EN DERECHO PROCEDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al fallar por unanimidad de votos el amparo directo 749/2002, el treinta de enero de dos mil tres, en sus consideraciones sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. Los conceptos de violación son esencialmente fundados. En efecto, tiene razón la quejosa en cuanto a que la autoridad responsable indebidamente absolvió al pago de las prestaciones reclamadas consistentes en crédito adicional y erogaciones vencidas y no cubiertas, bajo la consideración de que se demandaron en cantidad líquida y el estado de cuenta resultó ineficaz. Lo anterior es así, porque la circunstancia de que el certificado contable exhibido por la institución de crédito hubiera resultado ineficaz, no implica que por ese motivo se deba absolver de las referidas prestaciones reclamadas, habida cuenta que en el juicio civil sumario hipotecario no es necesario presentar el citado certificado contable junto con la demanda, para que proceda la acción respecto de las prestaciones pactadas en el contrato de crédito, puesto que éste es el documento fundatorio de la acción ejercida, ya que contiene el crédito hipotecario debidamente registrado y es de donde devienen los derechos que el banco reclama, en cambio la certificación contable es sólo un medio probatorio para acreditar los saldos que se pretenden cobrar. Por tanto, aun cuando la parte actora no hubiera acreditado el monto líquido de esos reclamos, es factible que ello lo demuestre durante la fase ejecutiva del juicio, ya que así lo autoriza expresamente el artículo 491 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que estatuye: ‘Cuando la sentencia hubiere condenado al pago de daños y perjuicios sin fijar el importe en cantidad líquida, háyanse establecido o no en aquéllas las bases para la liquidación, el que obtuvo a su favor el fallo presentará, con su solicitud, relación de los daños y perjuicios de su importe. De esta resolución se correrá traslado al condenado, observándose lo prevenido en el artículo anterior. Lo mismo se practicará cuando la cantidad líquida proceda de frutos, rentas o productos de cualquier clase.’. Al respecto, se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95 del Tomo I, mayo de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: ‘ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR. NO ES EXIGIBLE SU PRESENTACIÓN EN JUICIO HIPOTECARIO PARA LA PROCEDENCIA DE ÉSTE.’ (se transcribe). También se considera pertinente citar, por las razones que la informan, la tesis visible en la página 665 del Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘JUICIO HIPOTECARIO DERIVADO DE UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA. EL TÍTULO EJECUTIVO LO CONSTITUYE LA ESCRITURA QUE CONSIGNA EL CRÉDITO HIPOTECARIO, Y EL ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR EL CONTADOR SÓLO CONSTITUYE DOCUMENTO PROBATORIO PARA ACREDITAR SALDOS A CARGO DE LOS DEUDORES.’ (se transcribe). Ahora bien, en el contrato de crédito con garantía hipotecaria consignado mediante escritura doscientos diecinueve, de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres, pasada ante la fe del notario público dieciséis, licenciado Manuel Ramírez Martínez, se estableció lo siguiente: ‘Segunda. El acreditado dispondrá del importe del crédito de la siguiente forma: a) La suma de N$96,000.00 (noventa y seis mil nuevos pesos 00/100 moneda nacional), al momento de la firma de esta escritura, de acuerdo a las partidas, comisiones y gastos detallados en la liquidación que el banco entrega al acreditado en este momento, estando conformes las partes con su contenido, por lo que el acreditado otorga por medio del presente instrumento el recibo más amplio y eficaz que en derecho proceda. b) A partir de la fecha en que se determine el primer pago mensual, el acreditado podrá disponer en las fechas en que deba cubrir los intereses señalados en la cláusula cuarta, inciso b), y precisamente para el pago de los mismos, de un refinanciamiento equivalente al 70% (setenta por ciento) del importe que se indica en el inciso anterior, el cual se incrementará conforme a los índices inflacionarios que se den, tomando como referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con base en el comportamiento de los precios en el mercado. Una vez que se alcance el total del porcentaje citado en este inciso, el acreditado deberá optar por: 1) Solicitar se incremente el porcentaje de refinanciamiento, y en su caso, se amplíe el plazo, pudiendo el banco autorizarlo según la experiencia de pago con el acreditado; o 2) Pagar un monto extraordinario de capital, de tal manera que quede un saldo que permita hacer el pago del capital dentro del plazo del contrato con la misma erogación neta; o 3) Autorizar al banco a cambiar el sistema de pagos empleado en este contrato, al sistema tradicional de pagos sobre saldos insolutos, para liquidar el crédito dentro del plazo del contrato; o 4) Solicitar se reestructure el saldo del crédito, pudiendo el banco autorizarlo según la experiencia de pago con el acreditado. En caso de que el acreditado no desee efectuar las disposiciones citadas en el inciso b) anterior, deberán (sic) dar el aviso correspondiente por escrito al banco, cuando menos con 30 treinta días de anticipación a la fecha en que se realice la respectiva erogación mensual. Tercera. El acreditado destinará la suma dispuesta conforme al inciso a) de la cláusula que antecede, a la adquisición del inmueble relacionado en la declaración I (primera) de esta escritura. Por cuanto hace a las sumas dispuestas al amparo del inciso b) de la cláusula anterior, el acreditado las destinará al pago de los intereses previstos en el inciso b) de la cláusula cuarta de este contrato, facultando irrevocablemente al banco para que, en cumplimiento de las obligaciones que asume en esta cláusula, efectúe las disposiciones por su cuenta. Estas disposiciones se documentarán únicamente mediante asientos contables que realice el banco, sin necesidad de que el acreditado suscriba documento alguno. El estado de cuenta certificado por el contador general del banco, en los términos del artículo 68 sesenta y ocho de la Ley de Instituciones de Crédito, hará fe, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo para comprobar la fijación del saldo resultante a cargo del acreditado. Cuarta. El acreditado se obliga a pagar al banco, sin necesidad de requerimiento alguno: a) Una comisión por apertura de crédito, a razón del 3.25% (tres punto veinticinco por ciento) sobre el importe del crédito indicado en el inciso a) de la cláusula segunda misma que será pagada con sus recursos al momento de la firma del presente instrumento, siendo dicha comisión de N$3,120.00 (tres mil ciento veinte nuevos pesos 00/100 moneda nacional). b) Intereses ordinarios sobre saldos insolutos a razón de la suma de 8.00 (ocho puntos) más la tasa de interés interbancaria promedio (TIIP) o más el costo porcentual promedio (CPP) publicado por el Banco de México, o más la tasa de los certificados de la tesorería (Cetes) a plazo de 28 (veintiocho) días publicado semanalmente, lo que resulte mayor. Por tasa de interés interbancaria promedio se entenderá el promedio aritmético de cuando menos seis cotizaciones de bancos mexicanos, publicado semanalmente por Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario inmediato siguiente a aquel en el que se determine. Si ocurriere que no se llegare a reunir el número de cotizaciones que, como mínimo, deben ser tomadas en consideración para determinar esta tasa, se utilizará aquel que señale el Banco de México tomando en consideración las condiciones prevalecientes en el mercado de dinero publicado también a través de dicho medio y con la periodicidad ya indicada. Por costo porcentual promedio se entenderá el que publica mensualmente el Banco de México por concepto de tasa y, en su caso, sobretasa de interés de los pasivos en moneda nacional, correspondientes a préstamos de empresas y particulares y depósitos a plazo, y de ahorro del conjunto de la banca nacional o sobre costo equivalente si Banco de México cambiara la forma de cómputo. La tasa se determinará con base en la tasa de interés interbancaria promedio, o el costo porcentual promedio o en la tasa rendimiento de Cetes que estén vigentes al momento de la disposición del crédito. El margen financiero (puntos que se adicionan al rendimiento de los Cetes o CPP o TIIP para obtener la tasa ordinaria), se revisará, incrementará o disminuirá, cada mes, a partir del primer mes de vigencia de este contrato, conforme a la política general de intereses de el banco. Si en cualquier momento existiera imposibilidad para que el banco determinara sus tasas de interés en la tasa rendimiento de Cetes o CPP o TIIP, el acreditado se sujetará a tasas representativas en el mercado, en el entendido de que será potestativo para el banco, la modificación de las tasas líderes señaladas, por cualquier otro parámetro que establezca el sistema financiero mexicano. Los intereses se calcularán dividiendo la tasa anual de interés aplicable, entre trescientos sesenta, multiplicando el resultado así obtenido, por el número de días efectivamente transcurridos durante cada mes, en el cual se devenguen los intereses a dicha tasa, y el resultado así obtenido se multiplica por el saldo insoluto del crédito al cierre del mes anterior en el que se devenguen. c) En caso de que no cubra oportunamente al banco cualquier pago que deba hacerse conforme a este contrato, a pagar a éste en adición a los intereses previstos en el inciso anterior, intereses moratorios a razón de una tasa anual igual a una cuarenteava parte de la tasa citada en el inciso anterior, aplicable en el periodo de incumplimiento sobre el saldo insoluto del crédito, que se causarán mientras dure la mora. Las tasas de intereses ordinarios y moratorios pactadas, se revisarán e incrementarán o disminuirán en su caso, mensualmente, a partir del primer mes de vigencia de este contrato, para ajustarse a las tasas que señale el Banco de México, por lo que se refiere al rendimiento que paguen los referidos Cetes o CPP o TIIP, el que resulte mayor, precisamente el que se conozca a la fecha de la revisión. d) El saldo insoluto del crédito, mediante erogaciones netas mensuales a partir de la fecha de firma de esta escritura. Estos pagos se efectuarán a más tardar el día último de cada mes, o el día hábil siguiente en caso de que éste sea inhábil. El importe de las erogaciones netas mensuales, se incrementará cada seis meses, en enero y julio, conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor, acumulado al cierre de mayo y noviembre, respectivamente, que publique el Banco de México. e) Las cantidades que el banco pague por su cuenta, para cubrir responsabilidades fiscales que pesen sobre el inmueble que ofrece en garantía y por concepto de primas de seguros a que se refiere la cláusula décima primera, así como los gastos que se causen con estos motivos. f) Intereses moratorios sobre las cantidades no pagadas oportunamente según el inciso anterior, a razón de la tasa prevista en el inciso c) de esta misma cláusula, a partir de la fecha en que se efectúe el pago. Quinta. Se entenderá como erogación neta, la cantidad que el acreditado está obligado a pagar en forma mensual, para cubrir el saldo del crédito dispuesto conforme a los incisos a) y b) de la cláusula segunda y los intereses que causen estas cantidades, pagaderas a partir de la fecha de firma de esta escritura. La erogación neta se determinará aplicando el factor de 0.015000 por cada un mil dispuesto, conforme al inciso a) de la cláusula segunda y estará expresada en número de veces en salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. Este factor se incrementará cada seis meses en enero y julio, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulado al cierre de mayo y noviembre, respectivamente, que publique Banco de México.’. De lo transcrito se deduce lo siguiente: 1. Que a la firma del contrato se dispuso de un crédito inicial por la cantidad de noventa y seis mil pesos; 2. Que a partir del primer pago mensual, se podía disponer de un refinanciamiento para el pago de intereses ordinarios equivalente al setenta por ciento del importe antes mencionado, el cual se incrementaría conforme a los índices inflacionarios; 3. Que una vez que se alcanzara el total del citado porcentaje, se podía: a) solicitar el incremento de éste o, en su caso, la ampliación del plazo, b) pagar un monto extraordinario de capital, de tal forma que quedara un saldo que permitiera hacer el pago del capital dentro del plazo del contrato con la misma erogación neta; 4. Que en caso de que el acreditado no deseara efectuar las disposiciones (refinanciamiento), debía dar el aviso correspondiente por escrito al banco treinta días antes de que se realizara la respectiva erogación mensual; 5. Que las sumas dispuestas para dicho refinanciamiento se destinarían al pago de los intereses ordinarios; 6. Que en caso de que el acreditado no cubriera oportunamente al banco cualquier pago que debiera hacerse conforme al contrato, pagaría, además, intereses moratorios; 7. Que las tasas de intereses ordinarios y moratorios pactadas se revisarían e incrementarían o disminuirían en su caso, mensualmente, para ajustarse a las tasas que señalara el Banco de México; 8. Que el saldo insoluto del crédito se pagaría mediante erogaciones netas mensuales a partir de la firma de la escritura; 9. Que la erogación neta era la que el acreditado estaba obligado a pagar en forma mensual para cubrir el saldo del crédito dispuesto (inicial y refinanciamiento), así como los intereses que causaron dichas cantidades. Consiguientemente, es claro que las prestaciones reclamadas antes mencionadas al haber sido pactadas en el contrato fundatorio de la acción, procede su pago en los términos de éste, independientemente de lo asentado en el certificado contable, pues, como se dijo, éste sólo acredita saldos, empero no el origen de las cantidades demandadas. Debe agregarse que es inexacto, como lo sostuvo la Sala responsable, que al dejarse para ejecución de sentencia el acreditamiento del monto líquido de tales prestaciones, se esté dando una nueva oportunidad a la actora para justificarlas, puesto que la existencia del derecho se acredita con el propio contrato de apertura de crédito, que es el título que les da origen y en donde se establecen las bases para su cálculo. Además, en la especie, el demandado no queda en estado de indefensión, ya que tendrá la oportunidad de objetar en aquella etapa del procedimiento (ejecución de sentencia), el documento que al efecto exhiba la parte actora para demostrar esos saldos o, en su caso, ofrecer pruebas, pues si bien es verdad que el citado numeral 491 no señala expresamente que esto pueda hacerse, también lo es que no prohíbe a las partes, en forma categórica e indudable, que no lo hagan; por lo que tal precepto debe interpretarse en el sentido de que de ser indispensable sí cabe la oferta de probanzas en el incidente aludido. Sobre el particular se invocan, por identidad de razones, las tesis visibles en la página ochocientos doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, marzo, y página mil setecientos cuarenta y cinco, que respectivamente disponen: ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, PRUEBAS EN EL.’ (se transcribe) y ‘LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, EN EL INCIDENTE DE, LA PARTE QUE SE OPONE ESTÁ EN APTITUD DE OFRECER PRUEBAS (LEGISLACIÓN MERCANTIL).’ (se transcribe). Igualmente se invoca, por analogía, la tesis que puede consultarse en el Semanario y época referidos, Tomo XII, octubre, página treinta y ocho, que establece: ‘INCIDENTES EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1414 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, QUE REGULA SU SUSTANCIACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA ANTES DE LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS).’ (se transcribe). En razón de lo anteriormente considerado, no se comparten los criterios en que se funda la autoridad responsable, emitidos, respectivamente, por el Segundo, Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil de este circuito, al resolver los juicios de amparo directo 1613/2001, 252/99, 1635/2001 y 1328/2001, ni las tesis que sobre el tema se invocan, de rubros: ‘INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS. LA CONDENA DEBE ESTABLECER CANTIDAD LÍQUIDA, SI ASÍ SE DEMANDA SU PAGO.’ e ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO, NO CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE ABRIR DILACIÓN PROBATORIA.’, localizables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, páginas 685 del Tomo IV, agosto, y 763, Tomo X, agosto; por lo que conforme al artículo 197 de la Ley de Amparo, procede hacer la denuncia de contradicción de tesis correspondiente. Por otra parte, también fue inexacta la apreciación del tribunal de segunda instancia, en el sentido de que el crédito adicional sólo se generaría durante la vigencia del contrato ya que al declararse el vencimiento anticipado dejaba de existir puesto que sólo servía para cubrir el pago de intereses ordinarios; habida cuenta que en el referido contrato fundatorio no se pactó lo anterior, esto es, que una vez declarado el vencimiento anticipado del contrato, el crédito adicional dejaría de existir, sino que lo estipulado fue que dicho crédito serviría para cubrir el pago de intereses ordinarios no cubiertos (refinanciamiento) y que el mismo se generaría a partir de la firma del convenio, por lo que es evidente que desde esta fecha procede su pago hasta su total liquidación; máxime que, como lo sostiene la institución quejosa, no existe impedimento para que los intereses ordinarios y moratorios se generen de manera conjunta, conforme a las razones que se exponen en la jurisprudencia que invoca de rubro: ‘INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. COEXISTEN Y PUEDEN GENERARSE SIMULTÁNEAMENTE.’ (cuyo texto no se transcribe por ya obrar en el considerando anterior); en tal virtud, al no estimarlo así la Sala responsable, la resolución reclamada resulta violatoria de garantías. En tales condiciones, procede otorgar la protección federal solicitada para el único efecto de que la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dejando firme el resto de la sentencia reclamada, condene al pago de las prestaciones consistentes en crédito adicional y erogaciones vencidas y no cubiertas, a partir de la firma del contrato fundatorio, es decir, desde el mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro, hasta su total liquidación; dejando su cuantificación para la etapa de ejecución de sentencia al haber resultado ineficaz el certificado contable. La concesión del amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se reclaman de la autoridad ejecutora, conforme lo establece la jurisprudencia 88 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe). Finalmente, se estima innecesario ocuparse del escrito a través del cual el tercero perjudicado formula alegatos, toda vez que los mismos no forman parte de la litis del juicio de garantías conforme lo previene la jurisprudencia 39 visible en la página treinta y uno del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘ALEGATOS NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.’."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, el amparo directo 423/95-VI, derivado del juicio ejecutivo mercantil 1036/93, formuló la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, agosto de 1996
"Tesis: XIX.2o.14 C
"Página: 685
"INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS. LA CONDENA DEBE ESTABLECER CANTIDAD LÍQUIDA, SI ASÍ SE DEMANDA SU PAGO. Si en la demanda el actor reclama el pago de intereses ordinarios y moratorios en determinada cantidad líquida y el demandado controvierte su monto sujetando a la litis ese aspecto de la controversia; es incorrecto que la responsable omitiendo pronunciarse al respecto remita dicha reclamación a la vía incidental y en ejecución de sentencia, pues ello equivale a aplazar una cuestión que formó parte de la litis, otorgando a la contraparte una segunda oportunidad de ofrecer pruebas sobre la tasa bancaria a que se encontraban sujetos dichos intereses en contravención a lo dispuesto en los artículos 1325, 1327 y 1328 del Código de Comercio."
QUINTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de ocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, el recurso de revisión 493/98, derivado del juicio ejecutivo mercantil número 1640/93, dio origen a la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, agosto de 1999
"Tesis: II.2o.C.183 C
"Página: 763
"INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO, NO CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE ABRIR DILACIÓN PROBATORIA. El incidente de liquidación de intereses es un acto vinculado con la ejecución de sentencia, ya que por esa vía se busca establecer en cantidad precisa y líquida una condena indeterminada. Por su parte el artículo 1348 del Código de Comercio anterior a las reformas de 24 de mayo de mil novecientos noventa y seis (que entraron en vigor el 24 de julio de dicho año), no establece la posibilidad de abrir una dilación probatoria, puesto que solamente señala que con la promoción de la liquidación se dará vista a la demandada y en caso de que manifieste inconformidad, con ella se dará vista a la parte promovente de la liquidación y con lo que adujere, el Juez debe dictar sentencia, contra la cual, en términos de dicho código anterior, sólo procede el recurso de responsabilidad. Consecuentemente, la resolución emitida por el Juez de Distrito es correcta si decide que el acto reclamado, correspondiente al acuerdo que desechó las pruebas, se apegó a derecho y a la Constitución en la medida que consideró lo anteriormente señalado."
SEXTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil uno, el amparo directo 1613/2001, llegó a las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación expresados por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex Accival, Sociedad Anónima de Capital Variable, atento a las consideraciones siguientes: ... Son infundados los anteriores argumentos, pues contrario a lo que en ellos se aduce, la Sala responsable al estudiar el agravio planteado por la hoy quejosa, en relación con la procedencia del pago de la cantidad de doscientos veintisiete mil ciento quince pesos, reclamada en el inciso c) del escrito inicial de demanda, por concepto de erogaciones mensuales o intereses mensuales al veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete, se encontraba obligada a analizar el certificado contable expedido por el contador facultado por la institución actora, a fin de determinar la procedencia de esa prestación, dado que el mismo como documento probatorio, tiene como objeto dar fe de los saldos resultantes de los acreditados; además de que el legislador al establecer en el párrafo segundo del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora harán fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, se refirió a los términos estado de cuenta y saldo como dos conceptos diversos, ya que mientras el estado de cuenta se refiere al documento en que se escribe el desglose de varias partidas que al final se suman o restan y que arrojan un saldo, esto es, la diferencia entre las cantidades anotadas en el deber y las apuntadas en el haber, el saldo sólo es el resultado de las obligaciones a cargo de los acreditados. Por tanto, es inexacto que al estimar improcedente el pago de esa prestación, por considerar que el estado de cuenta es ineficaz al no reunir los requisitos del invocado artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, se haya excedido en sus facultades, dado que como ya se dejó apuntado, aun cuando dicho documento en los juicios hipotecarios tiene la calidad de probatorio y no de fundatorio como en el juicio ejecutivo mercantil, la Sala responsable está obligada a analizar la aludida certificación contable para determinar si reúne los requisitos del referido precepto legal y es apto para acreditar el saldo resultante a cargo de los acreditados demandados en el juicio natural, por lo que aun cuando éstos no hubieren acreditado su objeción, ello no es motivo para otorgarle pleno valor probatorio, ya que la falta de objeción o el no acreditamiento de la misma, no puede generarle un valor del que carece en los términos legales, y sólo cabe aclarar que la Sala responsable al restarle valor probatorio a la certificación de que se trata no tomó como base la prueba pericial ofrecida por la parte demandada, como se manifiesta en los conceptos de violación. Por otro lado, la Sala responsable legalmente estimó que el certificado contable exhibido por la sociedad actora, aquí quejosa, de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete, carece de eficacia jurídica porque no cumple con los requisitos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, en virtud de que también contrariamente a lo sostenido por la sociedad quejosa, dicho documento carece del instrumento que sirvió de base para el cálculo de las erogaciones mensuales, ya que en el mismo se hace constar un adeudo a cargo de los demandados, aquí terceros perjudicados, al determinar ‘... Que en los sistemas y documentos contables de esta centralizadora, con números al día 21 de noviembre de 1997, existe contabilizada la cantidad de: $2'117,259.29 (dos millones ciento diecisiete mil doscientos cincuenta y nueve pesos 29/100 M.N.), que corresponde a los conceptos siguientes: Saldo de capital $499,657.38. Erogaciones mensuales no pagadas $227,115.00. IVA erogaciones mensuales no pagadas. Margen diferencial. Ajuste erogación mensual no pagada $154,303.91 ... IVA erogación ajuste mensual no pagado. Seguro no cubierto $23,175.90. Gastos de cobranza. IVA gastos de cobranza. Saldo total de liquidación $2'117,259.29.’. Documento al que fue anexada una relación en la que se reseña el número de mensualidades, los días del periodo, la fecha de pago de la mensualidad, el saldo del crédito en el mes correspondiente (st), la erogación mensual pagada, la erogación mensual no cubierta, el seguro no cubierto, la tasa líder del mes anterior, la tasa de mercado, la tasa vigente, el ajuste de la erogación mensual por no pago, el interés de mercado del mes correspondiente (imt), el interés devengado del mes correspondiente (idt), el margen diferencial del mes correspondiente (mdt), la tasa de actualización al mes correspondiente (cat), el margen diferencial del mes (mdat-1) y el margen diferencial acumulado al mes correspondiente (mdat). Sin embargo, el referido documento no permite establecer que se trate de un estado de cuenta en los términos del segundo párrafo del numeral 68 de la Ley de Instituciones de Crédito para que haga fe respecto al saldo de los demandados, toda vez que el contador que lo expidió omitió precisar cuál fue el instrumento utilizado para establecer las tasas aplicables, de entre aquellos que para tal fin fijaron las partes en el contrato y que dieron como resultado el saldo que se cobra, ya que en la cláusula primera del contrato base de la acción pactaron que la tasa de interés aplicable (tasa del mercado), durante el periodo de remodelación de la construcción, y la segunda etapa de vigencia del crédito sería aquella que resulte de multiplicar por uno punto treinta y cuatro o de adicionar seis puntos a la tasa líder correspondiente al mes anterior, y que para efectos de esta última se entiende la que resulte mayor de los instrumentos siguientes: del costo porcentual promedio de captación, de los certificados de la Tesorería de la Federación, del promedio de las tasas que paguen las instituciones de crédito para la captación de recursos del público en general publicadas diariamente en el Diario Oficial de la Federación o, en su caso, el instrumento de mayor rendimiento que exista en ese momento, emitido por cualquier entidad financiera del país integrante del sistema financiero mexicano. Luego entonces, al precisarse qué instrumento se utilizó para calcular las tasas, es evidente que contrario a lo que se aduce en los co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18502-c546ca93/juicio-civil-hipotecario-el-estado-de-cuenta-certificado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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