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Modo: Corpus Pro

COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBEN APLICARSE SUPLETORIAMENTE LOS MECANISMOS QUE REGULA LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA Y, EN SU DEFECTO, EL JUZGADOR DEBERÁ RESOLVER DISCRECIONALMENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2003-PL. · Registro digital (IUS): 17913
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y LA ANTES TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, , Pág. 335.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y LA ANTES TERCERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, se transcriben a continuación.

a) La ejecutoria dictada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión número 16/2002, es del tenor literal siguiente:

"El recurrente alega en el quinto agravio que la Juez de Distrito determinó en forma incorrecta que los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sí podían aplicarse supletoriamente a la materia mercantil. Que esa afirmación es incorrecta porque al respecto no operaba la supletoriedad prevista en los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio, porque dicho ordenamiento legal establece un mecanismo completo para determinar las costas, que se encuentra regulado en el libro quinto, título primero, capítulo séptimo en los artículos 1081 al 1089 y que al haberse legislado exhaustivamente sobre la materia no cabe supletoriedad alguna.

"Este argumento es infundado porque, si bien es cierto que la institución de costas se encuentra prevista en el Código de Comercio en los artículos que cita la recurrente, sin embargo, su regulación es deficiente y, por ende, debe acudirse a la supletoriedad.

"En efecto, el artículo 1085 del Código de Comercio establece que las costas serán reguladas por la parte a favor de quien se hubieren declarado; el artículo 1086 del citado código señala que con el escrito incidental se dará vista por tres días a la contraria para que exprese su conformidad o inconformidad. El artículo 1088 señala que tomando en cuenta lo que las partes hayan manifestado, el Juez resolverá lo que estime ‘justo’ dentro del tercer día.

"Ahora bien, los preceptos aludidos señalan la forma en que se tramitará el incidente de costas respectivo, pero no establecen las bases para su cuantificación; y si se toma en cuenta que la cuestión relativa a las costas debe resolverse conforme a lo que el juzgador estime ‘justo’, por ende, éste debe recurrir a la supletoriedad de la ley y atender a su ley orgánica en la que se establecen bases para que su ejercicio, al justipreciar las costas, sea apegado a la equidad y la justicia; de tal manera que, por ende, resulta legal la aplicación de los artículos 128 y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que se puede apoyar para resolver justamente la cuestión planteada.

"En efecto, la obligación de fallar en justicia en materia de costas por parte del Juez, debe entenderse en el sentido de que no pueden fijarse o regularse éstas en forma arbitraria por las partes, sino que debe existir un procedimiento de carácter legal para formularlas y, en su caso, calcularlas, y es ahí donde se presenta el problema lógico jurídico de la integración de la norma, es decir, en el caso, al ser ésta una cuestión de orden público como lo es toda condena, se debe estar a lo que la ley disponga al respecto. En consecuencia, si el Código de Comercio no establece las bases para cuantificar las costas y los mecanismos de cuantificación no pueden quedar al arbitrio de las partes, entonces, a fin de integrar la norma incompleta se tiene que recurrir a la figura de la supletoriedad en materia mercantil, prevista en los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio, que remiten a la ley procesal común de la cual forma parte en algunos aspectos la ley orgánica precitada y así, con base en la complementación, llenar la laguna de la ley mercantil. Por ende, si las bases para la cuantificación de las costas se encuentran en una legislación diversa, no es óbice que se tenga que recurrir a ella para integrar a la norma mercantil y así resolver la problemática aludida. Por tanto, la decisión de la Juez de Distrito fue apegada a derecho, ya que si el Código de Comercio no contiene numeral alguno que establezca las bases para calcular las costas, se debía recurrir entonces a la ley anotada.

"Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia I.4o.C. J/58 emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de 1994, página 33, que dice:

"‘SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.’

"Cobra aplicación al caso la tesis de jurisprudencia 277 emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, página 187, que a la letra dice:

"‘LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL. Si bien los Códigos de Procedimientos Civiles de cada Estado, son supletorios del de Comercio, esto no debe entenderse de modo absoluto, sino sólo cuando falten disposiciones expresas sobre determinado punto, en el código mercantil, y a condición de que no pugnen con otras que indiquen la intención del legislador, para suprimir reglas de procedimientos o de pruebas.’."

b) Por su parte, la Tercera Sala de la antigua integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo directo número 436/86 sustentó, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, lo siguiente:

"Sin perjuicio de lo que ha quedado dicho, el pago de costas sí es procedente conforme a lo dispuesto por el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato, aplicado supletoriamente al de Comercio, por disposición del artículo 1051 de este último. Ambos preceptos son del tenor siguiente: ‘Artículo 11. La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte cuando el Juez acoge, parcial o totalmente, las pretensiones de la parte contraria. Si dos partes pierden recíprocamente, el Juez puede exonerarlas de la obligación que impone el párrafo primero, en todo o en parte; pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones de las pérdidas. Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del Juez y teniendo en consideración las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga, excluido el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren superfluos. Todo gasto inútil que una parte ocasione a la contraria, será a cargo de la primera; sea que gane o pierda el juicio.’. ‘Artículo 1051. El procedimiento mercantil preferente a todos es el convencional. A falta de convenio expreso de las partes interesadas se observarán las disposiciones de este libro, y en defecto de éstas o de convenio, se aplicará la ley de procedimientos local respectiva.’.

"Teniendo en cuenta que el fallo resultó desfavorable al quejoso, es evidente que se materializó la hipótesis prevista por el dispositivo de mérito y, en consecuencia, aunque por motivos diferentes, debe estimarse que sí se dieron los presupuestos para que la condena en costas de primera instancia sea procedente.

"No está por demás una última consideración sobre la aplicación de la legislación local en este caso; en primer lugar, cabe hacer notar que lo relacionado con esta figura está previsto en los artículos 1081 a 1090 del Código de Comercio, pero dentro de ellos no hay reglamentación referida a cuando se intenta el juicio ordinario sin obtener sentencia favorable; no obstante, estando reconocidas por el propio código como un modo de resarcir las erogaciones permitidas, que hubieron de efectuarse al demandar lo que en derecho corresponde o para defenderse del proceso injustamente entablado, la procedencia de aplicar supletoriamente las legislaciones locales es manifiesta, pues no surge ninguna contradicción con la ley mercantil ni hay razones para considerar que las costas se quisieron excluir específicamente de este tipo de casos, más aún si se tiene en cuenta que de no optar por esta solución, el sujeto que sin ninguna culpa fue involucrado en un procedimiento judicial o que se vio obligado a promoverlo, tendría que soportar los desembolsos que en mayor o menor grado fue necesario afrontar con motivo de la contienda.

"Es pertinente señalar que este Alto Tribunal, en la jurisprudencia y la tesis que a continuación se reproducen, respectivamente, ha sostenido: ‘LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL.’ (se transcribe)."

De la ejecutoria anterior derivó la siguiente tesis aislada:

"Séptima Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte

"Página: 83

"COSTAS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS. Lo relacionado con las costas está previsto en los artículos 1081 a 1090 del Código de Comercio, pero dentro de ellos no hay reglamentación referida, a cuando se intenta el juicio ordinario sin obtener sentencia favorable; no obstante, estando reconocidas por el propio código como un modo de resarcir las erogaciones permitidas, que hubieron de efectuarse al demandar lo que en derecho corresponde o para defenderse del proceso injustamente entablado, la procedencia de aplicar supletoriamente las legislaciones locales es manifiesta, pues no surge ninguna contradicción con la ley mercantil ni hay razones para considerar que las costas se quisieron excluir específicamente de este tipo de casos, más aún si se tiene en cuenta que de no optar por esta solución, el sujeto que sin ninguna culpa fue involucrado en un procedimiento judicial o que se vio obligado a promoverlo, tendría que soportar los desembolsos que en mayor o menor grado fue necesario afrontar con motivo de la contienda.

"Amparo directo 436/86. Multibanco Comermex, S.N.C. 22 de enero de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Arroyo Moreno.

"Séptima Época, Cuarta Parte:

"Volúmenes 205-216, página 58. Amparo directo 7175/85. Miyai de México, S.A. 12 de junio de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Carlos G. Ramos Córdova."

c) El antes Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 473/89, emitió la siguiente tesis aislada:

"Octava Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XIV, julio de 1994

"Página: 522

"COSTAS. SUPLETORIEDAD IMPROCEDENTE, EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. Si bien el artículo 1054 del Código de Comercio, establece que los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones del libro quinto de ese ordenamiento y que en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva, sin embargo, es improcedente la aplicación supletoria del artículo 1533 (sic) del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, al Código de Comercio, respecto del pago de costas tanto en primera como en segunda instancias, pues en relación a ello se encuentra el capítulo VII del libro quinto del Código de Comercio, que regula las costas en los juicios mercantiles, por lo tanto, no opera la supletoriedad.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

"Amparo directo 473/89. José Hernández Mata por conducto de su rep. 27 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo."

El mismo criterio sostuvo al fallar el juicio de amparo directo número 383/93, promovido por Banco de Oriente, Sociedad Nacional de Crédito, por unanimidad de votos, el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

Asimismo, dicho Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión número 266/91, sustentó la siguiente tesis aislada:

"Octava Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: IX, febrero de 1992

"Página: 164

"COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. HONORARIOS DE ABOGADOS. En materia mercantil, tratándose de la regulación de costas, no tiene aplicación supletoria la legislación procesal civil local porque el Código de Comercio en el capítulo VII, del título primero, del libro quinto, contempla las normas a que deben sujetarse las costas en esta materia. Así, el artículo 1083 de este último ordenamiento preceptúa como requisito indispensable para el cobro en costas, de honorarios de abogado, que éste sea titulado; y si el interesado no demostró este extremo fue correcto el proceder de la responsable al negarle ese derecho.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

"Amparo en revisión 266/91. Unión de Crédito al Constructor, S.A. de C.V. 26 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna."

d) El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, dictó sentencia en el juicio de amparo directo número 174/2002, que en lo que a esta contradicción de tesis interesa, es del tenor literal siguiente:

"QUINTO. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los siguientes: La resolución reclamada, misma que se impugna mediante el presente juicio de garantías, es violatoria de la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales. Cabe señalar que los agravios expuestos se centrarán, fundamentalmente, respecto de los razonamientos vertidos por el Magistrado responsable en el considerando tercero, por ser dicho considerando el que causa violación a las garantías individuales. Una vez expuesto lo anterior, es de señalarse lo que dispone el último párrafo del artículo 14 (catorce) constitucional que dice: ‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’. Ahora bien, señala el Magistrado responsable que el artículo 11 (once) del Código de Procedimientos Civiles del Estado no es supletorio al de la legislación mercantil, en virtud de que este último ordenamiento contiene suficientemente las reglas para hacer pronunciamiento al respecto. Contrariamente a lo determinado por el Magistrado responsable, se niega que la legislación mercantil, en particular el Código de Comercio, contenga suficientemente las reglas para hacer pronunciamiento respecto de todas las situaciones concernientes a costas, como sucede en el presente caso, cuando la parte actora intenta el juicio ordinario mercantil sin obtener sentencia favorable que acoja sus pretensiones, de ahí que se insista sí se actualiza el supuesto previsto en el artículo 1054 (mil cincuenta y cuatro) del Código de Comercio, para así permitir la supletoriedad adjetiva. Luego entonces, si el Código de Comercio no contiene reglamentación respecto de la condena en costas para la parte que no obtiene sentencia favorable, deberá aplicarse la supletoriedad de la ley adjetiva o, en su defecto, fundarse en los principios generales del derecho; situación que omitió tener en consideración el Magistrado responsable, pues no percibe que no puede llevarse injustificadamente a juicio por la parte actora, y que si se entabla una demanda que conlleva a iniciar una maquinaria judicial, es con la finalidad de obtener una sentencia que acoja parte de las pretensiones que se plantean en la demanda pues, de no ser así, equivaldría a afirmar que el Poder Judicial da trámite a demandas que en un momento dado, aun cuando no se tenga la razón en la misma, en nada perjudicaría a la parte actora al no condenársele al pago de las costas y, por tanto, tal situación resultaría ser violatoria al principio de igualdad entre las partes y al principio de economía procesal, puesto que la parte demandada no tiene por qué absorber los gastos y costas de un juicio que, en síntesis, es injustificado, sea porque la actora no haya probado uno de los elementos de la acción o porque no haya aportado ninguna prueba para justificar su acción; de ahí que, contrariamente a lo aseverado por el Magistrado responsable, sea aplicable al asunto que nos ocupa lo dispuesto por el artículo 11 (once) del Código de Procedimientos Civiles del Estado y, en consecuencia, la parte que no obtenga sentencia favorable debe reembolsar a su contraria las costas del proceso y, por ende, en el asunto que nos ocupa es procedente la condena en costas, máxime que la parte actora pretendía un cobro por la cantidad de $799,658.68 (setecientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 68/100 M.N.), así como también pretendía el pago de los gastos y costas, según se desprende del inciso e) del apartado denominado de las prestaciones de su escrito inicial de demanda, amén de ser una prestación exigida en el punto petitorio tercero del escrito de contestación de demanda. Sirve de apoyo la tesis de la Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte. Página: 83, bajo el rubro y texto siguientes: ‘COSTAS EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LOS ESTADOS. Lo relacionado con las costas está previsto en los artículos 1081 a 1090 del Código de Comercio, pero dentro de ellos no hay reglamentación referida, a cuando se intenta el juicio ordinario sin obtener sentencia favorable; no obstante, estando reconocidas por el propio código como un modo de resarcir las erogaciones permitidas, que hubieron de efectuarse al demandar lo que en derecho corresponde o para defenderse del proceso injustamente entablado, la procedencia de aplicar supletoriamente las legislaciones locales es manifiesta, pues no surge ninguna contradicción con la ley mercantil ni hay razones para considerar que las costas se quisieron excluir específicamente de este tipo de casos, más aún si se tiene en cuenta que de no optar por esta solución, el sujeto que sin ninguna culpa fue involucrado en un procedimiento judicial o que se vio obligado a promoverlo, tendría que soportar los desembolsos que en mayor o menor grado fue necesario afrontar con motivo de la contienda.’. Ahora bien, en lo que respecta a las aseveraciones vertidas por el Juez responsable, en el sentido de que no se actualiza en la especie la fracción I (primera) del artículo 1084 (mil ochenta y cuatro) del Código de Comercio, pues señala que una cosa es que la actora no haya probado uno de los elementos de la acción, y otra que no haya aportado ninguna prueba para justificar su acción; en efecto, de la lectura del resolutivo segundo de la sentencia de primera instancia se desprende que la parte actora no probó los elementos constitutivos de su acción ... pero de ninguna manera se desprende que la parte actora no haya probado uno de los elementos de la acción; de ahí que se insista que la parte actora no haya aportado ninguna prueba para justificar que su poderdante se encontraba legitimado para demandar, al no haber aportado prueba alguna que acreditase la notificación al deudor de la cesión de derechos; en consecuencia, es de señalarse que se actualiza la fracción I (primera) del artículo 1084 (mil ochenta y cuatro) del Código de Comercio, al no rendir prueba alguna que justificara la acción de que la parte actora tiene derecho al pago de las prestaciones exigidas en su escrito inicial de demanda. Prosigue el Magistrado responsable determinando el concepto de costas, así como expone los principios de tratadistas del derecho procesal civil respecto de las costas, advirtiendo para ello tres distintas épocas de evolución del derecho procesal civil para efectos de la aplicación de las costas judiciales, las cuales son ilustrativas para el asunto planteado, concluyendo, para comprender el problema jurídico planteado, con la transcripción del artículo 1084 (mil ochenta y cuatro) del Código de Comercio, a la luz de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país. Y al respecto, se comparten las consideraciones expuestas en la misma, pues el artículo referido expone cada una de las hipótesis en que forzosamente debe existir condena al pago de costas, y que bajo otros determinados supuestos la condena dependerá del juicio del juzgador, quien para tal efecto deberá determinar si se ha procedido con temeridad o mala fe al sustanciarse el proceso. Sin embargo, es de señalarse que la facultad de la condena en costas por parte del juzgador debe ser justa y, en el caso que nos ocupa, se estima que se trata de una resolución que viola lo dispuesto por el artículo 14 (catorce) constitucional al no resolver el juicio con base en las leyes aplicables, y las que aplica al interpretarlas incorrectamente, pues de las constancias que integran el toca, no sólo se advierte una simple sospecha de que la parte actora actúa con temeridad o mala fe, sino que se advierte fehacientemente la mala fe, pues la temeridad o mala fe, consisten en el conocimiento de la ausencia de una justa causa para litigar, y la parte actora no se conformó con la primera instancia, sino que, por el contrario, recurrió en alzada el fallo que se analiza, y en ese sentido puede sostenerse, con base en lo dispuesto por el artículo 82 (ochenta y dos) del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al asunto que nos ocupa, que la actora procedió con temeridad o mala fe, al iniciar un juicio a sabiendas que no tenía realizada a su favor la notificación de la cesión del crédito, pues así se desprende de la lectura de los agravios. Ahora bien, es cierto que el Código de Comercio contempla una condena en costas objetiva y una condena en costas subjetiva, pero desde el punto de vista que se analice, en el asunto que nos ocupa se da la condena en costas desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo, de ahí que no sea válido sostener que el Magistrado responsable no percibe temeridad o mala fe en la conducta procesal de la parte actora, pues la temeridad no se traduce necesariamente en promociones improcedentes con falta de veracidad encaminadas a entorpecer o dilatar el procedimiento sino que, en el caso que nos ocupa, se traduce en intentar un juicio a sabiendas que no está legalmente notificada la parte deudora de la cesión de derechos, pues así se expresa en el escrito de agravios; y la afirmación del Magistrado responsable deviene en infundada cuando afirma que la parte actora sostuvo una pretensión justa, pues si no se entró al estudio de las pretensiones, no se puede determinar si es o no justa, sino lo que se cuestiona es si la actitud de la actora fue correcta o maliciosa a sabiendas de no contar con la respectiva notificación legal o extrajudicial de la cesión de derechos, derivada del crédito que pretende hacer exigible, criterio que compartió la Segunda Sala Civil del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, consideraciones respecto de las cuales el Magistrado responsable fue omiso en tener en consideración al momento del dictado de la resolución señalada ahora como acto reclamado. Motivos suficientes para sostener que al no realizarse en la especie la condena en costas, definitivamente la resolución de segunda instancia es contraria a derecho, en violación de las garantías de seguridad y legalidad previstas en los artículos 14 (catorce) y 16 (dieciséis) constitucionales, motivo por el cual es procedente la concesión del amparo solicitado para el solo efecto de condenar a la parte actora al pago de los gastos y costas. Por tanto, solicito se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto de que se sirva modificar la resolución recurrida y se ordene al Magistrado responsable deje insubsistente la resolución que se reclama, y en otra que dicte, decida sobre la procedencia de la condena en costas. ..."

"SÉPTIMO. Son por una parte infundados y por otra inoperantes, los conceptos de violación propuestos.

"Es infundado el concepto de violación en el que la quejosa sostiene que tratándose de juicios ordinarios mercantiles, tiene aplicación supletoria para la condena en costas, el código adjetivo civil local.

"En efecto, el capítulo VII del título primero del libro quinto del Código de Comercio, contempla las normas a que deben sujetarse las costas en materia mercantil, por tanto, contrariamente a lo que indica la impetrante de garantías, la legislación procesal civil local no tiene aplicación supletoria.

"En este sentido, se comparte la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 164 del Tomo IX, febrero de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘COSTAS EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. HONORARIOS DE ABOGADOS. En materia mercantil, tratándose de la regulación de costas, no tiene aplicación supletoria la legislación procesal civil local porque el Código de Comercio en el capítulo VII, del título primero, del libro quinto, contempla las normas a que deben sujetarse las costas en esta materia. Así, el artículo 1083 de este último ordenamiento preceptúa como requisito indispensable para el cobro en costas, de honorarios de abogado, que éste sea titulado; y si el interesado no demostró este extremo fue correcto el proceder de la responsable al negarle ese derecho.’

"También tiene aplicación la tesis VII.1o.C.46 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, misma que se comparte, consultable en la página 516 del Tomo IX, abril de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. NO ES APLICABLE EL CÓDIGO ADJETIVO LOCAL PARA DETERMINAR LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS PATRONOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Código de Comercio, en sus artículos del 1081 al 1089, contiene un sistema completo de normas que rigen la institución de las costas, entre las que se comprenden obviamente los honorarios de los abogados patronos, no sólo en lo referente al procedimiento concerniente a su regulación, sino también a las bases que deben observarse para cuantificar su monto. En consecuencia, en los juicios mercantiles no es aplicable supletoriamente el artículo 104, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece que para determinar los honorarios de los abogados patronos se estará al contrato de prestación de servicios profesionales respectivo y en defecto de éste al arancel, ya que el Código de Comercio contiene disposiciones que rigen tal aspecto.’."

e) Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al dictar sentencia en el juicio de amparo en revisión número 927/97, sostuvo las siguientes consideraciones:

"Ahora bien, de las constancias de autos precisadas con antelación se pone de relieve, en contra de lo que afirman los quejosos en sus agravios, que el acto reclamado no es transgresor de sus garantías individuales, puesto que a través de ese acto, o sea, la resolución dictada por el tribunal responsable, en la que se confirmó la de primer grado que no aprobó las plantillas de liquidación de costas formuladas por los quejosos, por pretender el cobro de ellas con apoyo en un contrato de prestación de servicios profesionales que acompañaron los ahora recurrentes a sus escritos de contestación de demanda, mismo contrato que no puede servir de base para la pretensión de los demandados, en virtud de que en los juicios mercantiles la regulación de costas debe realizarse conforme al Código de Comercio, criterio que fue sustentado por la Juez de Distrito en la sentencia que se revisa y que a no dudar se encuentra ajustado a derecho ya que, efectivamente, de la detenida lectura de las planillas de liquidación visibles a fojas ciento veintitrés, ciento treinta y cuatro, ciento cuarenta y cuatro y ciento cuarenta y seis del juicio de amparo indirecto se advierte, en síntesis, que por concepto de costas los quejosos piden el pago, cada uno de ellos, de ciento sesenta y dos mil doscientos veinticuatro pesos con sesenta y tres centavos, que resulta acorde con los contratos de prestación de servicios profesionales que los quejosos celebraron con Luis Emilio Fuster Jiménez, Luis Emilio Fuster Montiel, Rubén Jesús Fuster Montiel y María Teresa Betancourt Cordero, en los que se estableció que a título de honorarios se les cubriría a estos últimos el equivalente al veinte por ciento sobre el importe de las prestaciones que se reclamaron en el juicio ejecutivo mercantil, lo que implica que los ahora quejosos, al pretender el cobro de esas costas en términos de lo que al respecto se dispone en los párrafos primero y tercero del artículo 104 del código adjetivo civil local, que en lo conducente establecen lo que sigue: ‘Artículo 104. Siempre será condenado al pago de gastos y costas que incluirán los honorarios del abogado patrono de la contraparte, el litigante que no obtuviere resol

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17913-aa51c0a3/costas-en-materia-mercantil-para-su-cuantificacion-deben · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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