SALARIOS CAÍDOS. LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DERIVA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, AUN CUANDO EL TRABAJADOR NO LO DEMANDE EXPRESAMENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y LA ENTONCES CUARTA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con la finalidad de poder determinar si existe contradicción de tesis, resulta indispensable transcribir las ejecutorias que se denuncian en cuanto al punto contradictorio se refiere, destacando además los antecedentes que sirvieron de apoyo para su emisión.
a) El amparo directo número 642/2002 promovido por Rosa María Guadalupe Álvarez Tostado, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil dos, tiene los siguientes antecedentes y consideraciones:
1. Rosa María Guadalupe Álvarez Tostado, por conducto de su apoderado legal J. Jesús Moreno de la Rosa, demandó de la persona moral Distribuidor Autorizado Sistema Digital Celular, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante la Junta Especial Número Tres, actualmente Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Cuatro de León, Guanajuato, el pago de la indemnización constitucional, prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, salarios devengados y no pagados, así como el pago de cualquier otra prestación a la cual tenga derecho la actora.
Entre otros hechos, señaló que trabajó para la persona moral referida desde los primeros días de enero de dos mil y que el día nueve de marzo fue objeto de despido injustificado.
2. La persona moral demandada no compareció a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que la Junta responsable tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo.
3. En consecuencia, la autoridad al emitir el laudo correspondiente condenó a la persona moral demandada a pagar las cantidades por concepto de indemnización constitucional, prima de antigüedad, pago de vacaciones, aguinaldo y salarios devengados. Por otro lado, absolvió a la demandada del pago de días de descanso legal y obligatorio y del pago de cualquier otra prestación que había solicitado la actora, ya que no especificó la prestación a la que se refiere.
4. La trabajadora promovió juicio de amparo contra el laudo emitido, y expuso como conceptos de violación que la autoridad responsable violó sus garantías individuales al haber absuelto a la parte demandada del pago de salarios caídos, aun cuando fue condenada al pago de la indemnización constitucional.
5. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, a quien correspondió el conocimiento del asunto, resolvió en el amparo directo 642/2002 lo siguiente:
"QUINTO. Son fundados los argumentos que se contienen en el único concepto de violación que expone la parte quejosa. En el caso, de las constancias que integran el juicio de origen se advierte que la actora, ahora quejosa, en su demanda reclamó de la empresa demandada Distribuidor Autorizado Sistema Digital Celular, S.A. de C.V., el pago de las prestaciones consistentes en la indemnización constitucional, prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo, salarios devengados, días de descanso legal obligatorio, así como ‘... el pago de cualquier otra prestación a la cual tenga derecho la actora y a la que los suscritos no nos hayamos referido’, aduciendo haber sido despedida de su trabajo. La Junta del conocimiento admitió la demanda de que se trata, ordenó el emplazamiento de la parte demandada, y luego, ante su inasistencia a la audiencia de ley, tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo. Seguido el juicio por sus trámites, la Junta responsable pronunció laudo, en el cual, por una parte, condenó a la empresa demandada al pago de las prestaciones consistentes en la indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones y salarios devengados, al haber tenido a la demandada por contestada la demanda en sentido afirmativo y, en consecuencia, por cierto el despido que alegó la trabajadora, y por otra, decretó la absolución del concepto relativo a días de descanso legal obligatorio, así como del ‘pago de cualquier otra prestación’, que reclamó en esos términos la actora. Pues bien, asiste razón jurídica a la parte quejosa al señalar en sus argumentos de inconformidad constitucional que la Junta responsable violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no haber decretado condena por concepto de salarios caídos, pues aduce que si condenó a la demandada al pago de indemnización constitucional, entonces, debió también condenar al pago de salarios caídos, por ser una consecuencia directa e inmediata de la acción principal. Lo anterior es así, ya que al señalar el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, y que si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo (sic) establece el derecho en favor del trabajador para que, en caso de que el patrón no compruebe la causa de la rescisión del vínculo laboral, se le cubra el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo, en virtud de que la naturaleza indemnizatoria de esa prestación es consecuencia legal y directa de la acción de despido, ya que se genera por la ruptura de la relación laboral como decisión unilateral e injustificada del patrón. De ahí que si en el caso, la Junta resolutora tuvo por cierto el despido alegado por la trabajadora, debió, en consecuencia, condenar también al pago de salarios caídos, ya que bastaba que se declarara la procedencia de la acción de despido para que se decretara la condena correspondiente al pago de esa prestación, en razón de que ésta se genera como una consecuencia legal y directa de la acción principal, conforme a lo que dispone el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto, ninguna razón práctica se advierte para ordenar la reposición de procedimiento en el juicio laboral, a fin de que la parte trabajadora aclare a qué se refirió cuando reclamó ‘el pago de cualquier otra prestación’, pues siendo los salarios caídos la consecuencia inmediata y directa del despido injustificado, y como éste procedió, entonces, de cualquier manera procede tal prestación. Por tanto, si la Junta no lo apreció así, desatendió lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, que imponen la obligación de emitir los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de pruebas, pero expresando los motivos y fundamentos en que se apoyen para que de esa manera las Juntas estén en posibilidad de emitirlos en forma clara, precisa y congruente con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente, lo que significa violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Es ilustrativa de lo anterior, por sus conceptos jurídicos, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 697 del Tomo III, mayo de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SALARIOS CAÍDOS. ESTA PRESTACIÓN ES CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, Y SI ESTE PROCEDE, TAMBIÉN DEBE DECLARARSE PROCEDENTE AQUELLA. Basta con que el actor en la demanda laboral al reclamar el pago de la acción principal, manifieste «La liquidación que conforme a la ley me corresponda ...» para que si procediera la acción principal de despido, la Junta del conocimiento condene al demandado en el laudo al pago de salarios caídos, en razón de que ésta es una prestación que depende de la principal, es decir, que no es autónoma, sino que es una consecuencia inmediata y directa del despido injustificado, y por tanto, si procede la principal, también debe declararse procedente el pago de salarios caídos.’. Con lo anterior se agota el estudio del concepto de violación expuesto por la parte quejosa, por lo que este Tribunal Colegiado de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, por ser la trabajadora quien acudió al juicio de garantías, procederá a llevar a cabo el análisis integral de lo resuelto en el laudo reclamado. Así, es de señalarse que la decisión de la Junta resolutora de tener por acreditado el despido alegado, no causa agravio a la ahora quejosa, pues es favorable a sus intereses, razón por la cual ese aspecto no puede representar afectación alguna para la quejosa. En cuanto a la condena decretada por la Junta resolutora respecto a la indemnización constitucional por la cantidad de nueve mil pesos, es de señalarse que resulta ajustada a derecho, ya que se trata de un rubro vinculado a la acción principal, por lo que si tuvo acreditado el despido aducido, debía entonces declararse procedente la condena al pago de esa prestación. Y de igual manera es correcta la cuantificación que por tal concepto realizó la responsable, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a un trabajador que es despedido de su trabajo le corresponde el importe de tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional, por lo que si la trabajadora adujo percibir como salario semanal la cantidad de setecientos pesos, el cual se tuvo por cierto al tenerse a la demandada por contestada la demanda en sentido afirmativo por no haber comparecido a la audiencia respectiva y tampoco aportó alguna prueba para desvirtuarlo a cuyo cargo correspondía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 784, fracción XII, del ordenamiento legal invocado, los cuales divididos entre siete días que corresponden a una semana, da una cantidad de cien pesos como salario diario, los que multiplicados por noventa días que corresponden a tres meses, arroja la cantidad de nueve mil pesos, entonces fue acertada la cantidad que por tal concepto determinó la Junta. ... En las condiciones apuntadas, deberá concederse el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, pronuncie otro en el cual, por una parte, reitere la decisión de considerar acreditado el despido alegado, las condenas decretadas por los conceptos de indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, salarios devengados, así como la absolución de la prestación consistente en días de descanso legal obligatorio, y por otra, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria decrete condena en contra de la demandada respecto de la prestación consistente en el pago de salarios caídos."
Respecto al tema tratado no se elaboró tesis aislada.
b) Del amparo directo número 401/1971 dictado por el Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en sesión de veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y uno, derivan los siguientes antecedentes.
1. El quejoso Gilberto Alemán Muñoz demandó de Raúl Hipólito Villareal e Ignacio Hipólito Villareal, ante la Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, el pago de indemnización constitucional por haber sido despedido injustificadamente, entre otras prestaciones (de la ejecutoria enviada por el Tribunal Colegiado no se desprende que hubiere reclamado el pago de salarios caídos).
2. Las personas físicas codemandadas no comparecieron a juicio, por lo que la Junta responsable tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo.
3. La autoridad, al emitir el laudo correspondiente, condenó a la persona física Ignacio Hipólito Villareal a pagar las cantidades por concepto de indemnización constitucional, sin hacer referencia a los salarios caídos. Por otro lado, absolvió a Raúl Hipólito Villareal argumentando que el interés del trabajador quedaba protegido, toda vez que el señor Ignacio Hipólito Villareal había aceptado la relación laboral.
4. Inconforme el trabajador, promovió juicio de amparo contra la anterior resolución y expuso como conceptos de violación, que al punto contradictorio interesan, que la autoridad responsable omitió condenar en su fallo a los demandados sobre el pago de los salarios caídos, en virtud de que resulta indudable que habiéndose declarado procedente la indemnización constitucional, debió también condenar sobre el pago de salarios caídos, aun cuando no se hayan reclamado expresamente.
5. El Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, a quien correspondió el conocimiento del amparo emitió las siguientes consideraciones.
"QUINTO. Es fundado, en cambio, el tercer concepto de violación. En efecto, Gilberto Alemán Muñoz reclamó la indemnización constitucional manifestando que el demandado lo despidió injustificadamente, y después de seguirse el juicio por todas sus fases, la Junta responsable establece que el actor acreditó su acción intentada y condena al demandado al pago de la indemnización mencionada. Ahora bien, debe estimarse que dicha autoridad actúa en forma incorrecta cuando no condena al demandado sobre el pago de los salarios caídos, pues esta prestación es una consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido, y si éstas se tienen por comprobadas, la acción por salarios caídos debe prosperar, aun cuando expresamente no la hubiere deducido el actor. El artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo establece, entre las varias indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador ‘el importe de tres meses de salario y el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones’. Parece obvio, entonces, de acuerdo con el sistema que debe aplicarse para regular las diversas prestaciones a que tiene derecho un trabajador despedido injustificadamente, considerar entre esas prestaciones la indemnización correspondiente ‘en el pago de los salarios caídos’. El criterio anterior se funda, además, en la parte sustancial de la tesis de jurisprudencia que invoca el quejoso, expuesta bajo el número 156, Quinta Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que determina: ‘Los salarios caídos son una consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido o en la rescisión del contrato por culpa del patrón, y si esto se tiene por comprobado, las acciones por salarios caídos, aun reclamados en forma vaga, deben prosperar. Cuando un trabajador es despedido en los términos del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, o rescinde su contrato por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 123 del mismo ordenamiento, tiene inmediata aplicación el artículo 124 de la propia ley, según el cual no sólo tiene derecho a la indemnización de tres meses de salario, sino a ésta y a percibir los salarios vencidos en los términos del artículo 122 de la ley. Lo anterior está indicando que en tales casos el derecho a la indemnización y el pago de salarios vencidos, constituye una sola obligación jurídica, a la que corresponde una acción principal y otra derivada, de manera que cuando se ejercita la de indemnización en forma precisa y las demás que por tal concepto le corresponden, se está reclamando el pago de los salarios caídos en los términos del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo.’. Asimismo, tal criterio se sustentó por este Tribunal Colegiado de Circuito en el diverso amparo directo número 366/71, que se resolvió el veintiocho de agosto último. En consecuencia, deberá concederse el amparo al quejoso, para que la Junta responsable dicte nuevo laudo en el que condene al demandado al pago de los salarios caídos que correspondan, quedando subsistentes las demás consideraciones que informan dicho laudo."
La ejecutoria antes transcrita sostuvo la tesis de rubro y texto literal siguientes:
"SALARIOS CAÍDOS, PROCEDENCIA DEL PAGO DE LOS, AUN CUANDO NO SE EXIJA EXPRESAMENTE. La obligación de pagarlos, es una consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido, y si éstas se tienen por comprobadas, la acción por salarios caídos debe prosperar, aun cuando no se hubiere exigido su pago expresamente conforme lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo."
c) El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco el amparo directo número 6659/95, promovido por el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del que derivan los siguientes antecedentes y consideraciones:
1. El trabajador Adalberto Román López Albores demandó al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el reconocimiento de ser trabajador de base, la determinación de la autoridad de la separación injustificada realizada por el demandado y, en consecuencia, la reinstalación en el puesto que desempeñaba, el cómputo de su antigüedad, el mantenimiento de los beneficios de carácter médico que disfrutaba y el pago de las prestaciones legales y contractuales que dejó de percibir durante el tiempo que permaneció separado.
Entre otros hechos, señaló que inició prestando sus servicios a la demandada desde el primero de mayo de mil novecientos ochenta y nueve hasta el día catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres, que la demandada le entregó un oficio en el cual manifestaba que cesaban los efectos de su nombramiento.
2. El demandado, al contestar, negó acción y derecho al actor, en virtud de que se desempeñó como trabajador de confianza y, por tanto, excluido del régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, además de señalar que el trabajador originó su baja en el empleo en forma justificada.
3. La autoridad, al emitir el laudo correspondiente, condenó al demandado a reinstalar al actor en su puesto de jefe de oficina, así como al pago de salarios caídos con sus incrementos respectivos, aguinaldo, prima vacacional y a otorgarle el disfrute de sus vacaciones al ser reinstalado, así como al reconocimiento de ser trabajador de base.
4. Inconforme el demandado, promovió juicio de amparo en contra de la anterior resolución y expuso como conceptos de violación, que resulta infundada y errónea la condena respecto de salarios caídos que realiza el tribunal, pues esta prestación no fue reclamada.
5. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo número 6659/95 expuso las siguientes consideraciones.
"TERCERO. Los conceptos de violación son infundados. ... Es infundado lo señalado por el promovente en el sentido de que la autoridad de trabajo lo condenó indebidamente al pago de los salarios caídos, ya que a decir de esta parte se trata de una prestación que no fue exigida y la Sala (sic) hizo mal en apoyarse en un criterio derivado de la interpretación de la Ley Federal del Trabajo, diverso al que regula las relaciones laborales entre los titulares de las dependencias burocráticas y los servidores públicos, pues sobre este particular debe decirse, que el haberse determinado el cese en forma injustificada, es indudable que al encontrarse separado el trabajador por una causa imputable al patrón, que se traduce en que debiendo continuar el vínculo de trabajo y consecuentemente a ello a que aquél recibiera los emolumentos correspondientes, al no hacerlo, se traduce en que la sanción que se debe imponer al titular es la de responder de los perjuicios que aquél sufrió y estos son, desde luego, los salarios dejados de recibir, por tratarse de una consecuencia directa e inmediata de la acción relativa a la reinstalación. La consideración anterior encuentra apoyo por analogía en la jurisprudencia 283, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, del Apéndice de jurisprudencia citado, que es del siguiente rubro y texto: ‘SALARIOS VENCIDOS, DERECHO AL PAGO DE LOS, EN CASO DE EJERCICIO DE LAS ACCIONES POR DESPIDO. El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, establece que el trabajador despedido injustificadamente podrá solicitar, a su elección, que se le reinstale o se le indemnice con el importe de tres meses de salario, y que tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo; por tanto, conforme a lo establecido en este precepto legal, se entiende que los salarios vencidos son una consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido o en la rescisión del contrato por culpa del patrón, por lo que para que se condene a su pago, basta que el trabajador ejercite cualquiera de las dos acciones principales señaladas y prospere, para que por consecuencia tenga derecho a que se le otorgue en forma concomitante o correlativa la prestación derivada correspondiente a los salarios vencidos.’. En lo referente a que el criterio jurisprudencial en que se apoyó la Sala derivó de un cuerpo de leyes distinta al de la materia, en la especie debe decirse, que dicha aplicación es analógica, dado que al haberse acreditado que la separación del empleado se realizó injustificadamente, trae como repercusión que se condene además de la reinstalación al pago de los salarios vencidos, como acertadamente lo hizo la Sala. En el mismo orden de ideas, debe mencionarse que si bien es cierto que en la legislación burocrática no existe un precepto que señale el pago de los salarios caídos o consecuencia de un despido injustificado en los términos que refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, y que es de donde derivó la citada jurisprudencia, lo cierto es que de una interpretación sistemática de los artículos que conforman el título segundo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que la intención del legislador de la materia fue la de procurar la estabilidad del empleo y si existe un cese sin justa causa, entonces el titular de la unidad democrática deberá responder, además, de la reinstalación al pago de los salarios caídos; de no estimarse así, entonces, todas las acciones en que se ejercitara en forma expresa la de pago de salarios caídos, serían improcedentes, por el simple hecho de que la ley no lo establece. En esas condiciones, al no ser violatorio de garantías el laudo combatido, resulta procedente negar el amparo solicitado."
De las consideraciones de la ejecutoria antes transcrita derivó la siguiente tesis aislada que se transcribe:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SALARIOS CAÍDOS, PROCEDE SU PAGO AUNQUE NO HAYAN SIDO DEMANDADOS. La circunstancia de que en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no exista ninguna disposición que prevea el pago de salarios vencidos en los casos de un despido injustificado, como se encuentra previsto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, no hace improcedente su reclamación, puesto que esta prestación es una consecuencia necesaria de las acciones de reinstalación o la del pago de la indemnización constitucional; de ahí que si en un juicio se arriba a la conclusión de que el cese fue injustificado y por consiguiente la Sala condena al cumplimiento de la acción principal, así como al pago de los salarios vencidos, aun cuando éstos no hubiesen sido demandados; tal determinación se encuentra ajustada a derecho, en atención a que esta prestación es la consecuencia necesaria de la acción rescisoria sin que haya existido motivo justificado, traducida en los emolumentos que dejó de percibir el trabajador por causas imputables al empleador."
d) Por otra parte, los antecedentes y consideraciones que derivan del amparo directo número 309/92 promovido por Rolando R. Rivera Ochoa, en su carácter de apoderado de María Guadalupe Martínez Hernández, resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito el veinte de mayo de mil novecientos noventa y dos, son los siguientes.
1. La trabajadora María Guadalupe Martínez Hernández a través de su apoderado Rolando R. Rivera Ochoa demandó ante la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, el pago de las prestaciones derivadas del despido injustificado del que fue objeto.
Entre otros hechos, señaló que prestó sus servicios a la demandada desde el veintitrés de abril de mil novecientos noventa hasta el día veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y uno, día en el que fue despedida.
2. La autoridad responsable, al emitir el laudo correspondiente, condenó al demandado a reinstalar a la trabajadora y al pago de los salarios caídos, desde la fecha en que fue despedida injustificadamente hasta aquella en que se diera cumplimiento a la referida resolución. Respecto a las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y reparto de utilidades, resolvió absolver a la empresa del pago de dichas prestaciones, señalando que éstas se generan por el tiempo efectivamente laborado.
3. Inconforme con lo anterior, la actora promovió juicio de amparo en contra de dicha resolución, y expuso como conceptos de violación que la autoridad responsable omitió condenar a la demandada respecto al pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, 5% de aportación al Infonavit, pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante que consideró procedente el pago de los salarios caídos. Ello en atención a que el trabajador tiene derecho al pago de dichas prestaciones de la misma forma que en el caso de los salarios caídos.
4. El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito a quien correspondió el conocimiento del amparo directo 309/92, consideró lo siguiente.
"IV. En lo general son fundados los conceptos de violación transcritos. Del laudo reclamado se advierte que la Junta, al estimar acreditado el despido injustificado, condenó a la sociedad demandada a la reinstalación de la trabajadora y al pago de los salarios caídos, incrementos y mejoras reclamados en los incisos a) y b) de la demanda laboral relativa; sin embargo, la absolución dispuesta respecto de las diversas precisadas en los incisos c) a e) de la propia demanda, que consisten en: ‘c) La continuidad de pago que deberá hacerme la demandada de todas y cada una de las prestaciones que conforme a la Ley Federal del Trabajo tengo derecho, tales como vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, reparto de utilidades, etc., durante la tramitación del presente juicio, como si la relación laboral no se hubiese interrumpido, con los incrementos y mejoras que se generen durante el procedimiento laboral de acuerdo a la ley; d) El reconocimiento que deberá hacer la demandada de la antigüedad que genere durante la tramitación del presente juicio como si la relación laboral no se hubiese interrumpido; e) La continuidad de pago que deberá de hacer la demandada de las aportaciones de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit, durante la tramitación del presente juicio laboral, como si la relación obrero-patronal no se hubiese interrumpido, las mismas a favor del suscrito, por considerar que estas se generan por el tiempo efectivo laboral, y no en el caso que nos ocupa al no existir relación laboral no se puede originar derecho alguno sobre ellas’, es ilegal, porque la existencia de la relación laboral se admitió en la especie y debe entenderse que la misma y, por ende, el tiempo efectivo laborado no se interrumpe en las situaciones en que como la presente se condena a la señalada reinstalación, ya que ésta genera en favor del trabajador todos los derechos que derivan de la prestación de servicios a partir del despido como si no hubiera tal interrupción y lo reintegra en las mismas condiciones y términos en que los desempeñaba, de tal modo que si las prestaciones, como son no sólo los salarios caídos, incrementos y mejoras cuya condena se dispuso en la hipótesis, sino las ya aludidas, se causan durante la tramitación del expediente laboral y, por ese motivo, se reclaman y están vinculadas y son consecuencia necesaria de dicha reinstalación, es evidente que el patrón está obligado a cubrirlas, por lo que el laudo que estimó lo contrario no está ajustado a derecho. Empero, no sucede lo mismo con la absolución de lo reclamado en el inciso f), relativo a que ‘El pago que deberá hacerme la demandada de aquellas erogaciones que llegase a hacer durante la tramitación del presente juicio, por concepto de gastos médicos, medicinas, atención hospitalaria, en virtud de haber sido separada de mi trabajo en forma injustificada’. Lo que debe prevalecer, dado que aunque el razonamiento citado que adujo la Junta es ilegal, según se dijo ya, no existe prueba de que se hubieran hecho gastos por ese concepto, por lo que sería impráctica la concesión del amparo en lo conducente. En otro aspecto, del laudo también aparece que se absolvió a la empresa del pago del tiempo extra reclamado porque la actora, a quien se arrojó la carga de la prueba, no había acreditado haberlas realizado, lo q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17869-9589a18a/salarios-caidos-la-procedencia-de-su-pago-deriva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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