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Modo: Corpus Pro

LAUDO. LOS INTERESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 951, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON LOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCIÓN TARDÍA DE AQUÉL, AUNQUE TAL PRECEPTO NO CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDARLOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2003-SS. · Registro digital (IUS): 18165
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL ANTERIOR PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 485.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL ANTERIOR PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO Y EL ANTERIOR TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el día veintitrés de octubre de dos mil tres, por unanimidad de tres votos, el amparo en revisión número 119/2003, en lo conducente, son las siguientes:

"CUARTO. Los agravios son ineficaces. En efecto, para una mejor comprensión del asunto es menester precisar que una vez que el actor obtuvo laudo a su favor, el diecisiete de octubre de dos mil dos (fojas 117 a 122), la Junta, después de puntualizar las prestaciones acogidas, se limitó a dejar ‘... firme y subsistente por lo demás la condena establecida en el laudo de fecha 22 de octubre de 2001, por no haber sido materia de la concesión, en términos del considerando III de la presente resolución’, con posterioridad se dio inicio a la etapa de ejecución, dentro de la cual, el dieciocho de noviembre siguiente, se despachó auto de ejecución con efecto de mandamiento en forma, para que el actuario requiriera a la empresa Pemex Exploración y Producción el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el laudo de mérito (fojas 123 y 124), con el apercibimiento que de no pagar lo dispuesto, ‘se le embargarán bienes de su propiedad que sirvan para cubrir el monto de lo ordenado, poniéndolos en depósito de la persona y en el domicilio que bajo su responsabilidad designe el actor y si los bienes embargados recaen en dinero o documentos de fácil realización, póngase de inmediato a disposición del actor’, sin que se advierta prueba alguna de que se hubiera dado cumplimiento a lo ordenado, mediante comparecencia de doce de diciembre del mismo año, Rogelio López González, apoderado de la empresa demandada, exhibió el cheque número 0000852, a nombre del actor y a cargo de Bancomer, Sociedad Anónima, así como la constancia de retención de impuestos que suman un total de $426,303.00. Aunado a lo anterior, el veinticuatro de febrero de dos mil tres, el citado apoderado de la demandada compareció a exhibir el cheque número 000116, expedido a cargo de la citada institución de crédito para liquidar la cantidad de $77,862.46, documento que también fue entregado al apoderado del trabajador. Asimismo, el entonces actor solicitó el pago de los intereses a que consideró tener derecho, derivados del contenido del artículo 951, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, que dice: ‘En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: ... VI. El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución.’; sin embargo, el presidente de la Junta basado en que del escrito inicial no se desprendía que los haya demandado, en los laudos dictados el veintidós de octubre de dos mil uno, veintiséis de marzo y diecisiete de octubre, ambos de dos mil dos, no condenó al respecto, pues acordó en la citada comparecencia de veinticuatro de febrero pasado, que no era ‘... momento procesal para la condena de intereses, a mayor abundamiento de que no existe base legal para la condena de intereses, por tanto, no es aplicable el artículo 951, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, y deberá estarse al acuerdo de fecha 28 de enero de 2003 ...’ (foja 133), proveído contra el que interpuso el recurso de revisión (foja 134), aduciendo que los intereses que pretendía son por el tiempo que tardaba en cumplir el reo con el laudo, y que por no estipular porcentaje la ley laboral debía atenderse al artículo 2395 del Código Civil Federal que contempla el nueve por ciento de interés anual, para apoyarse citó dos tesis aisladas emitidas por los entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito (foja 135), y celebrada la audiencia relativa la Junta confirmó el proveído impugnado (fojas 35 a 37) contra el cual, el aludido trabajador promovió el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente recurso de revisión. Puntualizado lo anterior, cabe decir que no le asiste razón al disconforme, al sostener que la sentencia recurrida le causa agravios porque la a quo omitió considerar que los intereses a que se refiere el ya mencionado artículo 951, fracción VI, de la ley obrera, son aquellos que se generan en caso de que no se cumpla con el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de su notificación, aunado a que sí es factible reclamar tales intereses con posterioridad a la emisión del propio laudo. Así es, pues de una correcta intelección de los artículos 945, 950 y 951, fracción VI, del código obrero que, en lo conducente, dicen: ‘Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. ...’, ‘Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo.’ y ‘Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: ... VI. El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución.’, se desprende que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del mismo, y que transcurrido ese término el presidente de la Junta dictará el auto de requerimiento y embargo correspondiente a petición de parte, cuya ejecución corresponderá al actuario que se encuentra facultado para que en la diligencia respectiva proceda a embargar únicamente los bienes necesarios que garanticen el monto de la condena, sus intereses y los gastos de ejecución. Ahora bien, de los preceptos transcritos, específicamente del repetido 951, fracción VI, adverso a lo que sostiene el recurrente, no se puede arribar a la conclusión de que los intereses a que hace alusión esa fracción sean la consecuencia del incumplimiento al laudo en el plazo de setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surte efectos su notificación, pues de haber sido esa la intención del legislador, hubiere establecido de manera clara y precisa en el diverso artículo 940 de la propia legislación obrera, que una de las medidas para la ejecución pronta y expedita consistiría en el pago de los intereses correspondientes en caso de no dar cumplimiento en el lapso previsto, aunado a que la alusión a la palabra ‘intereses’, en el primero de tales preceptos, debe interpretarse que corresponden a aquellos que de manera expresa se reclamaron como parte de las prestaciones en el juicio laboral o se establecieron como sanción en algún convenio que se hubiese celebrado en el juicio para el caso de que alguna de las partes no diera cumplimiento al mismo, pero de ninguna manera, se insiste, debe interpretarse como los que se generan en caso de no acatar el condenado el laudo respectivo en el plazo establecido por el artículo 945 del mismo ordenamiento legal. En atención a lo anterior, no se comparten los criterios sostenidos tanto por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuanto por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en las tesis de rubros: ‘INTERESES EN MATERIA LABORAL, SE REFIERE AL INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO, MAS NO A LAS PRESTACIONES RECLAMADAS.’ y ‘TRABAJADOR. LOS INTERESES SOBRE CANTIDADES QUE LE ADEUDE EL PATRÓN, DEBEN SER RECLAMADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS EL LAUDO.’, aludidas por el recurrente en el escrito de expresión de agravios, cuyos datos de localización se precisan en el propio ocurso. De consiguiente, ante la ineficacia de los agravios y no advirtiéndose deficiencia de la queja que suplir, lo que procede es confirmar la sentencia definitiva recurrida. QUINTO. En términos de lo puntualizado en el anterior considerando y como el criterio ahí sustentando se encuentra en oposición a los sostenidos por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados en el penúltimo párrafo del propio considerando precedente en las citadas tesis, en los que se estima que los intereses a que se refiere el multicitado artículo 951, fracción VI, de la ley laboral, son los que se generan en caso de que no se cumpla con el laudo de condena dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surte efectos su notificación, en consecuencia, debe plantearse la denuncia de posible contradicción de tesis ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo que dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia definitiva autorizada el veintisiete de mayo de dos mil tres, por la Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, en el juicio de amparo número 343/2003, promovido por Sergio David Figueroa Arias, por conducto de su apoderado Gabriel Rivera Casados, contra los actos y la autoridad que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria, mediante la que negó la protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de acuerdo a lo puntualizado en el considerando quinto de esta ejecutoria, procédase a denunciar ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción entre los criterios sustentados por los entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 236/88, y el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo 113/90, y el sostenido por este Tribunal Colegiado en la propia sentencia. Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente. Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Graciela Guadalupe Alejo Luna, Manuel Francisco Reynaud Carús y Eliel E. Fitta García, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. Fue ponente la primera de los nombrados." (fojas 32 a 40 de la contradicción de tesis 171/2003-SS).

CUARTO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primero en Materia Civil de esa circunscripción territorial, al resolver el día veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho el juicio de amparo directo número D. 236/88, sólo en la parte que trasciende a este asunto, son las siguientes:

"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer son parcialmente fundados. ... El amparista aduce que al absolver a la demandada del pago de los intereses la Junta responsable viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 951, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, en materia laboral sí se causan intereses, ya que ese precepto dice que al momento de embargar bienes suficientes serán para garantizar el monto de la condena y de los intereses, por ello éstos no pueden ser otros más los que se derivan de las prestaciones reclamadas. Al respecto debe señalarse que si bien el artículo 951, fracción VI, de la ley reglamentaria del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, determina que se faculta al actuario a embargar bienes para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución, esos intereses a que se refiere son los que se generan únicamente en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, debiendo entenderse una vez que ha quedado firme, mas no que esos intereses se generen con motivo de la condena como erróneamente lo pretende hacer valer el peticionario del amparo. Consecuentemente, es infundada la argumentación del quejoso, pues como bien lo estima la Junta responsable, el pago de los intereses sobre la cantidad a que fue condenada la empresa demandada no lo contempla la Ley Federal del Trabajo, sino en la hipótesis apuntada, por tanto, no puede ser materia del laudo, por lo que su concepto resulta infundado. ... Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Eric Roberto Santos Partido, Carlos Gerardo Ramos Córdova y Enrique Dueñas Sarabia, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe." (fojas 64 vuelta a 69 y, 52 vuelta y frente de la contradicción de tesis 171/2003-SS).

QUINTO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la actualidad Tercero en Materia de Trabajo de esa demarcación territorial, al resolver el día dos de mayo de mil novecientos noventa, por unanimidad de tres votos, el juicio de amparo directo número 113/90, en lo conducente, son las siguientes:

"CUARTO. El primero y tercer conceptos de violación son infundados, y el segundo infundado en una parte y fundado en otra, atento las siguientes consideraciones. ... En el tercer concepto de violación, se alega que la autoridad responsable en forma errónea absolvió a la parte demandada del pago de los intereses causados y que se siguieran causando sobre el importe de la prima de antigüedad, ya que el artículo 951, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo contempla este renglón, por lo que debieron calcularse dichos dividendos sobre la tasa porcentual que en forma máxima cubren las instituciones bancarias a los inversionistas. La anterior argumentación se estima incorrecta por este Tribunal Colegiado, ya que la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis visibles en las páginas 19 y 20, de los Volúmenes 70 y 72, respectivamente, correspondientes a la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, ha sustentado criterio en el sentido de que en la ley laboral no existe disposición alguna que establezca el pago de daños y perjuicios consistentes en los intereses legales sobre las cantidades que adeude el patrón al trabajador, por lo que resulta improcedente reclamar dicha prestación conjuntamente con las que se demanden en un juicio laboral, y si bien es cierto que el artículo 951, fracción VI, de la rey reglamentaria del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, en la que el ahora quejoso sustenta su alegación, determina que se faculta al actuario a embargar bienes para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución, indudablemente debe interpretarse dicha disposición legal en el sentido de que los intereses a que se refiere, son aquellos que se generan únicamente en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación a la parte condenada, debiendo entenderse una vez que ha adquirido firmeza dicho laudo, por lo que si en el caso concreto esto último no ha sucedido, es decir, no ha quedado firme el fallo reclamado, la sola condena a cargo de la parte demandada a fin de que cubra al ahora quejoso la prima de antigüedad correspondiente, de ninguna manera puede generar intereses, amén de que la pretensión del peticionario de garantías en el sentido de que los perjuicios deben calcularse de acuerdo al porcentaje máximo que las instituciones nacionales de crédito hayan cubierto a los inversionistas desde que tuvo derecho a reclamar la prestación por la que se instauró el juicio hasta la fecha en que se cumpla con su pago, carece totalmente de sustentación legal, en tanto que de estimarse procedente la condena por concepto de intereses como se pretende, se incurriría en una franca violación al artículo 16 de la Carta Magna, en razón de que la Ley Federal del Trabajo no prevé esa situación. ... Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los CC. Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, licenciados Juan Miguel García Salazar, Ramiro Barajas Plasencia y José Antonio Hernández Martínez, siendo ponente el segundo de los nombrados. Doy fe." (fojas 80 a 84 vuelta de la contradicción de tesis 171/2003-SS).

SEXTO. Corresponde ahora verificar si existe o no la contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados implicados en la denuncia, contenidos en las ejecutorias acabadas de reproducir.

Con ese propósito es necesario establecer que la contradicción de tesis se suscita cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, ante las cuales adoptan criterios discrepantes; esa diferencia de opiniones se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, siempre que provengan del examen de los mismos elementos.

Así se ha establecido en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, del Tribunal Pleno, cuyos contenido y datos de publicación son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Para efectuar el análisis comparativo entre las ejecutorias concernientes a la denuncia de contradicción de criterios, se destacarán los aspectos relevantes en que exista coincidencia respecto a las cuestiones jurídicas examinadas y aquellos en los que se advierta la diferencia de opinión, pues ello permitirá conocer si en efecto incurren en la divergencia acusada.

Trazado este plan de estudio, debe decirse lo siguiente:

En principio, es pertinente acotar que en todos los asuntos de los cuales derivaron las ejecutorias respectivas, los actores pertenecieron a la clase trabajadora y dedujeron sus acciones en contra de quienes fueron sus patrones, obteniendo cada uno de ellos en laudo favorable, el derecho al pago de diversas prestaciones de índole laboral.

Ahora bien, el punto jurídico común a todos los Tribunales Colegiados, se refiere a la interpretación de la fracción VI del artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo, que es del tenor siguiente:

"Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes:

"...

"VI. El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución."

El análisis jurídico de ese precepto y fracción legales condujo a los Tribunales Colegiados a conclusiones diversas, como se verá enseguida.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el veintitrés de octubre de dos mil tres, por unanimidad de tres votos, el amparo en revisión número 119/2003, sostuvo, esencialmente, que los intereses a los que se refiere el citado precepto y fracción de la ley de la materia, no son aquellos que se generen en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de su notificación, en términos del artículo 945 de la citada normatividad, pues de haber sido esa la intención del legislador, habría establecido de manera clara y precisa, en el diverso numeral 940, que una de las medidas para la ejecución pronta y expedita consistiría en el pago de los intereses correspondientes en caso de no darse el cumplimiento en el lapso previsto, sino que tales intereses corresponden a aquellos que de manera expresa se reclamaron como parte de las prestaciones en el juicio laboral, o se establecieron como sanción en algún convenio celebrado en el juicio para el evento de que alguna de las partes no lo cumpliera.

Es importante precisar que en el laudo de cuya ejecución se trató, la parte demandada, Pemex Exploración y Producción, fue condenada a pagar al actor en forma correcta su pensión jubilatoria, sus diferencias e incrementos, así como también las diferencias en el pago de la prima de antigüedad, que fueron demandadas en términos del Reglamento de Trabajo de Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos, es decir, como prestaciones extralegales o contractuales.

Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Primero en Materia Civil de dicha circunscripción territorial, al resolver el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de tres votos, el amparo directo número 236/88, sostuvo, esencialmente, que los intereses a los que se refiere el citado precepto y fracción de la ley de la materia, son aquellos que se generen en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de su notificación, una vez que ha quedado firme, pero que esos intereses no se generan con motivo de la condena, pues ello no lo contempla la Ley Federal del Trabajo más que en la hipótesis anunciada.

De esta ejecutoria derivó la tesis del rubro y tenor siguientes:

"Octava Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XV-II, febrero de 1995

"Tesis: VI.1o.39 L

"Página: 381

"INTERESES EN MATERIA LABORAL, SE REFIERE AL INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO, MAS NO A LAS PRESTACIONES RECLAMADAS. Si bien el artículo 951, fracción VI de la ley reglamentaria del artículo 123, apartado A de la Constitución General de la República, determina que se faculta al actuario a embargar bienes para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución, esos intereses a que se refiere son los que se generan únicamente en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, debiendo entenderse una vez que ha quedado firme, mas no que esos intereses se generen con motivo de la condena a cubrir las prestaciones reclamadas.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

"Amparo directo 236/88. Salomón Romero España. 21 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun."

En el laudo correspondiente, la parte demandada fue condenada a pagar al actor su indemnización constitucional por despido injustificado consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicios prestados, prima de antigüedad, salarios vencidos desde la época de la rescisión y hasta que se cumpla el laudo, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, una semana de salarios retenidos, a enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit las cuotas relativas por todo el tiempo que duró la relación de trabajo, prestaciones de carácter eminentemente constitucional y legal.

Finalmente, el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la actualidad Tercero en Materia de Trabajo de la misma demarcación territorial, al resolver el dos de mayo de mil novecientos noventa, por unanimidad de tres votos, el amparo directo número 113/90, sostuvo, esencialmente, que la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, estableció el criterio de que en la ley laboral no existe disposición alguna que establezca el pago de daños y perjuicios consistentes en los intereses legales sobre las cantidades que adeude el patrón al trabajador, por lo que es improcedente reclamar dicha prestación conjuntamente con las que se demanden en un juicio laboral. Que si bien es cierto el artículo 951, fracción VI, de la ley reglamentaria del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República faculta al actuario a embargar bienes para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución, tales intereses son aquellos que se generen en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación a la parte condenada, una vez que ha adquirido firmeza el mismo, lo que en el caso no ha sucedido, de modo que la simple condena a cargo de la parte demandada al pago de la prima de antigüedad correspondiente no puede generar intereses de ninguna manera. Asimismo, este órgano colegiado determinó que la pretensión de que los perjuicios deben calcularse de acuerdo al porcentaje máximo que las instituciones nacionales de crédito hayan cubierto a los inversionistas desde que se tuvo el derecho a reclamar la prestación por la que se instauró el juicio hasta la fecha en que se efectúe el pago, carece de sustento legal pues implicaría violación al artículo 16 de la Carta Magna en razón de que la Ley Federal del Trabajo no prevé esa situación.

De esta ejecutoria derivó la tesis de rubro y tenor siguientes:

"Octava Época

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: VII, enero de 1991

"Página: 509

"TRABAJADOR. LOS INTERESES SOBRE CANTIDADES QUE LE ADEUDE EL PATRÓN, DEBEN SER RECLAMADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS EL LAUDO. En la Ley Federal del Trabajo, no existe disposición alguna que establezca el pago de daños y perjuicios consistente en los intereses legales sobre las cantidades que adeude el patrón al trabajador, por lo que resulta improcedente reclamar dicha prestación, y si bien es cierto que el artículo 951, fracción VI, del ordenamiento legal en cita, determina que se faculta al actuario a embargar bienes para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución, indudablemente debe interpretarse dicha disposición legal en el sentido de que los intereses a que se refiere son aquellos que se generan en caso de que no se cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que surte efectos la notificación.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

"Amparo directo 113/90. Raymundo Gutiérrez López. 2 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretaria: Gloria Fuerte Cortés."

En el laudo relativo la parte demandada fue condenada a pagar al actor su prima de antigüedad legal y demás prestaciones contractuales consistentes en ayuda para renta, alto costo de vida y ayuda para despensa.

Tales son, en síntesis, los criterios de los Tribunales Colegiados ante la problemática planteada.

Antes de precisar los términos en que se suscita la contradicción, en sentido estricto, es pertinente destacar que al tenor de la reseña efectuada con antelación se advierte que existe divergencia en las prestaciones laborales demandadas en los juicios de origen, hasta el punto en que difieren de uno a otro, como también su causa, pues en algunos casos se trató de pretensiones extralegales o contractuales, mientras que otros fueron de carácter eminentemente legal.

Sin embargo, tal circunstancia no sería trascendente a la existencia de la contradicción, pues esa diferencia se suscitó en los juicios laborales correspondientes, mas no impidió que los Tribunales Colegiados interpretaran el mismo dispositivo legal, el artículo 951, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer su sentido y alcance en torno a los intereses que deben quedar asegurados o garantizados con el embargo, hasta el punto en que la divergencia de opiniones se suscitó en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, como resultado del examen de ese precepto y fracción legales, concluyendo así en el análisis de la misma cuestión jurídica, de aquí que exista materia para la oposición de los criterios.

Precisado lo anterior y en atención a las consideraciones sustentadas por cada Tribunal Colegiado, debe decirse que la contradicción de tesis consiste en dilucidar lo siguiente:

a) Si los intereses a los que se refiere la fracción VI del artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo:

• son aquellos que expresamente se demandaron como prestaciones en el juicio laboral y, por tanto, se causan con motivo de la condena, o se establecieron como sanción en algún convenio celebrado en el juicio para el caso de que alguna de las partes no lo cumpliera, o bien,

• corresponden a aquellos que se generen en caso de que la parte demandada no cumpla el laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a su notificación.

Concomitantemente a lo anterior:

b) Si conforme a dicho precepto y fracción es posible reclamar como prestación en ju

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18165-28294faf/laudo-los-intereses-a-que-se-refiere-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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