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Modo: Corpus Pro

SOBRESEIMIENTO. NO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO UNA VEZ ADMITIDA LA DEMANDA EL QUEJOSO NO ATIENDA EL REQUERIMIENTO DE QUE EXHIBA UNA COPIA DE ÉSTA PARA EMPLAZAR A UN TERCERO PERJUDICADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19917
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMI
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1694.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: JOSÉ LUIS RAFAEL CANO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, y 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, ya que no obstante que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada corresponde a la materia común, en el caso de que se trata no se hace necesaria la intervención del Tribunal Pleno, toda vez que sobre el tema en particular existen criterios que ayudan a resolver la materia de la contradicción.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, mediante su presidente, que resolvió uno de los asuntos en los que se plasmó uno de los criterios que participan en esta contradicción.

TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver en sesión de uno de septiembre de dos mil seis, el amparo en revisión laboral 434/2006, en la parte que interesa, estableció:

"CUARTO. Los agravios expuestos resultan ineficaces. El recurso de revisión motivo del toca se interpuso contra la resolución de cinco de abril de dos mil seis dictada en el juicio de amparo indirecto número 184/2006-IV, por la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. Dicho juicio se formó con motivo de la demanda de garantías promovida por Multimedios Cinemas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, contra el acto de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, consistente en el procedimiento y laudo dictado en el juicio 182/2004, así como el embargo por la cantidad de cuatro mil quinientos pesos trabado en contra de la solicitante de amparo. Al aceptar la competencia que le fue planteada por el Juez Primero de Distrito, con sede en esta ciudad, la Juez Cuarto de Distrito, con residencia en León, desechó la demanda en relación con los actos consistentes en el procedimiento y laudo respectivos, por falta de interés jurídico al no haber sido parte en dicho asunto, y la admitió respecto del embargo reclamado, teniéndose como terceros perjudicados a Óscar López Torres y Juan Pérez, reservándose a acordar respecto de los terceros perjudicados que pudieran advertirse de las constancias que remitiera la responsable al rendir su informe; asimismo, determinó que toda vez que la quejosa había señalado como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en cerrada Morón, número 79 Altos, Embajadora, en Guanajuato, Guanajuato, se ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en turno en esta ciudad, para que en auxilio de dicho juzgado, notificara tal proveído a la solicitante de amparo, para que en el término de tres días contados a partir de que se le notificara, mencionara domicilio en la ciudad de León, Guanajuato, con el apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, las subsecuentes se le harían por medio de lista, aun las de carácter personal. El mencionado exhorto fue devuelto debidamente diligenciado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, a quien por turno le fue remitido, del que se desprende que el acuerdo de admisión y requerimiento de domicilio le fue notificado a la quejosa por medio de lista publicada el trece de marzo de dos mil seis en el juzgado exhortante, al no haber sido posible su notificación personal en el domicilio señalado para tal efecto, no obstante habérsele dejado citatorio en el mismo. En consecuencia, mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil seis, la Juez de Distrito hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio y se ordenó realizar las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista. Asimismo, la juzgadora tuvo por recibido el escrito signado por el apoderado legal de la quejosa, mediante el cual exhibió como prueba, copia certificada del expediente de donde emanó el acto reclamado. Atendiendo a lo anterior, la Juez de Distrito determinó que toda vez que en auto de seis de marzo de dos mil seis se había reservado a acordar respecto de diversos terceros perjudicados que pudieran advertirse de las constancias del expediente, y considerando que de la copia certificada del juicio laboral del que emanó el acto reclamado se advertía que en el mismo se demandó a Circuito Estrellas de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien conforme al artículo 5o., tiene tal carácter, se requirió a la solicitante de amparo para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación, exhibiera una copia más de su escrito de demanda, para estar en posibilidad de emplazar a la tercero en mención, apercibiéndola que de no dar cumplimiento, con apoyo en lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 116, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se sobreseería fuera de audiencia el juicio. Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil seis, previa certificación secretarial de que no se dio cumplimiento al requerimiento formulado dentro del plazo mencionado, la Juez Federal hizo efectivo el apercibimiento decretado y determinó sobreseer en el juicio fuera de audiencia. En contra de tal resolución la ahora recurrente expone como primer agravio que es incorrecta, en razón de que el auto de nueve de marzo de dos mil seis en donde se le requirió para que señalara domicilio en León, Guanajuato, debió haberse notificado en el precisado en el (sic) escrito de demanda de amparo, esto es, el ubicado en cerrada Morón, número 79 Altos, Embajadora, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Tal argumento resulta inoperante en razón de que se encuentra dirigido a combatir una actuación dentro del juicio, como lo es la notificación del auto por virtud del cual la Juez Cuarto de Distrito aceptó su competencia para conocer del asunto, que no es materia del recurso que se analiza, en el que se recurrió el acuerdo de sobreseimiento dictado por la Juez Federal. Con independencia de lo anterior, de autos se desprende que la notificación de tal acuerdo sí fue realizado en el domicilio que señaló para recibir notificaciones (cerrada Morón, número 79 Altos, Embajadora, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato), y fue por no habérsele encontrado luego de dejarle citatorio, que se le notificó tal proveído por medio de lista fijada en los estrados del juzgado, lo cual es acorde con lo dispuesto por el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo; máxime que el hecho de que a dicha solicitante de amparo le fuera notificado legalmente tal acuerdo admisorio, se corrobora con los escritos presentados por ésta en el juicio el veintisiete y treinta y uno de marzo de dos mil seis ante el Juzgado Federal. Por otra parte, la recurrente afirma que es ilegal la resolución recurrida en virtud de que si al promover la demanda se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato (en donde se presentó inicialmente dicha demanda de amparo), lugar éste en que se encuentra el domicilio de la responsable, Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es ahí en donde se debió de notificar todos y cada uno de los requerimientos de forma personal, y no por medio de lista. De igual forma resulta ineficaz tal argumento, toda vez que resulta ajustada a derecho la determinación de la juzgadora en ese sentido, en virtud de que el requerimiento para señalar domicilio en León, Guanajuato, cuando la demanda fue promovida en la capital, deriva de que el Juez al que inicialmente correspondió conocer de la misma declinó su competencia para conocer del asunto, y la remitió al Juzgado de Distrito en turno con sede en León, Guanajuato, el que al aceptarla, ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en turno en esta ciudad, para que en auxilio de dicho Juzgado, notificara tal proveído a la solicitante de amparo, para que en el término de tres días contados a partir de que se le notificara, mencionara domicilio en la ciudad de León, Guanajuato, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes se le harían por medio de lista, aun las de carácter personal, lo cual tiene apoyo en el artículo 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; y si bien las subsecuentes notificaciones, entre las que se encuentra el requerimiento cuyo incumplimiento dio origen al sobreseimiento decretado, fueron notificadas por medio de lista publicada en los estrados del juzgado, tal circunstancia se debió a que, no obstante haber sido notificada, la quejosa no señaló domicilio en el lugar del juicio dentro del plazo precisado, por lo que mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil seis, la Juez de Distrito hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio y se ordenó realizar las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista, lo cual es acorde con lo previsto en el mencionado numeral 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otro lado, la recurrente afirma que en el escrito de demanda de amparo se exhibieron todas las copias para las partes incluyendo los terceros perjudicados que se mencionaron en el escrito de demanda de garantías, por lo que si la Juez de Distrito designó a otro tercero perjudicado, resulta que el propio juzgado debió llamarlo a juicio y no pretender que la quejosa exhibiera más copias y con un apercibimiento que de no exhibirlas se sobreseería el juicio de amparo, ya que no es razón fundada para sobreseer un juicio de garantías ya admitido a trámite y fijada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tal argumento resulta infundado. Para explicar tal determinación conviene precisar que, doctrinalmente, en todo proceso las partes se someten a las reglas procedimentales establecidas en la ley que lo rija, y atendiendo a tales lineamientos se desarrolla la sustanciación del juicio, conformado por una serie de conductas a cargo de las partes o terceros. En relación con lo anterior, se precisa que una obligación procesal se traduce en una conducta procesal impuesta legalmente a una parte o tercero con fines de tutela de un interés ajeno o actividad jurídica ejercida en el proceso por un sujeto en beneficio de otro, y de no acatarse, el juzgador puede ordinariamente hacer valer las medidas de apremio que correspondan, a fin de que tal obligación sea cumplida; mientras que la carga procesal constituye una necesidad de ejercer en el proceso una determinada actividad que pesa sobre una parte, a fin de evitar un perjuicio o para obtener sentencia favorable. En este tenor, la carga procesal se define como una clase de deberes cuya inobservancia no implica precisamente violación de un imperativo legal, puesto que ocurren en ejercicio de una libertad legalmente reconocida; es decir, se trata de la necesidad de una de las partes, de actuar en cierto sentido para no sufrir cierto inconveniente procesal. Una vez precisado lo anterior, es de mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Amparo, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, se encuentra el relativo a la expresión de la existencia de los terceros perjudicados (fracción II), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una persona que tenga la calidad de tercero perjudicado, en términos del artículo 5o., fracción III, de la misma ley, es evidente que debe reconocerle tal carácter, no obstante que el quejoso no lo haya mencionado en su escrito, a fin de que tenga conocimiento de la demanda promovida, lo cual es acorde con lo dispuesto por los artículos 5o. y 147 de la Ley de Amparo, y a la luz de la garantía de audiencia que tutela el propio artículo 14 de la Constitución Federal. Asimismo, el artículo 120 de la Ley de Amparo, prevé que con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudicado, el Ministerio Público y para la tramitación del incidente de suspensión, en caso de que se solicite, mientras que, por su parte, el artículo 146 de la norma en cita, dispone que si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; y si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el Juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso. De lo dispuesto en los numerales referidos, todos de la Ley de Amparo, se desprende que la presentación de las copias necesarias para emplazar a las partes constituye una carga procesal a cargo del solicitante de garantías y, por tanto, la consecuencia de que no se lleve a cabo por parte del interesado origina un detrimento en sus expectativas procesales, por la imposibilidad de obtener un resultado favorable ante su incumplimiento. Ahora, si bien el apercibimiento que prevé dicho numeral 146 de la Ley de Amparo, para el caso, entre otros, de que, previo requerimiento, el quejoso no presente las copias dentro del término señalado, es que se tenga por no interpuesta la demanda, lo cierto es que así sucede cuando la misma no ha sido admitida, pero no existe impedimento legal para que el Juez, aun habiéndose admitido la demanda, durante la sustanciación del juicio verifique el cumplimiento de los requisitos previstos por los artículos 116 y 120 de la Ley de Amparo, y cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, en caso de advertir una omisión o irregularidad, requerir al quejoso para que la subsane y, en caso de no hacerlo dentro del plazo concedido, sobreseer en el juicio con base en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 116 y 120 del propio ordenamiento, al incumplirse con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; de ahí que se actualice una causa de improcedencia, pues con la no presentación de la copia para notificar al tercero perjudicado, la parte quejosa deja de cumplir con una carga que la ley le impone a fin de emplazar a dicha parte y, en consecuencia, queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, en quien recae la obligación de exhibir las copias necesarias para tal efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Amparo, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa. Robustece la anterior determinación la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CI, página 148, que es del tenor siguiente: ‘TERCER PERJUDICADO, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE SU DOMICILIO (SOBRESEIMIENTO).’ (se transcribe). Asimismo, corrobora la determinación de que ante la advertencia de la falta de uno de los requisitos necesarios para la promoción de una demanda de amparo, una vez admitida ésta, es procedente el sobreseimiento del juicio, al tratarse de una carga procesal cuyo cumplimiento le corresponde al solicitante de amparo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 38, Primera Parte, página 27, que sostiene: ‘FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe). Así con la tesis de jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de dos mil dos, página 211, que es del tenor siguiente: ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). No pasa inadvertido que el criterio expresado no rige en materia agraria, donde el juzgador de amparo debe ordenar la expedición de las copias respectivas (artículo 221 de la Ley de Amparo), ni tampoco en la materia penal, en donde en amparo directo se impone esa misma obligación a la autoridad que conozca del juicio (artículo 168, último párrafo); sin embargo, tales casos de excepción están previstos expresamente en la Ley de Amparo, la que, por regla general, impone a los quejosos la carga de exhibir las copias para el emplazamiento de los terceros perjudicados, sin que el juzgador pueda oficiosamente ordenar su expedición, porque al tratarse de una carga procesal que pesa sobre la parte quejosa, el Juez de Distrito no puede otorgar una ventaja indebida a alguna de las partes, en detrimento de su imparcialidad, sustituyéndose indebidamente a esa parte. Una vez precisado lo anterior, es de mencionar que, en el caso, la quejosa al promover la demanda de garantías manifestó que los actos reclamados emanan del embargo decretado en bienes de su propiedad, derivado de un juicio laboral en el que, afirma, no tiene el carácter de parte en dicho asunto; de lo que se deduce que lo que se reclama en el juicio son actos que afectan el patrimonio del solicitante de amparo. Como se mencionó, al admitir a trámite la demanda la Juez mediante auto de seis de marzo de dos mil seis reservó a acordar (sic) respecto de diversos terceros perjudicados que pudieran advertirse de las constancias del expediente, y de la copia certificada del juicio laboral del que emanó el acto reclamado, exhibida por la parte quejosa como prueba documental, determinó que se advertía que en dicho asunto se demandó a Circuito Estrellas de Oro, por lo que se le tuvo a éste como tercero perjudicado en el juicio, lo cual es acorde a derecho, en razón de que, conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, tiene tal carácter la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo asunto cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento, como aconteció en el caso. Asimismo, en el mismo auto de veintiocho de marzo de dos mil seis, se requirió a la solicitante de amparo para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su notificación, exhibiera una copia más de su escrito de demanda, para estar en posibilidad de emplazar a la tercero en mención, lo cual, como se dijo, es acorde con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, de autos se desprende que no obstante que tal requerimiento le fue notificado de forma personal a la quejosa, por medio de lista fijada en los estrados del juzgado (al no haber mencionado domicilio en el lugar del juicio), no dio cumplimiento a la prevención que le fue formulada dentro del plazo que le fue concedido, dado que el requerimiento se le notificó el veintinueve de marzo de dos mil seis, surtiendo efectos al día siguiente, por lo que tal plazo transcurrió del treinta y uno de marzo al cuatro de abril de dos mil seis, sin contar los días uno y dos de abril por ser inhábiles, mientras que la juzgadora hizo efectivo el apercibimiento respectivo el cinco de abril de este año; de lo que se deduce que fue ajustado a derecho el sobreseimiento decretado, al tener sustento en lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 116, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, concatenados con los diversos 120 y 146, todos de la Ley de Amparo, que, si bien estos últimos no fueron citados por la juzgadora, constituyen el fundamento legal del sobreseimiento decretado; deviniendo de lo anterior lo infundado del agravio en estudio. No pasa inadvertido para este tribunal, que el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al emitir la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 109-114, Sexta Parte, página 55, de rubro: ‘COPIAS EN EL AMPARO, SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA POR FALTA DE. IMPROCEDENCIA.’, sostiene que si el Juez de Distrito apercibe a la quejosa para que, si no presenta una copia más para emplazar a un tercero perjudicado, se sobreseerá el juicio y efectivamente así lo hace fuera de audiencia, esto resulta ilegal, ya que, sostiene dicho órgano jurisdiccional, en tal situación el juzgador no debe sobreseer el amparo, sino valerse de los medios de apremio señalados por el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, para obtener las copias faltantes. Sin embargo, no obstante que tal tesis aislada no es obligatoria para este tribunal, al haber sido emitida por un órgano de la misma jerarquía que el que resuelve, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, lo cierto es que no se comparte tal criterio sostenido en la tesis en mención, en razón de que, como se explicó, de lo dispuesto por los artículos 120 y 146 de la Ley de Amparo, en concatenación con el 116, se desprende que la presentación de las copias necesarias para emplazar al tercero perjudicado constituye una carga procesal a cargo del solicitante de garantías y, por tanto, como toda carga procesal, la consecuencia de que no se lleve a cabo por parte del interesado origina un detrimento en sus expectativas procesales, por la imposibilidad de obtener un resultado favorable ante el incumplimiento de tal carga procesal, sin que en tal supuesto sea procedente que el juzgador se haga valer de los medios de apremio mencionados por el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que, como se dijo, la utilización de tales medidas opera únicamente cuando se trata de obligaciones procesales que, al tratarse de conductas impuestas legalmente a cargo de alguna de las partes, el juzgador se encuentra obligado a verificar su cumplimiento e, incluso, a utilizar medidas de apremio para hacerlas cumplir; pero, como se mencionó, el hecho de que el quejoso no presente las copias necesarias para el emplazamiento de los terceros perjudicados dentro del término señalado, constituye una carga procesal cuyo incumplimiento por parte del quejoso, como interesado en la sustanciación del juicio, origina que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional y, por tanto, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no presentación de la copia para notificar al tercero perjudicado, la parte quejosa deja de cumplir con una carga que la ley le impone a fin de emplazar a dicha parte y, en consecuencia, queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, en quien recae el deber de exhibir las copias necesarias para tal efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Amparo, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que, se reitera, se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la quejosa. Por tanto, al diferir este tribunal del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la tesis antes referida, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, lo procedente es denunciar la posible contradicción de tesis, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien defina lo que corresponda. Por otra parte, resulta infundado lo afirmado por el recurrente con relación a que resulta ilegal que una vez admitida la demanda y fijada la fecha para la audiencia constitucional, la Juez sobreseyera en el juicio fuera de audiencia. Así se afirma en razón de que el hecho de que el sobreseimiento en el juicio de amparo en mención se haya decretado mediante un auto emitido antes de la audiencia constitucional, en el caso no implica perjuicio alguno en contra de la parte quejosa, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir sustanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la determinación que al respecto se obtenga; además de que tal actuar, va íntimamente ligado a dos principios de la administración de justicia que se hayan insertos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en diversos ordenamientos legales, que si bien es cierto en muchos casos no se encuentran literalmente previstos, se obtienen de la interpretación armónica de la justicia y el derecho; siendo estos principios, los siguientes: a) La celeridad en el proceso, que se establece como una garantía individual en el artículo 17 constitucional, al imponer la obligación a los órganos jurisdiccionales de impartir justicia pronta y expedita; y, b) Que la administración de justicia tenga por objeto resolver controversias que busquen el mantenimiento de la armonía social, y no la sustanciación de juicios estériles que únicamente acarreen como consecuencia la dilapidación de recursos del Estado en procesos vanos. Además, de acuerdo con el principio rector del juicio de amparo, que consagra la obligación del tribunal que conoce de este medio de control constitucional, de examinar de oficio y en cualquier etapa del juicio las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, el cual se encuentra plasmado en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo; razón por la cual ningún perjuicio le causa a la parte ahora recurrente el sobreseimiento en el juicio, decretado antes de la audiencia constitucional, por haberse actualizado una causal de improcedencia, como lo es el incumplimiento de uno de los requisitos necesarios para la promoción del juicio dentro del plazo respectivo, consistente en la falta de exhibición de copia para el emplazamiento del tercero perjudicado, lo cual tiene fundamento en lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 116, fracción II, concatenados con los diversos 120 y 146, todos de la Ley de Amparo, que no podría ser desvirtuada ni aun celebrándose tal audiencia. Resulta aplicable al presente asunto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que sostiene: ‘SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.’ (se transcribe). Por otra parte, si bien en diverso agravio se afirma que el hecho de que no se señalara en la demanda como tercero perjudicado a Circuito Estrellas de Oro, Sociedad Anónima de Capital Variable, no le causa ningún perjuicio a ésta, en virtud de que a quienes se le embargaron bienes fue a la ahora recurrente, resulta infundado tal argumento toda vez que, como se mencionó, conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero perjudicado, entre otros, la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento, como aconteció en el caso, en el que la quejosa al promover la demanda se ostentó como tercero extraño a un juicio laboral en el que dicha empresa tiene el carácter de demandado y, por tanto, le asiste el carácter de tercero perjudicado en el juicio intentado. Por úl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19917-fefb5699/sobreseimiento-no-procede-decretarlo-fuera-de-la-audiencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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