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Modo: Corpus Pro

CONVENIO LABORAL. LA NULIDAD DEL CELEBRADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA DAR POR CONCLUIDO UN CONFLICTO, DEBE DEMANDARSE EN UN NUEVO JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19919
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1058.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las que deriva la denuncia, corresponden a la materia del trabajo en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

TERCERO. A continuación se transcribirán las ejecutorias denunciadas como contradictorias, solamente en la parte que contienen las consideraciones que pudieran entrañar divergencia de criterios.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 461/2005, promovido por Enlaces Terrestres Nacionales, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de dieciséis de mayo de dos mil seis, consideró en lo conducente lo siguiente:

"SEXTO. ... Sobre el particular, es menester invocar el artículo 876, fracción III, de la ley laboral, que dispone: ‘Artículo 876.’ (se transcribe). Del precepto anterior, queda claro que el ordenamiento laboral contempla la posibilidad de que las partes se avengan, con lo cual se dará por terminado el conflicto, en la inteligencia que el convenio que celebren, al ser autorizado por la Junta ‘producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo’, es decir, que las partes deberán estar a lo acordado y autorizado por la Junta. Consecuentemente, si las partes en un conflicto laboral pueden celebrar un convenio que, una vez autorizado por la Junta, producirá todos los efectos inherentes a un laudo, debe concluirse que cuando las partes deciden llegar a un arreglo conciliatorio y así lo plasman en un convenio, sancionado por la autoridad laboral correspondiente, es válido conforme al artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, es importante destacar que la celebración de un convenio, pone de manifiesto que las partes contendientes han llegado a un arreglo sobre sus respectivas pretensiones y, mientras no se declare la nulidad de lo convenido, a través del juicio de nulidad correspondiente, lo plasmado en el acuerdo de voluntades debe estimarse ajustado a la realidad, sin que baste para esa declaratoria la sola manifestación del actor de estar inconforme con lo que hizo su apoderado, pues esa manifestación, los motivos que la sustenten, las pruebas que las acreditan y la respuesta de su contraparte y sus propios medios probatorios, deben formar parte de dicha acción de nulidad, misma que al no aparecer en autos que se haya sustentado, conlleva a concluir, que la impugnada ‘regularización’ sí entrañe una revocación de la resolución que aprobó y elevó a la categoría de laudo ejecutoriado el convenio celebrado entre las partes. Tienen aplicación la tesis sostenida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación; Volumen Quinta Parte, LX (sic), que dice: ‘NULIDAD DE LOS CONVENIOS LABORALES. ES NECESARIO HACERLA VALER EN JUICIO.’ (se transcribe). De igual manera se comparten los criterios aislados de Tribunales Colegiados cuyos textos y datos de localización son los siguientes: En primer término, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se localiza en la página 415 del Tomo IX, mayo de 1992 del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CONVENIOS. SU NULIDAD SÓLO PROCEDE COMO ACCIÓN EN JUICIO AUTÓNOMO Y NO COMO INCIDENTE DENTRO DEL MISMO PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). En segundo lugar, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 119 del Tomo VI, Segunda Parte-I, julio a diciembre del 2001 del Semanario Judicial de la Federación, que señala: ‘CONVENIO. VÍA PARA PROMOVER SU NULIDAD.’ (se transcribe). Por último, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que se consulta en la página 607 del Tomo III, mayo de 1996 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: ‘CONVENIO. MEDIO IDÓNEO PARA COMBATIR SU NULIDAD, LO ES A TRAVÉS DE OTRO JUICIO Y NO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO MISMO EN QUE SE DECLARÓ APROBADO.’ (se transcribe). El anterior criterio, difiere de la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, que bajo la voz: ‘CONVENIOS CELEBRADOS ANTE LAS JUNTAS, QUE CONTENGAN RENUNCIA DE DERECHOS. SE DEBE PROMOVER SU NULIDAD ANTES DE IMPUGNARLOS EN AMPARO.’, se encuentra publicada en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, julio de mil novecientos noventa y tres, en la que el tribunal referido sostiene, que cuando las partes, en un juicio laboral, celebran un convenio por medio del cual dan por terminado el conflicto y ello es sancionado por la Junta, elevándolo a la categoría de laudo y, con posterioridad, alguna de aquéllas aduce la ilegalidad de lo sancionado por la autoridad laboral; a efecto de no dejar inaudita a la contraria, debe demandar la nulidad del convenio en la vía incidental; lo anterior, aun cuando la Ley Federal del Trabajo no establezca de manera expresa la incidencia aludida; empero, la interpretación sistemática de ella, obliga a estimar que el procedimiento no puede ser otro que el previsto en el artículo 762, fracción I, de la misma, a efecto de que la autoridad haga la declaratoria correspondiente; lo cual, no coincide con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con el que coincide este órgano jurisdiccional; toda vez que, como se dijo, la vía idónea para demandar la nulidad del convenio de que se trata, no es el incidente de nulidad o cualquier otra promoción que se haga valer en el mismo juicio, pues la ley de la materia no prevé recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual pudieran ser revocados, modificados o nulificados; por tanto, la acción de nulidad sólo puede demandarse a través de otro juicio y no dentro del procedimiento mismo en que se haya aprobado el convenio reclamado; además de que, dada la naturaleza de previo y especial pronunciamiento de la reclamación de nulidad de un convenio que no ha sido ejecutado, pues su decisión no se posterga para la sentencia o laudo definitivo, por tratarse de algo causal que surge dentro del expediente principal del juicio e independientemente de la acción intentada; en consecuencia, si lo que se pretende es la cuestionada nulidad, ello atañe al concepto de acción que como tal puede intentarse y así dar lugar al juicio respectivo. El aludido criterio del mencionado Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, es del tenor siguiente: ‘CONVENIOS CELEBRADOS ANTE LAS JUNTAS, QUE CONTENGAN RENUNCIA DE DERECHOS. SE DEBE PROMOVER SU NULIDAD ANTES DE IMPUGNARLOS EN AMPARO.’ (se transcribe). Como en el caso, los aludidos Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, sustentan criterio contrario al anterior, lo procedente es, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis que se evidencia, para que este Alto Tribunal decida cuál criterio debe prevalecer. Resulta aplicable, la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXI, enero de 2005; cuyo rubro y texto son: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe). Además, el Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, sostiene la promoción del incidente previsto por el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para la de la (sic) declaración de nulidad de la aprobación del convenio, lo que es incorrecto, dado que dicho incidente es sólo para combatir notificaciones, según la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 284 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004; que dice: ‘NULIDAD. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL INCIDENTE PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 762 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ÚNICAMENTE PROCEDE EN CONTRA DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS CON VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO CATORCE DE LA LEY CITADA.’ (se transcribe). Así, si la trabajadora consideraba que uno de los aspectos establecidos en el convenio de que se trata fue incorrecto o no estuviera de acuerdo con el mismo en lo integral -como en el caso de que se trata-, debió promover el medio de defensa ordinario correspondiente, siendo éste, la acción de nulidad, en procedimiento por separado. En consecuencia, cuando el patrón y el trabajador por sí o por medio de apoderado con facultades para ello celebran un convenio, en el cual, llegan a un arreglo conciliatorio dentro del juicio, dicho acuerdo de voluntades autorizado por la Junta correspondiente, implica, por una parte, la sujeción a un procedimiento establecido en la ley, particularmente en la fracción III del artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo y, por otra, la certeza de que los suscriptores del convenio, específicamente el trabajador o su apoderado legalmente autorizado, en ese sentido han manifestado su voluntad y, por ende, tienen cabal conocimiento de los términos pactados, con lo cual se garantiza su derecho de defensa en caso de inconformidad, de tal manera que el multicitado convenio, como ya se ha puntualizado, surte sus efectos en el mundo jurídico. Por tanto, los efectos jurídicos del referido convenio, persisten mientras no sea anulado, mediante la promoción del referido medio ordinario de defensa. En consecuencia, al ser ilegal la determinación emitida por la Junta responsable, con fecha treinta de mayo de dos mil cinco, se impone conceder la protección federal solicitada, para que la Junta deje insubsistente dicho proveído y dicte otro en el que declare la subsistencia del convenio de que se trata y se pronuncie en torno al pretendido cumplimiento dado por la parte demandada el día once de enero de dos mil cinco, al convenio celebrado por los contendientes el día cinco de enero del mismo año y así, resuelva lo que en derecho proceda."

II. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver en sesión de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa el recurso de revisión RT. 531/90, promovido por David Chávez Luna, sostuvo en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

"TERCERO. El estudio de los agravios conduce a determinar lo siguiente: Lo que en resumen argumenta el inconforme, es que la resolución recurrida es incongruente entre lo que se analiza y lo que se resuelve, porque primero se sostiene que la acción de nulidad cuando hay renuncia de derechos, es imprescriptible y se concluye que la decisión de la autoridad responsable, de desechar por improcedente la nulidad planteada, se encuentra apegada a derecho. Lo anterior es infundado, toda vez que la circunstancia de que la aludida acción de nulidad sea imprescriptible, no significa necesariamente su procedencia, pues una cosa es que el transcurso del tiempo no extinga la pretensión del derecho y otra la procedencia de la vía. Por tanto, si en el caso como lo contempló la Juez Federal, la pretensión del ahora quejoso recurrente ante la autoridad laboral, fue la nulidad de un convenio, tal pretensión debe encausarse por la vía que corresponda, lo que desde luego no es la del incidente, dada su naturaleza de previo y especial pronunciamiento, como lo establece el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que la decisión no se posterga para la sentencia o laudo definitivo, por tratarse de algo causal que surge dentro del expediente principal del juicio e independiente de la acción intentada. En consecuencia, si lo que se pretende es la cuestionada nulidad, ello atañe al concepto de acción que como tal puede intentarse y así dar lugar al juicio respectivo. En las condiciones señaladas, lo que procede es confirmar la sentencia impugnada."

III. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver en sesión de diez de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, el amparo directo laboral número 464/95 relacionado con el ADL. 465/95, promovido por Transportes Gacela, S.A. de C.V., sostuvo en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

"QUINTO. ... En otro aspecto, y por lo que se refiere a lo infundado de los conceptos de violación, esto estriba en que la quejosa alude que la nulidad del convenio celebrado entre ésta con Francisco Cárdenas Peña, debió impugnarse en el término de 3 días hábiles siguientes, de conformidad con el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo o en la misma diligencia en que fue aprobado dicho convenio, en los términos de los artículos 762 y 763 del ordenamiento legal antes invocado; pues esos numerales no distinguen que su aplicación se exceptúa cuando alguien solicite la nulidad de un convenio y además ejercite las acciones de prima de antigüedad y 20 días por año; en tal virtud la Junta responsable no tiene facultades para hacer distinciones donde el legislador no distingue como en el caso presente y está obligada a hacer lo que la ley le ordene o le permita; por tanto, al declarar la autoridad responsable inoperante la excepción de falta de acción de la nulidad planteada viola el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo en relación con los antes invocados, por su notoria incongruencia, pues el laudo ni es claro ni es preciso y menos congruente, y por lo mismo, viola las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. El artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo dispone que: (se transcribe). Por su parte el numeral 762 del ordenamiento legal antes invocado, establece: (se transcribe). Asimismo el diverso 763 de la ley federal laboral indica que (se transcribe). Ahora bien, de lo anterior se advierte que el quejoso pretende que la nulidad de un convenio debe impugnarse en el término de tres días hábiles, siguientes a su celebración, o en la misma diligencia, lo cual debe hacerse vía incidental. Es infundado lo anterior, pues de autos se advierte que el quejoso el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y tres, en el juicio laboral 135/93, celebró un convenio con el trabajador, por medio del cual se dio por terminado el conflicto, mismo que se llevó a cabo en términos del artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, dicho convenio es susceptible de anulación, ya sea porque implique renuncia de los derechos del trabajador o por otros vicios que afecten los intereses del patrón, resultando que el medio idóneo para ello, no es el incidente de nulidad ya que en la ley de la materia no existe recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado; en tal virtud la acción de nulidad puede demandarse a través de otro juicio y no dentro del procedimiento mismo en que se haya aprobado el convenio reclamado. Es decir, la vía incidental no es la adecuada para reclamar la nulidad de un convenio, dada su naturaleza de previo y especial pronunciamiento, como lo establece el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que la decisión no se posterga para la sentencia o laudo definitivo, por tratarse de algo causal independientemente de la acción intentada. En consecuencia, si lo que se pretende es la cuestionada nulidad, ello atañe al concepto de acción que como tal puede intentarse y así dar lugar al juicio respectivo. Al respecto, este Tribunal Colegiado comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo IX, mayo, página 415, que a la letra dice: ‘CONVENIOS. SU NULIDAD SÓLO PROCEDE COMO ACCIÓN EN JUICIO AUTÓNOMO Y NO COMO INCIDENTE DENTRO DEL MISMO PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). Por otro lado, es infundado que la acción ejercitada por el hoy tercero perjudicado se encuentra prescrita; el trabajador ante la Junta responsable demandó la nulidad del convenio antes citado, pues contenía renuncia de derechos y en la liquidación que se hizo se omitió cubrirle tres meses de indemnización, prima de antigüedad y veinte días por año laborados; ahora bien, el plazo de prescripción respectivo lo establece el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, al indicar que las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha que la obligación sea exigible; esto es, el trabajador para ejercitar la acción de nulidad del convenio, contaba con un año a partir del día siguiente a la fecha en que dichas obligaciones eran exigibles, y no quince días como lo alude el quejoso, además en el caso no es aplicable el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues éste alude al término para interponer la demanda de garantías y en el caso previo a éste debe tramitarse ante la Junta responsable la nulidad del convenio en cuestión. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial I.9o.T. J/5 sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a fojas 44, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 78, junio de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, que reza: ‘CONVENIOS, NULIDAD DE LOS. PRESCRIPCIÓN.’ (se transcribe). También es infundado que al ser aprobado el convenio reclamado y elevarlo a la categoría de laudo mandando archivar el expediente donde se celebró aquél, como asunto total y definitivamente concluido, así como al no haber sido impugnada la resolución donde se aprobó el convenio, dichas actuaciones quedaron firmes, constituyendo de ese modo cosa juzgada; lo anterior, independientemente que en el expediente no se hubieran agotado todos los estados procesales y concluir con laudo, pues tiene igual categoría de laudo cualquier convenio aprobado por la Junta y para el supuesto de que alguna de las partes estuviera en desacuerdo existen las vías de nulidad previstas por los 735, 762 y 763 (sic) y relativos de la Ley Federal del Trabajo. Contrario a lo sostenido por el amparista, los convenios que llevan a cabo los trabajadores con sus patrones para poner fin a un juicio laboral, ya sea por medio de una transacción o por reconocimiento del patrón de las prestaciones exigidas, debidamente sancionados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje como lo dispone el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, no constituyen cosa juzgada, porque al aprobarlos esas Juntas no resuelven como órgano jurisdiccional las cuestiones sometidas a su conocimiento en arbitraje, sino que sólo se limitan a aprobar el acuerdo de voluntades de las partes; en tales circunstancias la Junta responsable correctamente desestimó la excepción de cosa juzgada. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial 523, visible a fojas 905 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y tesis, que a la letra dice: ‘CONVENIOS. CARACTERÍSTICAS DE LOS.’ (se transcribe). Por tales razones, resulta infundado lo argumentado por el peticionario de garantías, respecto a que el convenio se celebró dentro de la audiencia trifásica y, por tanto, sólo procede demandar la nulidad del mismo antes de que termine el juicio, pues concluido, ninguna de las partes puede solicitar su nulidad porque constituye autoridad de cosa juzgada. En efecto, como ya se señaló con anterioridad no es exacto que la aprobación de un convenio por las autoridades del trabajo le otorgue a éste la calidad de cosa juzgada, ni que ello impida la procedencia de la acción de nulidad de los convenios aprobados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues los convenios que lleven a cabo los obreros y sus patrones para poner fin a sus dificultades, ya sea por medio de una transacción o por reconocimiento del patrón de las prestaciones exigidas, debidamente sancionados por las Juntas laborales, no constituyen cosa juzgada porque, al aprobarlos las Juntas, no resuelven como órganos jurisdiccionales las cuestiones sometidas a su conocimiento en arbitraje sino que sólo se limitan a aprobar el acuerdo de voluntades de los interesados; además el medio idóneo para demandar la nulidad del convenio es a través de otro juicio y no dentro del procedimiento en que se haya aprobado el convenio, como pretende hacerlo creer el peticionario de garantías. En las narradas condiciones y al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación esgrimidos por Liborio Uriostegui Amaya, apoderado de la quejosa Transportes Gacela, S.A. de C.V, y sin que se advierta motivo alguno para suplir la queja, de acuerdo a lo establecido por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado."

IV. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver en sesión de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos, el amparo en revisión número 5/92, promovido por Abetex, S.A. de C.V., sostuvo en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

"TERCERO. ... Asimismo, solicitaron que se aprobara el convenio y se elevara a la categoría de laudo ejecutoriado, obligándose a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratara de cosa juzgada, y se señalara día y hora para que se hiciera el pago de la cantidad restante, con la condición de que en caso de que la empresa ‘cumplimente’ el convenio, correría un salario por la cantidad de veintidós mil ciento treinta y dos pesos hasta que diera cumplimiento al mismo. La Junta consideró que dicho convenio no contenía cláusula alguna que fuera en contra de los derechos del trabajador, por lo que, con fundamento en los artículos 33, 53, fracción I y 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, lo aprobó y elevó a la categoría de laudo ejecutoriado, obligándose las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar, como si se tratara de cosa juzgada, y señaló las doce horas del ocho de noviembre siguiente, para que la demandada hiciera el pago de la cantidad faltante. Por otra parte, el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, establece que si en la etapa conciliatoria las partes llegaran a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto y el convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo. De igual manera el artículo 848 del mismo ordenamiento legal, señala que las resoluciones de las Juntas no admiten recurso y que aquéllas no pueden revocar sus resoluciones. Ante tal situación, se estima incorrecta la consideración del Juez de Distrito a quo, pues la ley laboral equipara los convenios debidamente celebrados, a los laudos firmes y obligatorios en contra de los cuales no procede recurso ordinario y mucho menos el incidente de nulidad. En efecto, de aceptar el criterio del Juez Federal, se llegaría al extremo de permitir que dicho incidente pudiera interponerse en contra de un laudo, con lo cual no solamente se crearía un recurso inexistente en la ley de la materia, sino también una situación de incertidumbre, respecto de las resoluciones dictadas por las Juntas, lo que redundaría indiscutiblemente en perjuicio del trabajador, pues sería muy fácil para el patrón interponer todos los incidentes de nulidad posibles, para impedir la ejecución del laudo. No es obstáculo para esta consideración, el hecho de que los artículos 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, establezcan la procedencia del incidente de nulidad, puesto que se refieren a los incidentes que se promueven durante la tramitación del juicio laboral, lo que no sucede en el caso porque por virtud del convenio aprobado, se dio por terminado el conflicto y al producir todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo, solamente queda el trámite necesario para su ejecución. Tampoco es óbice para la consideración de este tribunal, la tesis jurisprudencial que invocó la quejosa en su demanda de garantías, que aparece publicada con el número 64 en la página 62 de la Quinta Parte, Cuarta Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que dice: ‘CONVENIOS, CARACTERÍSTICAS DE LOS.’ (se transcribe); pues si bien es cierto que esta clase de convenios es susceptible de anulación ya sea porque implique renuncia de los derechos del trabajador o por otros vicios que afecten los intereses del patrón, también cierto es que el incidente de nulidad no es el medio idóneo para reclamar la nulidad de ese tipo de convenios, pues no existe recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento por virtud del cual pudiera ser modificado, revocado o nulificado, de manera que únicamente puede demandarse la nulidad mediante otro juicio que se promueva ante las autoridades del trabajo, y no dentro del procedimiento mismo en que se haya aprobado el convenio reclamado. Lo anterior, se hace evidente en virtud de que los cinco precedentes con que se integró la tesis jurisprudencial invocada por la quejosa, se refieren a amparos directos números 4311/78, 513/79, 2724/78, 3760/79 y 3129/79. De acuerdo con las consideraciones que preceden, fue correcto que la Junta del conocimiento desechara de plano el incidente de nulidad de convenio interpuesto por la quejosa. En las condiciones anteriores procede revocar el fallo que se revisa y negar el amparo solicitado."

V. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver en sesión de trece de octubre de mil novecientos noventa y dos, el amparo directo laboral número 333/92, promovido por Martha Verónica Infante, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, sostuvo en lo que interesa al presente asunto, lo siguiente:

"III. En el presente caso, no será necesario transcribir el contenido de la resolución impugnada ni los conceptos de violación esgrimidos en su contra, pues este Tribunal Colegiado no los analizará, a virtud de advertir diversas causas de improcedencia del juicio de garantías, cuyo estudio es preferente y oficioso, en términos del último párrafo de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y de la conocida tesis de jurisprudencia que bajo el número 940, aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Volumen IV, a foja 1538, que lleva por rubro: ‘IMPROCEDENCIA.’. En efecto, de lo actuado en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, se desprende que Martha Verónica Infante demandó de la negociación mercantil Botas Equus, S.A. de C.V., diversas prestaciones de naturaleza laboral por considerar que fue despedida de la fuente de trabajo en forma injustificada; que el asunto fue radicado en la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de León, Guanajuato, bajo el número 474/92 el ocho de junio de mil novecientos noventa y dos y, que en tal proveído que señalaron las 9:30 nueve treinta horas del trece de julio de ese año para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, se ordenó además el emplazamiento al demandado y se reconoció personalidad al apoderado de la actora. Asimismo, que el día y hora señalados con antelación, comparecieron a la citada audiencia la trabajadora en forma personal y el representante legal de la empresa demandada mismo que dejó acreditada su personalidad; dichas partes manifestaron a la Junta que habían llegado al acuerdo de celebrar un convenio al tenor de las siguientes cláusulas: ‘... A lo anterior, la responsable acordó tener a las partes celebrando el convenio, mismo que aprobó por considerarlo apegado a derecho y lo elevó a la categoría de laudo, ordenando el archivo del asunto previo cumplimiento de lo convenido. También consta que lo sancionado por la autoridad laboral fue firmado por las partes contendientes. Se aprecia asimismo, que el día quince de junio del presente año el representante legal de la empresa ante la autoridad laboral y en presencia de la actora dio cabal cumplimiento a lo estipulado en el convenio, firmando de conformidad ambas partes. De todo lo expuesto, se concluye, que en la especie la actora Martha Verónica Infante estuvo conforme con lo actuado por la autoridad, esto es, que manifestó su adhesión hacia lo actuado por la Junta, como lo demuestra la impresión de su firma en las diligencias apuntadas, lo cual constituye un signo inequívoco de consentimiento expreso. Con el material pro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19919-de8df376/convenio-laboral-la-nulidad-del-celebrado-ante-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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