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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE NULIDAD FISCAL. EL ACTOR PUEDE AMPLIARLA FACULTATIVAMENTE DENTRO DEL PLAZO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 207 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN Y, EXCEPCIONALMENTE, DESPUÉS DE CONTESTADA, EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 210 DEL PROPIO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19670
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO (AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DE DICHO CIRCUITO) Y EL PRIMER TRIBUNAL COL
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 731.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO (AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DE DICHO CIRCUITO) Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata, proviene de parte legítima en los términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que es uno de los órganos jurisdiccionales de donde proviene uno de los criterios que se estiman contradictorios.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver en sesión plenaria de fecha catorce de febrero de dos mil seis, el recurso de revisión de amparo número 133/2005, promovido por Unión de Ejidos de Producción Agropecuaria Forestal de Servicios Temporaleros de la Costa del Municipio de Tomatlán, Jalisco, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Son ineficaces los agravios relativos a la cuestión de legalidad de la sentencia recurrida ... Para mejor comprensión del asunto, es necesario retomar sus antecedentes, que son los que enseguida se indican: En escrito que presentó el ocho de agosto de dos mil tres a la Oficialía de Partes de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Peña Ibarra, con el carácter de representante legal de la empresa denominada Unión de Ejidos de Producción Agropecuaria Forestal de Servicios Temporaleros de la Costa del Municipio de Tomatlán, Jalisco, demandó la nulidad de los oficios por los que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puerto Vallarta, Jalisco, le impuso una multa y le determinó un crédito fiscal (foja ...). En diverso escrito que presentó el doce de agosto de dos mil tres, el representante legal mencionado en el anterior párrafo, promovió ampliación de la demanda de nulidad (foja ...). El diecinueve de agosto de dos mil tres, se admitió a trámite la demanda de nulidad (foja ...). En acuerdo de veinte de agosto de dos mil tres, se negó la ampliación de la demanda (foja ...). Manuel Peña Ibarra, con el carácter ya mencionado, interpuso recurso de reclamación en contra del mencionado acuerdo de fecha veinte de agosto de dos mil tres (foja ...). El dos de febrero de dos mil cuatro, la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictó resolución en la que confirmó el auto de veinte de agosto de dos mil tres, y al efecto dijo: (se transcribe). Manuel Peña Ibarra, con el carácter que se ha reiteradamente mencionado, interpuso juicio de amparo indirecto, en que reclamó, además de la inconstitucionalidad del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, la aplicación de ese precepto, en el acuerdo de dos de febrero de dos mil cuatro, y el propio proveído. El Juez de Distrito negó el amparo solicitado, refiriendo, en torno a la constitucionalidad del precepto en cuestión, que no contravenía la Carta Magna, porque en torno a la garantía de audiencia y defensa, no la afectaba desde el momento en que permitía, dentro de un plazo razonable (cuarenta y cinco días), ejercer la acción de nulidad, ofrecer pruebas y alegar lo que en derecho convenga a la parte demandante o actora; que tampoco vulneró los principios de legalidad y certeza jurídica consagrados en el numeral 16 constitucional, ya que el decreto mediante el cual se expide el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, fue discutido, aprobado, sancionado, refrendado, promulgado y publicado por las autoridades competentes para ello; y que tampoco trastocó el numeral 17, porque la norma permitía a la quejosa ejercer su acción ante un órgano jurisdiccional y así excitar el funcionamiento del mismo dentro de los plazos y términos que marque la ley aplicable. Además, al analizar la legalidad del acuerdo que constituye el acto de aplicación, dijo que a su juicio, la Sala interpretó correctamente el artículo 207 que se citó, pues señaló a través del escrito inicial y único que se presente, dentro del plazo establecido, pueden hacerse valer todas las pretensiones o derechos sin que sea jurídicamente dable, con posterioridad a ese momento (la presentación de demanda), una complementación de la misma acción, aun cuando todavía no fenezca el término de cuarenta y cinco días que prevé el numeral, por la razón de que ya ejerció su derecho de acción y cobró vigencia el principio de preclusión procesal, por lo que con la presentación de la demanda de nulidad precluye el derecho del actor para fijar los extremos de la acción ejercida, no obstante que no concluya el término de cuarenta y cinco días, ya que después de la presentación de la demanda, la autoridad rectora del procedimiento tiene la obligación de inmediatamente dictar el acuerdo de admisión o desechamiento y aperturar la siguiente etapa o periodo procesal, como lo es, dijo el Juez de Distrito, ordenar el emplazamiento de la parte demandada, y abundó: (se transcribe). Pues bien, en la ejecutoria de amparo en revisión 1001/2005, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que negó el amparo en contra del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, por considerar que no es violatorio de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, hizo expreso señalamiento y separación de los agravios formulados por el recurrente, relativos a las cuestiones de constitucionalidad de ese precepto y de legalidad de la resolución en que se aplicó; realizó el análisis de los primeros y dejó a salvo la jurisdicción de este Tribunal Colegiado, para el efecto de que realice el estudio correspondiente al problema de legalidad que asentó, consistente en: (se transcribe). Los señalados agravios serán analizados en su conjunto ... El artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, dice: ‘... La demanda se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. ...’. Debe señalarse que de la lectura integral del indicado fallo emitido en el toca de amparo en revisión 1001/2005, se advierte que las consideraciones vertidas por la superioridad, no se encaminaron a emitir calificación alguna del acto reclamado, o sea, de inconstitucionalidad, pues sobre este tópico, sólo evidenció que no existía la contravención a la Carta Magna que el quejoso atribuía a la norma reclamada, ni mucho menos en cuanto a la legalidad, pues del análisis que hizo de la norma, no fue para fijar sus alcances, sino, se insiste, únicamente para demostrar lo infundado de la violación constitucional que se le atribuía; tanto es así que señaló: (se transcribe), pero ello no implica, se reitera, calificación de ninguna clase, pues si se lee toda la ejecutoria, se advertirá que tal razonamiento se emitió para resolver sobre la constitucionalidad del artículo reclamado (fojas ...). Sentado lo anterior, debe señalarse que en el procedimiento contencioso existen, generalmente, dos etapas, la de instrucción (que abarca todos los actos procesales) y la de conclusión o resolución; dividiéndose a su vez la instrucción en tres fases: postulatoria o expositiva (que permite instruir al juzgador en la litis a debate), probatoria (que tiene la finalidad de llegar al conocimiento objetivo de la controversia mediante los elementos que ofrecen las partes para acreditar sus posiciones contrapuestas, fase que cuenta con sus estadios de ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo) y preconclusiva, integrada por los alegatos o conclusiones de las partes. Luego, en tratándose de la primera etapa (postulatoria o expositiva), inicia con la presentación de la demanda, en términos de los artículos 207 y 208 del Código Fiscal de la Federación, es decir, que deberá hacerse valer dentro del término de los cuarenta y cinco días posteriores al día al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, y que en tal promoción deberá exponer, entre otras cosas, la resolución que impugna, las autoridades demandadas y los conceptos de anulación; luego, el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación, establece que sólo se podrá ampliar tal solicitud de nulidad dentro de los veinte días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación de la misma, en los casos siguientes: I. Cuando se impugne una negativa ficta; II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación; III. En los casos previstos por el artículo 209 bis; IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar el primer párrafo del artículo 215 no sean conocidas por el actor al presentar la demanda. A su vez, el artículo 209 bis, dispone: ‘Artículo 209 bis. Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las reglas siguientes: 1. Si el demandante afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo conoció ...’. Lo anterior, demuestra que sólo contempla como supuestos que permiten la ampliación de una demanda, los siguientes: cuando se impugne una negativa ficta (fracción I); contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación (fracción II); y en los casos previstos por el artículo 209 bis (fracción III); este último artículo contempla la posibilidad de ampliar la demanda para impugnar el acto administrativo y su notificación, cuyo desconocimiento es manifestado en la demanda (fracción II). Ahora bien, ni el artículo 210 ni el 209 bis del ordenamiento precitado, contemplan la posibilidad de otorgar un término adicional para ampliar o perfeccionar el escrito inicial de demanda. En esta virtud, no es permisible al actor que en escritos posteriores a la presentación de la demanda (y fuera de los casos específicos que la normatividad prevé para la ampliación), modifique los argumentos expuestos en su petición, adicionándolos o introduciendo otros nuevos, porque autorizarlo a hacerlo alteraría los términos de la controversia sin audiencia del demandado, con privación de las oportunidades de ejercer los derechos aludidos. Por ello, a no ser que se trate de acciones, excepciones ejercidas y ofrecidas con la debida oportunidad procesal, el Tribunal Fiscal no está en posibilidad de examinar los hechos que se pretenden adicionar o introducir extemporáneamente por el actor, ya que en caso contrario dejaría a la demandada en estado de indefensión. Además, de considerar lo contrario, se retardaría injustificadamente el juicio con notorio perjuicio a la garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución General, que prevé el principio de impartición de justifica pronta y expedita. Pero, además, contrario a lo sostenido por el quejoso, a diferencia del procedimiento contencioso administrativo federal, el juicio de garantías no prevé dentro de su procedimiento la figura de la ampliación de la demanda, y es por ello que para su regulación debe acudirse a los criterios jurisprudenciales que ha sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en tanto que en el indicado juicio de nulidad, el legislador sí previó y reguló la indicada institución, pero sólo en los casos específicos a que se ha hecho mención. Luego, no es posible que para la instancia contenciosa se apliquen en este específico las indicadas jurisprudencias, porque de lo que se lleva dicho, no existe en este aspecto similitud entre ambos juicios y, por ende, no cabría la aplicación analógica de los referidos criterios. Consecuentemente, al no evidenciarse que la sentencia recurrida sea contraria a derecho, a la luz de agravios cuyo análisis reservó el Máximo Tribunal del país a este órgano colegiado, lo que procede es confirmarla."

CUARTO. Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito), con fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis, dictó resolución en el amparo directo administrativo 550/96, promovido por Jesús Carlos Gómez Gómez, la cual, en la parte que interesa, dice:

"QUINTO. Le asiste la razón al quejoso de acuerdo a las siguientes consideraciones. Como premisa resulta pertinente señalar lo siguiente: Por oficio 322-A-VI-1-03207 de diez de febrero de mil novecientos noventa y cinco, la administradora local de Recaudación de Acapulco, le fincó al quejoso un crédito por la cantidad de $2,244.00 (dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) (fojas ...). En su oportunidad, el peticionario del amparo, ante la administradora local Jurídica de Ingresos de Acapulco, interpuso el recurso de revocación y esta autoridad, por oficio 325-4-VI-3-(RA)-1989 de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, confirmó el crédito fincado en el oficio 322-A-VI-1-03207 (fojas ...). La anterior resolución, fue notificada al hoy quejoso el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (foja ...). En contra de la referida resolución, el quejoso y dentro del término que marca al artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, presentó el diez de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Tribunal Fiscal de la Federación, escrito de demanda en el cual solicitó la nulidad del oficio 325-A-VI-3-(RA)-1989 (fojas ...). Asimismo, por escrito de nueve de enero del año en curso, el actor amplió su demanda inicial. En relación con el anterior escrito, la autoridad responsable por proveído de quince de enero del presente año, acordó: (se transcribe). En contra del anterior proveído, el accionante interpuso recurso de reclamación, el cual fue admitido y una vez que fue sustanciado, al momento de resolver la responsable, en la interlocutoria de ocho de marzo del presente año respecto del recurso planteado sobre el mismo la responsable, básicamente consideró: (se transcribe). Ahora bien, de lo antes precisado es claro que la autoridad responsable, en la interlocutoria de mérito, de manera errónea tiene por no admitida la ampliación de la demanda del actor, sin que tome en consideración que dicha ampliación, como lo señala el propio quejoso, la presentó dentro del término de los cuarenta y cinco días que le concede la ley. Al efecto, debe decirse que el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación dice: ‘Artículo 207. La demanda se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada ...’. Por su parte, el artículo 255 del ordenamiento en cita, dispone: ‘Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas.’. En este sentido, si la notificación se realizó el tres (viernes) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, es evidente que dicha notificación surtió sus efectos el día seis y, por ende, empezó a correrle el término de los cuarenta y cinco días a partir del día siete de los citados mes y año al veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, descontados los días que fueron inhábiles. En este orden de ideas, debe decirse que si la ley que rige el acto reclamado (Código Fiscal de la Federación), otorga a los contribuyentes un término de cuarenta y cinco días para impugnar la resolución que les causa perjuicio, y si en el caso el actor interpuso su demanda, así como su ampliación a la misma dentro del término que la ley le concede (45 días), ya que el plazo para hacerlo le fenecía hasta el veinticuatro de enero del año en curso, en el caso no existe fundamento legal que diga que por el simple hecho de que se presente la demanda y ésta se haya acordado, le fenezca el término al actor cuando presenta su demanda, aun antes de los cuarenta y cinco días que la ley le otorga, pues en el presente asunto no pasa desapercibido para este tribunal que la demandada en la fecha en que el actor presentó su ampliación de demanda no había dado contestación a la demanda inicial, pues de las constancias que existen en autos se advierte que dicha demandada contestó la demanda hasta el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y seis (fojas ...), después de que el actor había interpuesto su ampliación de demanda (9 de enero de 1996) (foja...). De lo antes referido, es evidente que la responsable, en la interlocutoria de ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis que resolvió el recurso de reclamación que se interpuso en contra del proveído de quince de enero del año en curso, en donde se tuvo por no admitida la ampliación de la demanda del actor, violó en perjuicio del quejoso las leyes del procedimiento, en virtud de que no le otorgó el plazo a que tiene derecho el accionante, actualizando así la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción VI, de la Ley de Amparo, y que a la letra dice: ‘Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley.’. De acuerdo con lo antes expuesto, es inconcuso que la responsable, en la interlocutoria antes referida, de manera incorrecta tuvo por no ampliada la demanda del actor, sin tomar en cuenta que no existe impedimento legal para realizar dicha ampliación, toda vez que la misma se hizo dentro del término que la ley le conceda (sic) (45 días), situación que es permitida siempre y cuando se haga dentro del término de cuarenta y cinco días a que se refiere el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, lo que se advierte sucedió en el presente asunto. ... En las narradas circunstancias y al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder el amparo de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, por consecuencia, la interlocutoria de ocho de marzo del presente año, que confirmó el acuerdo dictado el quince de enero de mil novecientos noventa y seis, que tuvo por no admitida la ampliación de la demanda y, en su oportunidad, vía reposición del procedimiento, dicte un nuevo acuerdo en el que tenga por admitida la ampliación de demanda del actor y, en su oportunidad, una vez sustanciado el procedimiento, con plenitud de jurisdicción, dicte la sentencia que en derecho corresponda. Dado que el amparo que se concede por uno de los conceptos de violación planteados, trae como consecuencia nulificar el acto reclamado, se considera innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación ..."

La ejecutoria preinserta dio origen a la tesis aislada que a continuación se transcribe con sus datos de publicación.

"DEMANDA DE NULIDAD, AMPLIACIÓN DE LA. El artículo 207 del Código Fiscal de la Federación otorga a los contribuyentes un término de cuarenta y cinco días para impugnar la resolución que les cause perjuicio. Ahora bien, si el actor interpone su demanda y con posterioridad la amplía dentro de aquel término, en tal circunstancia, no existe impedimento legal para realizar dicha ampliación, si de autos se desprende que la parte demandada contestó el escrito inicial después de que el accionante interpuso aquélla; ya que en el caso de que se incurra en alguna omisión, se puede subsanar a través de un escrito complementario o aclaratorio." (Tesis XXI.1o.25 A, Tomo IV, diciembre de 1996, página 389, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época).

QUINTO. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración, en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, preceptos que a la letra dicen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 107. ...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

Ley de Amparo.

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ...

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."

Como se advierte, los preceptos transcritos en su parte relativa, se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito porque la finalidad de dichos preceptos constitucional y legal, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico.

Ello, porque la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar válidamente las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.

Así, cuando se utiliza el término "tesis", debe entenderse que el legislador se refiere a la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias.

Por otro lado, lo que las normas enunciadas están regulando es la contradicción o divergencia sobre una misma cuestión jurídica, como forma o sistema de integración de jurisprudencia.

Sentado lo anterior y a efecto de estar en posibilidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que deba prevalecer, procede analizar las ejecutorias a las que ya se hizo mención, teniendo en consideración lo siguiente.

De conformidad con el anterior argumento, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció tesis de jurisprudencia que precisa que para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es menester, entre otras cosas, que al resolver los negocios se hayan analizado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y que, además, las opiniones discrepantes provengan del estudio de los mismos elementos.

Dicho criterio, que esta Segunda Sala hace suyo, se encuentra plasmado en la siguiente jurisprudencia:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).

La tesis precitada establece que al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la contradicción de tesis, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, se presenta cuando existe discrepancia de criterios, entre ellos, respecto de una misma cuestión jurídica; que tal discrepancia debe suscitarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen las tesis sustentadas por los órganos jurisdiccionales; y, además, que los criterios en oposición deriven del examen de los mismos elementos.

Del análisis de las consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados, se advierte lo siguiente:

A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión de amparo número 133/2005, en esencia, sostuvo que:

• El ocho de agosto de dos mil tres, la hoy quejosa presentó demanda de nulidad impugnando los oficios por los que se le determinó un crédito fiscal y se le impuso una multa.

• En diverso escrito presentado el doce de agosto de dos mil tres, la actora, hoy quejosa, promovió ampliación de la demanda de nulidad.

• El diecinueve de agosto de dos mil tres, el Magistrado instructor de la Sala Fiscal responsable admitió a trámite la demanda de nulidad.

• En acuerdo de veinte de agosto de dos mil tres, el Magistrado instructor negó tener por ampliada la demanda de nulidad.

• Inconforme con dicho proveído, la entonces actora interpuso recurso de reclamación que fue resuelto por la Sala Fiscal, el dos de febrero de dos mil cuatro, en el sentido de confirmar el auto recurrido.

• Contra lo así resuelto, la actora promovió juicio de amparo indirecto, del que conoció el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco que dictó sentencia en el sentido de negar la protección federal tanto por la constitucionalidad del artículo 207 del Código Fiscal de la Federación (que prevé plazo para la presentación de la demanda de nulidad), como por sus actos de aplicación.

• Fallo que combatió la quejosa mediante recurso de revisión remitido al Tribunal Colegiado de mérito, que se declaró incompetente para conocer de los agravios de inconstitucionalidad y ordenó su envío a este Alto Tribunal, cuya Primera Sala resolvió el recurso (AR. 1001/2005) por sentencia de siete de septiembre de dos mil cinco, en el sentido de que el artículo 207 reclamado no viola las garantías contenidas en los artículos 14, 16 ni 17 de la Carta Magna; asimismo, ordenó devolver los autos al Tribunal Colegiado para que resolviera los agravios de legalidad.

• Precisó que el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, prevé: "La demanda se presentará por escrito directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. ..."

• En el procedimiento contencioso existen dos etapas, la de instrucción y la de resolución. La primera etapa abarca tres fases: postulatoria o expositiva, probatoria y preconclusiva.

• La etapa postulatoria o expositiva inicia con la presentación de la demanda, en términos de los artículos 207 y 208 del Código Fiscal de la Federación, es decir, que deberá hacerse valer dentro del término de los cuarenta y cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada (escrito en que se expondrá, entre otras cosas, la resolución que se impugna, las autoridades demandadas y los conceptos de anulación).

• El artículo 210 del Código Fiscal de la Federación establece que sólo se podrá ampliar la demanda de nulidad, dentro de los veinte días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación de la misma, y únicamente en los casos en que se impugne: una negativa ficta (fracción I); contra el acto principal de que derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación (fracción II); y en los casos previstos por el artículo 209 bis (fracción III); este último precepto prevé la posibilidad de ampliar la demanda para impugnar el acto administrati

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19670-b2e56659/demanda-de-nulidad-fiscal-el-actor-puede-ampliarla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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