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Modo: Corpus Pro

QUEJA CONTRA EL AUTO QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN O QUE FIJA EL MONTO DE LA FIANZA EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA REPARAR, POR REGLA GENERAL, LOS VICIOS QUE SE EXPONGAN EN RELACIÓN CON SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19850
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, , Pág. 623.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que si bien los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia de amparo laboral, lo cierto es que resulta innecesaria la intervención del Pleno, al existir precedentes que orientan sobre la solución de la problemática planteada en esta contradicción.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante su presidente, que resolvió uno de los asuntos en el que se plasmó uno de los criterios que participa en esta contradicción.

TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe puntualizar que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito al resolver el dos de septiembre de dos mil cinco, el recurso de queja número 38/2005, estableció:

"Una vez hechas las precisiones que anteceden, se analizarán los agravios esgrimidos.

"La inconforme aduce que la Junta responsable fijó la cantidad de cuarenta y seis mil pesos, para depositarlos mediante fianza, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar durante el juicio de garantías, y que en ese mismo acuerdo en forma arbitraria determinó que la parte condenada debería depositar cuarenta y seis mil pesos para garantizar la subsistencia de la trabajadora y así tenga los medios para subsistir mientras dure el juicio de garantías, y debía depositar esa cantidad dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de tal acuerdo y de no hacerlo así se continuaría con el procedimiento de ejecución.

"El concepto de agravio extractado en el párrafo precedente, es infundado, porque contra lo aducido por la inconforme, en el proveído combatido, no se fijó la cantidad de cuarenta y seis mil pesos para garantizar la posible subsistencia de la trabajadora, sino que dicha cantidad se fijó para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a ésta, con motivo de la tramitación del juicio de garantías; tal como puede constatarse en el proveído cuya transcripción se encuentra en párrafos precedentes y a continuación, sólo se reproduce la parte que interesa (se transcribe).

"La recurrente aduce que el auto combatido es ilegal porque ordena al quejoso depositar la cantidad de cuarenta y seis mil pesos por concepto de fianza, y a la vez señala día y hora para llevar a cabo la reinstalación de la trabajadora en la fuente de trabajo, con el apercibimiento de que en caso de incumplir se continuará con el procedimiento de ejecución; determinación que causa perjuicios a la recurrente, porque la fianza es excesiva y no se fundamentan, ni motivan las razones por las cuales se fija dicha cantidad líquida y también se ordena la reinstalación de la trabajadora; porque además de conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para garantizar la subsistencia de la trabajadora debe fijarse fianza o bien el pago de tres meses de salario, pero nunca los dos requisitos a la vez, porque son distintas las finalidades que se persiguen con el pago de la fianza y la reinstalación de la actora, cuando se trata de la suspensión del laudo; por lo cual sólo debió fijarse un requisito; amén de que la trabajadora se encuentra ya laborando en la empresa quejosa, de modo que ya no se requiere garantizar su subsistencia.

"La inconforme sigue alegando que la responsable no manifestó los razonamientos lógicos y jurídicos para fijar la fianza y la reinstalación y la Ley Federal del Trabajo, no la releva de dicha obligación; porque debe dar los motivos del porqué la cantidad líquida que fija y las razones de la reinstalación, de ahí que no exista una debida fundamentación y motivación.

"La recurrente sigue aduciendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley de Amparo, la suspensión se concederá sólo en los casos en que no se ponga a la parte obrera en peligro de no poder subsistir, lo que no ocurre en el presente caso, ya que si se fija la fianza no es necesario reinstalar a la trabajadora en su fuente de trabajo; de ahí que sea ilegal la medida dictada por la Junta responsable.

"La inconforme sigue alegando que no se reclamó la indemnización de tres meses de salario, sino que la acción principal de la trabajadora fue la reinstalación, entonces la forma correcta de garantizar su subsistencia es con la reinstalación a su empleo, mientras dure la tramitación del juicio de garantías; de manera que de no hacerlo así se cambiaría la acción principal ejercida por la actora.

"Los conceptos de agravio reseñados en los párrafos precedentes, son infundados en una parte y fundados en otra.

"Son infundadas las afirmaciones de la inconforme en el sentido de que la Junta responsable no podía fijar la fianza y además la reinstalación del trabajador para conceder la suspensión pues si fijó una no debía fijar la otra.

"En efecto, dicha afirmación es infundada porque la fianza no excluye a la reinstalación ordenada; porque la fianza se fijó para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al trabajador con motivo de la tramitación del juicio de garantías; mientras que la segunda medida, esto es, la reinstalación, es necesaria para garantizar la subsistencia de la trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley de Amparo, citado por la misma inconforme, y cuyo contenido se inserta enseguida.

"‘Artículo 174.’ (se transcribe).

"Efectivamente, la suspensión solicitada por la quejosa es improcedente en tratándose de la subsistencia de la trabajadora, pues la responsable debe tomar las providencias (como la de ordenar la reinstalación) para garantizar dicha subsistencia; sin embargo, la referida suspensión sí es procedente para el resto de la condena, y en las cuales la subsistencia de la ahora tercera perjudicada no está en peligro, tal como lo prevé el citado numeral 174 de la Ley de Amparo; de ahí que la cantidad de cuarenta y seis mil pesos, fijada por concepto de los posibles daños y perjuicios, no excluye a la reinstalación decretada, ni ésta a aquélla; por tanto, el auto recurrido no es ilegal por haber decretado ambas medidas en el mismo.

"Al respecto, es aplicable en lo conducente, la tesis aislada XIV.3o.2 L, que este similar comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 1080, Tomo IX, mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el CD DOS IUS 2005, con registro 193,912 que dice:

"‘SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. SU CONFORMACIÓN.’ (se transcribe).

"Por otra parte, asiste la razón a la recurrente al señalar que la Junta responsable no dio los motivos ni fundamentos legales en los cuales se apoyó para dictar el auto combatido; es decir, si bien especificó que la fianza era para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la trabajadora, con motivo de la tramitación del juicio de garantías, también es verdad que no especificó en qué se basó para determinar tal cantidad, así como al señalar la fecha y hora para la reinstalación de la trabajadora tampoco especificó por qué respecto de dicha reinstalación era improcedente la suspensión de la ejecución del laudo; ni dio los motivos por los cuales señaló ambas medidas en el proveído respectivo.

"De manera que el concepto de agravio esgrimido en esta parte, es fundado y suficiente para declarar fundado el presente recurso de queja; en esas condiciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 124, 130, 174, 95, fracción VIII y 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, atendiendo que la suspensión del amparo directo se tramita de plano, dada la urgencia de la medida, el trámite de la queja debe considerarse similar a la prevista en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, en lo que respecta a la forma de la decisión; de manera que si en aquélla el Tribunal Colegiado reasume jurisdicción para resolver lo que proceda por falta de reenvío; lo mismo ha de suceder en ésta, si la queja se declara fundada, pues no sería eficaz la solución del problema planteado en el recurso si la autoridad que proveyó sobre la suspensión tuviera que modificar o reponer su auto después de resuelta la queja. Por estas razones en los casos de queja en amparo directo contra suspensión en materia laboral, como aquí sucede, el Tribunal Colegiado debe reasumir jurisdicción y resolver lo procedente en lugar de que el presidente de la Junta responsable, en acatamiento de lo resuelto en la queja, corrija su auto.

"Sirve de apoyo a la consideración que antecede, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 10/2001 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el CD UNO IUS 2005, con registro 190,364 que dice:

"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.’ (se transcribe).

"Así, el auto recurrido de dieciséis de mayo de dos mil cinco, dictado en el expediente 496/2003, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, se modifica únicamente por cuanto hace a la falta de fundamentación y motivación del proveído citado, obligación que impone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues respecto de las medidas decretadas, ambas no se excluyen, ni contraponen entre sí, de conformidad con lo establecido en los numerales 125, 173 y 174 de la Ley de Amparo, cuyo contenido se inserta enseguida:

"‘Artículo 125.’, ‘Artículo 173.’ y ‘Artículo 174.’ (se transcriben).

"Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T J/37, que este similar comparte, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1013, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el CD DOS IUS 2005, con registro 189,852 que dice:

"‘SUSPENSIÓN, ES CORRECTO NEGARLA, EN LOS AMPAROS CONTRA LAUDOS QUE CONDENAN A LA REINSTALACIÓN.’ (se transcribe).

"Es necesario señalar que la Junta responsable fijó como garantía la cantidad de cuarenta y seis mil pesos para garantizar los posibles daños y perjuicios, que pudieran ocasionarse a la actora por la tramitación del juicio de garantías; cantidad que la inconforme considera excesiva.

"Sin embargo, considerando que la cantidad líquida de las prestaciones en las cuales se determinó un monto, equivale a cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos, más lo que se siga generando, por concepto de salarios caídos hasta la ejecución del laudo; y que los conceptos de daños y perjuicios son diferentes, pues el primero se refiere a la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea el no poder disponer de la suma correspondiente, mientras se resuelve el juicio de amparo, pero no la socava ni trasciende a su existencia o a la posibilidad jurídica de que lo determinado llegue a concretarse; de ahí que la garantía debe ser menor al importe de la condena, porque sólo tiende a resarcir el daño por el diferimiento de su pago; mientras que los perjuicios, consisten en la privación de las ganancias lícitas que obtendría la trabajadora de tener bajo su dominio, durante el citado lapso la respectiva prestación pecuniaria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo lapso produciría tal prestación conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como puede ser la tasa de interés interbancaria de equilibrio; aspectos que tomados en consideración, aumentarían la cantidad fijada para garantizarlos; de ahí que los cuarenta y seis mil pesos fijados por la Junta responsable no son excesivos, y no se aumenta para no perjudicar a la parte que promovió el presente recurso de queja.

"Es aplicable sobre el particular, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 40/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, Tomo XI, mayo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el CD UNO IUS 2005, con registro 191,903 cuyo rubro dice:

"‘SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe).

"También es aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Volumen 77, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el CD TRES IUS 2005, con registro 243,641 que dice:

"‘SUSPENSIÓN, FIANZA PARA LA, EN MATERIA DE TRABAJO.’ (se transcribe).

"Así las cosas, el proveído recurrido de dieciséis de mayo de dos mil cinco, en la parte conducente, debe quedar en los siguientes términos:

"Por cuanto hace a la suspensión del acto reclamado que solicita el apoderado legal de las quejosas, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo, debe negarse respecto de la reinstalación de la trabajadora a su fuente de trabajo, en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando, pues con tal medida se asegura la subsistencia de la actora del juicio; motivo por el cual se señalan las nueve horas del día ocho de julio del año actual, para llevar a cabo la reinstalación citada, apercibiendo a las partes de la siguiente manera: a la trabajadora, si no se presenta a la reinstalación, se le tendrá como negándose a ser reinstalada; y al demandado, en caso de no reinstalar a la trabajadora, se continuará con el procedimiento de ejecución, con fundamento en los artículos 939, 940, 941, 946 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.

"Se concede la suspensión solicitada, por la condena restante, que asciende a cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta pesos, más lo que se siga generando por concepto de salarios caídos y las prestaciones que en el laudo no fueron cuantificadas, a fin de que las cosas queden en el estado en que actualmente se encuentran, y de esta manera no se ejecute el laudo reclamado por la cantidad referida, condicionándose dicha suspensión a que la parte quejosa otorgue la garantía de cuarenta y seis mil pesos en cualquiera de las formas establecidas por la ley, a satisfacción y ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido de que, de no hacerlo, dejará de surtir sus consecuencias la medida cautelar otorgada; dicha cantidad se fija para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la parte actora, con motivo de la tramitación del juicio de garantías."

Asimismo, conviene precisar que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el veintinueve de junio de dos mil seis, el recurso de queja número 86/2006, en la parte que interesa, precisó:

"CUARTO. El estudio de los agravios conduce a determinar lo siguiente:

"Aduce en esencia el recurrente que el presidente de la Junta Especial Número Catorce de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, violó los artículos 14 y 16 constitucionales, porque al dictar la resolución recurrida, negó la suspensión solicitada por el monto que corresponde a tres meses de salario y, en relación con el resto de la condena determinó que el recurrente debería exhibir fianza por la cantidad de ciento trece mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con quince centavos, a efecto de garantizar los daños y perjuicios que se pudieran causar; con lo cual la autoridad pretende se garantice el total de la condena, siendo que conforme a la interpretación del artículo 174 de la Ley de Amparo, el objeto de la caución es garantizar los daños y perjuicios, mismos que ni siquiera están determinados, es decir, el presidente no señala cuáles son esos daños y perjuicios.

"Los anteriores agravios son fundados.

"De las constancias que en copia debidamente certificada remitió el presidente de la Junta responsable al rendir su informe justificado, se aprecia la resolución de suspensión de fecha veinte de febrero de dos mil seis, donde estableció, en la parte que se impugna, lo siguiente (se transcribe).

"Ahora bien, de la copia certificada del laudo de veinte de abril de dos mil cinco, cuya impugnación originó la emisión de la resolución de suspensión recurrida, en el segundo resolutivo se advierte lo siguiente (se transcribe).

"De lo anterior se advierte que, en efecto, el presidente de la Junta responsable decidió negar la suspensión solicitada hasta por el pago de tres meses de salario diario, que percibió el tercero perjudicado al prestar sus servicios a la empresa y que ascendería a la cantidad de nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos, para el efecto de garantizar la subsistencia económica del trabajador. Y, por otra parte, resolvió conceder la suspensión del acto reclamado por el resto de la condena, determinando que el peticionario de la suspensión debería exhibir fianza o depósito, por la cantidad de ciento trece mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con quince centavos, que corresponde al resto de la condena y comprende los conceptos de la condena líquida del laudo, así como los salarios caídos desde el treinta y uno de marzo de dos mil tres hasta el veinte de febrero de dos mil seis, restando el importe de la subsistencia.

"Ahora bien, ciertamente el artículo 174 de la Ley de Amparo determina los principios básicos protectores de la parte trabajadora, mismos que deberá observar la autoridad para proveer respecto de la mencionada suspensión; sin embargo, existen ciertas reglas que de manera más específica debe seguir el presidente de la Junta del conocimiento, para darle trámite a aquélla, a saber:

"a) Indefectiblemente negar la suspensión de la ejecución del laudo por el monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio de garantías;

"b) Conceder la suspensión respecto de la ejecución de la condena restante, condicionando sus efectos al otorgamiento de caución bastante para responder de los daños y perjuicios que con ella se pudiera causar al trabajador; medida que debe contemplar dos aspectos:

"1. Efectuar una prudente estimación respecto del menoscabo que pudiera sufrir la parte obrera, al ver suspendida la ejecución del laudo mientras dure la sustanciación del juicio constitucional; y,

"2. Estimar los perjuicios que con aquella medida cautelar se le pudieran ocasionar al trabajador, al privarle de las ganancias lícitas que obtendría si tuviera bajo su dominio el dinero objeto de la condena.

"En el presente caso, como ya se mencionó en párrafos precedentes, el presidente de la Junta, después de determinar la cantidad de nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos, como el monto por el que habría de negarse la suspensión de la ejecución del laudo de veinte de abril de dos mil cinco, del que emanó el incidente de suspensión materia de análisis, procedió a conceder la suspensión de la ejecución del referido laudo, requiriendo fianza o depósito por la cantidad de ciento trece mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con quince centavos, aclarando que dicha cantidad comprendía los siguientes conceptos de condena líquida contenida en el laudo reclamado y salarios caídos desde el treinta y uno de marzo de dos mil tres hasta el veinte de febrero de dos mil seis, restando el importe de la subsistencia.

"Pues bien, este tribunal advierte que aun cuando el presidente de la Junta efectuó un cálculo pormenorizado de la cantidad por la que habría de negarse la suspensión de la ejecución del acto reclamado, se constata que la cantidad a la cual arribó para conceder la suspensión solicitada, corresponde a la totalidad de la condena y, además, es excesiva y por consecuencia le asiste razón al recurrente.

"Ello es así, pues como se especificó líneas arriba, la autoridad incorrectamente calculó el monto de la garantía, puesto que consideró que la misma ascendía a ciento trece mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con quince centavos, aclarando que ésta comprendía los conceptos de condena líquida establecida en el laudo reclamado más salarios caídos desde el treinta y uno de marzo de dos mil tres hasta el veinte de febrero de dos mil seis, fecha de la resolución recurrida, restando el monto de la subsistencia; cantidad que resulta incorrecta, pues la base de la fianza sólo comprende los conceptos de daños y perjuicios que se le pudieran causar al trabajador, por lo que en tales condiciones, el presidente de la Junta responsable, al fijar fianza superior a la condena líquida en el laudo, indudablemente se contrapone a lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2a./J. 40/2000, la cual establece que la caución sólo debe responder de los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar al trabajador; aspecto que no observó la autoridad, desatendiendo los razonamientos contenidos en el criterio jurisprudencial mencionado.

"La citada jurisprudencia número 2a./J. 40/2000, fue emitida por la Segunda Sala de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/98 y aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 262, cuyos rubro y texto dicen:

"‘SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe).

"Por tanto, como el presidente responsable fijó una fianza por el monto de ciento trece mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con quince centavos, que corresponde a la totalidad de la condena con los salarios caídos, resulta evidente que dicha caución fue excesiva y que no se ajustó a la limitante expuesta en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya aplicación es obligatoria para las autoridades del trabajo, ya que debió observar que de dicho criterio claramente se desprende que la fianza que se exhiba para responder de los daños y perjuicios, se compone de dos partidas, a saber: una que responda por los daños que se ocasionen con la suspensión de la ejecución del laudo y que se traduce esencialmente en resarcir el daño o menoscabo del poder adquisitivo por el diferimiento del pago; y la otra relativa a los perjuicios que equivalen al rendimiento conforme a una tasa de interés.

"En tal virtud, procede declarar fundado el presente recurso de queja.

"Ahora bien, no es el caso de que, al resultar fundado el recurso de queja, este órgano jurisdiccional deba asumir jurisdicción para resolver en definitiva sobre la suspensión de un laudo, por las razones siguientes:

"No puede existir la posibilidad de que el Tribunal Colegiado se sustituya en la jurisdicción del presidente de un tribunal de trabajo en la tramitación de la suspensión de un laudo, porque el artículo 174 de la Ley de Amparo, le otorga facultad discrecional para resolver sobre esa medida cautelar, lo que debe hacer conforme a su prudente arbitrio; aspecto que en todo momento debe ser respetado, no obstante que se advierta, en el recurso de queja, que al resolver sobre la suspensión, no se siguieron las reglas previstas por la ley y la jurisprudencia.

"Por otra parte, el hecho de que el presidente de un tribunal de trabajo tenga que dictar nueva resolución de suspensión, conforme a lo resuelto en un recurso de queja, no implica que sea ineficaz la medida cautelar, porque los términos que prevén los artículos 97, fracción II y 99, de la Ley de Amparo, para su interposición y resolución, permiten que el Tribunal Colegiado analice la resolución de suspensión decretada por el presidente de un tribunal de trabajo, antes de que se falle el juicio de garantías.

"Asimismo, de los artículos 98 y 99 de la Ley de Amparo que fijan las reglas para la resolución de los recursos de queja interpuestos en contra de la resolución que dicta un presidente de tribunal de trabajo en la suspensión de un laudo, no se aprecia la intención de que el Tribunal Colegiado sea quien resuelva en definitiva la suspensión decretada por aquél, en caso de que resulte fundado el recurso de queja.

"Finalmente, la naturaleza jurídica de la suspensión provisional que decreta un Juez de Distrito en amparo indirecto, no es similar a la suspensión que resuelve el presidente de un tribunal de trabajo en la tramitación de un amparo directo; porque al resolver sobre la suspensión provisional, aquél debe hacer una valoración superficial sobre la constitucionalidad del acto reclamado, a efecto de establecer la premura en la demora y resolver sobre la medida suspensional, partiendo únicamente de los elementos de la demanda de amparo; mientras que éste nada tiene que analizar sobre la constitucionalidad del laudo que se reclama y, además, tiene todos los elementos para decidir sobre la suspensión del laudo, por formar parte del expediente relativo.

"Por lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis XXI.1o.C.T.99 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2467, cuyos rubro y texto dicen: ‘QUEJA CONTRA LA SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. SI SE DECLARA FUNDADA EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER DICHO RECURSO REASUME JURISDICCIÓN Y DEBE RESOLVER LO PROCEDENTE. De conformidad con los artículos 95, fracción VIII, 99, párrafo cuarto y 174 de la Ley de Amparo, la suspensión en amparo directo se tramita de plano, y dada la urgencia de la medida, ésta debe considerarse similar a la prevista en la fracción XI del citado artículo 95 en lo que respecta a la forma de la decisión; de tal manera que si en el caso de la mencionada fracción XI el Tribunal Colegiado de Circuito reasume jurisdicción para resolver lo procedente por falta de reenvío, lo mismo sucede tratándose del supuesto previsto en la fracción VIII del referido artículo 95 cuando se declara fundada, pues no sería eficaz la solución al problema planteado en el recurso si la autoridad que proveyó sobre la suspensión tuviera que modificar o reponer su auto, en cumplimiento a lo resuelto en la queja.’; motivo por el cual se ordena denunciar la posible contradicción de criterios.

"Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 95, 97 y 99, de la Ley de Amparo, se resuelve:

"ÚNICO. Se declara fundado el presente recurso de queja, interpuesto por Sergio Dickter Cohen; y se ordena denunciar la posible contradicción de tesis."

CUARTO. En ese tenor, es menester tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para que exista materia sobre la cual deba pronunciarse tratándose de contradicción de tesis, es decir, para que se pueda dirimir qué criterio debe prevalecer debe existir una oposición respecto de una misma situación legal, debiendo suscitarse, además, entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y que provenga del examen de los mismos elementos.

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).

Entonces, para decidir sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta pertinente precisar los antecedentes de los casos en que se pronunciaron los Tribunales Colegiados de Circuito,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19850-913020cf/queja-contra-el-auto-que-niega-o-concede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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