PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA LABORAL. SI EL PATRÓN AFIRMA QUE LOS TESTIGOS, QUE SON SUS TRABAJADORES, SE NIEGAN A PRESENTARSE A DECLARAR VOLUNTARIAMENTE, LA JUNTA DEBE ORDENAR SU CITACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 146/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, conviene puntualizar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Estado de Nuevo León, al resolver el cinco de agosto de dos mil tres el juicio de amparo directo 290/2003, en la parte que interesa, estableció:
"SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación que enseguida se sintetizan, por las siguientes consideraciones:
"El organismo quejoso argumenta en esencia como violaciones procesales, entre otras, las siguientes:-
"a) Que la Junta admitió defectuosamente la prueba testimonial a cargo de Enrique López Zúñiga, José Enrique Rodríguez García y Francisco Santiago Delgado, toda vez que ofreció dicho medio de convicción señalando su imposibilidad de presentarlos, y señaló el domicilio en el cual podían ser notificados; a lo que la Junta indebidamente consideró que al ser trabajadores de la empresa demandada, ésta debía de presentar a sus testigos de manera directa; además señala que ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación del oferente de presentar a sus testigos cuando éstos sean sus trabajadores.
"b) Que resulta ilegal la declaración de confesos de Horacio J. A. Polanco Carrillo y Jaime Enrique Díaz Cígala, ya que el último jamás fue notificado para el desahogo de la prueba confesional a su cargo y señala que el día de la audiencia el primero de los nombrados sí se presentó.
"c) Que la responsable desechó ilegalmente la prueba de ratificación respecto de las documentales marcadas con los números IV, VI y VII, respecto de la documental consistente en el aviso rescisorio de la relación laboral, al considerar que la ratificación de documentos procede respecto de terceros, no de las partes.
"Es infundado el concepto de violación señalado en el inciso a), toda vez que la responsable se encuentra facultada para no acordar favorablemente la solicitud de ordenar la citación, si estima que los motivos que se aducen para no presentar directamente a los testigos, no son suficientes, basada en la lógica y en la experiencia. Por tanto, es claro que si los testigos, en el caso concreto, son trabajadores de la demandada quejosa, ésta no tiene esa imposibilidad para presentarlos, al estar bajo su subordinación y mando. De ahí que correctamente la Junta dejó al oferente la carga de efectuar su comparecencia con el apercibimiento de decretar la deserción de la probanza si no los presentaba. Esta facultad discrecional se encuentra únicamente limitada al caso de duda por parte de la autoridad laboral, en cuanto a si son o no suficientes las razones alegadas, pues entonces se debe citar a los testigos.
"Lo anterior es así ya que, en la especie, la parte demandada en el conflicto individual de trabajo, en donde se dictó el laudo reclamado, en el periodo de ofrecimiento de pruebas de la audiencia a que se refieren los artículos 873 y 875 de la Ley Federal del Trabajo, celebrada el día veintiuno de febrero de dos mil uno, propuso como pruebas de su intención (foja 82), entre otras la ‘... XVI. Testimonial. Consistente en la declaración que deberán rendir ante esa H. Autoridad los C.C. Enrique López Zúñiga, José Enrique Rodríguez García y Francisco de Santiago Delgado al tenor del interrogatorio que les formularé en la fecha y hora para el desahogo de esa prueba (sic) señale esta autoridad y solicitando que los testigos propuestos sean citados por conducto de esa H. Autoridad laboral en las instalaciones que ocupa la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa en el Km. 36 en la carretera Monterrey-Reynosa de Cadereyta Jiménez, N.L., pues mi representado se encuentra imposibilitado para hacer que se presente por sus mismos (sic) pues han manifestado que no comparecerán ante autoridad alguna a menos que sean citados legalmente por la autoridad que los requiera, teniendo por objeto esta prueba acreditar que el hoy actor prestó sus servicios a mi representada mientras duró la relación laboral en un horario de las 8:00 horas a las 16:00 horas de lunes a viernes con descansos semanales los sábados y domingos incluyendo la media hora de alimentos tal cual se encuentra pactada en el contrato colectivo de trabajo en vigor ...’.
"A lo anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje responsable, en el auto de calificación de pruebas admitió la prueba de referencia, de la siguiente manera: ‘... apercibiéndose a la demandada que deberá de presentar personalmente a los testigos por estar bajo su subordinación y dependencia económica toda vez que proporciona como domicilio para notificar a los testigos en la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa de lo que se desprende que no existe impedimento para presentarlos directamente, en caso de no hacerlo se declarará la deserción de la prueba con fundamento en el artículo 780 de la ley laboral ...’ (foja 138).
"En la fecha indicada para el desahogo de dicho medio de convicción se acordó lo siguiente: ‘...dada la incomparecencia de los testigos Enrique López Zúñiga, José Enrique Rodríguez García y Francisco de Santiago Delgado, no obstante estar apercibida la demandada de presentarlos se le hace efectivo el acuerdo de calificación de pruebas de fecha 9 de abril del presente año, declarándose la deserción de la prueba testimonial ofrecida por la demandada a cargo de los citados testigos...’ (foja 161).
"El artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo establece:
"‘Artículo 813. La parte que ofrezca la prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes: ... II. Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá solicitarse a la Junta que los cite, señalando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente; ...’
"Del artículo y fracción señalada, se advierte que el oferente tiene la obligación de presentar a sus testigos, excepcionalmente la Junta los debe citar cuando exista impedimento para presentar directamente a sus testigos, sin embargo, la misma se encuentra facultada para analizar esa imposibilidad conforme a la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 114/2002, que posteriormente será reseñada, en la que esencialmente se consideró que dicha facultad consistía en hacer una prudente estimación de los motivos de la imposibilidad aducida, basándose en la lógica y la experiencia de acuerdo al caso concreto, y si consideraba insuficientes dichos motivos, se encontraba en aptitud de dejar al oferente la carga de efectuar su comparecencia con el apercibimiento de ley; además de que la parte quejosa no controvierte los motivos que tomó en cuenta la responsable para no citar a los testigos.
"Lo anterior, hace patente que la Junta en ejercicio de su facultad discrecional para ponderar la manifestación de imposibilidad de presentar a los testigos propuestos, consideró que éstos debían ser presentados directamente por la demandada al ser éstos sus empleados, ello es legal, atento al criterio por contradicción de tesis 2a./J. 114/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 297, Tomo XVI, octubre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época que establece lo siguiente:
"‘TESTIGOS EN MATERIA LABORAL. LA JUNTA DEBE ESTIMAR SI ES SUFICIENTE LA CAUSA DE IMPOSIBILIDAD PARA PRESENTARLOS ALEGADA POR EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE SE LES CITE. Si al ofrecer la testimonial el oferente manifiesta la imposibilidad de presentar a los testigos, pidiendo que la Junta los cite, además de proporcionar sus nombres y domicilios, debe expresar las razones o motivos de esa imposibilidad, conforme lo dispone el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; ante ello, la Junta debe hacer una prudente estimación de los motivos de la imposibilidad que se aduce, basada en la lógica y en la experiencia de acuerdo al caso concreto, sin que los motivos expuestos deban probarse, ya que tal extremo no lo exige la ley. En caso de no satisfacer el último requisito mencionado, la autoridad laboral estará facultada para no acordar favorablemente la solicitud de ordenar la citación, dejando al oferente la carga de efectuar su comparecencia con el apercibimiento de decretar la deserción de la probanza si no los presenta, pero si existe duda por parte de la autoridad laboral, respecto de si son o no suficientes las razones alegadas, debe ordenar citar a los testigos.’"
CUARTO. Asimismo, resulta oportuno destacar que el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el trece de febrero de mil novecientos noventa y siete, el juicio de amparo directo número 887/96, en lo conducente, sostuvo:
"CUARTO. De los conceptos de violación que han quedado transcritos en el considerando que antecede, se advierte que en el segundo de ellos se aduce una violación al procedimiento, misma que, debe ser analizada previamente, puesto que la misma se estima fundada y hace innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación que se refieren al fondo del asunto, según se verá más adelante.
"En efecto, en dicho concepto de violación en síntesis se aduce, que la autoridad responsable en su acuerdo de fecha doce de abril de mil novecientos noventa y seis, admitió todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes y que en relación a las que ofreció la hoy quejosa, se encuentran las testimoniales a cargo de José María Morales Gutiérrez y Norma Irene Beltrán Mena, mismas que se ofrecieron en términos de la fracción II del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, para que fueran citados a declarar por conducto de la responsable, habiéndose admitido en esos términos en tal acuerdo y, posteriormente, en forma incongruente, previene el tribunal responsable en la diligencia de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y seis, primero a los testigos de que si no comparecen a la audiencia del día once de septiembre de mil novecientos noventa y seis, se declarará desierta la prueba testimonial ofrecida a su cargo por la parte demandada (lo que está fuera de toda lógica jurídica) (sic) y al Ayuntamiento demandado, para que presente a sus testigos a declarar; agregándose en el concepto de violación que si ya se le había admitido la probanza en mención, la responsable debió de agotar los extremos legales para hacer comparecer a declarar a los testigos y no declararla desierta ante la insistencia de éstos, mediante diligencia realizada el once de septiembre de mil novecientos noventa y seis, violando lo dispuesto por la fracción II del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, añadiendo el Ayuntamiento quejoso que si bien es cierto dichos testigos laboran para él, ello no significa que estén bajo su control y pueda llevarlos a declarar ante diversas autoridades, pues los mismos únicamente están subordinados para realizar las labores como empleados dentro del Ayuntamiento y que dentro de sus funciones no se encuentra la obligación de comparecer a declarar ante la responsable, ni ante ninguna otra autoridad, ya que dice el Ayuntamiento promovente del juicio de garantías, que también fueron compañeros de trabajo del actor y se justifica que hayan manifestado que no comparecerían a declarar ante la autoridad responsable. Ahora bien, se estima que le asiste la razón al Ayuntamiento agraviado, toda vez que al ofrecer como prueba de su intención la prueba testimonial consistente en las declaraciones de José María Morales Gutiérrez y Norma Irene Beltrán Mena, solicitó que se citaran por conducto del tribunal, por estar fuera de su control, al haber manifestado que no comparecerían a declarar salvo mandamiento de autoridad respectiva, pidiendo se citara a dichos testigos con los apercibimientos de ley, advirtiéndose de autos que dicha prueba fue admitida mediante acuerdo del doce de abril de mil novecientos noventa y seis, en que se acordó que fueran notificados los testigos referidos por el actuario del tribunal quejoso; posteriormente, la autoridad responsable acordó que se apercibiera primero a los testigos para que comparecieran a declarar y luego al Ayuntamiento demandado, para que los hiciera comparecer aduciendo que está bajo su control, apercibiéndolos a todos, testigos y oferente de que, en caso de desobediencia, se tendría por desierta dicha prueba testimonial, lo cual ocurrió, mediante resolución de once de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en que hizo efectivo el apercibimiento y declaró desierta la prueba, lo que se estima incorrecto, puesto que por un lado, ya había acordado la admisión de las testimoniales ofrecidas por la demandada, ordenando notificar a los testigos por conducto del actuario; razón por la cual no debió variar de motu proprio esa determinación; y, por otro lado, la razón que invoca para ordenar que la oferente de la prueba presentara a sus testigos, no era procedente, porque como bien lo expresa el Ayuntamiento peticionario de garantías, la circunstancia de que sean sus trabajadores, de ninguna manera significa considerar que puede hacerlos comparecer a declarar ante la autoridad responsable, puesto que tal cosa no está comprendida entre las funciones inherentes a su contrato, violando en consecuencia el tribunal responsable lo dispuesto por el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, así como el diverso numeral 159, fracción III, de la Ley de Amparo. Debiendo agregarse, que si bien es cierto, el Máximo Tribunal del país ha establecido que, para conceder el amparo por violaciones al procedimiento es necesario que las mismas trasciendan al resultado del fallo, también lo es que en la especie la violación en comento sí trascendió, puesto que dentro de la litis se está cuestionando si el actor debe ser reinstalado en su trabajo, porque fue despedido en forma injustificada por el Ayuntamiento demandado, o si por el contrario, no existió tal despido, en virtud de que el actor era un trabajador de confianza, cuestionándose además entre otras cosas, si el actor laboró las horas extras que reclama, o si por el contrario, como lo asevera el aludido demandado, nunca las laboró, por lo que con dicha prueba testimonial se puede demostrar la verdad de los hechos.
"Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 340, que aparece publicada en la página 305 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, fallos de 1917 a 1985, que a la letra dice: ‘VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE LA SECUELA DEL PROCEDIMIENTO, REQUISITOS PARA CONCEDER EL AMPARO POR. Para que proceda conceder el amparo por violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, es necesario que las mismas trasciendan al resultado del fallo, ya que de otra forma sería ocioso otorgar la protección de la Justicia Federal para que se repare la violación, cuando esa reparación no pueda producir el efecto de que la responsable está en posibilidad de cambiar el sentido del laudo.’
"Así las cosas y dado que sí se conculcó en perjuicio del Ayuntamiento agraviado, el contenido de las garantías individuales consagradas en la Constitución del país en sus artículos 14 y 16, lo conducente es otorgarle el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el laudo combatido y reponga el procedimiento a fin de que acuerde la admisión y desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, en los términos antes referidos."
De las consideraciones transcritas dimanó la tesis aislada número VIII.1o.18 L, consultable en la página 825 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, agosto de 1997, que dice:
"TESTIGOS. LOS TRABAJADORES DEL PATRÓN NO ESTÁN BAJO SU CONTROL PARA HACERLOS COMPARECER A DECLARAR. Si la ahora quejosa, al ofrecer la prueba testimonial en términos de lo dispuesto por el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, dijo estar imposibilitada para presentar a sus testigos porque estaban fuera de su control, al haberle manifestado dichos testigos que no comparecerían a declarar, salvo mandamiento de autoridad y, por tal razón, solicitó a la Junta que citara a dichos testigos a declarar con los apercibimientos de ley, y si así se admitió dicha prueba, la autoridad responsable, no podía, con posterioridad a ese acuerdo, prevenir a la oferente de la prueba para que presentara a los citados testigos, aduciendo que laboraban para ella, ni apercibirla de que en caso de que no lo hiciera, sería declarada desierta tal probanza, puesto que el que trabajen para la oferente no implica que estén bajo su control y que pueda hacerlos comparecer a declarar, ya que dentro de las funciones de los trabajadores no está comprendida tal circunstancia; por tanto, la determinación de la Junta de declarar desierta dicha probanza infringe las leyes del procedimiento a que se refiere la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo."
QUINTO. En ese tenor, es menester tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para que exista materia sobre la cual deba pronunciarse tratándose de contradicción de tesis, es decir, para que se pueda dirimir qué criterio debe prevalecer, debe existir una oposición respecto de una misma situación legal, debiendo suscitarse, además, entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y que provenga del examen de los mismos elementos.
Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
Entonces, para decidir sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta pertinente precisar los antecedentes de los casos en que se pronunciaron los Tribunales Colegiados de Circuito, los que derivan de las ejecutorias dictadas por ellos.
Juicio de amparo directo 290/2003.
1. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la Junta Especial Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Rozzbel Vázquez Reta en su afirmada calidad de trabajador de Pemex Refinación, demandó a este último organismo la reinstalación, pago de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, séptimo día, días festivos, tiempo extra y media hora de descanso. Demanda laboral que se radicó con el número de expediente 938/99.
2. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el veintiuno de febrero de dos mil uno, el demandado ofreció la prueba de testimonio respecto de tres trabajadores, y para su desahogo solicitó a la Junta responsable con fundamento en el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal de Trabajo, que al respecto fueran citados por su conducto, habida cuenta que "han manifestado que no comparecerán ante autoridad alguna a menos que sean citados por la autoridad que los requiera", en aras de acreditar que el actor gozaba de las prerrogativas que derivan del contrato de trabajo.
3. La Junta responsable admitió la prueba de testimonio bajo el apercibimiento de que corresponde al demandado presentar a los mencionados testigos "por estar bajo su subordinación y dependencia económica ... de lo que se desprende que no existe impedimento para presentarlos directamente"; porque en caso de ser omiso sobre el particular se declararía desierta la prueba por falta de interés procesal.
4. En relación con este punto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito estimó que es correcta la postura de la Junta responsable en el sentido de declarar desierta la prueba de testimonio ante la falta de presencia de los testigos, porque si "son trabajadores de la demandada quejosa, ésta no tiene esa imposibilidad para presentarlos, al estar bajo su subordinación y mando", atento a que los motivos que precisó son insuficientes para relevarlo de la carga de presentarlos. En apoyo a su aserto, citó la jurisprudencia, de rubro: "TESTIGOS EN MATERIA LABORAL. LA JUNTA DEBE ESTIMAR SI ES SUFICIENTE LA CAUSA DE IMPOSIBILIDAD PARA PRESENTARLOS ALEGADA POR EL OFERENTE, A FIN DE ORDENAR QUE SE LES CITE."
Juicio de amparo directo 887/96.
1. Por escrito presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Coahuila, Ricardo Gómez Jáuregui en su calidad de trabajador del Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, demandó de este último el despido injustificado. Demanda laboral que se radicó con el número de expediente AM/221/032/95.
2. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el doce de abril de mil novecientos noventa y seis, el Ayuntamiento demandado ofreció la prueba de testimonio respecto de dos trabajadores y, además, solicitó al tribunal responsable con fundamento en el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal de Trabajo, de aplicación supletoria, que al respecto fueran citados por su conducto, porque "si bien dichos testigos laboran para él, ello no significa que estén bajo su control y pueda llevarlos a declarar ante diversas autoridades, pues los mismos únicamente están subordinados para realizar las labores como empleados dentro del Ayuntamiento y que dentro de sus funciones no se encuentra la obligación de comparecer a declarar ante la responsable ni ante ninguna otra autoridad, porque también fueron compañeros de trabajo del actor y se justifica que hayan manifestado que no comparecerían a declarar ante la autoridad responsable."
3. El tribunal responsable admitió la prueba de testimonio el doce de abril de mil novecientos noventa y seis, empero, el tres de septiembre siguiente, entre otras cuestiones, requirió a la parte demandada para que presentara a sus testigos para el desahogo de la prueba de mérito, bajo el apercibimiento de que corresponde a esa parte presentar a los mencionados testigos "por estar bajo su control", porque en caso de ser omisa sobre el particular se declararía desierta la prueba por falta de interés procesal.
4. En relación con este tópico, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito consideró que asistía razón al Ayuntamiento quejoso, pues "la circunstancia de que sean sus trabajadores, de ninguna manera significa considerar que puede hacerlos comparecer a declarar ante la autoridad responsable, pues que tal cosa no está comprendida entre las funciones inherentes a su contrato (sic), violando en consecuencia el tribunal responsable lo dispuesto por el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo."
Con base en lo expuesto, se arriba a la convicción de que sí existe contradicción de tesis, ya que de las ejecutorias transcritas se evidencia que se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes, partiendo del examen de los mismos elementos.
Se asevera que sí existe contradicción de tesis, pues ambos Tribunales Colegiados de Circuito al analizar en amparo directo la posible violación procesal planteada por el patrón demandado en un conflicto individual de trabajo, consistente en que ante la Junta responsable solicitaron que de acuerdo con el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, fueran citados los trabajadores nombrados como testigos por su conducto, ante su manifestación de que no comparecerían al procedimiento; y, en respuesta a esta petición la autoridad responsable admitió la prueba de mérito, y se precisó que al demandado le corresponde presentar a los testigos al haber una relación de subordinación entre ellos, que no lo eximía de la carga procesal de presentarlos; siendo que sobre este tema el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito arribó a la convicción que por virtud de esa subordinación no existe la imposibilidad para presentarlos en el juicio laboral; en cambio, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito concluyó que los trabajadores no están bajo control del patrón para hacerlos comparecer a juicio con el fin de que proporcionen su testimonio, por lo que la Junta responsable debió citarlos con fundamento en el precepto legal invocado.
De esa manera, la contradicción de tesis se centra en decidir si la subordinación entre un patrón demandado y los trabajadores nombrados como testigos, otorga la carga procesal al primero de presentarlos en el juicio laboral, según el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; o bien, si la citada dependencia no implica que pueda presentarlos a declarar en el juicio, pues esta situación no está comprendida dentro de la relación laboral y, por ende, corresponde a la Junta citar a los testigos trabajadores, en términos del mismo precepto legal; sin perder de vista que los dos criterios parten de la base de que los testigos se habían negado a declarar en el procedimiento laboral.
No representa obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver el juicio de amparo directo número 887/96 se haya referido a que de acuerdo con el nombramiento de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Estado de Coahuila, el patrón no puede hacerlos comparecer a juicio laboral, porque en realidad esta apreciación no surgió con motivo de un análisis de la relación laboral derivada de las funciones inherentes al nombramiento, sino a la subordinación existente entre un trabajador, en general y, su patrón. Además, la hipótesis de que el señalado Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver el juicio de amparo directo 290/2003, no haya emitido formalmente una tesis que reprodujera el criterio jurídico que sostuvo, no implica la inexistencia de la contradicción de tesis, porque lo determinante para decidir ese aspecto parte de la base de que se haya resuelto la litis a través del examen de los mismos elementos, como quedó evidenciado.
Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 94/2000 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, noviembre 2000, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
SEXTO. En ese contexto, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las consideraciones que enseguida se exponen.
En principio, conviene señalar que los artículos 813, fracción II, y 814 de la Ley Federal del Trabajo, disponen (en el entendido de que se cita el último precepto con el propósito de lograr una mejor interpretación del primero):
"De la testimonial.
"Artículo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes:
"I...
"II. Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá solicitarse a la Junta que los cite, señalando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente ..."
"Artículo 814. La Junta, en el caso de la fracción II d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18402-3aff3da9/prueba-testimonial-en-materia-laboral-si-el-patron · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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