Corpus
Modo: Corpus Pro

DESPIDO INJUSTIFICADO. SI EN EL ESCRITO DE DEMANDA EL TRABAJADOR RECLAMA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O SU REINSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS SALARIOS CAÍDOS, NARRANDO ADEMÁS LOS HECHOS RELATIVOS, SU ACCIÓN ES PROCEDENTE AUNQUE NO SEÑALE EXPRESAMENTE QUE FUE DESPEDIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2003-SS. · Registro digital (IUS): 18029
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, , Pág. 821.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Del juicio de amparo directo 439/2003, promovido por Grupo Costamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil tres, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, derivan los siguientes antecedentes.

1. Ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, María Aída Zavala Vázquez demandó de la empresa denominada Grupo Costamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre otras prestaciones: "A) Indemnización constitucional por despido injustificado. B) Pago de salarios caídos a partir del 20 de febrero de 1997 ..."

2. Entre otros hechos expuso que el motivo de la demanda fue porque en los primeros días del mes de enero de mil novecientos noventa y siete le fue notificado a la actora que en el centro de trabajo se iba a implementar un nuevo programa de ventas, y que los vendedores (como la demandante) deberían salir a buscar prospectos para adquirir la membresía del tiempo compartido, dando a los trabajadores a cambio un bono mensual para gasolina de mil pesos; que ante ese cambio de condiciones generales de trabajo, el veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete, siendo aproximadamente las diez de la mañana, en las oficinas de los demandados solicitó a Daniel Díaz González el bono mensual de gasolina, estando presente Pablo I. González Carbonell, manifestándole dichas personas que no le entregarían ningún bono, ya que no estaba contemplado en ningún contrato, a lo que la demandante manifestó que si ya no podía vender en sus oficinas era porque así ellos lo habían decidido, al no proporcionarle los prospectos por mercadotecnia, ya que era necesario el bono para trasladarse a visitar clientes, por lo que le volvieron a insistir que si no le convenía trabajar en el horario asignado le hiciera como quisiera y, como no le entregarían el bono de gasolina, si pretendía demandarlos como otras personas, no iba a ganar nada, por lo que consideró la demandante que dicha situación y manifestación era un despido injustificado, ya que a pesar de haberse obligado los demandados a proporcionarle toda la herramienta necesaria (aportaciones de prospectos), se ve en la imperiosa necesidad de reclamar sus derechos laborales.

3. La parte demandada negó la relación laboral y, en su oportunidad, la Junta dictó laudo en el que la absolvió del pago de las prestaciones reclamadas.

4. Inconforme con el primer laudo emitido, la parte actora promovió juicio de amparo del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con el número 750/2000, y resolvió otorgar el amparo para que la Junta emitiera nuevo laudo en el que tuviera por acreditado que la relación existente entre la actora y demandada era de carácter laboral y distribuyera las cargas procesales.

5. En cumplimiento de la ejecutoria a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad responsable dictó un segundo laudo en el que determinó que la relación entre las partes era de naturaleza laboral. Asimismo, en cumplimiento de la queja de seis de diciembre del dos mil uno, donde se determinó que no se había establecido de manera correcta el despido del cual se dolía la promovente, la Junta emitió un nuevo laudo en el que tomó en cuenta que la actora, tanto en el escrito de demanda como en vía de réplica, precisó que el despido ocurrió el veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete, que también fue demostrado mediante la confesión ficta de Pablo Ignacio González Carbonell, al formulársele la siguiente posición: "Que usted y el señor Pablo Ignacio González Carbonell despidieron en las oficinas a la C. María Aída Zavala Vázquez de su empleo en fecha 20 de febrero de 1997, a las 10:00 de la mañana". Con lo anterior, la Junta tuvo por acreditado el despido y condenó a la parte demandada al pago de la indemnización constitucional.

Inconforme con el laudo emitido, la empresa demandada, Grupo Costamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso juicio de amparo directo, el cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con el número DT. 439/2003, y en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil tres emitió la ejecutoria, cuyas consideraciones se transcriben en lo que interesa a la materia del presente asunto.

"NOVENO. En el segundo y cuarto conceptos de violación la quejosa argumenta que la actora no precisó el tiempo, modo y lugar en que supuestamente fue despedida, sin que precisara la acción de conformidad con el artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, que la réplica es imprecisa, que en el tercer punto de hechos de su demanda laboral fundó la indemnización por despido en una serie de argumentos y supuestos cambios en las condiciones de prestación de sus servicios, presuponiendo que se trataba de un despido injustificado, sin que expresara en su demanda ni en su primer intervención de la audiencia de demanda y excepciones que se le hubiera despedido de su trabajo en forma expresa o tácita, y que si en la réplica el apoderado de la actora trató de precisarlo, entonces ya le había precluido su derecho. Resultan fundados los conceptos de violación, en razón de las siguientes consideraciones: De la demanda laboral se advierte que la actora demandó, entre otras prestaciones: ‘A) Indemnización constitucional por despido injustificado ...’, misma que se fundó en: ‘3. ... que los primeros días del mes de enero de 1997, Daniel Díaz González, quien funge como director de las demandadas, y que por órdenes de Pablo I. González Carbonell se iba a implementar un nuevo programa de ventas, consistiendo en el cambio de la jornada de trabajo de la suscrita, así como de todos los vendedores, y que ya no se iban a proporcionar los prospectos para realizar las ventas por medio del Departamento de Mercadotecnia a cargo de Virginia Herrera y Aidé Treviño, y que ahora los vendedores (suscrita) deberían salir a buscar prospectos para invitarlos a adquirir la membresía del tiempo compartido, dándonos a cambio un bono mensual para gasolina de $1,000.00, existiendo la necesidad de salir a visitar fuera de esta ciudad a clientes, por lo que ante dicho cambio brusco de las condiciones de trabajo el día 20 de febrero de 1997, siendo aproximadamente las 10:00 A.M., solicité, en las oficinas de los demandados, a Daniel Díaz González el bono mensual de gasolina, estando presente Pablo I. González Carbonell, manifestándome dichas personas que no me entregarían ningún bono, ya que no estaba contemplado en ningún contrato, a lo que manifesté que si ya no podía vender en sus oficinas era porque así ellos lo habían decidido al no proporcionarme los prospectos por mercadotecnia, por el cambio de la jornada de trabajo, ya que por las mañanas los clientes buscados se encontraban más ocupados, y algunas veces ni siquiera atención (sic) este tipo de servicios, y que era necesario dicho bono para trasladarme y visitar clientes, por lo que volvieron a insistir en que si no me convenía trabajar en el horario asignado le hiciera como quisiera y que no me entregarían el bono de gasolina, y que si pretendía demandarlos como otras personas no iba a ganar nada, por lo que considero que dicha situación y manifestación es un despido injustificado, ya que a pesar de haberse obligado los demandados a proporcionarme toda la herramienta necesaria (aportación de prospectos) para realizar y ofrecer los tiempos compartidos, por lo que me veo en la imperiosa necesidad de acudir ante este tribunal, a fin de reclamar mis derechos laborales consagrados en la Constitución Política que nos gobierna.’. Por su parte, el apoderado de la demandada adujo: ‘En cuanto al apartado número tres de los hechos que se contestan, se niega en su totalidad dicho apartado, pues todo lo que se refiere es totalmente falso y contrario a la realidad de los hechos que, en principio, el suscrito sea director de la demandada, como también es falso que supuestamente el suscrito en el mes de enero del presente año le hubiese comunicado que por órdenes de Pablo I. González Carbonell, persona que no labora para la demandada ni ocupa puesto de dirección alguno, que supuestamente se estaba implementando un nuevo programa de ventas y que habría cambio de jornada de trabajo, lo cual es totalmente falso, dada pues la inexistencia de la relación de trabajo que falsamente argumenta la accionante con mi representada. ...’. En relación con lo anterior, dicha demandada hizo valer las excepciones de oscuridad y prescripción, la primera en los siguientes términos: ‘Oscuridad e inepto libelo. Que se opone en virtud de que no existe congruencia entre las peticiones reclamadas y los hechos deducidos, siendo estos totalmente oscuros, vagos, ambiguos e imprecisos y, por ende, no se configuran jurídicamente las acciones ejercitadas, de ahí que se deja opuesta frente a las mismas la excepción que se invoca.’ (foja 233). En la audiencia de demanda y excepciones celebrada el siete de febrero de dos mil, el apoderado jurídico de la actora, en uso de la voz expresó: ‘Que en este acto me permito hacer las siguientes aclaraciones con respecto al domicilio en el centro de trabajo, empresa demandada, así como para que sea citado para hechos propios a Pablo Ignacio González Carbonell, a quien se le imputan hechos en la presente demanda, sito en la calle de Calzada del Valle número 275, segundo piso en la colonia del Valle en San Pedro Garza García, N.L., por lo que, una vez que se me tenga haciendo una aclaración, solicito se me tenga haciendo la ratificación en todo su contenido y alcance legal el escrito de demanda de fecha 9 de abril de 1997, a cargo de mi mandante María Aída Zavala Vázquez, de acuerdo al mandato que se me otorga en dicho escrito, reservándome el derecho de seguir manifestando ...’ (fojas 248 y 249). Por su parte, el apoderado jurídico de la demandada, aquí quejosa, señaló: (se transcribe). El apoderado jurídico de la actora en la réplica señaló: ‘... insistiéndose tanto en la jornada de trabajo desempeñada por ésta, puesto, fecha de ingreso, así como las funciones que realizaba para la demandada, así como el despido del 20 de febrero de 1997, siendo aproximadamente las 10 de la mañana en las oficinas de la demandada y ante la presencia de los señores Pablo Ignacio González Carbonell y Daniel Díaz González, siendo que el primero es presidente del Consejo de Administración y Accionista mayoritario de la empresa Grupo Costamex, S.A. de C.V.; por lo que dicha persona realiza funciones de dirección y de mando en dicha organización y los cuales me negaron el monto de gasolina que les requería, y la negativa y la falta de proporción de los prospectos para realizar las ventas de tiempos compartidos, son acciones sinónimas de un despido injustificado, así como en reiteradas ocasiones en dicha fecha le manifestaron a la actora que estaba despedida de su trabajo ...’. En la contrarréplica, el apoderado del demandado expresó: (se transcribe). Ahora, el desarrollo de la audiencia del juicio laboral, en su etapa de demanda y excepciones, se contempla en el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: ‘Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El presidente de la Junta hará una exhortación a las partes y si éstas persistieren en su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda; II. El actor expondrá su demanda, ratificándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. Si el promovente, siempre que se trate del trabajador, no cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento; III. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su caso, a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso estará obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo hace, la Junta la expedirá a costa del demandado; IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho; V. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda en la misma audiencia y si no lo hiciere y la Junta se declara competente, se tendrá por confesada la demanda; VI. Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren; VII. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato, o bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los cinco días siguientes; y VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se pasará inmediatamente al de ofrecimiento y admisión de pruebas. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción.’. Del artículo transcrito se advierte en forma categórica que la controversia laboral se fija una vez que tiene lugar la audiencia de demanda y excepciones, ya que es la etapa en la que se deben fijar las cuestiones pretendidas por las partes en vía de acción y excepción, en donde el actor expone su demanda, ratificándola o modificándola y precisando los puntos petitorios, en tanto el demandado procede en su caso a darle contestación, oponiendo excepciones y defensas, refiriéndose a todos y cada uno de los hechos afirmados por su contraparte. El anterior criterio ha sido sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se desprende de la tesis de jurisprudencia de la Sexta Época, publicada con el número 330, página 266, Tomo V, Materia Laboral, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: ‘LITIS, FIJACIÓN DE LA. No es sino hasta la audiencia de demanda y excepciones que se celebra ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que queda fijada la litis, significando la actuación procesal anterior el mero acto conciliatorio contenido en nuestra legislación laboral.’. El artículo transcrito, en su fracción VI, establece que en la audiencia de demanda y excepciones habrá lugar a una réplica y contrarréplica, aun cuando las constriñe a que sean breves, pues dice: ‘... Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente ...’; de lo que se observa que es en la audiencia de demanda y excepciones en donde se fijan los términos de la controversia, que la réplica y contrarréplica o dúplica forman parte de dicha audiencia, que dichos actos procesales tienen que hacerse necesariamente con elementos propios de la demanda y contestación, pero sin variar la materia del juicio, ya que sólo son alegaciones con el fin de precisar los alcances de la litis fijada en la demanda y contestación y, por ende, como lo afirma la quejosa, el ejercicio de la réplica no puede tener por efecto modificar o variar el sentido de la demanda y de la contestación a la misma, esto es, variar la litis laboral. De igual forma, se advierte que la réplica o contrarréplica del actor y del demandado no son obligatorias, ya que dicho precepto deja al arbitrio de las partes el hacer uso de tales figuras procesales o prescindir de las mismas, tal como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con el que se coincide, en la tesis aislada XIX.1o.5 L, visible a página 712, Tomo IV, septiembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA EN MATERIA LABORAL. SON DERECHOS POTESTATIVOS DE LAS PARTES Y SU INEJERCICIO NO GENERA SANCIÓN ALGUNA. El artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo textualmente dice: «La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: ... VI. Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren.» De la transcripción que precede se desprende que la réplica y contrarréplica sólo constituyen un derecho potestativo, que las partes pueden hacer valer o no, en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia trifásica y cuando ello así sucede, las manifestaciones de los contendientes técnicamente constituyen meras alegaciones verbales que tienen como propósito precisar el alcance de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas, siendo optativo también para quien las hace valer solicitar que se asienten en el acta respectiva para que la Junta las tome en cuenta al emitir el laudo; sin que en ninguna parte de dicho precepto o de cualquier otro o en alguna jurisprudencia se establezca que cuando no se haga uso de aquel derecho, la parte omisa deba ser sancionada con la aceptación tácita de lo que la otra alegó como pretende la Junta en una interpretación extensiva y equívoca de la fracción IV del citado artículo 878 de la ley en consulta; lo que atenta no sólo contra el espíritu protector de la clase obrera, sino también contra el artículo 18 del propio código laboral que en forma imperativa ordena que en casos de duda en la interpretación de las normas de trabajo debe prevalecer la más favorable al obrero; máxime si se considera que de acuerdo con el artículo 879 párrafo segundo del precitado cuerpo de leyes, la parte débil de la relación obrero patronal puede incluso no asistir a la audiencia de demanda y excepciones en cuya hipótesis no se le sanciona igual que al patrón, sino que la naturaleza tutelar de la ley lo tiene como si hubiera comparecido y ratificado su escrito inicial.’. Cabe aclarar que la réplica y contrarréplica no pueden confundirse con otras figuras procesales, como la ampliación de la demanda y la reconvención, pues aquéllas sólo son alegaciones que tienen como fin precisar los alcances de la litis ya establecida, mas no cambian ni extienden la materia original del juicio, ni introducen nuevas acciones. En efecto, la ampliación o modificación de demanda y la reconvención se distinguen de la réplica y contrarréplica, porque éstas se formulan con el propósito de precisar los alcances de la litis. En cambio, la figura procesal mencionada en primer lugar no tiene dicho propósito pues, a través de ella, el actor puede introducir nuevos hechos o ejercitar nuevas acciones, y la mencionada en segundo término, o sea la reconvención, se traduce en una demanda que formula el demandado en contra del actor y, por tanto, en ese supuesto se estaría frente a otra acción distinta a la que dio origen al establecimiento de la relación procesal. Como corolario de lo anterior, es de indicarse que la actora no podría variar los términos en que planteó su demanda al replicar, concretamente, lo relativo al despido que en su concepto existía, toda vez que al expresar en el hecho tercero que en el mes de enero de mil novecientos noventa y siete Daniel Díaz González, como director de las demandadas, y por órdenes de Pablo I. González Carbonell, le expresaron que se iba a implementar un nuevo programa de ventas, cambiando el horario de trabajo, que ya no se iban a proporcionar los prospectos para realizar las ventas, que los vendedores tendrían que salir a buscar los clientes, por lo que les darían un bono mensual de gasolina, y así, el veinte de febrero de mil novecientos noventa y siete fue que solicitó el bono a Pablo I. González Carbonell y Daniel Díaz González, pero éstos le manifestaron que no le entregarían ningún bono, expresando la actora que si ya no podía vender en sus oficinas era porque así ellos lo habían decidido al no proporcionarle los prospectos para mercadotecnia, a lo que le insistieron que si no le convenía trabajar en el horario designado le hiciera como quisiera, que no le entregarían el bono de gasolina, y que si pretendía demandarlos no iba a ganar nada, considerando la actora esa manifestación como un despido injustificado. O sea, la actora no manifestó que las personas citadas le hubieren comunicado que estaba despedida, sino que ella en su fuero interno así lo consideró, esto es, creyó que estaba despedida. Esta situación nuevamente la afirmó en la réplica, pero enfatizó: ‘... en reiteradas ocasiones en dicha fecha le manifestaron a la actora que estaba despedida de su trabajo’, es decir, ahora sí le imputó el despido a las personas aludidas. Con esto modificó o varió los hechos de la demanda, pues ya no nada mas dijo que consideraba estar despedida al negársele el bono de gasolina y los prospectos para realizar las ventas (posibles clientes), sino que además agregó que Pablo I. González Carbonell y Daniel Díaz González le manifestaron que estaba despedida; sin embargo, no es válido introducir hechos distintos que modifiquen el escrito inicial de demanda, pues en todo caso la actora estuvo en aptitud de ampliar, modificar o aclarar su demanda en el momento de ratificarla, de conformidad con las fracciones II y III del artículo 878 antes referido, y así precisar la circunstancia de modo del despido, lo cual constituía su acción. Lo anterior es así, porque la Junta responsable, ante todo, debe examinar la procedencia de la acción, y si de los hechos expuestos o pruebas rendidas advierte que es improcedente la acción puesta en movimiento, debe absolver pese a que sean inadecuadas las excepciones hechas valer o, inclusive, ninguna se haya opuesto, en acatamiento a la tesis jurisprudencial número 2, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, jurisprudencia publicada en la página 6, que establece: ‘ACCIÓN, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA. Si las excepciones opuestas por la parte demandada no prosperan, no por esa sola circunstancia ha de estimarse procedente la acción intentada, sino que en el estudio del negocio deben considerarse también, y principalmente, los presupuestos de aquélla, los cuales deben ser satisfechos, so pena de que su ejercicio se considere ineficaz.’. De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia número 16, sustentada por la referida Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, consultable en el Tomo V, Materia de Trabajo, Jurisprudencia, página 14, que ha establecido: ‘ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen obligación, conforme a la ley, de examinar la acción deducida y las excepciones opuestas, y si se encuentra que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, deben absolver, pese a que sean inadecuadas las excepciones opuestas.’. Por tanto, la modificación o aclaración que en la réplica pretendió realizar la actora al precisar el despido es ineficaz, pues fue realizada cuando ya había precluído su derecho para ello; en tal virtud, no puede considerarse que haya expresado la circunstancia de modo en que sucedió el mismo, en razón de que en el escrito de demanda inicial se ‘consideró despedida’, empero no señaló que efectivamente los demandados le hubieran manifestado expresamente tal situación, lo cual constituiría la litis previamente establecida, y que ya en la réplica no era posible modificar. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 30/93, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 69, septiembre de 1993, Octava Época, página 17, que es del tenor literal siguiente: ‘RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA, SON ALEGACIONES QUE DEBEN SER CONSIDERADAS POR LAS JUNTAS AL EMITIR EL LAUDO, YA QUE TIENEN POR OBJETO PRECISAR LOS ALCANCES DE LA LITIS YA ESTABLECIDA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, la controversia laboral se fija en la audiencia de demanda y excepciones, ya que es la etapa en la que se plantean las cuestiones aducidas por las partes en vía de acción y excepción, donde el actor expone su demanda, ratificándola o modificándola y precisando los puntos petitorios, y el demandado procede en su caso a dar contestación a la misma, oponiendo excepciones y defensas, refiriéndose a todos y cada uno de los hechos afirmados por su contraparte y en cuya fase del juicio las partes pueden por una sola vez replicar y contrarreplicar. Ahora bien, estas figuras procesales, que no deben confundirse con la ampliación de la demanda ni con la reconvención, puesto que no cambian ni amplían la materia original del juicio, sólo constituyen alegaciones que en los términos de la fracción VI del citado precepto, pueden formular las partes en relación a las acciones y excepciones planteadas en su demanda y contestación, con el propósito limitado de precisar los alcances de la controversia; por tanto, debe concluirse que la réplica y contrarréplica, en caso de que las partes quieran hacerlas, son alegaciones que ratifican la litis en el juicio laboral y, que, si se asentaron en el acta correspondiente, deben tenerse en consideración al emitirse el laudo.’. Asimismo, se comparte la tesis aislada I.4o.T.45 L, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, agosto de 1997, Novena Época, página 804, de cuyo sumario se da noticia: ‘RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA, LOS ALEGATOS PLANTEADOS EN LA, NO PUEDEN CONSTITUIR NUEVA LITIS LABORAL. Las manifestaciones vertidas por las partes en la etapa de réplica y contrarréplica sólo constituyen argumentos tendientes a ratificar la litis en el juicio laboral, mas no a configurar una nueva, distinta a la originalmente establecida, de donde se sigue que si la Junta, al pronunciar su laudo, omite el estudio de la réplica y contrarréplica que impliquen una nueva o distinta controversia, no viola garantías.’. De igual modo, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, marzo de 1994, Octava Época, página 450, que establece: ‘RÉPLICA. NO PUEDEN INTRODUCIRSE EN LA, HECHOS DISTINTOS QUE MODIFIQUEN LA DEMANDA INICIAL. El artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo establece la forma en la que deberá desarrollarse la etapa de demanda y excepciones, señalando en su fracción VI la posibilidad de la réplica por una sola vez, en tal virtud, y con motivo de ésta, no es válido introducir hechos distintos que modifiquen el escrito inicial de demanda, pues en todo caso el actor estuvo en aptitud de ampliar, modificar o aclarar su demanda en el momento de ratificarla, de conformidad con la fracciones II y III del artículo antes referido.’. Cabe aclarar que lo aquí considerado no riñe o se opone a lo ordenado por este tribunal en la ejecutoria dictada en el juicio de garantías 679/2002, promovido por la actora, en el sentido de que la Junta ‘... debió analizar y determinar el alcance jurídico de la manifestación realizada por el apoderado jurídico de la actora en vía de réplica en la etapa de demanda y excepciones ...’. Lo anterior es así, pues en la ejecutoria de referencia se advirtió que la autoridad responsable no había considerado lo alegado en la réplica por el apoderado de la actora, pero de ninguna manera se le constriñó a determinar que lo ahí alegado era válido para perfeccionar los hechos de su acción, o que hubiere sido oportuna la invocación de nuevos hechos en la réplica, sino que la Junta determinara el alcance jurídico de esa manifestación, ya que este órgano de control constitucional no puede sustituir a la autoridad responsable y analizar algo que tenga trascendencia o no en la litis, si ello no ha sido estudiado o considerado por esa autoridad. En las relatadas consideraciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la empresa quejosa, para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado deje insubsistente el laudo reclamado y dicte uno nuevo en el que determine que en la réplica no era el momento procesal oportuno para modificar los hechos de la demanda y resuelva lo que corresponda. Concesión que se hace extensiva respecto al acto que se reclama de su presidente como autoridad ejecutora, resultando aplicable la jurisprudencia II.3o. J/12 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 55, julio de 1992, página 41, la cual señala: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios.’."

QUINTO. Del juicio de amparo directo 317/1988, promovido por Alberto Quintero Cázares, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, derivan los siguientes antecedentes.

1. Ante el Tribunal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18029-80ca02f6/despido-injustificado-si-en-el-escrito-de-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.