AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO LA JUNTA RESPONSABLE INFORMA QUE TUVO POR CUMPLIDO EL LAUDO IMPUGNADO, AUN CUANDO QUIEN SE HAYA OSTENTADO COMO REPRESENTANTE DE LA PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN PARA CUMPLIR TAL RESOLUCIÓN NO HAYA ACREDITADO SU PERSONALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: LUCIANO VALADEZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Debe examinarse, en primer lugar, si existe o no la contradicción denunciada.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en sesiones correspondientes al treinta y uno de octubre de dos mil uno y veinticinco de septiembre de dos mil tres, en los juicios de amparo directo 752/2002 y 886/2003, en la parte que interesa, dictó las resoluciones siguientes:
Amparo directo 752/2002.
"SEXTO. Es innecesario transcribir tanto los fundamentos del laudo reclamado como los conceptos de violación al advertirse una causal de improcedencia del juicio de amparo cuyo examen es de oficio, atento lo dispuesto en la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.’. En el asunto de que se trata cobra aplicación la disposición transcrita, toda vez que mediante oficio 509/2002, el secretario de la Junta responsable informó a este órgano jurisdiccional lo siguiente: ‘Que con fecha seis de septiembre del año dos mil dos, comparecieron ante la Junta Especial de referencia ambas partes celebrando un convenio, en virtud del cual los actores se dieron por satisfechos del laudo de fecha veinticuatro de junio de dos mil dos. Asimismo, la parte quejosa se desiste de la demanda de garantías interpuesta en fecha 14 de agosto de 2002.’. De la copia fotostática certificada a que se refiere el oficio ya transcrito se desprende que la parte demandada Purificadora Regio Pura, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de las condenas económicas impuestas en el laudo reclamado, consignó treinta mil ochenta y cinco pesos setenta y cinco centavos a favor de los actores, quienes aceptaron dichas cantidades, lo cual aconteció en los términos siguientes: ‘En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez horas del día seis de septiembre del año dos mil dos, comparecieron ante esta Junta Especial No. Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los autos del expediente laboral No. 10995/i/10/2000, por una parte y por sus propios derechos José Severo Carmona Oyervides y Hugo Carmona Oyervides, y por la parte demandada comparece el C. Lic. Jorge Luis Salgado Cepeda en representación de Purificadora Regio Pura, S.A. de C.V., ocurre a consignar la cantidad de $30,085.75 pesos amparada mediante cheques números 8553549 y 8553550 cada uno por la cantidad de $15,042.85 pesos a cargo de Banco Bital a favor de cada uno de los actores, satisfaciendo de esta manera la totalidad de las condenas pecuniarias a cargo de mi representada del laudo de fecha 24 de junio del año en curso respecto al resolutivo Sexto. Sigue manifestando el Lic. Jorge Luis Salgado Cepeda que se desiste del amparo directo número 157/2002 que se tramita ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. Manifiestan los actores José Severo Carmona Oyervides y Hugo Carmona Oyervides que reciben las cantidades consignadas a su favor como abono a sus créditos, reservándose el derecho de continuar con el procedimiento. Esto expusieron y firmaron para legal constancia. Doy fe.’. ‘Monterrey, Nuevo León, a seis de septiembre del año dos mil dos. Vista la anterior comparecencia se tiene al Lic. Jorge Luis Salgado Cepeda en representación de Purificadora Regio Pura, S.A. de C.V., por consignando la cantidad de $15,042.85 pesos para cada uno de los actores mediante cheques números 8553549 y 8553550 a cargo de Banco Bital, como pago total de las condenas decretadas mediante el laudo dictado por esta autoridad en fecha 24 de junio del presente año; asimismo, téngase al Lic. Jorge Luis Salgado Cepeda desistiéndose del amparo directo número 157/2002 que se tramita ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. Se da fe por el C. Secretario que interviene que en este acto, los CC. José Severo Carmona Oyervides y Hugo Carmona Oyervides reciben de entera conformidad la cantidad consignada a su favor mediante cheques descritos con antelación, con lo cual se dan por pagados en forma total de las condenas decretadas en laudo de fecha 24 de junio del presente año, firmando al margen para legal constancia los comparecientes. Notifíquese ...’. En esas condiciones, se advierte que la empresa demandada, aquí quejosa, en comparecencia del seis de septiembre de dos mil dos hizo transacción con los actores José Severo Carmona Oyervides y Hugo Carmona Oyervides, aquí terceros perjudicados, a fin de cumplir con las condenas pecuniarias impuestas en el laudo de veinticuatro de junio de dos mil dos, y al efecto consignó treinta mil ochenta y cinco pesos setenta centavos, mediante los cheques números 8553549 y 8553550 cada uno por quince mil cuarenta y dos pesos ochenta y cinco centavos, con cargo a Banco Bital, ofrecimiento respecto al cual los actores presentes recibieron las cantidades señaladas como abono a sus créditos, y así fue que Purificadora Regio Pura, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante, incluso, manifestó su voluntad de desistirse del juicio de garantías que hoy nos ocupa. Por tanto, es de establecerse que si bien el apoderado de la quejosa carece de facultades para desistirse del juicio de amparo, su proceder de consignar lo convenido en el acto, con motivo de lo laudado, constituye un signo inequívoco de que fue voluntad de la empresa quejosa consentir el acto reclamado al convenir y hacer pago, precisamente, de prestaciones a que resultó condenada en el laudo reclamado. En esa tesitura al quedar demostrado el consentimiento del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer el presente juicio con apoyo en el artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal invocado, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el laudo dictado el veinticuatro de junio de dos mil dos, así como el del presidente que se hizo consistir en su ejecución por no reclamarse éste por vicios propios. Es aplicable al caso la jurisprudencia J/17 del entonces único Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 697, así como la tesis VI.1o.46 L del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, febrero de 1995, página 280, de rubros y contenidos siguientes: ‘SOBRESEIMIENTO POR LAUDO CONSENTIDO. Si de autos aparece que la Junta responsable informa y demuestra legalmente que la parte quejosa pagó a los terceros perjudicados todas las prestaciones demandadas en el juicio laboral de donde emana el laudo combatido a entera satisfacción y con solicitud de que tuviera el asunto por total y legalmente concluido en el acta respectiva, surge la causa de improcedencia que prevé la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio en términos de la fracción III del artículo 74 de la propia ley.’. ‘CONVENIO DE PAGO SANCIONADO POR LA JUNTA. IMPLICA CONSENTIMIENTO DEL LAUDO. Es indudable que el convenio suscrito por las partes respecto al pago realizado por el demandado, implica el consentimiento a que se refiere la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo con el laudo donde se contiene la condena a cubrir las prestaciones satisfechas, de donde resulta la improcedencia del juicio de garantías.’. Aunque este Tribunal Colegiado no pasa inadvertida la circunstancia de que la Junta laboral tuvo a la empresa demandada por desistiéndose del juicio de amparo, empero, tal declaración no puede tener efectos dentro del cuaderno en que se actúa, toda vez que dicho pronunciamiento no corresponde a la responsable sino a este órgano colegiado, por ser a quien compete conocer del amparo; y en el caso es de señalar que no opera el desistimiento de la demanda que motivó el presente juicio constitucional, en virtud de que si bien la responsable reconoció a José Luis Salgado Cepeda como apoderado de la empresa demandada (foja 29), hoy quejosa, no menos lo es que dicho representante carece de facultades para desistirse de la demanda de amparo, dado que se ha visto que el poder que le fue conferido para representar a la sociedad demandada no contiene cláusula que así lo disponga, lo cual contraviene lo dispuesto por artículo 14 de la Ley de Amparo. Asimismo, resulta aplicable la tesis 1a. I/92, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, mayo de 1992, página 96, con el rubro y texto: ‘DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA. CARECE DE FACULTADES PARA FORMULARLO EL MANDATARIO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA QUEJOSA QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE AMPARO. La circunstancia de que en el juicio de garantías se haya acreditado la personalidad del mandatario o representante legal de la quejosa en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, imposibilita el desistimiento de la instancia, habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de esa legislación se requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional. Lo anterior es así porque no obra en autos testimonio notarial alguno en que consten las facultades del promovente del recurso para desistirse de él, sino simplemente el reconocimiento que la autoridad responsable hizo respecto de su personalidad como representante de la quejosa, resultando por tanto improcedente su petición.’. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Purificadora Regio Pura, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos y por las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria."
Amparo directo 886/2003.
"CUARTO. Es innecesario transcribir tanto los fundamentos del laudo reclamado como los conceptos de violación al advertirse una causal de improcedencia del juicio de amparo, cuyo examen es de oficio, atento lo dispuesto en la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.’. En el asunto de que se trata cobra aplicación la disposición transcrita, toda vez que mediante oficio 493/2003, el secretario de la Junta responsable informó a este órgano jurisdiccional lo siguiente: ‘Que con fecha nueve de septiembre del año en curso, las partes celebraron un convenio sobre las prestaciones reclamadas, en el cual la actora se dio por satisfecha de las condenas emitidas en el laudo de fecha 12 de febrero de 2003, por tal motivo se ordena el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, la parte quejosa se desiste del amparo directo interpuesto en fecha dieciocho de julio del año en curso. Se remite copia certificada del convenio, lo anterior para los efectos legales correspondientes.’. De la copia fotostática certificada a que se refiere el oficio ya transcrito se desprende que la parte demandada Coastal Training Technologies, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de las condenas económicas impuestas en el laudo reclamado, consignó setenta mil pesos a favor de la actora Sylvia Elena de la Rosa Rivera, quien aceptó dicha cantidad, lo cual aconteció en los términos siguientes: ‘En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once horas con treinta minutos del día nueve de septiembre del año dos mil tres, comparece ante esta Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro del expediente número 11907/i/5/2002, el C. León Juan Rodríguez Rodríguez, en representación de la empresa Coastal Training Technologies, S.A. de C.V., manifestando el compareciente: Que en este acto viene a consignar la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), en cheque número 181, a cargo de Banco Santander Mexicano, y a favor de la actora Sylvia Elena de la Rosa Rivera, lo anterior en pago total a las condenas decretadas mediante laudo de fecha doce de febrero del presente año, no reservándose en contra de la trabajadora citada acción de ninguna naturaleza ya sea ésta de carácter civil, penal, mercantil, ni de ninguna otra índole; desistiéndose en este acto del amparo que presentara en fecha dieciocho de julio del año en curso. Presente la trabajadora Sylvia Elena de la Rosa Rivera manifiesta: Que se identifica con credencial de elector con número de folio 81960380, asimismo, en este acto solicita se le entregue la cantidad consignada a su favor, en los términos estipulados con anterioridad, cantidad con la cual y otras que recibiera en forma personal y extrajudicialmente se da por debidamente cumplimentada y satisfecha del laudo de referencia, dando por terminado de una manera voluntaria su contrato de trabajo que le unía única y exclusivamente para con la empresa Coastal Training Technologies, S.A. de C.V. Desistiéndose de la demanda y acciones que intentara en fecha veintisiete de septiembre del año próximo pasado en contra de Coastal Training Technologies, S.A. de C.V., y Sr. Javier Calderón Beltrán, no reservándose en contra de los mismos acción de ninguna índole tales como penal, civil, mercantil, laboral, ni de otra naturaleza. Solicitando ambas partes se ordene el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Esto expusieron y firman para legal constancia. Doy fe.’. ‘Monterrey, Nuevo León, a nueve de septiembre del año dos mil tres. Vista la anterior comparecencia se tiene al C. León Juan Rodríguez Rodríguez, en representación de la empresa Coastal Training Technologies, S.A. de C.V., por consignando la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), en cheque número 181, a cargo de Banco Santander Mexicano, y a favor de la actora Sylvia Elena de la Rosa Rivera, lo anterior en pago total a las condenas decretadas mediante laudo de fecha doce de febrero del presente año. Dándose fe por el C. Secretario adscrito a esta Junta Especial, que la trabajadora Sylvia Elena de la Rosa Rivera recibe en este acto y de entera conformidad la cantidad descrita con antelación, en cumplimiento total al laudo de referencia, asimismo, se le tiene por desistida de la demanda y acciones que intentara en fecha veintisiete de septiembre del año próximo pasado en contra de Coastal Training Technologies, S.A. de C.V., y Sr. Javier Calderón Beltrán, dando por terminado de una manera voluntaria su contrato y relación de trabajo que la unía única y exclusivamente para con la demandada Coastal Training Technologies, S.A. de C.V. Se tiene a la demandada por desistiéndose del amparo que presentara en fecha dieciocho de julio del año en curso. Se ordena el archivo del expediente número 11907/i/5/2002 como asunto totalmente concluido. Se tiene a los comparecientes por haciendo sus demás manifestaciones. Remítase copia de la presente comparecencia a la sección de amparos a fin de que acuerde lo conducente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el C. Lic. Francisco Castañeda Cura, presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Doy fe.’. En esas condiciones, se advierte que la empresa demandada, aquí quejosa, en comparecencia del nueve de septiembre de dos mil tres, hizo transacción con la actora Sylvia Elena de la Rosa Rivera, aquí tercera perjudicada, a fin de cumplir con las condenas pecuniarias impuestas en el laudo de doce de febrero de dos mil tres; y al efecto consignó setenta mil pesos, mediante el cheque número 181, con cargo a Banco Santander Mexicano, ofrecimiento respecto al cual la actora presente recibió la cantidad señalada, y así fue que Coastal Training Technologies, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante, incluso, manifestó su voluntad de desistirse del juicio de garantías que hoy nos ocupa. Por tanto, es de establecerse que si la Junta responsable en el proveído de nueve de septiembre del año en curso tuvo a León Juan Rodríguez Rodríguez por compareciendo en representación de la demandada y desistiéndose del presente juicio de amparo, aun cuando que de autos no consta documento alguno en el que se confiriera tal personería y por lo cual sería inválido que se le tenga por desistiéndose del presente juicio de garantías, ha de indicarse que ese proceder de consignar lo convenido en el acto, con motivo de lo laudado, constituye un signo inequívoco de que fue voluntad de la empresa quejosa consentir el acto reclamado al convenir y hacer pago, precisamente, de prestaciones que resultó condenada en el laudo reclamado, atento que la Junta reconoció dicha representación y la aquí tercera perjudicada la consiente. Similar criterio se sostuvo en el juicio de amparo directo laboral número 752/2002, promovido por Purificadora Regio Pura, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto en sesión de treinta de octubre de dos mil dos. En esa tesitura, al quedar demostrado el consentimiento del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer el presente juicio con apoyo en el artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal invocado, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el laudo dictado el doce de febrero de dos mil tres. Es aplicable al caso la jurisprudencia J/17 del entonces único Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 697, así como la tesis VI.1o.46 L del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, febrero de 1995, página 280, de rubros y contenidos siguientes: ‘SOBRESEIMIENTO POR LAUDO CONSENTIDO. Si de autos aparece que la Junta responsable informa y demuestra legalmente que la parte quejosa pagó a los terceros perjudicados todas las prestaciones demandadas en el juicio laboral de donde emana el laudo combatido a entera satisfacción y con solicitud de que tuviera el asunto por total y legalmente concluido en el acta respectiva, surge la causa de improcedencia que prevé la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse el juicio en términos de la fracción III del artículo 74 de la propia ley.’. ‘CONVENIO DE PAGO SANCIONADO POR LA JUNTA. IMPLICA CONSENTIMIENTO DEL LAUDO. Es indudable que el convenio suscrito por las partes respecto al pago realizado por el demandado, implica el consentimiento a que se refiere la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo con el laudo donde se contiene la condena a cubrir las prestaciones satisfechas, de donde resulta la improcedencia del juicio de garantías.’. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Coastal Training Technologies, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, mediante ejecutoria de seis de septiembre de dos mil dos, resolvió el amparo directo 387/2002, en el que precisó:
"SEXTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación, se analizará preferentemente la causa de improcedencia del juicio de amparo que pudiera actualizarse, a consecuencia del contenido de los documentos que remitió la Junta responsable. En efecto, mediante oficio 761/2002 de cinco de julio de dos mil dos, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje informó a este Primer Tribunal Colegiado que las partes en el juicio laboral de origen habían comparecido a fin de celebrar un convenio, para lo cual remitió copia certificada del mismo y del que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: ‘En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 13:42 horas del 5 de julio de 2002, comparece ante esta presidencia de la Junta Especial No. Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, el apoderado legal de la parte actora Lic. Jesús José Vázquez Iracheta, asimismo, comparece Martín Joel Ramírez Rayas, quien se identifica con licencia de conducir número 920507, en representación de Arrendadora de Equipos para Infraestructura, S.A. de C.V., quienes manifiestan: Que en este acto comparecen a efecto de dar cumplimiento total al laudo de fecha 26 de marzo del año 2002 con las siguientes modalidades ...’. Posteriormente, en relación con el mencionado convenio y en atención al dictamen suscrito por el secretario en funciones de Magistrado, Lic. Amador Muñoz Torres, este Tribunal Colegiado a través del oficio 4380, solicitó a la Junta responsable remitiera la documentación necesaria de la cual se desprendiera el carácter con el cual había acudido a celebrar el convenio de mérito Martín Joel Ramírez Rayas en representación de la ahora quejosa, Arrendadora de Equipos para Infraestructura, S.A. de C.V., toda vez que de las actuaciones que había remitido la Junta responsable no se advertía que aquel profesionista hubiera exhibido el correspondiente poder notarial con el cual acreditara la referida personalidad, sin que de autos del juicio laboral, ni de los del juicio de amparo, se desprendiera que existía alguna clase de documento de la referida naturaleza. En contestación al referido oficio, la Junta responsable remitió el diverso oficio número 704/2002, con el cual informaba a este Tribunal Colegiado que no contaba con el expediente principal, en virtud de que éste se encuentra en dicho Tribunal Colegiado, a consecuencia de la interposición de la demanda de garantías, y ahí es en donde se encuentra el reconocimiento de la personalidad de las partes. De lo transcrito se desprende, que si bien es cierto, el licenciado Martín Joel Ramírez Rayas acudió a celebrar el convenio de marras en representación de la empresa demandada aquí quejosa, y en el cual dicha demandada daba parcialmente por cumplido el laudo reclamado, también es cierto que dicha persona no acreditó la referida personalidad ante la Junta responsable al momento de celebrar dicho convenio sin que de los autos del juicio laboral, ni de los del presente juicio de amparo, se desprenda que se le haya reconocido la referida personalidad, así como tampoco que hubiera alguna clase de documento de la cual se advirtiera dicha circunstancia, es decir, que se acreditara la referida personalidad; luego, es evidente que para que alguna manifestación de la voluntad por parte de la quejosa se tomara en cuenta para efectos de que se actualizara cualquier causal que tornara improcedente el presente juicio de garantías, ésta debería provenir directamente de la parte quejosa a través de sus apoderados o representantes legales, lo cual en virtud de los argumentos precedentemente señalados, no aconteció en la especie; de ahí que no se actualice causa de improcedencia alguna que motive el sobreseimiento en el presente juicio de garantías."
De dicho criterio derivó la tesis aislada número XVII.1o.17 L, publicada en la página 1124, Tomo XVI, noviembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"CONSENTIMIENTO DEL LAUDO. NO SE CONFIGURA COMO MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD, EL CONVENIO CELEBRADO POR QUIEN SE OSTENTA COMO APODERADO DEL QUEJOSO SIN TENER ACREDITADA NI RECONOCIDA DICHA PERSONALIDAD. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.’. De lo expuesto es factible deducir que para que alguna manifestación de voluntad del quejoso haga posible la actualización de la causal de improcedencia en cita, debe provenir directamente de aquél, o bien, de sus apoderados o representantes; de ahí que en la hipótesis de que éstos hayan celebrado ante la Junta responsable convenio en relación con el cumplimiento del laudo, pero sin que aparezca que tuvieran acreditada o reconocida esa personalidad al momento de verificar el aludido convenio, es evidente que no existe una manifestación de voluntad legalmente producida y, por ende, no resulta eficaz esa circunstancia para la configuración de la causal en comento."
CUARTO. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración, en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 107. ...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
Ley de Amparo.
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ...
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. ..."
Como se advierte, los preceptos transcritos en su parte relativa, se refieren específicamente a aquellos casos en que existe contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito porque la finalidad de dichos preceptos constitucional y legal, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico.
Ello, porque la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar la jurisprudencia y no afecta ni puede afectar válidamente las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.
Así, cuando se utiliza el término "tesis", debe entenderse que el legislador se refiere a la posición que asume el juzgador en la solución del negocio jurídico que se le ha planteado y que se manifiesta en una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias.
Por otro lado, lo que las normas enunciadas están regulando es la contradicción o divergencia sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia.
Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado transcritos.
Para ello es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.
De conformidad con lo que sobre el particular sostiene el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se configure una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es menester, entre otras cosas, que al resolver los negocios se hayan analizado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y que, además, las opiniones discrepantes provengan del estudio de los mismos elementos.
La jurisprudencia de mérito es del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de J
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18025-fc1b1432/amparo-directo-debe-sobreseerse-cuando-la-junta-responsable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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