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Modo: Corpus Pro

PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SU ILEGAL DESAHOGO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO, SIN QUE LA FALTA DE COMPARECENCIA DEL OFERENTE PARA REALIZAR OBJECIONES IMPLIQUE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO DE ESA TRANSGRESIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2003-SS. · Registro digital (IUS): 17984
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, , Pág. 840.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sirven de sustento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito para resolver el juicio de amparo directo número DL. 434/2003, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la parte conducente dicen:

"QUINTO. Precisa destacar que el veinte de mayo de dos mil dos, Pablo Rangel Hernández y J. Blas Guerra Limón presentaron por separado demanda contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, de quien reclamaron el otorgamiento y pago de la pensión de cesantía en edad avanzada y prestaciones accesorias, en términos de los artículos 143 a 145 de la Ley del Seguro Social vigente al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete. Como fundamento de su acción laboral, el primer actor expresó que contaba con más de un mil doscientas semanas de cotización al régimen de seguridad social y que se encontraba privado de un trabajo remunerador, por lo que debido a su edad avanzada exigía el otorgamiento de la pensión reclamada; mientras que el segundo refirió que tenía más de un mil cuatrocientos semanas de cotización, por lo que reunía los requisitos legales para la pensión reclamada. La Junta admitió a trámite las dos demandas, acumulándolas en un mismo expediente laboral, y en vista de ello citó a las partes a la audiencia de derecho respectiva (foja 7). El instituto demandado dio contestación a las demandas por escritos separados (fojas 22 a 26 y 27 a 31), en los que, en esencia, negó la procedencia de las pretensiones reclamadas con base en que los accionantes no reunían los requisitos para tal efecto, pues era inexacto el número de semanas cotizadas que aducían en las demandas, que no demostraban estar privados de un trabajo remunerador, empero que, además, los actores se encontraban laborando y cotizando en el régimen al instituto demandado; y así fue que se señaló que el actor Pablo Rangel Hernández ‘... en la actualidad se encuentra laborando y cotizando en el régimen de seguridad social obligatorio como trabajador activo de la empresa denominada Mario Moreno García, con registro patronal Y40-20997-10, sin que haya causado baja al día 20 de mayo de 2002, fecha esta en que el actor promovió su improcedente demanda, con lo que se demuestra que el accionante no reúne los requisitos del artículo 154 de la vigente Ley del Seguro Social, ni los del artículo 145 de su similar derogada para ser objeto de la pensión que reclama, desprendiéndose de lo anteriormente expuesto que, en efecto, al actor no le asiste razón ni derecho alguno para sus reclamaciones ...’ (foja 24 de autos), mientras del actor J. Blas Guerra Limón se dijo que ‘... en la actualidad se encuentra laborando y cotizando en el régimen de seguridad social obligatorio como trabajador activo de la empresa denominada Urbanización de Vivienda y Edificaciones, con registro patronal Y37-15820-10, sin que haya causado baja al día 20 de mayo de 2002, fecha esta en que el actor promovió su improcedente demanda, con lo que se demuestra que el accionante no reúne los requisitos del artículo 154 de la vigente Ley del Seguro Social, ni los del artículo 145 de su similar derogada para ser objeto de la pensión que reclama ...’ (foja 30 de autos). Las partes propusieron los medios de convicción que estimaron conducentes, entre ellos, el instituto ahora quejoso ofreció la prueba de inspección a fin de acreditar sus argumentos defensistas; pasado el juicio laboral por sus trámites legales, el dieciséis de enero de dos mil tres, la Junta dictó el laudo ahora reclamado, cuya parte considerativa y puntos resolutivos obran insertos en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEXTO. Deviene fundado el concepto de violación de carácter procesal que en este apartado se analizará. La Junta estimó procedentes las pretensiones de los actores al referir que el instituto demandado no demostró su excepción relativa a que aquéllos se encontraban como trabajadores activos bajo las órdenes de los patrones Mario Moreno García y Urbanización de Vivienda y Edificaciones, pues en la inspección practicada el actuario dio fe de que los accionantes contaban con más de quinientas cotizaciones hasta el día del desahogo ‘pero no le refiere la persona que lo atendió lo que pretende probar la demandada’, de tal manera que la responsable estimó que los actores reunían tanto las semanas mínimas de cotización como el requisito de sesenta años de edad ‘aunado a lo anterior, debe también apuntarse que la demandada no justificó en autos, como es su obligación, que los actores se encuentren privados de trabajos remunerados, pues es ella quien cuenta con la documentación necesaria en los números de afiliación (sic) les consignan los patrones de los accionantes’, y así fue que la Junta condenó al instituto demandado a pagar a los terceros perjudicados una pensión de cesantía en edad avanzada a partir del veinte de mayo de dos mil uno. Ahora, el instituto quejoso aduce en sus conceptos de violación, entre otros aspectos, que dicha prueba de inspección fue ofrecida conforme a las disposiciones previstas en los artículos 776, fracción V, 827 y 829 de la Ley Federal del Trabajo, pero que el actuario omitió dar cumplimiento a la misma, en tanto que la Junta responsable la desestima en forma por demás infundada y carente de motivación; y luego de referirse a la parte medular de la diligencia actuarial aduce que el acta relativa fue formulada en forma unilateral, ya que no se encuentra firmada por la persona que lo atendió y tampoco se asentó su matrícula como empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de que: ‘Dicha acta es un formato en que simplemente escribió ... «Que se encuentra constituido a fin de analizar en el expediente personal de los actores Pablo Rangel Hernández, con número de afiliación 0364411032-6, J. Blas Guerra Limón, con número de afiliación 0368351161-6, en el cual se encuentran altas y bajas del trabajador y de que efectivamente los actores cuentan con más de 500 semanas cotizadas reconocidas en el periodo comprendido; el C. Pablo Rangel Hernández del 1o. de enero de 1941 hasta el día 20 de mayo de 2002; J. Blas Guerra Limón, desde 1o. de agosto de 1968 y hasta el día 20 de mayo de 2002», omitiendo el C. Actuario dar fe de que los actores se encontraban laborando para las empresas que se especifican en la prueba de inspección ofrecida por la quejosa, que es uno de los requisitos impuestos por la Ley del Seguro Social para tener derecho a la pensión de cesantía en edad avanzada que reclaman.’. ... ‘Por lo que la autoridad responsable debió ordenar se desahogara la inspección en los términos propuestos por el amparista y, al no hacerlo, así la resolutora incurrió en violaciones de procedimiento que trascienden al fallo del fondo del negocio.’. De donde se sigue que la Junta ponderó la inspección restándole valor para los efectos pretendidos por su oferente, bajo el argumento de que la persona que atendió al actuario en esa diligencia no refirió lo que pretendía demostrar la demandada, esto es, que los actores del juicio laboral se encontraban como trabajadores activos, de ahí que en el caso se trata de una desestimación de prueba en el laudo, siendo que el instituto quejoso ahora cuestiona esa determinación al afirmar que la inspección de que se trata se practicó en forma indebida, ya que el actuario omitió dar fe de que los actores se encontraban laborando para las empresas que se especifican en el ofrecimiento de las inspecciones; manifestación que debe interpretarse en el sentido de que el peticionario del amparo hace patente su inconformidad con la determinación adoptada por la responsable (causa de pedir), con base en que la inspección no se efectuó en los términos propuestos (lesión o agravio). Luego, dicha inconformidad es suficiente para emprender su estudio como concepto de violación procesal, ya que se esgrime la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto reclamado y los motivos que originaron ese agravio; ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 68/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 109 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, jurisprudencia, páginas 86 y 87, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, es de considerarse que asiste razón al instituto quejoso cuando sostiene que la inspección no se desahogó en los términos propuestos, al omitir el actuario dar fe de si los accionantes se encontraban como trabajadores de los patrones que indicó, esto atento los términos de su ofrecimiento. En efecto, el instituto demandado, a fin de acreditar los argumentos vertidos en su contestación de demanda, por lo que ve al actor Pablo Rangel Hernández, ofreció inspección en los términos siguientes: ‘4. Inspección. La cual se ofrece en sentido afirmativo y con fundamento en el artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, que deberá de ser realizada por el C. Actuario adscrito a esta H. Junta, que para tal efecto sea designado, quien una vez constituido en las oficinas del Departamento de Afiliación Vigencia de Derechos de la Subdelegación No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León, que se localiza en Av. Lincoln y Patrimonio Familiar, en la colonia Valle Verde en la ciudad de Monterrey, N.L., y previo el análisis del expediente personal de afiliación vigencia del asegurado Pablo Rangel Hernández, con número de afiliación 0364-41-1032-6, que se encuentra en ese lugar, contenido en forma documental, específicamente en el concentrado de datos y movimientos afiliatorios (hoja de certificación de derechos) dentro del expediente del actor, debiendo de inspeccionar, además, en la pantalla del sistema y en dispositivos electrónicos los movimientos afiliatorios que en ella aparecen respecto al actor en comento, los cuales en términos del artículo 3o. del reglamento de afiliación de la vigente Ley del Seguro Social, conservan para todos los efectos legales el carácter de documentos originales y, en consecuencia, tienen el mismo valor probatorio, el cual contiene las altas y bajas del asegurado en comento en el régimen de seguridad social obligatorio del IMSS y una vez teniéndolos a la vista el C. Actuario dará fe y hará constar que efectivamente el asegurado C. Pablo Rangel Hernández, con número de afiliación 0364-41-1032-6, únicamente cuenta con un total de 620 (seiscientos veinte) semanas de cotización en el régimen de seguridad social obligatorio de mi representado, reconocidas al 4to. bimestre de 2002. Además el actor en la actualidad se encuentra laborando y cotizando en el régimen de seguridad social obligatorio como trabajador activo de la empresa denominada Mario Moreno García, con registro patronal Y40-20997-10, sin que haya causado baja al día 20 de mayo de 2002, fecha esta en que el actor promovió su improcedente demanda; la inspección a realizarse comprenderá el periodo del día 1o. de enero de 1941 hasta el día 20 de mayo de 2002, fecha en que el actor promoviera su demanda en cuestión, con lo que se demuestra que dichas cotizaciones efectivamente no pueden tomarse en consideración, pues no son suficientes para tener derecho a la pensión de cesantía en edad avanzada que reclama, además no se encuentra privado de trabajo remunerado, no reuniendo los requisitos de los artículos 154 y demás relativos de la vigente Ley del Seguro Social, ni los de los artículos 145 y demás relativos de su similar derogada de 1973.’ (El subrayado es de este Tribunal Colegiado, foja 34 de autos). Y por lo que ve al accionante J. Blas Guerra Limón, el instituto propuso la inspección de la forma siguiente: ‘4. Inspección. La cual se ofrece en sentido afirmativo y con fundamento en el artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, que deberá de ser realizada por el C. Actuario adscrito a esta H. Junta, que para tal efecto sea designado, quien una vez constituido en las oficinas del Departamento de Afiliación Vigencia de Derechos de la Subdelegación No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León, que se localiza en Av. Lincon (sic) y Patrimonio Familiar, en la colonia Valle Verde en la ciudad de Monterrey, N.L., y previo el análisis del expediente personal de afiliación vigencia del asegurado Blas Guerra Limón, con número de afiliación 0368-35-1161-6, que se encuentra en ese lugar, contenido en forma documental, específicamente en el concentrado de datos y movimientos afiliatorios (hoja de certificación de derechos) dentro del expediente del actor, debiendo de inspeccionar, además, en la pantalla del sistema y en dispositivos electrónicos los movimientos afiliatorios que en ella aparecen respecto al actor en comento, los cuales en términos del artículo 3o. del reglamento de afiliación de la vigente Ley del Seguro Social, conservan para todos los efectos legales el carácter de documentos originales y, en consecuencia, tienen el mismo valor probatorio, el cual contiene las altas y bajas del asegurado en comento, en el régimen de seguridad social obligatorio del IMSS y una vez teniéndolos a la vista el C. Actuario dará fe y hará constar que efectivamente el asegurado C. Blas Guerra Limón, con número de afiliación 0368-35-1161-6, únicamente cuenta con un total de 561 (quinientos sesenta y uno) semanas de cotización en el régimen de seguridad social obligatorio de mi representado, reconocidas al 4to. bimestre de 2002. Además el actor en la actualidad se encuentra laborando y cotizando en el régimen de seguridad social obligatorio como trabajador activo de la empresa denominada Urvanización (sic) de Vivienda y Edificaciones con registro patronal Y37-15820-10, sin que haya causado baja al día 20 de mayo de 2002, fecha esta en que el actor promovió su improcedente demanda; la inspección a realizarse comprenderá el periodo del día en que comenzara a laborar y cotizar en el régimen de seguridad social obligatorio ante mi representada que fue el día 1o. de agosto de 1968, y hasta el día 20 de mayo de 2002, fecha en que el actor promoviera su demanda en cuestión, con lo que se demuestra que dichas cotizaciones efectivamente no pueden tomarse en consideración pues no son suficientes para tener derecho a la pensión de cesantía en edad avanzada que reclama, además no se encuentra privado de trabajo remunerado, no reuniendo los requisitos de los artículos 154 y demás relativos de la vigente Ley del Seguro Social, ni los de los artículos 145 y demás relativos de su similar derogada de 1973’ (el subrayado es de este Tribunal Colegiado, foja 34 de autos). La responsable admitió el medio de convicción apuntado, según acuerdo pronunciado en la audiencia de derecho de seis de agosto de dos mil dos, en el cual se estableció: ‘Se señalan las once horas del día cuatro de septiembre del presente año, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada en el punto 4 de sus respectivos escritos de pruebas, la cual se desahogara en el Departamento de Afiliación Vigencia de Derechos de la Subdelegación No. 1 del IMSS, sito en Ave. Lincon (sic) y Patrimonio Familiar, Col. Valle Verde en Monterrey, N.L., y una vez constituido en el domicilio indicado solicite los expedientes de los actores Blas Guerra Limón, afiliación 0368-35-1161-6, y del actor Pablo Rangel Hernández, afiliación 0364-41-1032-6, debiéndola desahogar en la misma forma y términos ofrecidos, debiendo darse fe de lo solicitado por la demandada en dicho punto, inspección la cual se desahogara conforme a los términos de los artículos 827 al 829 de la ley laboral.’ (foja 12 de autos, el subrayado es de este Tribunal Colegiado). Mientras que la prueba citada se desahogó en los términos siguientes: ‘Asunto: inspección ofrecida por la parte demandada. En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las once horas del día cuatro de diciembre del año dos mil dos, fecha y hora señaladas para el desahogo de la diligencia de inspección ofrecida por la demandada y en cumplimiento del acuerdo de fecha 6 de septiembre del año dos mil dos, el suscrito actuario me constituí en el domicilio señalado para el desahogo de la misma, en la oficina de vigencia de derecho de la Subdelegación No. 1, en sito Avenida Lincoln y Patrimonio Familiar en la colonia Valle Verde en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, una vez constituido en el citado domicilio procedí a entender la presente diligencia con un empleado de la demandada Blanca Aurora Treviño a quien le expliqué el motivo y objeto de la diligencia consistente en la inspección que se deberá de efectuar en el departamento donde me encuentro constituido a fin de analizar el expediente personal de los actores Pablo Rangel Hernández, con el número de afiliación 0364411032-6, J. Blas Guerra Limón con número de afiliación 0368351161-6, en el cual se encuentran las altas y bajas del trabajador y de que efectivamente los actores cuentan con más de 500 semanas cotizadas reconocidas en el periodo comprendido, el C. Pablo Rangel Hernández del 1o. de enero de 1941 hasta el día 20 de mayo del 2002, J. Blas Guerra Limón 1o. de agosto de 1968 y hasta el día 20 de mayo del 2002, y una vez que requerí al encargado de la demandada a fin de que me mostrara el expediente de los actores, del cual se desprende, una vez teniéndolo a la vista, que tienen reconocidas y cotizadas más de 500 semanas en el régimen obligatorio del Seguro Social. Con lo cual se dio por concluida la presente diligencia, informando a la junta de mi adscripción para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.’ (foja 37 de autos). Luego, atento los términos en que se ofreció la prueba de cuenta, deriva que su oferente precisó que uno de los puntos objeto de su desahogo consistía en que el actuario hiciera constar que los actores Pablo Rangel Hernández y J. Blas Guerra Limón, se encontraban trabajando y cotizando en el régimen de seguridad social como trabajadores activos en las empresas denominadas Mario Moreno García y Urbanización de Vivienda y Edificios, respectivamente, éstas con números de registro patronal Y40-20997-10 e Y37-15820-10, sin que aquéllos hubiesen causado baja al veinte de mayo de dos mil dos, mientras que el acta levantada con motivo de dichas diligencias revela que el actuario sólo dejó constancia de que Pablo Rangel Hernández y J. Blas Guerra Limón contaban con más de quinientas semanas cotizadas, el primero, en el periodo de enero de mil novecientos cuarenta y uno al veinte de mayo de dos mil dos y, el segundo, del uno de agosto de mil novecientos sesenta y ocho al veinte de mayo de dos mil dos, empero, dejó de dar fe de si los accionantes aparecían cotizando en el régimen de seguridad social como trabajadores activos de Mario Moreno García y Urbanización de Vivienda y Edificios, respectivamente, y si aquéllos presentaban baja alguna al veinte de mayo de dos mil dos. De tal manera que en la práctica de la diligencia de mérito fue que el actuario no se ajustó a los términos en que se propuso la inspección de que se trata, pues si bien precisó que los actores contaban con más de quinientas semanas cotizadas al veinte de mayo de dos mil dos, no menos lo es que omitió abordar los demás cuestionamientos (objeto) materia de la prueba, tal como ofreció y admitió la inspección de cuenta; siendo que tal proceder resulta contrario a lo establecido por los artículos 827, 828 y 829, fracción I, de la Ley Federal de Trabajo, que refieren que en el ofrecimiento de la prueba de inspección deberá precisarse el objeto materia de la misma, que una vez admitida la Junta señalará día y hora para su desahogo, y que en esto último el actuario debe ceñirse estrictamente a lo ordenado por la Junta, esto es, desahogar la prueba en los términos en que se admitió. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que el instituto quejoso, oferente de la prueba, no haya asistido a la diligencia en que tuvo verificativo la inspección de que se trata, ello a efecto de vigilar el desahogo cabal de la misma conforme a los términos en que se ofreció y admitió, pues quepa establecer que ello no significa que hubiese consentido la infracción que ahora se hace valer, en atención a que, por una parte, la Junta responsable una vez que admite las probanzas que proponen las partes, se encuentra constreñida a velar por su desahogo, lo que implica no solamente desplegar aquellos actos tendentes a alcanzar el propósito de la prueba sino, además, a procurar que su desahogo se ajuste a los términos en que se propuso y admitió y, por otra parte, en razón de que la Ley Federal del Trabajo no establece recursos ordinarios dentro del procedimiento al alcance de las partes a efecto de obtener la reposición del desahogo de una prueba, en el caso de que la autoridad laboral haya actuado en forma deficiente o negligente en una primera ocasión. De tal manera que el silencio del oferente, ya sobre la falta de desahogo de una prueba, ya respecto al desahogo deficiente o incompleto de la misma, no producen el tácito consentimiento del proceder de la autoridad laboral, pues el interés en que sea debidamente desahogada y valorada el oferente lo demuestra al momento de proponerla y toca a la Junta proveer a su desahogo en términos de los artículos 686, 687, 777, 779, 780 a 782, 784, 785 y 883 a 887 de la Ley Federal de Trabajo. Al respecto, resulta aplicable, por analogía, dadas las razones que la sustentan, la jurisprudencia 11/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 453 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, jurisprudencia, Volumen 1, página 371, con el rubro y texto siguientes: ‘PRUEBA ADMITIDA Y NO DESAHOGADA EN MATERIA LABORAL. LA FALTA DE INSISTENCIA EN SU RECEPCIÓN O MANIFESTACIONES EQUÍVOCAS DEL OFERENTE, NO ENTRAÑAN EL CONSENTIMIENTO DE LA EVENTUAL VIOLACIÓN PROCESAL (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 406, CUARTA SALA, APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO V, PÁGINA 270, DEL RUBRO «PRUEBA NO DESAHOGADA. VIOLACIÓN PROCESAL CONSENTIDA.»).’ (se transcribe). Y es que se estima aplicable el criterio jurisprudencial transcrito, en razón de que el mismo emerge de la contradicción de tesis 10/95 (entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, fallada el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y seis), en cuya ejecutoria se estableció lo siguiente: ‘Por tanto se concluye: Si una de las partes omite insistir en el desahogo de las pruebas admitidas; si pide que se cierre la instrucción cuando faltan pruebas por desahogar; si solicita que se pase al periodo de alegatos, que se dicte el laudo u otras manifestaciones similares, estando pendiente la recepción de algunas pruebas, no es acorde con los principios procesales que imperan en el juicio laboral, considerar que hay un desistimiento tácito de la prueba y, por consiguiente, un consentimiento de la eventual violación procesal para efectos del amparo. En estas circunstancias es posible determinar los motivos que conducen a esta Sala a modificar el criterio sustentado en la jurisprudencia de mérito, que son los siguientes: 1. La anterior Cuarta Sala partió del supuesto, que la actual Segunda Sala no comparte, de considerar como un desistimiento tácito de la prueba, la omisión de insistir en su desahogo, seguida de la manifestación del oferente en el sentido de que se cierre la instrucción, aun cuando el propio interesado, por error, indique que no quedan pruebas pendientes de desahogo. 2. Corresponde a las partes proponer sus pruebas, mas una vez admitidas, es la Junta quien debe velar por su desahogo, con la finalidad de integrar debidamente el juicio, ya que de otra forma se alterarían las formalidades que lo rigen, con el pretexto de que la propia parte solicitó el dictado del laudo, independientemente de que por el estado procesal en que se encuentre el juicio, no es el momento oportuno para ello. 3. Las reformas de la Ley Federal del Trabajo, han tenido como sustento el interés social propio de la materia y a ese objetivo se encamina esta Segunda Sala, de tal manera que si bien el legislador mediante el perfeccionamiento de las normas generales que expide, establece un procedimiento laboral, en que al margen de formalismos se busca siempre alcanzar la verdad, corresponde a la Suprema Corte, al ocuparse de la interpretación de las leyes, procurar el exacto cumplimiento de los fines que las animan desde su creación ...’ (el subrayado es de este Tribunal Colegiado). Consideración anterior que fue reiterada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 11/97 (entre las sustentadas por el Sexto y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, fallada el siete de abril de dos mil), para establecer: ‘De la reproducción que antecede se aprecia que esta Segunda Sala estimó que las partes tienen la facultad de ofrecer elementos de convicción para justificar los extremos de su acción y la Junta laboral tiene la posibilidad de calificar su pertinencia, admitiendo las idóneas y desechando las que no tengan relación con la litis o no cumplan con los extremos requeridos por la ley; sin embargo, una vez que son admitidos los medios probatorios propuestos, éstos son justificativos del interés que tiene el oferente en su recepción, quedando a cargo de la autoridad del trabajo su perfeccionamiento, al contar con facultades para hacer acatar sus determinaciones y que, tratándose del desahogo de pruebas previamente admitidas, sólo el desistimiento expreso es eficaz para sustentar su falta de desahogo o, en su caso, cuando ello se deba a que el propio oferente obstaculiza su desahogo, lo cual tiene como finalidad evitar la paralización del procedimiento laboral en contraposición a los principios de economía, concentración y sencillez que lo rigen. ...’ (El subrayado es de este Tribunal Colegiado). En mérito de lo expuesto es que resultó dable atender la violación procesal invocada por el instituto quejoso, la cual trascendió al sentido del fallo reclamado, puesto que la Junta estimó que el demandado no justificó su excepción relativa a que los accionantes se encontraban cotizando al régimen de seguridad social como trabajadores activos, esto al momento en que presentaron la demanda laboral. En las relatadas consideraciones, procede otorgar la protección federal solicitada para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y se reponga el procedimiento del juicio laboral con el objeto de que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, ordene el desahogo de la prueba de inspección en la cual el actuario proceda a dar fe si los accionantes del juicio laboral se encontraban cotizando en el régimen de seguridad social como trabajadores activos de Mario Moreno García y Urbanización de Vivienda y Edificios, esto al veinte de mayo de dos mil dos, y si los actores presentaron o no alguna baja hasta esa fecha. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al presidente y actuario de la Junta responsable al no reclamarse por vicios propios, atento la razón que sustenta la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 89 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 71, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.’ (se transcribe). Dado el sentido de la ejecutoria se torna innecesario el análisis de los demás argumentos esgrimidos encaminados a demostrar la ilegalidad de la inspección precitada, así como conceptos de violación atinentes al fondo del asunto. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 107 emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, con el rubro y texto siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe). Asimismo, se comparte la tesis I.6o.T. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, diciembre de 1991, página 141, cuyo rubro y texto establecen: ‘VIOLACIONES PROCESALES, CONCEDIDO EL AMPARO POR, ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES DE FONDO.’ (se transcribe)."

CUARTO. Las consideraciones en que se apoyó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número 1060/2002, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su parte conducente dicen:

"QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados. El instituto quejoso en sus conceptos de violación, por una parte, expresa que la responsable al valorar la prueba de inspección, que ofreció en el procedimiento laboral, concluyó que la misma no resultaba favorable a sus intereses, toda vez que si bien el actuario adscrito dio fe que el asegurado cuenta con setecientos cuarenta y una semanas al diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, dicho funcionario omitió precisar los documentos que integran el expediente que inspeccionó, así como los demás elementos o datos que tuvo a la vista y de los cuales supuestamente obtuvo información que lo condujo a establecer que el asegurado tenía las semanas cotizadas en el periodo antes mencionado. Expr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17984-ef08b8e7/prueba-de-inspeccion-ocular-en-el-procedimiento-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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