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CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO ADUCE QUE EL DIRECTIVO A CARGO DE QUIEN SE OFRECE NO LABORA EN LA EMPRESA, POR SER ÉL QUIEN TIENE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN ESE HECHO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18487
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, , Pág. 314.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo AD. 1012/2002, promovido por María Concepción Vázquez Chávez, se apoyó en las consideraciones que a continuación se transcriben:

"SEXTO. Este Tribunal Colegiado advierte en suplencia de la queja deficiente, que autoriza el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, violaciones a las normas del procedimiento laboral, que conllevan a otorgar la protección constitucional solicitada. ... En otro aspecto, la Junta incurrió en una diversa violación al procedimiento, ya que en el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil dos, desechó la confesional por hechos propios a cargo de Arnulfo Alanís Sosa y Sergio Canales Fausti, no obstante que la trabajadora les atribuyó hechos propios. Así es, la actora ofreció, entre otras, la confesional a cargo del representante legal de la empresa demandada; así como de Arnulfo Alanís Sosa y Sergio Canales Fausti, por hechos propios, a los cuales les atribuyó los caracteres de gerente regional y director regional, respectivamente, de la institución demandada, y adujo en el hecho dos de la demanda lo siguiente: ‘2. El día 31 de julio de 2001, a las 19:00 horas, en el domicilio de la demandada, fui despedida de mi trabajo, manifestándome el Lic. Arnulfo Alanís Sosa, gerente regional, y el Ing. Sergio Canales Fausti, director regional noreste, que quedaba despedida definitivamente’ (foja 4). La demandada no negó que dichos individuos fueran sus trabajadores, pues al respecto dijo: ‘... se objeta la referida prueba a cargo del Lic. Arnulfo Alanis Sosa y del Ing. Sergio Canales Fausti, en virtud de que estas personas no desempeñan (sic obligan) a mi representada, además de que no desempeñan las funciones de dirección, administración, fiscalización y otras a las que se refieren los artículos 9o. y 11 de la Ley Federal del Trabajo, además de que en todo caso, quien debe absolver posiciones en representación de la demandada, es quien justifique tener facultades para ello, por tanto, se insiste, dicha prueba confesional debe ser desechada ... ’(foja 56). Ahora, la Junta desechó la prueba confesional a cargo de las personas citadas, porque consideró que no les resultaba cita y que con el desahogo de la confesional a cargo del representante legal de la empresa quedaban protegidos los derechos del trabajador, de lo que se desprende que la responsable prejuzgó sobre el alcance y valor de la confesional a cargo de dichas personas, toda vez que no estaba en condiciones de saber si éstas habían o no realizado el despido de la actora, dado que es hasta el desahogo de la prueba y la valoración correspondiente, cuando se puede determinar sobre el particular. Además, si bien es cierto que en tratándose de personas morales la confesional debe desahogarse por conducto de su representante legal, también lo es que opera una excepción contenida en los siguientes artículos: ‘Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos.’ (El subrayado es nuestro). ‘Artículo 788. La Junta ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen.’. ‘Artículo 789. Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora señalada, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales.’. De los preceptos legales transcritos se infiere que la referida ley autoriza a las partes a solicitar se cite a la contraria a absolver posiciones, estableciendo, como es lógico, que si se trata de personas morales, dicha prueba se desahogue por conducto del representante legal, lo que constituye la regla general; además, como salvedad, admite citar a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, y a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que por razón de sus funciones les deban ser conocidos, con la sanción de que, satisfechos los requisitos legales, de no concurrir a su desahogo, se les declarará confesos de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales. Todo lo anterior es congruente con la propia naturaleza de la prueba confesional, toda vez que sólo se puede ofrecer a cargo de la contraparte, y si el trabajador es el oferente, aquélla sólo podrá ser desahogada por la litigante patronal, entre quienes la ley incluye a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, o que por razón de sus funciones les deban ser conocidos. Lo precedente se encuentra acorde con los artículos 10 y 11 de la propia ley, que establecen quién es la parte patronal, y que a la letra dicen: ‘Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.’. ‘Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.’. Preceptos legales que, incluso, fueron objeto de interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 455, sustentada por la extinta Cuarta Sala de ese tribunal, publicada a página 373, Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DE PERSONA MORAL, DESAHOGO DE LA. De conformidad con lo que disponen los artículos 786 y 787 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba confesional ofrecida a cargo de personas morales, debe ser desahogada personalmente por los directores, administradores, gerentes o por quienes ejerzan funciones de dirección o administración dentro de la misma, y por los miembros de las directivas de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, cuando deben serles conocidos por razón de sus funciones, siempre y cuando así lo solicite el oferente, y sea procedente a juicio de la autoridad laboral; en tanto que cuando la prueba se refiera a hechos distintos, es decir, que no sean propios, puede ser desahogada por el representante legal de la empresa, entendiéndose por éste no solamente la persona física u órgano que legalmente la represente, sino también su mandatario, siempre que el mandato respectivo se le haya otorgado con cláusula especial para articular y absolver posiciones, puesto que la representación que ostenta deriva de un acto convencional, como es el contrato de mandato, es decir, sustenta su carácter en la ley, y por ende, también se encuentra comprendido en el término «representante legal», utilizado en el artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que el mandante queda obligado a estar y pasar por todo lo que el mandatario manifieste al dar respuesta a las posiciones que se le formulen.’. Se sigue de lo anterior que de acuerdo a la ley laboral, los directores de una empresa ejercen funciones de dirección y administración, por lo que deben ser considerados representantes del patrón, de ahí que basta que se les hayan atribuido los hechos que dieron origen al conflicto, y que la patronal no haya negado que eran sus trabajadores, para que les resulte cita para absolver posiciones; y aun cuando la tercera perjudicada aseguró que Arnulfo Alanís Sosa y Sergio Canales Fausti no desempeñaban funciones de dirección, administración, fiscalización o las previstas en los artículos 9o. y 11 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que aceptó que aquéllos son sus trabajadores, y si desde la demanda laboral, con cuyo escrito en copia se le corrió traslado en la diligencia de emplazamiento, se adujo que ellos desempeñaban los puestos de gerente regional y director regional noreste de la demandada, es inconcuso que a la tercera perjudicada correspondía probar, en todo caso, el puesto que desempeñan, para que a través del método de exclusión pudiera determinarse por la Junta si efectivamente desempeñaban o no ese tipo de funciones, y como no lo hizo la patronal, entonces la Junta debió considerar que sí tenían los puestos aducidos para la admisión de la prueba de referencia. En efecto, de acuerdo con el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos; por lo que en el caso, se estima que el patrón es quien cuenta con mayores elementos para demostrar las funciones que realizan Arnulfo Alanís Sosa y Sergio Canales Fausti, ya que al tener la calidad de trabajadores dentro de la empresa (pues no se negó tal carácter), se estima que la patronal tiene la obligación legal de conservar los documentos relacionados con el contrato de trabajo de dicho personal; con lo cual estará en condiciones de justificar qué funciones realizan y así comprobar que no desempeñan funciones de dirección, administración, vigilancia u otra similar, como se afirma. De lo contrario, es decir, si la patronal no acredita qué funciones desarrollan sus trabajadores, la Junta debe estimar que sí efectúan alguna de estas funciones y que, por ende, les resulta cita para absolver posiciones, en términos del artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior sufre una excepción cuando el patrón niega que dichas personas sean sus trabajadores, pues en ese supuesto, por tratarse de un hecho negativo, será el trabajador el que deba aportar un principio de prueba que acredite que dichas personas laboran para la demandada, dado que no se puede obligar al patrón a probar el carácter de una persona que desconoce (por no ser su trabajador), conforme al principio general de derecho: ‘Nadie está obligado a lo imposible.’. Luego, fue incorrecto que la Junta desechara la indicada prueba, en virtud de que si su ofrecimiento se debió a que la trabajadora consideró que las pruebas ofrecidas eran insuficientes para acreditar sus defensas y excepciones, era obligatorio para la responsable acordar su admisión, y previo su desahogo, determinar en el laudo su valor probatorio, pues la admisión de la confesional a cargo de Arnulfo Alanís Sosa y Sergio Canales Fausti, por hechos propios, ofrecida por el trabajador, es procedente conforme a los artículos 776, 779, 786, 787, 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo, por estar establecida en la propia ley y no ser contraria a la moral o al derecho. Así es, si a Arnulfo Alanís Sosa y a Sergio Canales Fausti se les imputó el despido y se adujo que fungían como gerente regional y director regional noreste para la demandada, y ésta se limitó a manifestar que dichas personas no representan a la institución ni ejercían funciones de dirección, fiscalización, administración o vigilancia, empero, no negó que laboraban para ella; es inconcuso que la Junta debió admitir la confesional a su cargo, y al no haberlo hecho violó el artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo, y por vía de consecuencia, las garantías de debido proceso legal y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 4a./J. 41/93, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 456, a página 374 del tomo y Apéndice citados, que es del tenor literal siguiente: ‘PRUEBA CONFESIONAL A CARGO DEL TRABAJADOR, CASOS EN QUE SU ADMISIÓN RESULTA OBLIGATORIA PARA LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Del contenido de los artículos 776 y 786 de la Ley Federal del Trabajo, se llega al conocimiento que tanto la parte actora como la demandada en el juicio laboral, pueden ofrecer válidamente la prueba confesional a cargo de su contraparte, por no ser contraria a la moral o al derecho, además, porque está establecida como tal específicamente en la propia ley; asimismo, porque el artículo 784 del indicado ordenamiento legal expresamente señala los casos en los cuales únicamente corresponde al patrón la carga de la prueba, por lo que, consecuentemente, cuando éste se encuentra ante la presencia de alguna de las hipótesis que se indican en el referido numeral, y considera que las pruebas por él ofrecidas son insuficientes para acreditar su dicho, si por ese motivo ofrece además la confesional a cargo del trabajador, resulta obligatorio para las Juntas de Conciliación y Arbitraje acordar su admisión y previo su desahogo, determinar el valor probatorio que a la misma corresponda; también se debe precisar que efectivamente el artículo 779 de la ley laboral concede facultades a las Juntas de Arbitraje para que desechen aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o bien porque resulten inútiles o intrascendentes, expresando los motivos correspondientes; sin embargo, es incorrecto que se deseche la prueba confesional argumentando que no es el medio idóneo para acreditar la acción ejercitada o la excepción opuesta, porque esa circunstancia tendría relevancia únicamente para la calificación de las posiciones respectivas en el momento procesal oportuno o bien cuando se hiciera la valoración correspondiente, pero no puede ser suficiente para que se deseche la indicada prueba, porque ésta se encuentra establecida como tal, específicamente en el artículo 776 de la propia Ley Federal del Trabajo.’. Se comparte el criterio jurisprudencial sustentado por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada con el número 851, en la página 589, Tomo V, materia laboral, Parte TCC, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: ‘PRUEBA CONFESIONAL. CUANDO AL ABSOLVENTE SE LE IMPUTAN HECHOS PROPIOS. SU DESECHAMIENTO RESULTA VIOLATORIO DE GARANTÍAS. Si el trabajador ofrece la prueba confesional a cargo del representante legal de la empleadora, y la Junta laboral desecha la probanza argumentando que no tiene relación con la litis y no se le imputan hechos en la demanda, tal determinación de la responsable es incorrecta, cuando de autos se advierte que el actor en su demanda sí le imputa hechos al señalar que el día del despido, reclamó al representante legal de la empresa demandada el pago de los salarios retenidos y ante ello el referido representante le informó que estaba despedido, por lo que es evidente que la determinación de la Junta vulnera el artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo, al desechar el medio probatorio ofrecido a cargo del representante legal de la empresa ya que los hechos que motivaron el despido le son propios y además que por razones de sus funciones le son conocidos.’. Por último, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Octava Época, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada con el número de tesis 1052, a página 917 del tomo y Apéndice citados, que reza: ‘PRUEBA CONFESIONAL, DEBE ADMITIRSE CUANDO AL ABSOLVENTE SE LE IMPUTAN HECHOS PROPIOS. Si el quejoso ofreció la prueba confesional a cargo del director general de la empresa demandada, y la responsable estimó que resultaba inútil y ocioso su desahogo porque de los hechos narrados en la demanda no se desprendía que se le atribuyera algún evento, tal razonamiento es contrario a derecho, pues si bien es cierto que en el escrito de demanda no se le atribuyó hecho alguno, también es cierto que en la etapa de arbitraje el apoderado del actor expuso que el referido director intervino en el despido del trabajador. Por consiguiente, es inconcuso que a la persona a cuyo cargo se ofreció la confesional el actor le imputó hechos propios y, de ahí que, es procedente la admisión de la aludida probanza, debido a que con ella se pretendía demostrar las causas que motivaron el conflicto.’. Cabe precisar que la referida violación al procedimiento afectó las defensas de la quejosa y trascendió al resultado del fallo desde el momento en que la Junta responsable absolvió a la empresa demandada de las prestaciones reclamadas, pues con el desechamiento de la confesional en cita, se negó la posibilidad a la trabajadora de acreditar el presupuesto de su acción consistente en el despido injustificado. ... En las relatadas condiciones, se concluye que el laudo reclamado infringe las garantías individuales de la quejosa, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que obliga a conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente dicho laudo, y reponga el procedimiento en el que: a) Previamente a la emisión del laudo, señale día y hora para que tenga verificativo la reinstalación de la actora y lleve a cabo dicha diligencia, salvo por causas imputables a las partes. b) Dicte otro proveído respecto a la aceptación de pruebas en el que intervengan todos los integrantes de la Junta o, en su caso, se efectúe el procedimiento a que se refiere el artículo 620, fracción II, inciso a), parte segunda, de la Ley Federal del Trabajo. En el entendido de que deberá dejar insubsistentes las actuaciones posteriores a dicha diligencia, entre éstas las de desahogo de pruebas. c) Admita la confesional por hechos propios a cargo de Arnulfo Alanís Sosa y Sergio Canales Fausti. Toda vez que se concedió la protección de la Justicia Federal por cuestiones de carácter procesal, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación por cuanto ven al fondo del asunto, ya que en cumplimiento de esta ejecutoria, la autoridad responsable deberá dictar un nuevo laudo donde las violaciones de fondo acusadas podrán ser reparadas al resolver el negocio de nueva cuenta, conforme a la tesis de jurisprudencia número J./15, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable a página 141 del Tomo VIII, diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘VIOLACIONES PROCESALES, CONCEDIDO EL AMPARO POR, ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES DE FONDO. Resulta innecesario entrar al estudio de las violaciones de fondo aducidas en la demanda de amparo, si se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que se reponga el procedimiento por violaciones cometidas en el mismo, pues en cumplimiento de esta ejecutoria, la autoridad responsable deberá dictar un nuevo laudo donde las violaciones de fondo acusadas podrán ser reparadas al resolver de nueva cuenta el fondo del negocio.’."

No se hace necesario reproducir las consideraciones sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado antes referido, al resolver los amparos directos números 1062/2002 promovido por Maricela Moreno Rodríguez, 231/2003 promovido por Moisés Cedillo Molina, 244/2003 promovido por Leonardo Carrizalez Esparza, 381/2003 promovido por Joel Ramírez Acevedo, y 1301/2003 promovido por Pedro García Carrillo, en atención a la identidad que existe con la antes transcrita.

CUARTO. Las consideraciones en que se apoyó el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo directo número 814/2003, promovido por Imelda Torres Lara, en la parte que interesa a esta contradicción dicen:

"SEXTO. Es fundada y suficiente para conceder el amparo solicitado, la violación procesal que hace consistir la quejosa en el desechamiento de la prueba confesional que ofreciera a cargo de Gerardo Sánchez como jefe de personal y Luis Villarreal como supervisor, por las razones siguientes. Consta en autos que la actora Imelda Torres Lara reclamó de Acs Internacional, S.A. de C.V., la reinstalación en su trabajo, por haber sido despedida injustificadamente, así como el pago de salarios caídos, días festivos, séptimos días, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, media hora de descanso y las constancias de pago del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Como hechos fundatorios de su acción expresó que inició a laborar para la demandada el ocho de enero de dos mil uno, en el puesto de prensista, con un salario de ciento treinta pesos diarios, dentro de una jornada comprendida de las 8:00 a las 18:00 horas de lunes a sábado, y que fue despedida el veintisiete de diciembre de dos mil dos a las 8:00 horas, por Gerardo Sánchez como jefe de personal y Luis Villarreal como supervisor. La empresa demandada en su contestación a la demanda sostuvo la improcedencia de la reinstalación y de los salarios caídos, en el hecho de que la actora no fue despedida de su trabajo, sino que el siete de enero de dos mil tres renunció en forma voluntaria. Asimismo, hizo valer la excepción de pago en lo que hace a los conceptos de séptimos días, días festivos, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, y agregó que siempre efectuó las aportaciones correspondientes al SAR e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que le entregó a la actora las constancias correspondientes. En relación con los hechos, manifestó que la actora ingresó a laborar en la fecha que señala en su demanda, en el puesto de operadora, y que percibía un salario diario de ochenta y nueve pesos con sesenta y cuatro centavos, más una cantidad semanal por concepto de crédito al salario, y una cantidad mensual por concepto de bonos de despensa; que laboraba dentro de un horario por turnos rotativos semanalmente, comprendido el primero de ellos de las 7:00 a las 10:00 horas y de las 10:30 a las 15:00 horas; el segundo de las 0:00 a las 03:00 horas y de las 03:30 a las 7:00 horas, y el tercero de las 15:00 a las 18:00 horas y de las 18:30 a las 22:30 horas, y que en su último año laborado no trabajó tiempo extraordinario. Finalmente, señaló que Gerardo Sánchez y Luis Villarreal no laboran para la demandada, por lo que en ningún momento ha ocurrido el despido e hizo valer la excepción de prescripción, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Para acreditar los hechos fundatorios de su acción, la actora ofreció, entre otras, la prueba confesional por posiciones para hechos propios a cargo de Gerardo Sánchez y Luis Villarreal, con el carácter de jefe de personal y supervisor, respectivamente. La Junta responsable, en el acuerdo que recayó a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el catorce de febrero de dos mil tres, descalificó las citadas confesionales, con base en que los absolventes Gerardo Sánchez y Luis Villarreal no son demandados en lo personal, por lo que no les resulta cita. La anterior determinación es ilegal por lo siguiente: El artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo prevé: ‘Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos.’. Como se ve, conforme al precepto legal transcrito, la confesional por posiciones procede cuando se ofrece a cargo de los directores, administradores, gerentes y, en general, de personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa demandada, cuando los hechos que dieron origen al conflicto, les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que por razón de sus funciones les deban ser conocidos. Ahora bien, si en la especie, la actora ofreció la prueba confesional para hechos propios a cargo de Gerardo Sánchez, como jefe de personal, y Luis Villarreal, como supervisor, a quienes les imputó ser las personas que la despidieron el veintisiete de diciembre de dos mil dos, a las ocho horas, en el domicilio de la demandada; a criterio de este órgano colegiado, la autoridad laboral responsable debió admitir las citadas confesionales, toda vez que fueron ofrecidas a cargo de personas determinadas, a quienes como ya se estableció, además se les imputaron hechos propios, por lo que respecto de ellos sí se dan los supuestos que establece el precepto legal transcrito con antelación, y al no haberlo considerado así la Junta responsable y descalificar las confesionales de mérito, violó en perjuicio de la quejosa las leyes del procedimiento, en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo; violación que trascendió al resultado del laudo reclamado, pues en el mismo se declaró improcedente la acción principal y se absolvió a la patronal de los salarios caídos reclamados, lo que pudo ser distinto de haberse admitido y desahogado las confesionales en comento. Tiene aplicación al caso la tesis número IV.3o. J/31, emitida por este órgano colegiado, visible en la página 71 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de enero de 1994, que dice: ‘PRUEBA CONFESIONAL, DEBE ADMITIRSE CUANDO AL ABSOLVENTE SE LE IMPUTAN HECHOS PROPIOS. Si el quejoso ofreció la prueba confesional a cargo del director general de la empresa demandada, y la responsable estimó que resultaba inútil y ocioso su desahogo porque de los hechos narrados en la demanda no se desprende que se le atribuyera algún evento, tal razonamiento es contrario a derecho, pues si bien es cierto que en el escrito de demanda no se le atribuyó hecho alguno, también es cierto que en la etapa de arbitraje el apoderado del actor expuso que el referido director intervino en el despido del trabajador. Por consiguiente, es inconcuso que a la persona a cuyo cargo se ofreció la confesional el actor le imputó hechos propios y, de ahí que, es procedente la admisión de la aludida probanza, debido a que con ella se pretendía demostrar las causas que motivaron el conflicto.’. No es obstáculo a lo concluido, el hecho de que la demandada haya negado que los absolventes Gerardo Sánchez y Luis Villarreal fueran sus empleados, pues esa negativa no es suficiente para descalificar las confesionales ofrecidas a su cargo, debido a que, como ya se dijo, a dichas personas se les imputó el despido, amén de que la patronal puede demostrar, por exclusión, con la nómina, organigrama de la empresa, la plantilla de personal o cualquier otro medio de convicción, que esas personas no laboran en la empresa demandada. Sin que esto signifique que deba probar un hecho negativo, puesto que al advertirse qué personas trabajan en la empresa, puede ésta justificar su aseveración."

QUINTO. Las consideraciones en que se sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al fallar el amparo directo número 908/2003, promovido por Santana Dueñez Rodríguez, en la parte conducente establece:

"QUINTO. Supliendo la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, este tribunal advierte que se cometió en perjuicio del quejoso una violación en el procedimiento, lo que amerita la concesión del amparo a fin de reponer el mismo. En efecto, de autos se desprende que Santana Dueñez Rodríguez demandó a la empresa Servicio Integral para el Transporte Terrestre, S.A. de C.V., y al centro de trabajo ubicado en José Mariano Salas número 205, colonia Regina, en Monterrey, Nuevo León, de quienes reclamó los siguientes conceptos: ‘Indemnización constitucional, salarios caídos, séptimos días, días festivos, prima vacacional, prima de antigüedad, aguinaldo proporcional, horas extras, pago de utilidades, pago de vacaciones, pago de salario devengado y no pagado, fondo de ahorro acumulado por la cantidad de $7,200.00 (siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) al día del despido.’. Asimismo, en los hechos de su demanda expresó que ingresó a laborar el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en el puesto de muellero y soldador, con un salario semanal integrado de $2,300.00 (dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.); además, manifestó que el veinte de julio de dos mil dos fue despedido de su empleo por José González, quien es el propietario del centro de trabajo demandado (fojas 1-3). La empresa demandada, mediante escrito de contestación a la reclamación laboral, negó el despido y le ofreció el empleo al actor, pero controvirtió el salario y la jornada, y admitió el puesto; asimismo, refirió que era falso que José González fuera el propietario de la empresa (fojas 37-39). Por su parte, la empresa Abrazaderas Refacciones, S.A. de C.V., quien se ostentó como propietaria del centro de trabajo demandado, negó todo nexo laboral con el accionante (fojas 40-41). En la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil dos,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18487-23732eaf/confesional-para-hechos-propios-corresponde-al-patron-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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