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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18590
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 758.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número DT. 5456/2004, promovido por la Secretaría de Economía, se apoyó en las consideraciones que a continuación se transcriben:

"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación, conduce a determinar lo siguiente: Es fundado y suficiente para conceder el amparo, el concepto de violación en el que la quejosa combate que la responsable consideró que la secretaría no demostró que las actoras hubiesen desempeñado plazas de confianza en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sin tomar en cuenta que las trabajadoras manifestaron en la demanda inicial que ocupaban los puestos de jefe de departamento y subdirector de área, categorías que se encuentran expresamente contempladas en la fracción II, inciso a), del artículo referido. Lo anterior es así, ya que de las constancias que integran el expediente laboral número 2878/2001, del que emana el acto reclamado, se desprende que Migdalina Aquiahuatl Sosa, María del Rocío González Ramos y Margarita Berenice Gutiérrez Hernández, demandaron de la Secretaría de Economía, entre otras prestaciones: ‘a) El cumplimiento de sus contratos individuales de trabajo, con efectos de reinstalación forzosa en sus respectivos trabajos, en los mismos términos y condiciones en que los venían desempeñando, hasta antes de sus despidos injustificados.’; precisando en el capítulo de hechos: ‘1. Comenzaron mis mandantes a prestar sus servicios para los demandados, bajo las siguientes condiciones laborales: La C. Migdalina Quiahuatl Sosa, ingresó a partir del 1o. de junio de 1976, desempeñando la categoría a últimas fechas de jefe de departamento de consultoría externa de la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, dependiente de la Secretaría de Economía (antes SECOFI) ... La C. María del Rocío González Ramos, ingresó a partir del 1o. de septiembre de 1979, desempeñando la categoría a últimas fechas de jefe de departamento en la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, dependiente de la Secretaría de Economía ... La C. Margarita Berenice Gutiérrez Hernández, ingreso a partir del 2 de febrero de 1992, desempeñando la categoría a últimas fechas de subdirector de área en la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Economía ...’ (folios 1 y 2). La Secretaría de Economía, adujo lo siguiente: ‘En relación con lo anterior, manifiesto que dicha prestación se controvierte, en razón de que ésta resulta ser improcedente e inconducente por lo que se niega que las actoras tengan derecho alguno para reclamarla de mi mandante, motivo por el cual opongo de manera expresa las excepciones de falta de acción y derecho, así como la de calidad de confianza de todas y cada una de las actoras, toda vez que mi representado en ningún momento se ha colocado en el supuesto contemplado por la ley de la materia, ni ha dado lugar a que se reclame o se encuentre obligado mi representado a reinstalar a las actoras en las categorías siguientes: La C. Migdalina Aquiahuatl Sosa, en su puesto de jefe de departamento o puesto ocupacional de mando ejecutivo nivel EEA1, en virtud de que esa categoría le corresponde a un trabajador de confianza atento a lo señalado en los puntos 2, 4, 5.1.3. del Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando de la Administración Pública Federal, vigente para el año 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2001, en el cual se señala que el mando ejecutivo que es el grupo al que pertenece la actora de referencia, su puesto lo es el de jefe de departamento, que es un puesto de confianza y, atento a lo señalado por los artículos 5o. y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el empleo, tal y como acontece en la especie, la actora al ocupar a últimas fechas el puesto de jefe de departamento con grado de mando ejecutivo, ha sido servidor público de confianza y, como consecuencia lógica, carente de estabilidad del empleo y de la aplicación a su favor de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, asimismo para aclarar con mayor oportunidad lo antes señalado se corrobora y acredita fehacientemente su calidad de confianza mediante copia certificada del Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal de 2001 que emite la Unidad de Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la parte relativa al puesto de la actora, en donde se acredita que la actora en atención a sus características y funciones desempeñadas le correspondió el puesto de confianza de jefe de departamento. Ahora bien, la actora de referencia en el presente juicio no pertenece actualmente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía, que es la agrupación sindical de los trabajadores de base de mi representado; por tanto, al no ser servidor público de base, entonces lo es de confianza, por lo que carece de estabilidad en el empleo. La C. María del Rocío González Ramos, en su puesto de jefe de departamento o puesto ocupacional de mando ejecutivo nivel EEA1, en virtud de que esa categoría le corresponde a un trabajador de confianza atento a lo señalado en los puntos 2, 4, 5.1.3. del Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando de la Administración Pública Federal, vigente para el año 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2001, en el cual se señala que el mando ejecutivo que es el grupo al que pertenece la actora de referencia, su puesto lo es el de jefe de departamento, que es un puesto de confianza y, atento a lo señalado por los artículos 5o. y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el empleo, tal y como acontece en la especie, la actora al ocupar a últimas fechas el puesto de jefe de departamento con grado de mando ejecutivo, ha sido servidor público de confianza y, como consecuencia lógica, carente de estabilidad del empleo y de la aplicación a su favor de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, asimismo, para aclarar con mayor oportunidad lo antes señalado, se corrobora y acredita fehacientemente su calidad de confianza mediante copia certificada del Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal de 2001 que emite la Unidad de Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la parte relativa al puesto de la actora en donde se acredita que la actora en atención a sus características y funciones desempeñadas le correspondió el puesto de confianza de jefe de departamento. Ahora bien, la actora de referencia en el presente juicio no pertenece actualmente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía, que es la agrupación sindical de los trabajadores de base de mi representado; por tanto, al no ser servidor público de base, entonces lo es de confianza, por lo que carece de estabilidad en el empleo. La C. Margarita Berenice Gutiérrez Hernández en su puesto de subdirector de área o puesto ocupacional de mando de coordinación nivel COA1, en virtud de que esa categoría le corresponde a un trabajador de confianza atento a lo señalado en los puntos 2. 4. 5.1.3. del Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando en la Administración Pública Federal, vigente para el año 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2001, en el cual se señala que el mando de coordinación que es el grupo al que pertenece la actora de referencia, su puesto lo es el de subdirector de área, que es un puesto de confianza y, atento a lo señalado por los artículos 5o. y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el empleo, tal y como acontece en la especie, la actora al ocupar a últimas fechas el puesto de subdirectora de área, con grado de mando de coordinación, ha sido servidor público de confianza y, como consecuencia lógica, carente de estabilidad en el empleo y de la aplicación a su favor de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, asimismo, para aclarar con mayor oportunidad lo antes señalado, se corrobora y acredita fehacientemente su calidad de confianza mediante copia certificada del Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal de 2001 que emite la Unidad de Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la parte relativa al puesto de la actora, en donde se acredita que la actora en atención a sus características y funciones desempeñadas le correspondió el puesto de confianza de subdirector de área. Ahora bien, la actora de referencia en el presente juicio no pertenece actualmente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía, que es la agrupación sindical de los trabajadores de base de mi representado; por tanto, al no ser servidor público de base, entonces lo es de confianza, por lo que carece de estabilidad en el empleo.’ (folios 17 y 18); ofreciendo entre otras pruebas para acreditar su dicho las copias fotostáticas del Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando de la Administración Pública Federal, de dos mil y dos mil uno; los Diarios Oficiales de veintiocho de enero de dos mil y treinta y uno de mayo del dos mil uno; y, el informe rendido por el secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Economía, en el que se asentara si las actoras han pertenecido en los años de mil novecientos noventa y nueve, dos mil y dos mil dos, a los trabajadores de base registrados en dicho sindicato y si han aportado cuotas sindicales (folios 44 y 45). Al dictar el laudo impugnado, la Sala responsable estimó: ‘... Las documentales que obran a fojas 53 a la 84 de este expediente, que en copia certificada obran a fojas de la 236 a la 259, consistentes en los Diarios Oficiales de la Federación de fechas veintiocho de enero de dos mil y treinta y uno de mayo de dos mil uno, los cuales contienen el Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando de la Administración Pública Federal, se les concede valor probatorio únicamente para demostrar el sistema que se debe seguir para el pago de las compensación aplicable a los servidores públicos de mando de las dependencias y entidades de la administración pública federal, específicamente en el punto 5.1.3. que refiere el demandado, prevé que para los efectos de dicho manual y la aplicación del tabulador de sueldos para los servidores públicos de mando de la administración pública federal, se establecen siete grupos jerárquicos que corresponden a los puestos de la estructura de mando tradicional, y que son los siguientes:

Ver tabla

"No obstante, dichas documentales son inadecuadas para demostrar que las actoras se hayan desempeñado en plazas de confianza en términos del artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. A fojas 232 y 233 de autos, se encuentra el informe rendido por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía, ahora demandada, demuestra sólo que las actoras no han pertenecido al grupo de trabajadores de base registrados en ese sindicato durante los años de 1999 a 2001, y por tanto no han efectuado cuotas sindicales; sin embargo, se le niega valor probatorio para demostrar que las actoras hayan sido trabajadoras de confianza en términos del precepto legal señalado anteriormente, porque el hecho de que hayan o no efectuado las aportaciones correspondientes no son causa imputables a ellas; cabe señalar que a foja 225 de autos, se encuentra el informe rendido por el director de estudios laborales de la Dirección General adjunta de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el diez de julio de dos mil dos, de la cual se advierte que el funcionario comunica que dentro del Catálogo General de Puestos y Tabulador de Sueldos del Gobierno Federal, vigente en dos mil uno se encuentra consignado el puesto denominado ‘subdirector de área o puesto ocupacional de mando de coordinación’ con código ‘CFCOA01’ y nivel salarial ‘COA1’, como de confianza y que corresponde a un servidor público de mando medio, como de confianza; y que el puesto denominado ‘jefe de departamento’ o ‘puesto ocupacional de mando ejecutivo’ con código de identificación ‘CFEEA01’ y nivel salarial ‘EEA1’ se encuentra clasificado también como de confianza, lo cual se corrobora con el correspondiente Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal que obra a fojas 176 y 177 de autos, el cual se encuentra debidamente cotejado con su original según se advierte de la razón actuarial que obra a foja 264 de este expediente. Valoradas que han sido las anteriores pruebas, incluyéndose las anteriores pruebas, incluyéndose la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, relacionadas todas entre sí con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se llega a la conclusión de que el demandado no demostró fehacientemente que las actoras Migdalina Aquiahuatl Sosa, María del Rocío González Ramos y Margarita Berenice Gutiérrez Hernández, se hayan desempeñado en plazas de confianza en términos por lo dispuesto por el artículo 5o. de la ley burocrática, porque si bien es cierto que tanto Migdalina Aquiahuatl Sosa y María del Rocío González Ramos, se desempeñaban en el puesto de jefe de departamento y que Margarita Berenice Gutiérrez Hernández, se desempeñaba como subdirector de área, las tres en la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales y que de acuerdo con el Catálogo General de Puestos mencionado líneas arriba, tales categorías se encuentran clasificadas como de confianza, también lo es que el titular demandado sólo se limitó a mencionar que dichas trabajadoras eran de confianza en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sin demostrar con prueba idónea cuáles son las funciones que realizaban, habida cuenta que dicho numeral prevé diversas hipótesis, el demandado, como ya se dijo, no mencionó en qué hipótesis se encuentran las actoras, ni refirió cuáles fueron las funciones que cada una de ellas realizó, tomando en cuenta que la calidad de la plaza no la da la designación del puesto, sino las funciones que desempeñan los trabajadores, atento a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia número 1194, que aparece visible en la página 1051, del Tomo V, Volumen 2, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. ESTE CARÁCTER NO SE DETERMINA POR LA DENOMINACIÓN QUE DEL PUESTO SE HAGA EN EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO.’ (se transcribe), en tal virtud debe entenderse que las actoras se desempeñaban en plazas de base; ahora bien, el hecho de que ellas no hayan realizado cuotas sindicales, no es causa imputable a ellas, pues como lo dispone el artículo 38, en su fracción II, de la legislación burocrática, corresponde al titular demandado efectuar las retenciones correspondientes; por otra parte, es importante mencionar que el titular demandado en ningún momento procesal ofreció prueba alguna tendiente a demostrar la naturaleza de las funciones que ellas realizaban, mucho menos especificó qué funciones desempeñaban; por tanto, se desecha la excepción planteada por el demandado, en el sentido de que las actoras eran trabajadoras de confianza y que, por ende, se encuentran excluidas del régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por tanto, se concluye que las accionantes eran trabajadoras de base al servicio de la Secretaría de Economía (antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial). Ahora bien, quedó demostrado en autos que ellas dejaron de laborar desde el dos de julio de dos mil uno, porque fueron despedidas de manera injustificada por el titular demandado, por conducto de la C. Rosalba Ramírez Ramírez, ya que al haber sido trabajadoras de base al servicio de la demandada, el titular debió observar lo previsto en los artículos 46 y 46 bis de la ley de la materia ... En este orden de ideas, se concluye que es procedente la acción intentada por las actoras y se les debe reinstalar a Migdalina Aquiahuatl Sosa, como jefe del departamento de Consulta Externa; a María del Rocío González Ramos, como jefe de departamento y a Margarita Berenice Gutiérrez Hernández, como subdirector de área, todas en la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales de la secretaría demandada ...’ (folios 290 a 291 vuelta y 292 vuelta a 293). El artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, claramente dispone: ‘Artículo 5o. Son trabajadores de confianza: I. Los que integran la planta de la Presidencia de la República y aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del presidente de la República. II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas dentro del régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, que desempeñan funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta ley sean de: a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, sub-directores y jefes de departamento. b) Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y sub-jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza. c) Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de éstos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido. d) Auditoría: a nivel de auditores y sub-auditores generales, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales funciones, siempre que presupuestalmente dependa de las Contralorías o de las áreas de auditoría. e) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales características. f) En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios. g) Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar el sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo. h) Asesoría o consultoría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes servidores públicos superiores; secretario, sub-secretario, oficial mayor, coordinador general y director general en las dependencias del Gobierno Federal o sus equivalentes en las entidades. i) El personal adscrito presupuestalmente a las secretarías particulares o ayudantías. j) Los secretarios particulares de: secretario, sub-secretario, oficial mayor y director general de las dependencias del Ejecutivo Federal o sus equivalentes en las entidades, así como los destinados presupuestalmente al servicio de los funcionarios a que se refiere la fracción I de este artículo. k) Los agentes del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal. l) Los agentes de las Policías Judiciales y los miembros de las Policías Preventivas. Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella clasificación consigne el Catálogo de Empleos de la Federación, para el personal docente de la Secretaría de Educación Pública. La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las dependencias o entidades, formará parte de su catálogo de puestos. III. En el Poder Legislativo: en la Cámara de Diputados: el oficial mayor, el director general de Departamentos y Oficinas, el tesorero General, los cajeros de la Tesorería, director general de Administración, el oficial mayor de la Gran Comisión, el director Industrial de la Imprenta y Encuadernación y el director de la Biblioteca del Congreso. En la Contaduría Mayor de Hacienda: el contador y el subcontador mayor, los directores y subdirectores, los jefes de departamento, los auditores, los asesores y los secretarios particulares de los funcionarios mencionados. En la Cámara de Senadores: oficial mayor, tesorero y subtesorero. IV. En el Poder Judicial: los secretarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los secretarios del Tribunal Pleno y de las Salas.’. Por su parte, el artículo 6o. de la misma ley, establece: ‘Artículo 6o. Son trabajadores de base: Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente.’. Asentado lo anterior, este tribunal estima que si bien es cierto que por regla general, para determinar si un trabajador es de confianza o de base, debe atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, correspondiéndole la carga de la prueba al patrón para acreditar que las labores realizadas por el trabajador, encuadran o no dentro de las contempladas, como de confianza, en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también lo es que resulta innecesario demostrar tal situación, cuando el puesto o categoría se encuentra expresamente consignado en el precepto legal citado, ya que la propia ley le otorga dicha naturaleza. El artículo 5o. de la ley de la materia establece quiénes son trabajadores de confianza, señalando expresamente, en algunos incisos, los puestos que deben considerarse con dicho carácter, como por ejemplo, los que integran la planta de la Presidencia de la República (fracción I); directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento (fracción II, inciso a); auditores, subauditores (fracción II, inciso d); secretarios particulares de: secretario, subsecretario, oficial mayor y director general de las dependencias del Ejecutivo Federal o sus equivalentes en las entidades (fracción II, inciso j); agentes del Ministerio Público Federal y del Distrito Federal (fracción II, inciso k); agentes de las Policías Judiciales y los miembros de las Policías Preventivas (fracción II, inciso l); sin que sea necesario, en estos casos, acreditar las funciones de tales puestos, por estar contemplados expresamente en la ley; y en otros incisos, se señala de manera general que serán de confianza los trabajadores que desempeñen funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de éstos, determinando su aplicación o destino, auditoría, control directo de adquisiciones, investigación científica, asesoría o consultoría, resultando necesario, en estos casos, que se acredite que las labores desempeñadas por el trabajador encuadran dentro de las enumeradas como de confianza por el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al no estar especificados los puestos. Partiendo de esa base, resulta fundado el concepto de violación que se hace valer, ya que la Sala incorrectamente consideró que la secretaría demandada se limitó a precisar que los puestos que ostentaban las actoras eran de confianza, sin acreditar con prueba alguna cuáles eran las funciones que desempeñaban, para determinar si las mismas encuadraban en las establecidas en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En efecto, tal y como lo sostiene la quejosa, en el presente caso, resultaba innecesario que la secretaría acreditara las funciones que desempeñaban las trabajadoras, para determinar si eran de confianza los puestos de subdirector y jefe de departamento, que las propias actoras reconocieron que ostentaban en su demanda laboral, en virtud de que dichas categorías se encuentran expresamente contempladas como tales, en la fracción II, inciso a), del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo cual es suficiente para estimar que tales puestos tienen tal carácter, pues la propia ley así lo establece, sin que se requiriera demostrar las funciones de cada una de las trabajadoras, pues tal situación únicamente se debe acreditar cuando la categoría no se encuentre expresamente contemplada como de confianza en la ley. En consecuencia, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el laudo combatido y dicte otro en el que considere que los puestos de subdirector y jefe de departamento son de confianza, por estar expresamente contemplados como tales, en el artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, resolviendo lo que proceda. Dados los efectos para los que se concede el amparo, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos contenidos en los conceptos de violación, ya que al dictar un nuevo laudo la Junta estará en aptitud de reparar la violaciones aducidas en caso de existir. QUINTO. En atención a lo expuesto, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, este órgano colegiado denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis existente entre el criterio que sustenta este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el presente asunto y el emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la jurisprudencia número I.7o.T. J/20, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, página 697, que a la letra dice: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO, DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE. Si el titular de la dependencia estatal no acreditó que las funciones desarrolladas por el trabajador fueran de dirección como lo alegó en el juicio, concretándose a probar que la plaza ocupada por aquél tiene la denominación de jefe de departamento, aunque formalmente hubiera ocupado el trabajador un puesto de jefatura, si su labor no implicaba la toma de decisiones, es correcto el criterio del tribunal responsable al estimar que su categoría no fue de confianza.’; toda vez que este tribunal no comparte dicho criterio, por las razones precisadas en los párrafos precedentes."

CUARTO. Las consideraciones en que se apoyó el Séptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo directo número DT. 11327/88, promovido por el secretario de Educación Pública, en la parte conducente establecen:

"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación que se esgrimen en el amparo. Independientemente de que el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo sea o no supletoria respecto de la determinación de la naturaleza de los servicios prestados por los trabajadores de confianza al servicio del Estado, debe precisarse que tal naturaleza no depende de la sola designación que se le dé al puesto ocupado por el actor, y en la especie ni siquiera del hecho cierto que el artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado incluya a los jefes de departamento dentro de la categoría de trabajadores de confianza. No basta en este caso con que la quejosa haya acreditado que la denominación del cargo desarrollado por el actor fuera la de ‘jefe de departamento’, sino que es necesario atender al tipo de labores que el mismo desarrollaba a fin de determinar si contienen las características del trabajo de confianza. En efecto, el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado considera trabajadores de confianza, en el Poder Ejecutivo (fracción II), los de las dependencias contenidas dentro del régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, cuando desempeñan funciones de dirección (inciso a) ‘como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel de directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento’. En la especie la quejosa no acreditó que las funciones desarrolladas por el actor fueran de dirección como lo alegó en su contestación a la demanda (88), concretándose a decir que la plaza del demandante tiene el carácter de jefatura de departamento y, por tanto, su naturaleza es de confianza, lo que así probó con la copia de la constancia de nombramiento que obra a foja 63 de autos. Ahora bien, no obstante tal denominación, de la constancia expedida con fecha 28 de febrero de 1983 por el señor Raúl Arias Sánchez, jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, la que se encuentra agregada a foja 37 del expediente laboral, se desprende que el nombramiento otorga

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18590-ae9b8330/trabajadores-al-servicio-del-estado-para-considerarlos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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