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Modo: Corpus Pro

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. SUS TRABAJADORES TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES QUE ESTABLECEN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD QUE INSTITUYE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19509
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 558.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia laboral.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

En efecto, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción fue realizada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los juicios de los que deriva la posible contradicción; por tanto, cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número DT-11129/2005, promovido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el trece de diciembre de dos mil cinco, sostuvo:

"QUINTO. Los conceptos de violación que se hacen valer son fundados. En tales motivos de queja se aduce que la Junta responsable causa agravio al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado al establecer que la actora acreditó la procedencia de su acción y el demandado no justificó sus excepciones y defensas, por tanto, el laudo era violatorio de garantías, ya que la Junta omitió valorar la excepción de falta de acción y de derecho, así como la de inaplicación del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, la cual resultaba procedente, toda vez que a la accionante se le contrató bajo el amparo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que tuvo su vigencia hasta el año de mil novecientos noventa y seis, por lo que a partir de ese año se le podía aplicar al instituto la Ley Federal del Trabajo; que la responsable determinó que con base en la antigüedad que había demostrado la actora al servicio del demandado, se ubicaba en la hipótesis contenida en el numeral 162 de la ley laboral, lo que era equivocado, pues no valoró la circunstancia de que la reclamante prestó sus servicios para el instituto demandado al amparo de la ley burocrática, la cual no contemplaba el otorgamiento de la prima de antigüedad, por lo mismo, debió absolverse de dicha reclamación. Los anteriores argumentos, se reitera, son fundados en virtud de que, como se señala, la autoridad responsable de manera incorrecta consideró que era competente para conocer y resolver sobre los juicios planteados en contra del demandado a partir de la jurisprudencia 1/96, por lo que contrario a lo manifestado por el demandado no existía aplicación retroactiva en su perjuicio, pues la antigüedad, con independencia del régimen jurídico que la regule, era de explorado derecho que se generaba por el simple transcurso del tiempo en la prestación de los servicios de los trabajadores para la demandada, luego, por ser de tracto sucesivo la misma ya se encontraba acumulada a la fecha en que la actora causó baja con motivo de su renuncia y, por ende, existía su reconocimiento, por tanto, era aplicable el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, resultando procedente condenar al pago de prima de antigüedad referente al periodo de ingreso de la accionante a la fecha de la jubilación, comprendido del diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y cinco al quince de enero de dos mil cuatro, computando una antigüedad de veintiocho años, nueve meses y veintiocho días (folio 39 del juicio laboral). Tal determinación es incorrecta, en virtud de que de la demanda se advierte que la actora señaló que ingresó a prestar sus servicios al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a partir del dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y cinco; que el quince de enero de dos mil cuatro se le jubiló por años de servicios, sin embargo, el instituto demandado omitió incluir en el finiquito, el pago de la prima de antigüedad, prestación que reclamaba con fundamento en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 1 y 2 del expediente laboral). A su vez, el instituto demandado negó acción y derecho a la actora para reclamar el pago de prima de antigüedad, ya que fue contratada al amparo de la ley burocrática, la cual no contemplaba dicha prestación, por lo que resultaba inaplicable el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo; que además la accionante no se encontraba en alguna de las hipótesis que indicaba tal numeral (folio 25 del juicio laboral). De lo referido se advierte que en la época en la que la actora inició a laborar, la regulación de sus relaciones de trabajo emanaba del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, por lo mismo, se regían conforme al derecho laboral burocrático, estableciendo el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: ‘Artículo 1o.’ (lo transcribe). Ahora bien, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 1/96, estableció el criterio consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 52, del tenor siguiente: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’ (la transcribe). Luego, de conformidad con lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que a partir del año de mil novecientos noventa y seis, las relaciones entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus empleados, se rigen por las normas del apartado A del artículo 123 constitucional, por tanto, tal disposición legal le es aplicable a la actora desde ese año, por ende, si como la accionante lo señaló el quince de enero de dos mil cuatro se le jubiló por años de servicios, ello evidencia que efectivamente no se encuentra en las hipótesis que establece el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al criterio jurisprudencial referido. En efecto, el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en la parte que interesa, prevé: ‘Artículo 162.’ (lo transcribe). Luego, conforme al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sus relaciones laborales están reguladas por la Ley Federal del Trabajo, a partir del año de mil novecientos noventa y seis, ingresando hasta ese momento a su esfera de derechos laborales la figura de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la ley laboral, por tanto, su antigüedad empieza a correr a partir de que les es aplicable la ley laboral, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 162 de dicha ley. Conviene señalar que Ignacio Burgoa en su libro Las Garantías Individuales, sobre el tema de la retroactividad, considera que cuando no se trate de actos simples o instantáneos que se consuman cabalmente en un momento preciso sin generar consecuencias jurídicas, sino de actos o hechos llamados continuos o continuados que originan una situación o un estado que subsisten durante un lapso determinado o indeterminado o que durante éste producen consecuencias, hay que tomar en cuenta dos elementos importantísimos, a saber: el elemento causal y el elemento consecuente, para determinar la aplicabilidad de la norma que deba regirlos. El elemento causal se traduce o puede estar constituido por el hecho, el acto o la circunstancia que genera la situación, estado o consecuencias que se realizan a través del tiempo, situación, estado o consecuencias que no son obviamente sino el elemento consecuente. El elemento causal puede, por sí mismo, sin la concurrencia de otras circunstancias o con causas, generar al elemento consecuente o, por el contrario, éste, además de estar determinado por el primero, para que se actualice, para que viva positivamente, requiere de otros factores (hechos, actos o circunstancias) que se convierten en concausas. Suele darse el caso, muy frecuente en la realidad, de que el efecto o la consecuencia de un acto causal se produzca bajo el imperio de una ley distinta de la que regía en el momento en que éste se realizó, siendo indudable que el acto causal debe regirse por la norma coetánea a él en cuanto a su integración, realización o formación, sin que la ley nueva lo afecte en su validez jurídica misma. Por lo que respecta a la regulación de las consecuencias o efectos del acto causal, las cuales se supone se producen durante la vigencia de la norma nueva, debe hacerse la distinción siguiente: 1. Si el efecto o la consecuencia existen o se generan jurídicamente, sólo en función del acto causal, es decir, sin la concurrencia de otras causas (hechos, actos, circunstancias), de tal manera que deriven inmediata o directamente del mismo, la ley aplicable será la del propio acto causal. En otros términos, si a tales efectos o consecuencias se aplicase la ley vigente en el momento en que se produzcan, esa aplicación sería retroactiva. 2. En cambio, si el efecto o la consecuencia, para existir jurídicamente, requieren la realización de una concausa (hecho, acto o circunstancia) distinta del acto causal, se aplicará la ley nueva en caso de que dicha concausa se produzca bajo su vigencia, siendo la ley antigua (ley del acto causal), la que regule tal efecto o consecuencia, si la concausa tiene lugar antes de que la norma nueva entre en vigor. Independientemente del criterio anterior, existen hipótesis generales, aceptadas por los juristas, en que una disposición legal es retroactiva: 1. Cuando se alteren las condiciones, requisitos o elementos de existencia de un acto, hecho o situación jurídica, en este caso, la ley nueva afecta a un algo jurídico realizado con anterioridad a su vigencia, afectación que puede operar directamente, o bien, mediante la regulación de algunos de sus efectos. 2. Cuando se alteren las condiciones, requisitos o elementos de validez de un acto, un hecho o una situación jurídica, en esa hipótesis, la retroactividad se establece por los mismos motivos que en la anterior. 3. Cuando se afecten los derechos o las obligaciones producidos durante la vigencia de la ley nueva, derivados de actos, hechos o situaciones jurídicas existentes con anterioridad a la misma, siempre y cuando la autoridad que aplique dicha norma, para declarar procedentes o improcedentes las causas legales de la afectación, deba recurrir a la apreciación de la causa del objeto o materia afectada. 4. En los juicios ya iniciados y desarrollados hasta la fijación de la litis inclusive, cuando se alteren los requisitos y elementos esenciales de la acción ejercida o se restrinja la defensa genérica del demandado, es decir, en el caso de que la ley nueva declare inoponibles ciertas excepciones. 5. En los juicios en general cuando se altere la forma con arreglo a la cual puede ser ejercido un derecho precedentemente adquirido y siempre que tal derecho haya nacido del procedimiento mismo. El alcance del principio de no retroactividad en el sentido de si se refiere sólo a las leyes ordinarias o si también abarca a las normas constitucionales, no es una cuestión que deba resolverse sin distingo alguno. Es evidente que cuando se cambia un conjunto de postulados básicos que implican sendas declaraciones fundamentales de una Constitución en beneficio del interés social, las nuevas disposiciones en que dicho cambio se instrumente, sí pueden aplicarse a situaciones creadas bajo el amparo de las normas constitucionales renovadas o sustituidas, aunque con tal aplicación se afecten derechos adquiridos conforme a las prescripciones reemplazadas. En esta hipótesis, la acción retroactiva de las normas sustitutas no adolece de vicio alguno, pues por virtud del Poder Constituyente que corresponde al pueblo y que éste ejerce a través de sus representantes, se pueden transformar la sustancia y el contenido de la Constitución, sin que pueda oponerse algún obstáculo jurídico al impulso transformativo. Cuando se trata de disposiciones que no proclamen los postulados fundamentales que caracterizan el espíritu económico, social, político y cultural de la Constitución, su respectiva reforma sólo debe regir hacia el futuro, sin que deban afectarse situaciones creadas y derechos adquiridos conforme a las prescripciones constitucionales modificadas. En esa tesitura, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 1/96, estableció que las relaciones entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus empleados, a partir del año de mil novecientos noventa y seis, se rigen por las normas del apartado A del artículo 123 constitucional, esto determina que tal disposición legal es aplicable a tales trabajadores, en todas sus prerrogativas, a partir de dicho año, ingresando hasta ese momento a la esfera de derechos laborales de la actora la figura de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, ya que de considerar lo contrario, se estaría aplicando, de manera retroactiva, tal criterio, pretendiendo regir situaciones ocurridas antes de su vigencia retro-obrando respecto de actos verificados bajo una disposición anterior. En esa tesitura, si en términos del artículo 162, fracción III, de la ley laboral, la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos, es obvio que del año de mil novecientos noventa y seis, en que le es aplicable a la actora la Ley Federal del Trabajo, al quince de enero de dos mil cuatro, fecha en la que se le otorgó su jubilación por años de servicios, no se cumple con los quince años que prevé el precepto aludido, circunstancia que debió advertir la responsable y, al no hacerlo así, con tal proceder violó las garantías del quejoso. Resulta aplicable, en lo sustancial, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, tesis P./J. 56/2004, Novena Época, página 6, del tenor siguiente: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD. TRABAJADORES AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y SERVICIO POSTAL MEXICANO QUE SUSTITUYERON A ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. EL PLAZO PARA DICHO BENEFICIO SE COMPUTA A PARTIR DE QUE EMPEZARON A TRABAJAR EN AQUELLOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS.’ (lo transcribe). Asimismo, es aplicable la tesis jurisprudencial número P./J. 123/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, página 16, del texto siguiente: ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.’ (lo transcribe)."

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo registrado con el número DT-20604/2005(1040) promovido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el primero de diciembre de dos mil cinco, sostuvo:

"TERCERO. Por cuestión de técnica jurídica, primeramente se analiza la parte de los conceptos de violación relativa a violaciones de forma, en el que la institución quejosa aduce que el laudo tildado de inconstitucional no se encuentra motivado, mismo que resulta infundado. ... En otra parte de su concepto de violación, el quejoso argumenta que el laudo reclamado le causa perjuicio, ya que la responsable lo condena al pago de la prima de antigüedad y a su juicio la actora no probó su acción; esto, toda vez que tanto actor como demandado se sujetaron en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación al diverso 14 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyos elementos de existencia y validez del acto jurídico son el consentimiento y la voluntad expresa; luego, en el tiempo en que estuvo vigente la relación de trabajo, aplicó las disposiciones de la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, cuyo artículo 34 prevé el pago de la prima quinquenal, la que debe incrementarse cada cinco años de servicio; esto, tomando en consideración que la quejosa forma parte de la administración pública federal, y la relación de referencia se rige por lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Argumento de disenso que este tribunal resuelve infundado, en virtud de que si bien es cierto que la relación laboral que existió entre las partes, se inició el uno de agosto de mil novecientos setenta y tres, bajo el régimen burocrático de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que no prevé el pago de la prima de antigüedad, ésta es de tracto sucesivo y, por ende, se computa desde el primer día de prestación de servicios, y en virtud de que el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se declaró inconstitucional, por resolución del más Alto Tribunal del país, al emitir la tesis de jurisprudencia P./J. I/96, se tiene que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo Federal, por lo que, el ahora quejoso, contrario a lo afirmado en sus conceptos de violación, no se encuentra comprendido dentro del apartado B del artículo 123 constitucional, pues dada la naturaleza del mismo, no existe base jurídica para considerar que se encuentra inmerso dentro de los Poderes de la Unión o el Gobierno del Distrito Federal, cuyo régimen laboral regula el citado precepto constitucional; y si la fracción XXXI, inciso b), subinciso 1, que corresponde al apartado A del artículo 123 constitucional, alude a empresas descentralizadas, y no a los organismos descentralizados, está comprendido en aquel subinciso, porque opera como empresa descentralizada. Efectivamente, tanto de la ley como de la jurisprudencia se infiere que por empresa debe entenderse la organización de una actividad económica que se dirige a la producción o al intercambio de bienes o de servicios, aunque no sea con fines de lucro; atento a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que aparece publicada en la página 2250 del Tomo CXX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: ‘EMPRESAS DESCENTRALIZADAS. SE RIGEN POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ y la visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CV, página 2365, de rubro: ‘EMPRESAS DESCENTRALIZADAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS DE TRABAJO.’, se considera que el quejoso tiene facultades que lo identifican, en lo esencial, con el concepto de empresa; por ello, debe decirse que la fracción XXXI, inciso b), punto 1, apartado A, del artículo 123 constitucional, cuando se refiere a empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, abarca los organismos que, como el impetrante de amparo fueron constituidos por la Federación para que se encarguen de proporcionar o administrar un servicio público; luego entonces, los organismos descentralizados, con funciones de servicio público, se rigen por lo dispuesto en el apartado A del artículo 123 constitucional. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y seis, Materia Laboral, visible en la página 52, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’ (la transcribe). De lo anterior se desprende que si bien dicho precepto legal se declaró inconstitucional y determinó que las relaciones de trabajo entre los organismos descentralizados de carácter federal y sus empleados se deben regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República y, por ende, les resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, es inconcusa la existencia de la obligación de cubrir el pago de la prima de antigüedad, en términos del artículo 162 de la ley laboral, aplicable a partir de mil novecientos noventa y seis, ya que no puede computarse la antigüedad correspondiente desde el momento en que entró en aplicación la jurisprudencia de mérito, o bien, dejar de aplicar la Ley Federal del Trabajo, pues como se apuntó con antelación, al encontrarse dentro del apartado A del dispositivo 123 de la Carta Magna, se regula por dicha legislación, pues ningún perjuicio irroga a la quejosa que el vínculo laboral se haya regido en su inicio por el régimen burocrático y que, posteriormente, se determinara que el mismo no era aplicable, sino que lo era la Ley Federal del Trabajo. Por ello, igualmente infundada resulta la parte del argumento de inconformidad, en el que se duele de la aplicación retroactiva de la ley, e insiste, se infringe con ello lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, mismo en el que afirma que la actora no tiene derecho a la prestación reclamada, toda vez que causó baja por jubilación el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, y toda vez que del año de mil novecientos noventa y seis, en que entró en vigor el criterio jurisprudencial a la fecha de jubilación, únicamente transcurrieron cinco años de servicio, dada la figura de la irretroactividad de la ley, que consiste en que las disposiciones contenidas en un determinado ordenamiento jurídico, no deben ser aplicadas a hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, no tiene derecho al pago de la prima de antigüedad, por no haber transcurrido el término de quince años para ello; supuesto que a juicio de este órgano colegiado no se surte en la especie, por la razón de que a la trabajadora y hoy tercero perjudicada le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, no porque la relación de trabajo se haya iniciado el uno de agosto de mil novecientos setenta y tres, sino porque la jurisprudencia antes invocada, emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió la inconstitucionalidad del artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, en consecuencia, que los servidores de los organismos públicos descentralizados no se rigen por las disposiciones contenidas en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal y, por ende, las relaciones de trabajo de éstos quedaran inmersas en el diverso apartado A, data de febrero de mil novecientos noventa y seis, por tanto, dichas relaciones de trabajo al no estar reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, le son aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que, en este caso, contempla el pago de la prima de antigüedad de mérito, sin que para ello pueda decirse que la ley le esté siendo aplicada en forma retroactiva, pues por decisión del más Alto Tribunal de justicia del país, las relaciones laborales de los organismos públicos descentralizados no pueden estar regidas por la ley de referencia, luego, las mismas son tuteladas por la ley laboral; lo que significa que la antigüedad de la actora, aun cuando inicialmente la relación de trabajo no fue regulada por la Ley Federal del Trabajo, sino una diversa, no puede considerarse que a la fecha de la publicación de la jurisprudencia de referencia, para los trabajadores de los organismos descentralizados como el demandado, entró en vigor la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que el legislador no dispuso algún caso de excepción en ese sentido. Sin que se oponga a ello, el hecho de que durante el tiempo que duró ese vínculo, surgieran modificaciones en cuanto al régimen jurídico que le era aplicable a los trabajadores de los organismos descentralizados, pues tal cuestión no entraña un cambio respecto a la antigüedad generada, la que no puede ser disminuida, en virtud de que la relación de trabajo siempre fue la misma y, por ende, para los efectos apuntados en la Ley Federal del Trabajo, vigente a la fecha de la baja, es la que resulta aplicable en la especie, pues dicha relación, como se apuntó anteriormente, se rige por lo dispuesto por la fracción XXXI, inciso b), punto 1, apartado A, del artículo 123 constitucional. Además, no puede causarle perjuicio a la trabajadora el que el vínculo laboral se haya regido en su inicio por el régimen laboral burocrático y que, posteriormente, se determinara en la jurisprudencia invocada, que el mismo no era aplicable, sino la Ley Federal del Trabajo, y que con ello tuviera acceso a la prima de antigüedad, toda vez que no puede desconocerse, ni dejarse sin efecto, el tiempo laborado desde su ingreso al organismo demandado. Tiene aplicación a lo antes expuesto, la tesis 2a./J. 87/2004, emanada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de dos mil cuatro, visible en la página 415, que es del tenor siguiente: ‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA.’ (la transcribe). En otro orden de ideas, es infundada también la parte del anterior concepto de violación, en la que se alega que la prima de mérito fue pagada atento a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la que se incrementó por cada cinco años de servicio. Se considera así, en virtud de que la prima de antigüedad y la quinquenal o quinquenio, son de naturaleza distinta, pues al efecto, el dispositivo en mención literalmente dispone: (lo transcribe). Por su parte, el artículo 162 de la Ley Federal el Trabajo, dispone: (lo transcribe). De lo anterior se advierte que las prestaciones prima de antigüedad y prima quinquenal poseen características que las hacen diferir sustancialmente una de otra, pues aun cuando las dos derivan de la relación laboral y se basan en la antigüedad de los trabajadores, la prima a que se refiere el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se cubre como complemento del salario, como una adición al mismo, esto es, como contraprestación del servicio prestado, además, el derecho a la misma persiste en tanto dura la relación de trabajo y, por consiguiente, la terminación de esta relación anula la posibilidad de su otorgamiento, es decir, con ella se pretende reconocer el esfuerzo y la colaboración permanente del trabajador. En cambio, la prima de antigüedad contemplada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo se cubre en razón al tiempo total de duración de la relación laboral y no como parte del salario, aunado al hecho de que su otorgamiento nace una vez que ha concluido el vínculo laboral, ya sea por retiro voluntario cuando el trabajador cumpla más de quince años de servicio o en los demás casos que señala la ley, por lo que, la vigencia de la relación de trabajo impide la posibilidad de su otorgamiento y pago, puesto que esta prestación fue creada por el legislador como un fondo de ahorro para el trabajador. Entonces, considerando la prima quinquenal y la de antigüedad de naturaleza diferente, ya que el quinquenio es un complemento del salario y la de antigüedad no; el monto de la primera se establece en el presupuesto de egresos y el de la restante está regulado por la Ley Federal del Trabajo en forma mínima, y puede ser aumentado convencionalmente por las partes; por lo que el correspondiente al quinquenio no puede rebasar lo autorizado en el presupuesto de egresos y la de antigüedad puede hacerlo con los límites legales. Tiene sustento lo anterior, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2000, emanada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, correspondiente a diciembre de dos mil, Novena Época, Materia Laboral, que obra a foja 395, que dispone: ‘PRIMA QUINQUENAL Y PRIMA DE ANT

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19509-bb735ca3/instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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