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Modo: Corpus Pro

PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE. LAS FACULTADES QUE OTORGAN A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PROPONER A LOS CONGRESOS LOCALES LAS BASES Y TASAS DE DICHO TRIBUTO SON DE EJERCICIO DISCRECIONAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEPARE PERJUICIO A LOS CONTRIBUYENTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2004-PL. · Registro digital (IUS): 18664
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 412.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que conoció del recurso de revisión 262/2003, interpuesto por el gobernador sustituto del Estado de Nuevo León y otros, en lo que interesa, resolvió por mayoría de votos, bajo las siguientes consideraciones:

"OCTAVO. Son infundados los agravios que, en forma similar, hacen valer el gobernador del Estado de Nuevo León y el tesorero municipal. Del expediente de amparo en revisión, se desprende que la quejosa señaló como actos reclamados, los Decretos 177 y 119 que contienen respectivamente, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León en sus artículos 21 bis-2, 21 bis-3, 21 bis-8, 21 bis-9 y 21 bis-12 y la Ley del Catastro en sus artículos 17 y 24, todas vigentes en el año dos mil dos; por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones de la propiedad inmobiliaria; la falta de aprobación y expedición de las cuotas y tarifas aplicables al impuesto predial para el dos mil dos; así como la promulgación, sanción y orden de publicación de las leyes y decretos mencionados, respecto de ciertas responsables y la falta de esos requisitos en relación con otras autoridades; además de la publicación de las citadas leyes y decretos en el Periódico Oficial del Estado y, la liquidación y cobro del pago del valor catastral de los inmuebles ubicados en el Municipio de Monterrey. El Juez de Distrito concedió el amparo solicitado al estimar que los artículos 28-bis-8 (sic) y 29-bis-9 (sic) de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León no se ajustan a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 115 constitucional, toda vez que, el primer numeral en cita establece el elemento esencial del impuesto, consistente en las cuotas y tarifas aplicables para el cobro del impuesto predial, sin que previamente el Ayuntamiento de Monterrey o algún otro Ayuntamiento del Estado de Nuevo León hubiere propuesto al Congreso del Estado dichas cuotas y tarifas, además de que se omite regular la forma, método y términos en que los Ayuntamientos deben proponer al Congreso Local las citadas cuotas y tarifas aplicables al citado gravamen. En los agravios que se identifican como primero, segundo y parte del tercero, alegan la improcedencia del juicio de amparo, estudio de orden público y preferente, por ello este órgano colegiado inicialmente analiza este aspecto, al tenor de lo dispuesto por el numeral 73, párrafo final, de la Ley de Amparo. ... Finalmente se aduce que, si bien es cierto que con motivo de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, la Legislatura Local realizó adecuaciones a la Constitución del Estado y a la Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, ello no implica que el Congreso Local tuviese que adecuar las tasas aplicables para el cobro del impuesto predial, ya que del artículo quinto transitorio se advierte que la Constitución General de la República otorgó a las Legislaturas Locales, en coordinación con los Municipios, la facultad de realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, cuando así lo determinaran las propias legislaturas y los Municipios ‘en caso’ de que lo consideraran necesario. En ese sentido, alega la recurrente, si el Congreso del Estado de Nuevo León y los Municipios, una vez realizadas las adecuaciones a los valores unitarios de suelo y construcciones, no estimaron necesario adecuar las tasas aplicables para el cobro del impuesto predial, por considerar que no se provoca inequidad o desproporcionalidad alguna con el aumento de valor, ninguna violación a lo establecido por el artículo 115 constitucional, se produjo. Es infundado lo anterior, ya que el artículo quinto transitorio no debe ser interpretado en el sentido que lo hace la recurrente, al grado de pretender que queda al arbitrio de los Municipios y de las Legislaturas Locales el resolver si adecuan o no las tasas aplicables al impuesto predial, cuando se han modificado ya los elementos que sirven para la fijación de la base gravable. En efecto, la disposición transitoria de que se habla, correspondiente al decreto de reformas al artículo 115 constitucional, publicadas el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; expresamente dice: ‘Artículo quinto. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad, y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.’. Como se ve del numeral reproducido, una de las finalidades de las reformas de que se hace mérito era la de que los valores unitarios de suelo, que sirven de base para el establecimiento del valor predial de los inmuebles, se equipararan a los valores de mercado y, por ello, se previó que las Legislaturas Locales en coordinación con los Municipios de los Estados adoptaran las medidas correspondientes para alcanzar ese propósito, antes del ejercicio del año dos mil dos; a la vez que en el artículo 115, fracción IV, de la Ley Suprema, se dispuso que las adaptaciones de las unidades de valor, para equipararlas a los valores de mercado, se harían a propuesta de los Municipios, en tanto que a las Legislaturas Locales les correspondería aprobarlas en la respectiva Ley de Hacienda. Fue así que los Municipios del Estado de Nuevo León se encargaron de elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, equiparándose dichos valores a los existentes en el mercado y las propusieron al Congreso Local, el cual tuvo a bien aprobarlas, como se desprende de los informes justificados. Es decir, a raíz de las reformas de que se trata, los Ayuntamientos del Estado de Nuevo León propusieron la modificación de las unidades que sirven para la fijación de la base gravable del impuesto predial, que lo es el valor de la propiedad inmobiliaria, unidades de valor que fueron aprobadas por el Congreso y que conllevan un incremento en la base gravable del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, al ser equiparado el valor de los inmuebles al valor del mercado para los efectos del tributo. Así, al incrementarse la base gravable del impuesto predial, es inconcuso que todo el sistema de pago de ese tributo se vio modificado y ello hacía necesario que también las tasas y tarifas del impuesto fueran revisadas y, en su caso, que se propusiera su modificación por parte de los Ayuntamientos a fin de adecuarlas a la nueva situación de sus contribuyentes, evitándose así que el impuesto se tornara inequitativo o desproporcional, desgravándose a la vez los efectos nocivos del incremento mediante la adecuación de tasas y tarifas. En esa directriz, la circunstancia de que en el artículo quinto transitorio se haya empleado la frase: ‘en su caso’, al disponerse que las Legislaturas Locales, en coordinación con los Municipios del Estado, adecuarán las tasas aplicables al impuesto predial, no implica que se deje al capricho de dichos órganos el decidir si se propone la modificación de las tasas o no y si se realiza o no el proceso de aprobación de dichas tasas, sino que lo que debe entenderse es que una vez que ya se han tomado las medidas necesarias para equiparar el valor de la propiedad inmobiliaria al del mercado, al ser propuestas y aprobadas las tablas de valores unitarios respectivas, es necesario que se revisen por parte del Municipio las tasas del impuesto predial que, evidentemente, se verán afectadas al haberse incrementado la base gravable, por lo que en dicho caso sí será necesario que se propongan las tasas que ahora resulten aplicables al impuesto predial, precisamente para impedir que éste se torne desproporcional o inequitativo. Ahora, si lo que pretende la recurrente es que el Municipio no consideró necesaria la modificación a las tasas del impuesto, porque, según se dice, éste no resulta inequitativo ni desproporcional a pesar de que se ha incrementado la base gravable; tal consideración por parte de los Ayuntamientos se debió demostrar, a través del análisis correspondiente de las tasas aplicables y de su resolución formal al efecto, lo que no sucede en la especie ya que no existe la prueba conducente, de forma tal que la afirmación de la discorde en ese rubro carece de sustento alguno. Por otra parte, en cuanto a la tesis aislada número P. CLXVIII/97, que invoca la autoridad, debe decirse que no cobra aplicación al caso en estudio, porque este tribunal estima que no existió omisión del legislador de expedir una ley; luego, el amparo concedido no obligaría, como en forma equívoca se alega, a legislar, sino que la formación de la ley tiene una omisión propositiva que propiamente constituye una deficiencia, porque el Ayuntamiento de Monterrey y de San Pedro Garza García, Nuevo León, no propusieron al Congreso del Estado, las cuotas y tarifas (tasas) referentes al impuesto predial de su Municipio, debido a que sólo se concretó a proponer las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones; entonces, la ley relativa sí fue aprobada, pero sin cumplir con un deber establecido en el artículo 115 constitucional, esto es, el Municipio fue omiso en realizar investigación alguna respecto a las cuotas y tarifas de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y, por ende, proponerlas, lo que evidentemente no constituye una omisión legislativa, sino formativa. OCTAVO: (sic). De igual forma, son infundados los agravios que hace valer el presidente de la directiva de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León. En relación con el primer agravio, si bien es cierto, del fallo impugnado no se advierte que la a quo haya considerado pruebas en específico para determinar que el Ayuntamiento de Monterrey no propuso al Congreso del Estado las cuotas y tarifas del impuesto predial, también es verdad que dentro del sumario no existe prueba alguna que señale que el citado Ayuntamiento sí las propuso, en tal virtud, como acertadamente lo estimó el Juez Federal, consideró las manifestaciones contenidas en el propio informe con justificación del Congreso del Estado, autoridad que reconoce que los Ayuntamientos de los Municipios sólo propusieron las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, pero no las cuotas y tarifas del impuesto predial. Igualmente, analizó el informe con justificación rendido por los Ayuntamientos de Monterrey y de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el que sólo reconocieron haber estudiado los nuevos valores de suelo y de construcción, pero no realizaron investigación alguna respecto de las cuotas y tarifas de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria y que, por tanto, concluyó el Juez de Distrito, no envió propuesta alguna al Congreso del Estado respecto de las cuotas y tarifas del impuesto predial. Ahora, por razón de método, los agravios restantes se estudian en orden diverso al planteado, los que en esencia se dirigen a controvertir que en la resolución constitucional que combate, se aplicó inexactamente lo dispuesto en el artículo 115 de nuestra Constitución Federal. En cuanto a los argumentos consistentes en que se transgredió el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo como condición sine qua non para su procedencia, porque considera que si hubiese violación de garantías en el proceso de elaboración de la ley combatida, el juicio sería igualmente improcedente, ya que ni en la demanda ni en la sentencia se hizo análisis sobre el agravio concreto, personal y directo que resultaba de la no intervención del Ayuntamiento para proponer las cuotas y tarifas de mérito, por lo que no puede considerarse que exista un verdadero detrimento en la esfera jurídica del gobernado quejoso. Es menester precisar que los quejosos acreditaron el carácter de contribuyentes del impuesto predial por ser propietarios de los inmuebles descritos en la demanda de garantías mediante las escrituras públicas números 11,688 de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro y 11,423 de quince de septiembre de mil novecientos noventa y tres, otorgadas ante la fe del notario público número 67 en esta ciudad, respecto de los que efectuaron el pago del impuesto predial con fechas catorce y quince de febrero de dos mil dos, con lo cual demuestran de manera fehaciente la aplicación de la norma cuya inconstitucionalidad se impugnó y, como consecuencia, la afectación de su interés jurídico para deducir la acción de amparo. Ahora, como válidamente lo sostuvo el Juez Federal, los elementos de las contribuciones se encuentran estrechamente vinculados, por lo que cualquier modificación que se haga al objeto, sujeto, base, tasas, tarifas, lugar o época de pago, incide directamente en el pago del tributo y, por tanto, en la esfera jurídica del contribuyente, dado que se modifica el sistema para determinar y pagar una contribución. Ahora, cabe destacar que a raíz de las reformas al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se reformó la Constitución Local del Estado de Nuevo León en su artículo 119, para el efecto de que en ambas quedara establecida la facultad de los Municipios de proponer al Congreso Local las tasas y tarifas del impuesto predial, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán para fijar el valor de los inmuebles como base del tributo; por tanto, si los valores unitarios fueron propuestos por los Ayuntamientos a la legislatura, quien en atención a ello, modificó tales unidades de valor, incluidas las relativas a los inmuebles que se ubican en los Municipios de Monterrey y de San Pedro Garza García, Nuevo León, esa modificación trascendió de manera directa en la base gravable del impuesto predial y al variarse la base gravable se alteró el sistema completo de tributación, con independencia de que las tasas quedaran incólumes y con ello el perjuicio que se producía en la esfera jurídica de la quejosa era palpable. De esta forma, los factores precedentes, que resaltan el interés jurídico de la peticionaria, en la exposición de motivos que dio lugar a la reforma de que se habla, relacionada con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que la intención del legislador fue la de implementar una fórmula, mediante la cual cada Ayuntamiento, en vista del conocimiento más cercano que tiene de la capacidad y circunstancias de sus contribuyentes, estuviera en posibilidad de atenuar los efectos agravantes de la modificación a algunos de los elementos del tributo; por ello se dispuso que los Ayuntamientos propondrían las tarifas a que se sujetaría el pago del impuesto, permitiendo la atenuación de la base gravable en determinados sectores de la población, lo cual se logra a través de un sistema de tarifas escalonadas que necesariamente debe ser propuesta por los Ayuntamientos, atendiendo precisamente al conocimiento más cercano que tiene de las circunstancias particulares de sus pobladores. Así, al quedar fijadas las tasas y tarifas del impuesto predial sin que mediara propuesta de los Municipios del Estado, en la hipótesis específica de los Ayuntamientos de Monterrey y de San Pedro Garza García, Nuevo León, se impidió que esos órganos de Gobierno Local valoraran y atenuaran, en su caso, los efectos nocivos del incremento de la base gravable, situación que también evidenciaba el perjuicio de carácter jurídico que se originaba y trascendía a la esfera de la parte quejosa; de ahí que devengan infundados los agravios que se esgrimen. La recurrente cita en apoyo de sus argumentos el siguiente ejemplo: si en la demanda el quejoso no señala cuál sería el monto equitativo y proporcional que debió contenerse en la ley, como para pensar que algún otro fuera desproporcional e inequitativo y, por tanto, dejó sin materia de prueba el elemento esencial de su reclamo, el cual se considera dogmático, en tanto que al disponerse que las Legislaturas Locales, en coordinación con los Municipios del Estado, adecuarán las tasas aplicables al impuesto predial, no implica que se dejara al capricho de dichos órganos el decidir si se proponía la modificación de las tasas o no y si se realizaba o no el proceso de aprobación de dichas tasas, sino por el contrario, una vez que se tomaron las medidas necesarias para equiparar el valor de la propiedad inmobiliaria al del mercado, al ser propuestas y aprobadas las tablas de valores unitarios respectivas, era necesario que se revisaran por parte del Municipio las tasas del impuesto predial que evidentemente, se vieron afectadas al incrementarse la base gravable, por lo que en dicho caso era necesario que se propusieran las tasas que resultaren aplicables al impuesto predial, precisamente para impedir que éste se tornara desproporcional o inequitativo. En todo caso, si el Municipio no consideró necesaria la modificación a las tasas del impuesto, porque éste no resultaba inequitativo ni desproporcional a pesar de que se incrementó la base gravable, tal consideración se debió demostrar por parte de los Ayuntamientos a través del análisis correspondiente de las tasas aplicables y de su resolución formal al efecto, lo que no sucedió en la especie, ya que no existe la prueba conducente, de ahí lo infundado del agravio. Por otra parte, en cuanto a los agravios que se hacen consistir en que era una facultad de los Ayuntamientos proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas de referencia, lo que no implicaba una obligación de las legislaturas a acatar o sujetarse necesariamente a esa propuesta, ni impedía que se causaran tales cuotas y tarifas hasta en tanto se hubiera hecho la propuesta. Que la omisión de un Ayuntamiento a ejercer su potestad no podía impedir el curso de las finanzas públicas, ni la Constitución Federal lo exigía. Que en caso de que algún Ayuntamiento no ejerza su potestad de propuesta, la legislatura sigue obligada expedir las leyes que por competencia legal le son encomendadas y si en todo caso un Ayuntamiento fuere omiso, el Congreso no viola la potestad propositiva de dicha autoridad municipal, sino que sería en todo caso ella quien no hubiere ejercido su derecho. Que la regla del artículo 115 constitucional, concede a los Ayuntamientos una facultad de propuesta que debe ser respetada por las legislaturas y en la especie no se violó tal facultad, pues si el Ayuntamiento no ejerció su facultad, no puede violarse su derecho y la expedición de la ley no está supeditada a tal ejercicio porque la función pública requiere de recursos económicos derivados, entre otras fuentes, de esa ley que no puede dejar de expedirse. Cabe señalar, que la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, establece terminantemente que es obligación y no una facultad potestativa, que los Ayuntamientos propongan a los Congresos Estatales las tasas y las bases gravables de los impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, para que éste, en su caso, las apruebe. Esto es así, pues la intención del legislador de permitirle a los Municipios proponer a los Congresos Locales las tasas, cuotas o tarifas de las contribuciones que tienen derecho a percibir, fue por la razón de que los Ayuntamientos son quienes tienen al alcance las circunstancias, causas y motivos para determinarlas, por lo que si las leyes tildadas de inconstitucionales motu proprio determinan los elementos de la contribución, es evidente que transgrede la facultad propositiva de la autoridad municipal, por lo que la omisión del Municipio al no proponer esos elementos de tributo, no faculta a los Congresos Locales para sustituirlos en la iniciativa de una contribución, razón por la cual resultan inconstitucionales los artículos 21 bis-8 y 21 bis-9 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. A mayor abundamiento, cabe destacar que la iniciativa de leyes o decretos representa la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general, para satisfacer y atender las necesidades que requieren cierta forma de regulación; sin embargo, al haberse iniciado el proceso legislativo sin la propuesta del Ayuntamiento de las tasas, cuotas y tarifas para la determinación del impuesto predial, se incurrió en violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal suerte que provoca su invalidez. Bajo este contexto, es indudable que las violaciones formales sí trascienden a la constitucionalidad de las leyes impugnadas, puesto que todo el proceso legislativo, desde su inicio hasta su conclusión, debe ceñirse a los lineamientos y requisitos previstos por la Constitución Federal, lo cual no ocurrió en la especie. Para mayor comprensión del cómo o porqué esa circunstancia afectó de nulidad el proceso legislativo, es menester mencionar que éste se compone de una serie de actos que culminan con la elaboración del precepto u ordenamiento normativo, a saber: iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, expedición y publicación. Entonces, si precisamente en el inicio de un proceso se vio menoscabado, porque quien tenía la obligación constitucional de proponer (cuotas y tarifas) no lo hizo; entonces es una circunstancia que no se convalida y que, por ende, afectó los restantes actos de ese proceso, que al estar viciado, no puede surtir efecto en perjuicio del particular. Además, no pasa inadvertido para este tribunal que la omisión en la propuesta de las cuotas y tarifas, consiste en la base sobre la cual se determina el impuesto predial, es decir, es uno de los elementos esenciales de la contribución (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa), que al estar viciado de inconstitucionalidad, en virtud de la mencionada omisión del Ayuntamiento de Monterrey y de San Pedro Garza García, afecta todo el sistema del tributo. De esta forma, a raíz de las reformas de que se trata, los Ayuntamientos del Estado de Nuevo León propusieron la modificación de las unidades que sirvieran para la fijación de la base gravable del impuesto predial, que lo es el valor de la propiedad inmobiliaria, unidades de valor que fueron aprobadas por el Congreso y que conllevan un incremento en la base gravable del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, al ser equiparado el valor de los inmuebles al valor del mercado para los efectos del tributo. Así, al incrementarse la base gravable del impuesto predial, es inconcuso que todo el sistema de pago de ese tributo se vio modificado y ello hacía necesario que también las tasas y tarifas del impuesto fueran revisadas y, en su caso, que se propusiera su modificación por parte de los Ayuntamientos a fin de adecuarlas a la nueva situación de sus contribuyentes, evitándose así que el impuesto se tornara inequitativo o desproporcional y desgravándose a la vez los efectos nocivos del incremento mediante la adecuación de tasas y tarifas; de ahí que se considere inaplicable la tesis que invoca la recurrente, con el rubro: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.’. Lo anterior es así, porque en la especie no existió la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, cuestión que es premisa en el criterio sustentado por el Pleno, quien determinó que no podía obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria y que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley, sino que, contrariamente, se enfatiza, en el caso sí existió la expedición de la ley; empero al establecer el artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Nuevo León, las cuotas y tarifas (tasas) aplicables al impuesto predial, resulta violatorio de la Constitución, al regular las tasas de esa contribución, sin que previamente los Ayuntamientos hubiesen propuesto al Congreso Local las cuotas y tarifas que hubieran considerado aplicables al impuesto predial, lo que conlleva a que el Congreso del Estado estableció unilateralmente las tasas del impuesto predial, contrario a lo establecido por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal y en detrimento de la garantía de legalidad tributaria que establece el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. En esa directriz, es inexacto que no procedía hacer el estudio de constitucionalidad de la ley, si lo que se reclamaba era la falta de proceso legislativo, pues, contrariamente a ello, al disponerse que las Legislaturas Locales, en coordinación con los Municipios del Estado, adecuarán las tasas aplicables al impuesto predial, no implica que se deje al capricho de dichos órganos el decidir si se proponía la modificación de las tasas o no y si se realizaba o no el proceso de aprobación de dichas tasas; lo que debe entenderse es que, una vez que ya se han tomado las medidas necesarias para equiparar el valor de la propiedad inmobiliaria al del mercado, al ser propuestas y aprobadas las tablas de valores unitarios respectivas, es necesario que se revisen por parte del Municipio las tasas del impuesto predial que, evidentemente, se verán afectadas al haberse incrementado la base gravable, por lo que en dicho caso sí será necesario que se propongan las tasas que ahora resulten aplicables al impuesto predial, precisamente para impedir que éste se torne desproporcional o inequitativo. En las relacionadas circunstancias, al resultar infundados los agravios de las autoridades recurrentes, en contra de la resolución constitucional recurrida, en que se concedió el amparo y se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 21 bis-8 y 21 bis-9 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, porque no se ajustaron a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal, transgrediéndose la garantía de legalidad tributaria prevista por el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, ya que uno de los elementos del impuesto predial como son las cuotas, tasas y tarifas estaba viciado de inconstitucionalidad, afectándose todo el sistema de dicha contribución, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Similar criterio por mayoría se sostuvo al resolver este tribunal los amparos en revisión 318/2002, 319/2002, 320/2002, 51/2003, 226/2002, 229/2002 y 267/2003, los tres primeros vistos en sesión de veinticuatro de marzo, el cuarto en sesión de veintidós de mayo y el quinto y sexto el cinco de junio y el restante el tres de julio, todos de dos mil tres."

Voto particular formulado por el Magistrado Aurelio Sánchez Cárdenas:

"Con todo respeto me permito disentir de la opinión mayoritaria; pues para declarar la inconstitucionalidad de una ley no es suficiente citar un número abrumador de tesis jurisprudenciales y aisladas vinculadas con lo que debe entenderse por proporcionalidad, equidad y principio de legalidad, regulados por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque siendo todas ellas respetables, debe explicarse fundada y razonadamente por qué en cada caso concreto tienen aplicación ya que de otra manera da la impresión que lo que se dice sin reflexiones profundas simplemente se arropa con el respetable criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se dice lo anterior porque, en el caso de trato, la opinión mayoritaria, después de citar las tesis a que me refiero, elabora una interpretación desafortunada en torno al artículo 5o. transitorio del decreto que reformó el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal con el propósito de que el Municipio Libre, que constituye la base de la democracia en nuestro país, tenga una economía sustentable que le permita cumplir con las tareas básicas fundamentales; todas ellas de orden social que impactan a toda la comunidad. El artículo 5o. transitorio que la mayoría interpreta muy superficialmente textualmente dice: ‘Artículo quinto. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los Municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad, y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.’. Ahora bien, dicho texto consigna una orden imperativa destinada a todas las Legislaturas de los Estados y a los Municipios respectivos para que en forma coordinada adopten las medidas necesarias para que los valores unitarios del suelo que dan sustento al cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad. Luego se explicará el porqué, a mi juicio de ese mandato imperativo. En otro aspecto el artículo en comento encierra en su segunda parte una potestad discrecional para que las Legislaturas Estatales y los Municipios, e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18664-a3830999/predial-municipal-reformas-al-articulo-115-fraccion-iv · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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