REGISTRO DE SINDICATOS FEDERALES. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN QUE DEBA AGOTARSE, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN VIRTUD DE QUE ES UN ACTO PREPONDERANTEMENTE LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que conoció del recurso de revisión RT. 299/2004, interpuesto por la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, resolvió bajo las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Toda vez que no es materia de agravio el resolutivo primero de la sentencia recurrida, en el que se sobreseyó respecto del acto que se reclamó del secretario de Gobernación, se deja intocado. Por otra parte, resulta innecesario examinar las consideraciones sustentadas en la sentencia recurrida, así como los agravios expuestos por la autoridad responsable, toda vez que este tribunal advierte, de oficio, que se surte en el caso la actualización de una causal de improcedencia, que es de estudio preferente a cualquier otra situación, por ser ésta una cuestión de orden público en el juicio de garantías, de acuerdo con la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, así como por lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia número 940, visible en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro de: ‘IMPROCEDENCIA.’. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el sindicato quejoso debió agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a fin de cumplir con el principio de definitividad del acto reclamado. El quejoso señaló como autoridad responsable y como acto reclamado de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien emitió en el expediente 10/12161 la resolución de quince de agosto de dos mil tres, mediante la cual negó la solicitud de registro sindical. En primer lugar conviene señalar que el artículo 73 de la Ley de Amparo, en su fracción XV dispone: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; ...’. El propósito del legislador a través de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XV, de a Ley de Amparo fue, sin duda, el establecer la exigencia de que los gobernados, antes de promover la vía constitucional en contra de un acto de autoridad, hagan valer el medio ordinario de defensa a su alcance, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o anulado dicho acto, conforme a las leyes que lo rijan, siempre que proceda la suspensión en los efectos del mismo, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para la suspensión definitiva, con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición de violaciones directas a la Constitución. Así pues, para determinar los alcances de la obligación consignada a cargo del gobernado en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en el sentido de hacer valer el medio de defensa legal procedente en contra de algún acto de autoridad, previamente a la promoción del juicio de amparo, es necesario atender a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 439/98 PL, consultable en la página 8, con el número P./J. 3/2001 del Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: «Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...». Ahora bien, del contenido de este precepto se advierte que no se indica qué debe entenderse por «leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo», a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a «leyes que rigen los actos», no pudo ser otra más que la de considerar a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente) que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación y efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios e, incluso, sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo.’. Es decir, las leyes que rigen al acto son aquellas que se encuentran estrechamente vinculadas con el mismo, ya sea porque establecen su instauración o determinan su creación, lo desarrollan, precisando sus efectos y terminación, así como también los medios o instrumentos que se tienen al alcance de los gobernados para impugnarlo a fin de modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Ahora bien, el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados afectados podrán interponer recurso de revisión o cuando proceda intentar la vía jurisdiccional que corresponda. El texto de dicho precepto legal es el siguiente: ‘Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.’. En relación con lo anterior debe precisarse que el hecho de que el artículo transcrito disponga que los afectados ‘podrán interponer recurso de revisión o intentar la vía jurisdiccional que corresponda’, no implica que pueda promoverse juicio de amparo, ya que la procedencia del juicio de garantías la determina la Constitución Federal y la Ley de Amparo, que son las que lo regulan y establecen los principios fundamentales que lo rigen, entre los que se encuentra el de definitividad. En este sentido el juicio de amparo resulta improcedente, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad del que se ha venido hablando. En efecto, así lo ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 18/2000-SS, en la jurisprudencia publicada en la página 49, con el número 2a./J. 82/2000 del Tomo XII, septiembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. En estas condiciones, debe decirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no se ha agotado, previamente, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la propia ley. Ello es así, porque al establecerse en el diverso artículo 87 de la citada ley, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho recurso, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que se condicione la medida cautelar a que el recurso sea procedente, no constituye un requisito adicional a los señalados por el artículo 124 de la ley últimamente citada para su concesión, ya que aun cuando en este numeral no se exige que la demanda de garantías sea procedente para conceder la suspensión, el Juez de Distrito al recibirla está obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de la materia, a atender previamente a cualquier otra cuestión, a su procedencia y después a la medida suspensional, pues de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado.’. Cabe ahora establecer la aplicación de la jurisprudencia de mérito, para lo cual se precisa lo siguiente: El quejoso, Sindicato Gremial de Médicos de Petróleos Mexicanos, promovió juicio el amparo indirecto contra el acto que atribuyó a la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consistente en la resolución administrativa dictada el quince de agosto de dos mil tres, en el expediente administrativo 10/12161, relativa a la solicitud de registro sindical presentada a la autoridad responsable en la que se negó dicha solicitud. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ésta establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o., que dice: ‘Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal. La presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la administración pública centralizada. ...’. Se relacionan, en su contexto, las siguientes disposiciones: ‘Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendadas al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada: I. Secretarías de Estado; ...’. ‘Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ...’. ‘IX. Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción federal que se ajusten a las leyes; ...’. Las actuaciones de las mencionadas dependencias del Ejecutivo Federal se encuentran regidas por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que, en lo que interesa, dispone: ‘Título primero. Del ámbito de aplicación y principios generales. Capítulo único. Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva y a los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas.’. Las disposiciones transcritas determinan, en consecuencia, que los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada se encuentran regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que dicha administración pública federal centralizada está formada por la presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, entre los cuales se encuentra, precisamente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la que, como secretaría de Estado le corresponde, entre otras atribuciones, llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de jurisdicción federal que se ajusten a las leyes, es decir, lo que corresponde al acto reclamado. En tal virtud, dado que los actos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus dependencias administrativas, como en este caso, la Dirección General de Registro de Asociaciones, rigen sus actuaciones conforme a la indicada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cobra aplicación, entonces, la disposición contenida en el artículo 83 de la misma, la cual fue transcrita en párrafos anteriores. No obsta a lo antes dicho, el hecho de que la jurisprudencia de mérito haga referencia al juicio de garantías en materia administrativa pues, en el presente caso, si bien se trata de la materia laboral, la materia del juicio en sí misma considerada pertenece al ámbito administrativo pues, como se expresó, el acto reclamado procede de una autoridad administrativa que forma parte de la administración pública federal, cuyos actos se rigen por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de ahí la aplicación de la citada jurisprudencia. También cabe aclarar, que si bien el tercer párrafo del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que ese ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, entre otros, la referida ley sí es aplicable en el caso, pues cuando se refiere a la justicia laboral, ello guarda relación con las actuaciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto su estructura administrativa la hace depender de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero no en cuanto a su actividad jurisdiccional, es decir, la justicia laboral, que es precisamente la salvedad que apunta la ley. No pasa inadvertido a este cuerpo colegiado, la tesis aislada emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1819, con el número I.11o.T.9 L del Tomo XVIII, agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ‘REGISTRO SINDICAL. LA RESOLUCIÓN QUE LO NIEGA ES UN ACTO DE NATURALEZA LABORAL IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE RECURSO ALGUNO.’ (se transcribe). Tampoco pasa desapercibido el criterio establecido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicado en la página 1157, con el número I.15o.T.1 L, Tomo XVII, febrero de 2003, de la época y Semanario ya citado, de texto siguiente: ‘SINDICATOS, REGISTRO DE. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). Igualmente, no pasa inadvertido el criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1211, con el número I.6o.A.26 A del Tomo XV, abril de 2002, de la misma época y Apéndice señalado, que a la letra dice: ‘AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS. RESULTA PROCEDENTE AUN SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). Los criterios anotados con antelación no los comparte esta potestad federal, ya que, en primer lugar, considera que no se encuentra impedido este órgano colegiado para invocar la causal de sobreseimiento que se surtió en el juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente; reiterándose que la sentencia que se revisa no ha quedado firme con motivo de la interposición del presente recurso de revisión. La anterior situación da lugar a que ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se denuncie la posible existencia de contradicción de tesis entre los criterios sustentados por este tribunal en el presente amparo en revisión y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1819, con el número I.11o.T.9 L del Tomo XVIII, agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: ‘REGISTRO SINDICAL. LA RESOLUCIÓN QUE LO NIEGA ES UN ACTO DE NATURALEZA LABORAL IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE RECURSO ALGUNO.’, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1157, con el número I.15o.T.1 L, Tomo XVII, febrero de 2003, de la época y Semanario mencionados, de rubro siguiente: ‘SINDICATOS, REGISTRO DE. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.’ y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1211, con el número I.6o.A.26 A del Tomo XV, abril de 2002, de la misma época y Apéndice señalados, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS. RESULTA PROCEDENTE AUN SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.’. En ese orden de ideas, en lo que es materia de la revisión, procede revocar la sentencia recurrida respecto del acto que se reclamó de la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción XV, de la Ley de Amparo."
CUARTO. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, para resolver el amparo en revisión 1231/2002, promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Pronósticos para la Asistencia Pública, se apoyó en las consideraciones que a continuación se transcriben:
"QUINTO. Es fundado y suficiente la parte final del primer agravio que se hace valer, aunque suplido en su deficiencia, atento a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo y al criterio jurisprudencial número 2a. X/99, visible en la página 243, Novena Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que es del tenor literal siguiente: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. HIPÓTESIS EN QUE OPERA A FAVOR DE LOS SINDICATOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 39/95, consultable en la página 333, Tomo II, septiembre, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha sostenido que la suplencia de la queja en favor de los trabajadores, en materia laboral, opera aun ante la ausencia total de agravios. Esta máxima suplencia de la queja debe hacerse extensiva a los sindicatos de trabajadores cuando acudan al juicio de garantías controvirtiendo actos de autoridad que trascienden directamente a sus intereses, ya que dichos organismos laborales constituyen el medio fundamental con que cuentan los trabajadores para lograr el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Por ello, la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, opera respecto de los sindicatos cuando el acto reclamado consiste en la negativa recaída a su solicitud de registro pues, de lo contrario, los trabajadores verán mermados sus derechos colectivos, porque no podrán hacerlos valer a través del sindicato ni ejercitar acciones de tal naturaleza ante las diversas autoridades, y carecerán de capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su asociación.’. Como lo sostiene la parte recurrente, la Juez de Distrito incorrectamente determinó, en el acuerdo que se revisa, que procedía desechar la demanda de garantías por estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que previamente a la interposición de dicho juicio el sindicato quejoso debió agotar el recurso ordinario previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en virtud de que el acto reclamado emana de un procedimiento administrativo. En efecto, los artículos 73 fracción XV, de la Ley de Amparo y 1o. y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establecen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con está ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación.’. ‘Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son del orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares solo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente le será aplicable el título tercero A ...’. ‘Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación esta ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.’. De la transcripción anterior se desprende que el juicio de garantías es improcedente cuando la parte quejosa no agota previamente los recursos o medios ordinarios que establezca la ley del acto, atento al principio de definitividad, excepto cuando la ley que lo rige exija, para conceder la suspensión en su caso, mayores requisitos que la Ley de Amparo; además que, en determinadas hipótesis el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando no se ha agotado previamente el recurso de revisión a que se refiere el artículo 83 previamente citado. En la especie, el sindicato recurrente promovió juicio de amparo en contra de la resolución de fecha seis de agosto del dos mil dos, emitida por la directora general de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la cual se declaró incompetente para conocer y resolver la solicitud de registro de la agrupación denominada Sindicato Nacional de Trabajadores de Pronósticos para la Asistencia Pública, esto es, el impetrante se inconformó en contra de un acto emitido por una autoridad laboral con funciones materialmente administrativas. Al respecto, es de considerarse que el sindicato, entendido como la asociación de trabajadores o patrones, constituido para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, con derecho para redactar sus reglamentos y elegir libremente a su directiva así como para representar a sus integrantes en conflictos individuales y colectivos, según lo establecen los artículos 356, 359 y 375 de la Ley Federal del Trabajo, es una institución jurídica que se ciñe a los principios del convenio internacional del trabajo ochenta y siete sobre libertad sindical, por ello, para efecto de dotarlo de personalidad jurídica y capacidad legal se exige la constitución del mismo mediante su registro. Requisito formal que permite advertir que las facultades de los sindicatos están inmersas en la parte sustantiva de la propia ley laboral, que su régimen estatutario regula la misma y, además, que el sindicato participa en la integración de los organismos públicos abocados a la aplicación de las leyes del trabajo y de la seguridad social. Así, cuando la autoridad que conoce de la solicitud de registro, sea que se realice en su integridad de conformidad con lo establecido por la propia ley laboral o en su caso, se abstenga de conocer del mismo, esos actos son de naturaleza esencialmente laboral por la razones apuntadas. En consecuencia, es incorrecta la determinación de la a quo al señalar que previamente a la interposición del citado juicio el quejoso debió promover el recurso de revisión de mérito, pues contrario a su consideración en el sentido de que no se está en el supuesto del párrafo tercero del artículo primero de la ley administrativa en comento; el acto reclamado consistente en la negativa de registro sindical, por considerarse incompetente para tal efecto la autoridad emisora; es un acto de naturaleza laboral porque la expresión ‘justicia laboral’ a que se refiere tal precepto no contempla únicamente el conflicto propiamente entendido, por ello, si bien los actos que se despliegan para llevar a cabo el registro de un sindicato no constituyen en sí mismos un conflicto laboral, ello no implica que se encuadran dentro del procedimiento administrativo y que por esa circunstancia deban agotarse los recursos o medios de defensa que dicha materia regula; pues si, como se observa, la autoridad responsable, en este caso la directora general de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debe sujetarse a las normas que sobre el particular establece la Ley Fe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18401-1b002155/registro-de-sindicatos-federales-contra-su-negativa-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO ADUCE QUE EL DIRECTIVO A CARGO DE QUIEN SE OFRECE NO LABORA EN LA EMPRESA, POR SER ÉL QUIEN TIEN (CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2004-SS)
- IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2004-SS)
- PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICI (CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2004-PL)
- AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SE CALCULA CON BASE EN EL SALARIO TABULAR. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2004-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- EXCLUYENTES.- (4462)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis