IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, para resolver el recurso de revisión RT. 139/2004, interpuesto por Raúl Neri Chaires, se apoyó en las consideraciones que a continuación se transcriben:
"QUINTO. En el presente asunto no se analizará el agravio que se hace valer pues, con independencia de lo alegado por el recurrente, este tribunal advierte que en el juicio de amparo indirecto, en el que se dictó la sentencia que ahora se revisa, se actualizó una causal de improcedencia no advertida por la Juez de Distrito, misma que por ser una cuestión de orden público, su examen es de orden preferente, de ahí que de manera oficiosa este órgano colegiado se avocará a su estudio. En el asunto, tiene aplicación, por mayoría de razón, la jurisprudencia número doscientos treinta y dos, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-dos mil, Tomo VI, Materia Común, página ciento noventa, que a la letra dice:
"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.’. En efecto, este Tribunal Colegiado considera que en el caso particular se surte la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 114, fracción IV, de esa misma ley, interpretado a contrario sensu, los cuales prevén lo siguiente: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. (sic) En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.’. ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.’. De acuerdo con lo que dispone el último de los artículos que han quedado transcritos, podrá promoverse el amparo contra actos que se producen dentro del procedimiento, cuya ejecución sea de imposible reparación. Bajo el término ‘imposible reparación’ deben entenderse aquellos actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal en las garantías individuales, entre otros, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc. Dicho en otras palabras, dentro del juicio producen una ejecución irreparable sólo los actos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, pero jamás en los casos que únicamente se lesionen derechos adjetivos o procesales. Tiene aplicación al caso, la contradicción de tesis número 47/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, página ciento sesenta y cuatro, del tenor literal siguiente: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen «ejecución irreparable» los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.’. Ahora bien, en la vía indirecta, la parte quejosa señaló como acto reclamado: ‘... el ilegal acuerdo recaído a la audiencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil tres, por medio del cual la responsable revoca su acuerdo dictado con fecha veintiséis de agosto de dos mil tres en el expediente laboral número 1599/2002.’. Por lo que respecta al proveído de referencia, éste, en la parte conducente, contiene lo siguiente: ‘... Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes en relación con la reinstalación del trabajador, y a fin de evitar posible (sic) nulidades con posterioridad, con fundamento en el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo. Regulariza el procedimiento dejando sin efecto el acta levantada por el C. Actuario de fecha 22 de octubre del año 2003, vista a foja 39 vuelta de los autos, en el sentido de que efectivamente se señaló indebidamente el domicilio de la demandada, debiendo ser el domicilio en donde prestaba sus servicios, ya que así en su escrito inicial de demanda manifestó que prestaba sus servicios en prolongación Reforma número 700, col. Santa Fe, en la empresa Hewlett Packard de México, S.A. de C.V.; por tal motivo, en este domicilio deberá efectuarse la reinstalación del actor y, consecuentemente, se señala para que tenga lugar la reinstalación del actor, el C. Neri Chaires Raúl, el día cinco de diciembre del año dos mil tres, a las quince horas, comisionándose al C. Actuario para que se constituya en el domicilio donde prestaba sus servicios el actor ubicado en prolongación Reforma número 700, col. Santa Fe, en la empresa Hewlett Packard de México, S.A. de C.V.; se apercibe a la parte actora para que se apersone con el fedatario con una hora de anticipación a la señalada, apercibido que de no comparecer se le tendrá por inconforme en relación con el trabajo ofrecido que ofrece la demandada. De este acuerdo quedaron debidamente notificados los comparecientes quienes firman al margen para constancia y al calce los CC. Integrantes de la Junta Especial Número Ocho. Doy fe.’ (foja diecinueve del expediente formado con motivo del juicio de amparo). Tal como se observa, el acuerdo que constituye el acto reclamado sólo es un acuerdo intermedio dentro del procedimiento laboral; por tanto si, por una parte, no es un acto que afecte de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, sino en todo caso produce una afectación a los derechos adjetivos o procesales del impetrante y, por otra parte, se advierte que la autoridad responsable aún no ha dictado laudo, mismo que pudiera ser favorable a los intereses del quejoso, aquí recurrente, ya que en caso de no serlo estaría expedito su derecho para impugnarlo en la vía directa. Por tanto, en términos de los motivos ya detallados, si la controversia laboral no ha sido resuelta en definitiva y el acto reclamado no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso, tal circunstancia determina que no sea dentro del procedimiento el momento oportuno para hacer valer posibles violaciones cometidas a través del juicio de amparo indirecto. Criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, en cualquier acto dentro del juicio; aspecto que pasó por alto la Juez de los autos, al no estar firme su sentencia, ya que se interpuso el presente recurso de revisión; después de un análisis oficioso, este órgano colegiado considera que lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías. No pasa inadvertida a este cuerpo colegiado la tesis aislada VI.2o.124 K, con número de registro 195,199, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y ocho, página quinientos setenta, del texto siguiente: ‘REVISIÓN. LA SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE, NO PUEDE CAUSAR PERJUICIOS MAYORES AL RECURRENTE QUE LOS OCASIONADOS POR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. Consistiendo la finalidad de quien interpone el recurso de revisión en obtener una mejoría en la situación jurídica generada por la resolución recurrida, es incorrecto considerar que la sentencia que resuelve el recurso mencionado es susceptible de ocasionar un perjuicio al recurrente, pues esto equivaldría a desvirtuar la naturaleza del recurso aludido; por tanto, cuando el recurso de revisión se interpone por el quejoso por considerar que el fallo que concede la protección constitucional no comprende todos los aspectos por los cuales acudió a demandar el amparo de la Justicia Federal, constituye una excepción a la regla general que establece que las causales de improcedencia deben analizarse de oficio en el juicio constitucional, tanto por el Juez de Distrito como por el tribunal revisor; en consecuencia en la hipótesis señalada el Tribunal Colegiado se encuentra impedido para invocar la causal de sobreseimiento que se surtió en el juicio de amparo, máxime si se tiene presente que en la revisión sólo deben examinarse los agravios expresados.’. Asimismo, no se pasa por alto la tesis aislada emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, página quinientos nueve, cuyo texto es el siguiente: ‘REINSTALACIÓN DERIVADA DEL OFRECIMIENTO DE TRABAJO, VIOLACIONES EN LA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Si se combaten en amparo directo violaciones relativas a la reinstalación derivada del ofrecimiento de trabajo, deben estimarse inatendibles, en el entendido de que tales violaciones no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, en cuanto se refieren a violaciones a las leyes que rigen el procedimiento, puesto que la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna que regule la figura del ofrecimiento de trabajo y, por el contrario, ésta deriva de la jurisprudencia número 158, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107 del Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: «DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.»; por tanto, tal ofrecimiento no debe considerarse como un allanamiento a la pretensión de reinstalación intentada ni como una excepción, sino que se trata de un acto que puede calificarse de conciliatorio, en el cual el patrón simplemente propone la continuación de la relación laboral; entonces, sus consecuencias, en cuanto al propio procedimiento concierne, deben ser impugnadas, en su momento, mediante juicio de amparo indirecto como actos dictados dentro del procedimiento y que son de imposible reparación, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que tales cuestiones no podrán en forma alguna ser retomadas ni consideradas en el laudo que se dicte al resolver la controversia, sino que la autoridad responsable sólo se ocupará, en éste, de calificar el ofrecimiento de trabajo.’. Los criterios anotados con antelación no los comparte esta potestad federal, ya que, en primer lugar, considera que no se encuentra impedido este órgano colegiado para invocar la causal de sobreseimiento que se surtió en el juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente; reiterándose que la sentencia que se revisa no ha quedado firme con motivo de la interposición del presente recurso de revisión. En segundo lugar, del análisis del caso particular se concluye que ante las violaciones hechas valer, derivadas del ofrecimiento de trabajo, procede combatirlas en la vía directa, toda vez que tal cuestión encuadra dentro de la hipótesis prevista en la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, por ser un caso análogo al regulado en las fracciones que la preceden. La anterior situación da lugar a que ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se denuncie la posible existencia de contradicción de tesis entre los criterios sustentados por este tribunal en el presente juicio de amparo y el del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página quinientos setenta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y ocho, del texto siguiente: ‘REVISIÓN. LA SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE, NO PUEDE CAUSAR PERJUICIOS MAYORES AL RECURRENTE QUE LOS OCASIONADOS POR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.’; así como por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página quinientos nueve del Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: ‘REINSTALACIÓN DERIVADA DEL OFRECIMIENTO DE TRABAJO, VIOLACIONES EN LA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.’. Consecuente con lo expresado, es que el juicio biinstancial es improcedente, en consonancia con lo que dispone el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por esa razón, es que debe sobreseerse el mismo, con apoyo en el artículo 74, fracción III, del citado ordenamiento legal. En las relatadas consideraciones, dado que la Juez de Distrito no advirtió la causal de improcedencia en comento y, en su caso, el juicio de amparo debió sobreseerlo, es que debe revocarse la sentencia que se revisa."
CUARTO. Las consideraciones en que se apoyó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente especializado en Materia Civil del mismo circuito, al resolver por mayoría de votos el juicio de amparo en revisión 210/98, promovido por Envases y Solventes Industrializados, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la parte conducente dicen:
"TERCERO. Por razón de orden, es preciso, en primer lugar, hacer estas consideraciones respecto a la procedencia del juicio de garantías. En el caso a estudio, el Juez de Distrito a quo sin advertir la existencia de alguna causal de improcedencia entró al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado por Pinturas y Solventes Industriales, S.A. de C.V., y le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por su falta de fundamentación pues, según el a quo, la Sala Fiscal responsable pretende realizar el cobro a la quejosa de determinados derechos por la expedición de copias certificadas, amén del monto que debe cubrir por el servicio de fotocopiado, sin que exista disposición legal alguna que así lo contemple. La propia quejosa se inconformó con dicho fallo, y en sesión celebrada al día veinticinco de junio del año en curso se desechó el proyecto formulado por el ponente, ya que, en esencia, proponía revocar la sentencia que se revisa y sobreseer el juicio de garantías por advertir una causal de improcedencia; en tal virtud, con base en los artículos 189, párrafo segundo, y 190 de la Ley de Amparo, se pasaron los autos al suscrito Magistrado Gustavo Calvillo Rangel para redactar la sentencia. Sobre el particular, cabe señalar que es de explorado derecho que, en términos generales, los recursos son los medios de impugnación que la ley establece contra resoluciones administrativas y judiciales, a fin de que la parte a quien perjudique pueda obtener su revocación, nulidad o modificación. El tratadista Froilán Bañuelos Sánchez en su obra ‘Práctica Civil Forense’, Tomo II, página mil trescientos cincuenta y cinco, expresa lo siguiente: ‘Recurso. Dentro del léxico jurídico puro, puede decirse que es el medio de impugnación de los actos administrativos o judiciales establecidos expresamente al efecto por disposición legal. Medio de impugnación de las resoluciones judiciales que permite a quien se halle legitimado para interponerlo sometiendo la cuestión resuelta en éstas, o determinados aspectos de ella, al mismo órgano jurisdiccional que las haya dictado o a otro superior en grado dentro de la jerarquía judicial, para que enmiende, si existe, el error o agravio que lo motiva.’. Bajo ese tenor, debe decirse que la materia de los recursos la constituyen aquellos aspectos o cuestiones que el recurrente asegura son contrarios a la ley y le causan agravios o perjuicios; siendo así, esos medios de impugnación pueden resolverse en el sentido de nulificar, revocar o modificar el fallo o proveído recurrido, en caso de estimarse ciertos y fundados esos argumentos; o confirmatoria de éste, de considerarse inexactos, infundados o sin razón los respectivos alegatos. En materia de amparo, los recursos que la ley de la materia establece deben promoverse por quienes están legitimados para ello y siempre que la resolución no sea favorable en todo o en parte al interesado. El recurso de revisión tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia, bien sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, analice la sentencia recurrida dictada por el Juez de Distrito a quo y, con base en los agravios que se hagan valer o en suplencia de los mismos en las hipótesis a que se refiere el artículo 76 bis de la ley de la materia, la confirme en caso de estimar infundados los agravios y la revoque o modifique en el supuesto de declararlos fundados. Ahora bien, tomando en consideración que los recursos son los medios de impugnación establecidos por la ley en favor de determinada persona para lograr que la resolución judicial que le afecta pueda ser subsanada en su favor, no es lógico que el fallo que se dicte en el recurso correspondiente pueda agravar su situación. En la litis constitucional el promovente del recurso de revisión busca beneficiarse en su situación jurídica en relación con la sentencia dictada en primera instancia por el Juez Federal, esto es, pretende que ésta sea revocada o modificada pero favorablemente a sus intereses y, en ese sentido, el tribunal revisor debe analizar la cuestión planteada. Por tanto, la ejecutoria de segundo grado no puede empeorar su situación pues, cuando más, habría de confirmar el fallo sujeto a revisión dejando las cosas en el mismo estado que guardaban en virtud de la resolución recurrida pues, de no ser así, el interesado no tendría seguridad jurídica, porque de interponer la revisión estaría con la incertidumbre de que la ejecutoria del tribunal ad quem agravara su estado legal que guardaba al dictarse la sentencia que impugnó, amén de que sería contra la lógica que como recurrente resultara perjudicado con la promoción del medio de impugnación, si éstos fueron establecidos por el legislador precisamente para que mediante una nueva resolución judicial obtuviera la corrección de aquellos errores que se hubieren cometido en perjuicio de sus intereses. No obsta para la anterior consideración el hecho de que las causales de improcedencia en el juicio de amparo deban de advertirse y estudiarse de oficio tanto por el Juez de Distrito a quo como por el tribunal de segunda instancia del juicio constitucional, por ser de orden público, habida cuenta que en casos como el de la especie, en que el recurrente lo es el propio quejoso que obtuvo la protección de la Justicia de la Unión en la sentencia dictada por el Juez de Distrito, debe imperar en su favor el principio de seguridad jurídica, teniendo en cuenta que si la parte a quien perjudicó dicha concesión de amparo la consintió, por no recurrirla en tiempo y forma legal, no pueden ser materia de la revisión las consideraciones y resolutivos que la soportan y, por lo mismo, debe subsistir. Esto quiere decir que para el tribunal de alzada no habría cortapisa alguna para examinar la procedencia de la acción de amparo en casos como el de la especie, en que el Juez de primer grado examinó el fondo de la cuestión sin hacer pronunciamiento alguno en torno de tal improcedencia, siempre y cuando hubiese recurrido alguna otra de las partes; ello así sería porque el examen que el Tribunal Colegiado realizara sobre el particular, de oficio o a petición de parte, se sustentaría precisamente en la naturaleza del recurso, habida cuenta que ante una sentencia de amparo el tercero perjudicado, la autoridad responsable o, incluso, el Ministerio Público Federal, estarían interesados en su revocación, a través de un fallo desestimatorio, es decir, que negara el amparo o de uno que sobreseyera el juicio. Esto de conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible bajo el número 480, en las páginas trescientos dieciocho y trescientos diecinueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, que dice: ‘REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Si en una sentencia existe diverso resolutivo sustentado en las respectivas consideraciones que no afectan a la parte recurrente y no son combatidas por quien lo pudo afectar, debe precisarse que no son materia de la revisión dichas consideraciones y resolutivo.’. Cabe dejar señalado que en estos mismos términos resolvió el Tribunal Colegiado en la ejecutoria dictada en el toca de revisión 342/96, relativo al juicio de amparo 433/96, promovido por Gastronómica Charlop, S.A. de C.V., ante el Juez Quinto de Distrito en el Estado. Ciertamente en esa ejecutoria se sostuvo lo que a continuación se transcribe: ‘Este Tribunal Colegiado no está en legales condiciones de invocar la causa de improcedencia citada o, en su caso, negar a la quejosa el amparo, en virtud de que solamente recurrió la quejosa que fue la parte a quien favoreció la sentencia recurrida, y de aplicar la referida causal o negarle el amparo se desnaturalizaría el recurso citado, pues es inconcuso que el propósito primordial de dicho medio de defensa consiste en revocar o modificar la resolución impugnada a fin de que la situación jurídica del recurrente se vea favorecida con la resolución que recaiga al citado medio de impugnación, y es obvio que la declaración de improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la negativa tendría como consecuencia la destrucción de los efectos de la concesión de amparo obtenida por la quejosa, ahora recurrente. En resumen, debe prevalecer el sentido del fallo que se revisa única y exclusivamente ante la falta de impugnación por parte del tercero perjudicado, y porque dicho fallo no causa agravio alguno a la recurrente sino, por el contrario, lo benefició obteniendo aquello a lo que no tenía derecho, es decir, una sentencia de amparo, a pesar de ser improcedente la acción correspondiente, o para el caso de que así no fuera, a pesar de que no había razones para estimar la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que habría ameritado la negativa de la protección constitucional solicitada. Dicho de otro modo, debe mantenerse firme el fallo recurrido si la parte a quien perjudica no se inconforma con la misma, ocasionando tal fallo de impugnación una situación jurídica inalterable de excepción en favor de aquella que fue beneficiada indebidamente.’. En tal virtud, se procederá al análisis de los agravios hechos valer por la recurrente, y que dejó de estudiar en el proyecto que se desechó. CUARTO. Son infundados en parte e inoperantes en lo demás los agravios hechos valer. La recurrente sostiene reiteradamente que la sentencia que se revisa no es congruente con los conceptos de violación que vertió en su demanda de garantías, habida cuenta que en ellos solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, se dictara otro en el cual se ordenara la expedición y entrega de las copias certificadas que solicitó, sin exigirle pago alguno de derechos; no obstante, el Juez de Distrito a quo le concedió el amparo solicitado a fin de que se dejara sin efecto el acto combatido por su falta de debida fundamentación, dejando a la responsable en libertad de jurisdicción de emitir una nueva resolución como lo estimara pertinente. Al respecto, cabe decir que el simple hecho de que la parte quejosa en su demanda de garantías solicite la concesión del amparo en forma total o para los efectos que desee, no significa que el Juez de Distrito tenga obligación de cumplir su petición, habida cuenta que en el juicio constitucional el juzgador federal debe de estudiar y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado conforme a los argumentos y pruebas que cada una de las partes alegue y ofrezca y, sobre todo, siguiendo los lineamientos legales que establezca la Carta Magna, la Ley de Amparo, así como el ordenamiento legal aplicable conforme a la materia y naturaleza del acto combatido. Ahora bien, en caso de que la autoridad responsable no cumpla cabalmente con los términos de la concesión de la ejecutoria de amparo o incurra en reiteración del acto reclamado, el interesado tiene a su alcance los recursos y medios de impugnación conducentes, como son el recurso de queja y el incidente de repetición, respectivos, mediante los cuales puede lograr que dicha autoridad acate debidamente la sentencia de protección constitucional, e incluso originar que la autoridad, en su caso, pueda ser sancionada por responsabilidad; en tal virtud, es inexacto como lo considera la recurrente, que deba promover un número indeterminado de juicios de garantías para lograr el cabal cumplimiento de la citada ejecutoria, amén de que ante la existencia de esos medios de impugnación, un diverso amparo por esa cuestión sería improcedente. Lo anterior, si tomamos en consideración que en el caso concreto la protección constitucional concedida a la quejosa, hoy recurrente, por el Juez Federal a quo no fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin validez el acto reclamado y emitiera otro con la libertad de jurisdicción pero debidamente fundado y motivado, habida cuenta que en la sentencia recurrida el juzgador declaró la inconstitucionalidad de la resolución combatida efectivamente, por estimar una incorrecta fundamentación y motivación, pero al considerar que de manera ilegal la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación en el proveído reclamado pretende cobrar a la quejosa el pago de derechos por la expedición de copias certificadas que solicitó, cuando que ninguno de los fundamentos legales en que se apoyó facultan a ese tribunal a cobrar a los interesados determinado pago por el derecho de expedición de copias pues, a lo máximo, el solicitante de dichas copias sólo debe de cubrir el importe relativo a fotocopiado, pero no el pago de derecho alguno por la simple expedición, toda vez que el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles concede a las partes el derecho de solicitar copias certificadas de los documentos que obran en el expediente respectivo, siendo a su costa únicamente el servicio de fotocopiado, sin ninguna obligación de cubrir derechos adicionales. De ahí que se pueda concluir que prácticamente el Juez de Distrito a quo concedió el amparo solicitado por la quejosa a efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y dictara otro en el cual se acordara favorablemente la expedición y entrega de las copias certificadas que solicitó sin cubrir derecho alguno por ello, como indebidamente lo proveyó la Sala responsable; pero sí con la obligación de cubrir el costo de fotocopiado, por ser éste a su costa conforme al indicado precepto del código procesal civil federal. De ahí que sobre este punto la sentencia que se revisa no causa agravio alguno a la quejosa, si como quiera que sea, según se dijo, el Juez de Distrito determinó la ilegalidad de la resolución combatida por estimar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18279-1aec265c/improcedencia-del-juicio-de-amparo-su-examen-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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