PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE EXAMINAR ARGUMENTOS QUE EL TRABAJADOR NO PLANTEÓ AL PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver el quince de febrero de dos mil cinco, el recurso de revisión número 106/2004, en la parte que interesa, estableció:
"Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, correspondiente al quince de febrero de dos mil cinco. Visto, para resolver el toca número 106/2004, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Adolfo Iracheta Alonso, a través de su apoderado jurídico Ricardo Horacio González Guerra, en contra de la resolución constitucional de seis de septiembre de dos mil cuatro, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, en el juicio de amparo indirecto número 693/2004-1; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil cuatro, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en esta ciudad, Adolfo Iracheta Alonso, a través de su apoderado jurídico Ricardo Horacio González Guerra, promovió juicio de amparo indirecto por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales; señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: ‘Autoridad responsable: Lo es la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la cual puede ser emplazada y legalmente notificada en su recinto oficial sito en Alejandro de Humboldt No. 800 Pte., Monterrey, N.L.’. ‘Actos reclamados: Lo constituye el acuerdo de fecha diecinueve de mayo de 2004, dictado por la responsable dentro del expediente laboral No. 04248/i/04/2004 que contiene la interlocutoria donde ilegalmente esa autoridad tiene por acreditada la personería de quien compareció por las empresas demandadas Armstrong Systems de México, S.A. de C.V., y Armstrong Armored de México, S.A. de C.V., así como a éstos por contestando en tiempo y forma, así como el desechamiento de la ampliación de demanda en contra del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y que nos fuera notificado el propio día 19 de mayo del año actual; así como las siguientes actuaciones de la autoridad, como lo es el acuerdo recaído a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas del 25 de mayo del año en curso, pues se tuvo a las demandadas ilegalmente por ofreciendo pruebas.’. SEGUNDO. Previa tramitación del juicio de amparo, que se registró con el número 693/2004-1, el Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, dictó sentencia el seis de septiembre de dos mil cuatro, concluyendo con los puntos resolutivos siguientes: ‘PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Adolfo Iracheta Alonso, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y por los motivos precisados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Adolfo Iracheta Alonso, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y por los motivos y para los efectos que precisados quedaron en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese ...’. TERCERO. Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, que fue admitido por este Tribunal Colegiado con el número de toca 106/2004; se dio la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, sin que haya formulado pedimento; y por auto de veintidós de octubre de dos mil cuatro, se turnó el expediente al Magistrado ponente para la formulación del proyecto respectivo. ... TERCERO. La resolución que se revisa, en lo conducente dice: ‘... SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado, lo que se demuestra con las documentales que adjuntó al mismo la Junta responsable. TERCERO. Los conceptos de violación invocados por la parte quejosa son infundados respecto de uno de los actos que reclama en esta vía e infundados respecto del otro acto que reclama, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el acto reclamado por el quejoso lo constituye la resolución emitida por la Junta responsable, con fecha diecinueve de mayo de dos mil cuatro, en los autos del expediente laboral 04248/i/04/2004, mediante la cual, por una parte, le reconoció personalidad a la persona que compareció en representación de la empresa demandada, y por la otra, le desechó la ampliación de demanda que intentó el actor, aquí quejoso; resoluciones reclamadas que, en la parte que interesa, son del tenor siguiente: «... La Junta Especial acuerda: Tener por celebrada y desahogada la etapa de demanda y excepciones declarándose cerrada dicha fase procesal, y toda vez que el apoderado jurídico de la parte accionante objeta la personalidad del profesionista que comparece en nombre y representación de las demandadas, la misma se desestima de plano, en virtud de que el instrumento notarial No. 2,371 pasado ante la fe del Lic. David Parra Grave, notario público No. 21, con ejercicio en esta ciudad, se desprende que en el inciso h) de la cláusula 20 de dicho instrumento, que el C. Humberto Reyes Autbert tiene facultades para conferir, otorgar, sustituir y revocar poderes generales o especiales, por tanto, el profesionista que comparece, acredita su personalidad en los términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, se tiene a la parte actora por ratificando su escrito inicial de demanda, nombrando como a sus apoderados jurídicos al Lic. Ricardo Horacio González Guerra y demás profesionistas que se señalan en el escrito inicial de demanda; a los demandados se les tiene por contestando la demanda en tiempo y forma, así como por oponiendo sus excepciones y defensas que hacen valer mediante escritos de contestación y lo señalado en la presente audiencia, nombrando como a sus apoderados jurídicos a los CC. Lics. Agustín Arreola Rodríguez y demás profesionistas que se señalan en la carta poder que obra agregada en autos, asimismo, se les tiene por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Juan Álvarez número 417, al sur de esta ciudad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, se desestima la ampliación de la demanda en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quien tiene su domicilio en Ave. Revolución número 300, en la colonia Primavera de Monterrey, N.L., que hace la parte actora en la audiencia de fecha 10 de mayo del presente año, toda vez que la demandada Armstrong Systems de México, S.A. de C.V., se le tuvo por admitiendo la relación de trabajo que les atribuye el actor, por tanto, los intereses de éste se encuentran debidamente protegidos, se tiene a las partes por haciendo sus demás manifestaciones y se ordena continuar con la siguiente fase procesal ...». Respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de fecha diecinueve de mayo de dos mil cuatro, emitido por la Junta responsable en los autos del juicio laboral 04248/i/04/2004, mediante el cual se le tiene por reconocida la personalidad a la persona que comparece al juicio natural en representación de la empresa demandada, los conceptos de violación son infundados, atento a lo siguiente: Por su parte, el peticionario del amparo, en sus puntos de inconformidad, concretamente argumentó: 1) Que la interlocutoria reclamada le causa agravio, toda vez que la responsable no analizó ni fundamentó su determinación. 2) Que la responsable, al emitir el acto reclamado, no analizó la escritura notarial número 1,734, pues sin mayor análisis desestimó la objeción a la personalidad bajo el argumento de que se acreditó la personalidad con la diversa escritura pública número 2,371, de la que se desprende que Humberto Reyes Autbert tiene facultades para conferir, otorgar, sustituir y revocar poderes generales o especiales y que, por tanto, el profesionista que comparece no acreditó su personalidad, lo que no fue objeto de impugnación, sino que lo que impugnó fue que el otorgamiento de poderes no se ajustó a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Sociedades Mercantiles, al no señalar las facultades de quien otorgó el poder tanto al administrador único como los subsecuentes poderes, así como tampoco analizó que no todas las fojas del testimonio notarial exhibido detentaban sello notarial y, por tanto, la certificación de dicha escritura carecía de valor. 3) Que también le causa agravio que la responsable no analizó debidamente la objeción que planteó, de tener a las demandadas Armstrong Systems de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Armstrong Armored de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por contestando la reclamación laboral en sentido afirmativo, toda vez que de los documentos que exhibieron no se acreditaba su personalidad en juicio, pues como puede advertirse del propio instrumento notarial, la empresa Armstrong Systems de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la cláusula tercera transitoria señaló en el inciso II), que designaba como administrador general único al señor Humberto Reyes Autbert, sin otorgarle las facultades y poderes correspondientes, ya que no es óbice que la responsable haya establecido que conforme a la cláusula vigésima se designó a dicha persona como administrador único, pues lo que era objeto de prueba, era que si a dicha persona se le pretendió otorgar o no todas las facultades del órgano de administración, máxime que se advierte que en el inciso inmediato siguiente se otorgaron poderes a diferentes personas, lo que adquirió relevancia respecto a la voluntad de la asamblea; a más que no se advierte la autorización directa para protocolizar el acta de asamblea. 4) Que también le causa agravio que la responsable, en el acuerdo correspondiente a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, tuvo a las demandadas por ofreciendo diversas probanzas, no obstante las objeciones referidas con antelación y que debió haber analizado la autoridad y, desde luego, al tratarse de una sola audiencia dividida en tres etapas procesales, haber tenido a las demandadas por no ofreciendo pruebas. Bien, analizando los conceptos de violación enumerados en líneas que anteceden, debe decirse que respecto al primer concepto de violación, contrario a lo indicado por el peticionario de garantías, la resolución que por esta vía constitucional se combate, colma las exigencias de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación, motivación y exacta aplicación de la ley que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida de que de una lectura íntegra del acto reclamado, y de las constancias que obran en autos del juicio natural, se advierte que la autoridad responsable al emitirla, cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con las leyes expedidas con anterioridad al hecho, específicamente de conformidad con lo que establece el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, se desprende que la responsable al emitir la resolución reclamada, la fundó y motivó debidamente, pues indicó que el fundamento lo constituye el indicado precepto legal, esto es, el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo; y la motivación lo fue precisamente que con la documentación exhibida se reunían los supuestos contenidos en el precepto citado, indicando los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales, en concepto de la Junta responsable, era procedente tener por acreditada la personalidad del compareciente a la audiencia trifásica, por la parte demandada; realizando además una adecuación entre los citados preceptos y los motivos que tomó en consideración la responsable para decretar su resolución que por esta vía se combate. Por otra parte, por cuanto hace a los conceptos de violación enumerados en los incisos 2) y 3) que anteceden, los cuales se procede a analizar en forma conjunta dada su íntima relación, debe decirse que éstos son infundados, habida cuenta que tales alegaciones no fueron formuladas por el quejoso ante la Junta responsable, y el suscrito se encuentra impedido del conocimiento de los mismos, pues únicamente se está en posibilidad de ocuparse de los aspectos que fueron alegados como vicios de la personalidad impugnada ante la Junta, toda vez que éstos formaron parte de la litis ordinaria y, a su vez, sólo éstos pueden conformar la litis constitucional en el juicio de garantías, ya que de considerar lo contrario, se dejaría a la autoridad de instancia en imposibilidad de pronunciarse sobre vicios que no se pusieron a su consideración. Es aplicable al caso concreto el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la tesis III.2o.T.87 L, visible en la página 1794 del Tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Noventa Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: «PERSONALIDAD, INCIDENTE DE FALTA DE, EN JUICIOS LABORALES. EN EL AMPARO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE PUEDE OCUPARSE DE LOS VICIOS ALEGADOS AL PLANTEAR LA INCIDENCIA. Si una parte, en un juicio de trabajo, impugna incidentalmente la personalidad de su contraparte alegando vicios en la misma y por los cuales considera debe desconocérsele por la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la sentencia que se emita en el juicio de amparo que en su caso se promueva contra la interlocutoria que resuelva la incidencia, el Juez de Distrito del conocimiento únicamente puede ocuparse de los aspectos que fueron alegados como vicios de la personalidad impugnada ante la Junta, toda vez que solamente éstos formaron parte de la litis ordinaria y, a su vez, sólo éstos pueden conformar la litis constitucional en el juicio de garantías, ya que de considerar lo contrario, se dejaría a la autoridad de instancia en imposibilidad de pronunciarse sobre vicios que no se pusieron a su consideración.». Esto es así, pues al respecto, el quejoso al objetar la personalidad del compareciente por parte de la demandada, ante la Junta responsable, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de diez de mayo de dos mil cuatro, únicamente indicó que solicitaba que se tuviera por contestando la reclamación laboral en sentido afirmativo, dado que el profesionista que compareció a nombre de las empresas demandadas, con la documental que allegó no acreditó su personalidad (foja 7); así como que en la audiencia trifásica que se celebró posteriormente, indicó que insistía en tal objeción de la personalidad del compareciente por la parte demandada, pero sin realizar las alegaciones que como conceptos de violación indicó en su escrito inicial de demanda. Sin embargo, es importante destacar que la responsable, al emitir la resolución reclamada, acertadamente decretó que procedía reconocerle la personalidad al indicado compareciente, toda vez que del instrumento notarial número 2,371, pasado ante la fe del notario público veintiuno de esta ciudad, se desprendía que en el inciso h) de la cláusula vigésima, Humberto Reyes Autbert sí tenía facultades para conferir, otorgar, sustituir y revocar poderes generales o especiales, en su carácter de administrador único, tal como acreditado quedó en la cláusula transitoria tercera, en su fracción II, en la que asentado quedó que se le designó como tal, aunado ello, a la carta poder que aportó al juicio natural en la indicada audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, consistente en la carta poder signada por el citado administrador único expedida a su nombre; de lo que acreditada quedó la discutida personalidad que se estudia en este considerando y que alega el aquí quejoso. Por último, también es infundado lo que indica el quejoso en el concepto de violación que se lee en el inciso 4), en el sentido de que le causa agravio que la responsable tuvo a las demandadas por ofreciendo diversas probanzas, no obstante sus objeciones realizadas y que debió haber analizado la autoridad y, desde luego, al tratarse de una sola audiencia dividida en tres etapas procesales, haber tenido a las demandadas por no ofreciendo pruebas; toda vez que tal acto reclamado, consistente en la admisión de pruebas, en términos de lo que dispone el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, lo debe reclamar el quejoso hasta la emisión del laudo respectivo, como violación procesal, por lo que no es el momento de estudiarlo en el presente asunto. En las relacionadas consideraciones, debe concluirse que el acuerdo impugnado, respecto a la parte que se estudia en el presente considerando, colma las exigencias de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y contrario a lo estimado por el quejoso, al analizarse las objeciones que éste plantea se da respuesta a las mismas; y siendo así, lo que procede es negar a Adolfo Iracheta Alonso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.’. ... QUINTO. Previo al análisis de los agravios hechos valer, resulta pertinente destacar que de las constancias del juicio de amparo se desprende lo siguiente: El actor en el juicio laboral, aquí quejoso, demandó la protección federal en contra de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de quien reclamó el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil cuatro, en el que se desechó la ampliación de demanda en contra de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y se tuvo por acreditada la personería de las empresas Armstrong Systems de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Armstrong Armored de México, Sociedad Anónima de Capital Variable; así como el acuerdo de veinticinco de aquel mes, recaído a la etapa de admisión de pruebas, todos dictados en el expediente laboral 4248/i/4/2004 del índice de la citada Junta. La responsable al rendir su informe, mediante oficio 274/2004, admitió los actos reclamados y anexó diversas constancias del juicio laboral, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al ordinal 2o. de la Ley de Amparo. De dichas constancias se desprende que el aquí quejoso demandó, entre otras prestaciones, la indemnización constitucional por despido, a Armstrong Systems de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Armstrong Armored de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Miguel Ángel Ruiz Ledezma y Javier Gerardo Escalera Reyna. En audiencia de diez de mayo de dos mil cuatro, el actor desistió de Javier Gerardo Escalera Reyna y amplió su demanda, en la forma siguiente: ‘... el accionante prestaba servicios para las empresas demandadas hasta que fue injustamente despedido de su trabajo, ejerciendo funciones de auxiliar administrativo para la empresa Amstrong Sytrems (sic) de México, S.A. de C.V., y como de operación y seguridad de Armored de México, S.A. de C.V., recibiendo órdenes de las personas físicas señaladas, y para esta última empresa las funciones del actor eran: el control de acceso a la empresa, entrega y recepción de equipo de seguridad y guardias, custodia del equipo, supervisión del mantenimiento de las únicas (sic) e instalaciones físicas de la empresa encargándose, asimismo, de supervisar el servicio de traslado de valores en campo, para lo cual tenía registrada su firma en el catálogo de firmas del personal autorizado para realizar entrega o recepción de valores a clientes, los cuales eran: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con domicilio en Ave. Revolución número 3000, en la colonia Primavera de Monterrey, N.L., con registro federal de contribuyentes de BMN-920209927; Aba Seguros, S.A. de C.V., con domicilio en Montes Rocallosos número 505, colonia Residencial de San Agustín en Garza García, N.L., con registro federal de contribuyentes ABA-920310WO; Carnes Finas Treviño, S.A. de C.V., con domicilio en Ave. Ruiz Cortínez número 1346 oriente, colonia Fraccionamiento La Purísima, en Guadalupe, N.L., con registro federal de contribuyentes CPF0309114A1; Comercializadora de Pollos y Carnes Yesaki, S.A. de C.V., con domicilio en Ave. Chapultepec número 800, Bodega 157 A, colonia Santa Margarita en Guadalupe, N.L., con registro federal de contribuyentes CPC961023118; Granja la Perla, S.A. de C.V., con domicilio en Ave. Magnolia número 1979 oriente, colonia Reforma en Monterrey, N.L., con registro federal de contribuyentes GPP650127DG2; Operadora de Franquicias y Restaurantes Yesaki, S.A. de C.V., con domicilio en Ave. Diego Díaz de Berlanga número 800, Paseo de San Nicolás en San Nicolás de los Garza, N.L., con registro federal de contribuyentes OFR030109MKA; Restaurante Palas, S.A. de C.V., con domicilio en Ave. Madero 717 oriente, centro de Monterrey, N.L., con registro federal de contribuyentes RPA910910GP9; Servicio La Silla, S.A. de C.V., con domicilio en Ave. Pablo Livas número 101, colonia Rincón de Guadalupe, en Guadalupe, N.L., con registro federal de contribuyentes SS19605319N7; las cuales les consta el trabajo realizado por el actor para los mismos, por lo que también debe otorgarse un salario remunerado por la actividad prestada e integrarse al salario del actor para efecto de la indemnización reclamada desde que inició la relación laboral que debe cubrirse por el servicio prestado, estando la jornada de labores distribuida de lunes a sábado, descansando el domingo; sin embargo, cuando era necesario se presentaba a labrar (sic) los días domingo, debiendo señalar que el actor debía estar pendiente en ese horario y sin principalmente (sic) de las supervisiones de que se daba al Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte y Distribución de Banca Múltiple, habiendo sido despedido de su trabajo el día 17 de febrero del presente año, aproximadamente a las 21:00 horas por conducto del representante legal, administrador único y presidente del consejo de administración, así como por el señor Javier Gerardo Escalera Reyna, quien le despidió a nombre de los demandados, y en ese mismo momento a las 21:00 horas en que ocurrió el despido le requirió la entrega del equipo que tenía asignado, de lo cual quedó una constancia para la empresa y una para el actor, por tanto, se acredita el injusto despido. Hecho lo anterior, se aclara que los salarios retenidos son los de los días 16 y 17 de febrero del año en curso, asimismo, en este acto y por instrucciones del actor me permito ampliar a la demanda laboral en contra del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quien tiene su domicilio en Ave. Revolución número 3000 en la colonia Primavera de Monterrey, N.L., solicitando se le haga la notificación correspondiente, y para tal efecto me permito entregar en este momento copia simple del escrito inicial de demanda para que se haga el traslado de ley. Todos los demandados se beneficiaban del trabajo del actor.’ (fojas 63 y 64). En la propia audiencia el apoderado del actor, respecto de la personería de las empresas, expresó lo siguiente: ‘... solicitando se tenga a los demandados por contestando la reclamación laboral en sentido afirmativo, dado que el profesionista que comparece por dichas empresas con la documentación que allega no acredita su personalidad en juicio, nos reservamos el derecho de seguir manifestando ...’ (foja 64). La responsable difirió la audiencia para dar oportunidad a las demandadas de contestar las modificaciones realizadas por el actor a su demanda. En audiencia de diecinueve de mayo del año próximo pasado, las empresas contestaron la demanda, en la que Armstrong Systems de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, negó la relación de trabajo y Armstrong Armored de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, la aceptó, pero negó el despido, con base en que ‘... la realidad es que renunció en forma voluntaria en fecha 15 de febrero del presente año ...’ (foja 66). En vía de réplica, el actor expresó lo siguiente: ‘... Se insiste en que debe tenerse por contestando en sentido afirmativo a las demandadas y abrir el incidente de personalidad ... me remito a lo expuesto en la anterior intervención que se tiene aquí por reproducido objetando la contestación vertida por las demandadas en todo aquello que no concuerdo con el escrito inicial de demanda y su ampliación, debiendo hacer efectiva la sanción prevista en el artículo 878, fracción IV, de la ley de la materia, a la demandada ...’ (foja 67). La responsable en esa audiencia dictó el proveído reclamado, en el que sostuvo lo que a continuación se transcribe: ‘... Tener por celebrada y desahogada la etapa de demanda y excepciones declarándose cerrada dicha fase procesal, y toda vez que el apoderado jurídico de la parte accionante objeta la personalidad del profesionista que comparece en nombre y representación de las demandadas, la misma se desestima de plano, en virtud de que del instrumento notarial No. 2,371 pasado ante la fe del Lic. David Parra Grave, notario público No. 21, con ejercicio en esta ciudad, se desprende en el inciso h) de la cláusula 20 de dicho instrumento que el C. Humberto Reyes Autbert tiene facultades para conferir, otorgar, sustituir y revocar poderes generales o especiales, por tanto, el profesionista que comparece acredita su personalidad en los términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Consecuentemente, se tiene a la parte actora por ratificando su escrito inicial de demanda, nombrando como a sus apoderados jurídicos al C. Lic. Ricardo Horacio González Guerra y demás profesionistas que se señalan en el escrito inicial de demanda a los demandados se les tiene por contestando la demanda, en tiempo y en forma, así como por oponiendo sus excepciones y defensas que hacen valer mediante escritos de contestación y lo señalado en la presente audiencia, nombrando como a sus apoderados jurídicos a los CC. Lics. Agustín Arreola Rodríguez y demás profesionistas que se señalan en la carta poder que obra agregada en autos, asimismo, se les tiene por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Juan Álvarez número 417, al sur de esta ciudad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, se desestima la ampliación de demanda en contra de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, quien tiene su domicilio en Ave. Revolución número 3000, en la colonia Primavera de Monterrey, N.L., que hace la parte actora en la audiencia de fecha 10 de mayo del presente año, toda vez que la demandada Armstrong Systems de México, S.A. de C.V., se le tuvo por admitiendo la relación de trabajo que les atribuye el actor, por tanto, los intereses de éste se encuentran debidamente protegidos, se tiene a las partes por haciendo sus demás manifestaciones y se ordena continuar con la siguiente fase procesal.’ (fojas 67 y 68). Asimismo, de la audiencia de pruebas realizada el veinticinco de mayo de dos mil cuatro, cuya copia anexó el quejoso a su demanda de garantías, se desprende que en su intervención expresó a propósito de la personería de las demandadas ‘... asimismo, no debe permitirse ofrecer pruebas a quien dice ofrecerlas por las demandadas dada la objeción a la personalidad planteada, y el hecho de que comparezcamos a esta audiencia no significa conformidad con el acuerdo recaído a la etapa inmediata anterior, pues será impugnada en tiempo y forma ...’ (foja 12); sin que la Junta dictara proveído sobre esa manifestación. Seguido el juicio de amparo en sus trámites legales, el Juez dictó resolución cuyas consideraciones y puntos resolutivos quedaron transcritos en esta ejecutoria. SEXTO. Son inoperantes, infundados y fundados, pero inoperantes los agravios hechos valer. ... En otro aspecto, el recurrente manifiesta que el Juez no analizó los conceptos de violación sintetizados como incisos 2) y 3) del escrito de demanda, con base en que tales argumentos no fueron expresados en el juicio natural; lo que es ilegal, ya que la personalidad es un presupuesto procesal que debe ser analizado de oficio por la Junta, por lo que si la objeción se realizó en la etapa correspondiente y la responsable tomó en cuenta las escrituras exhibidas para tener por demostrada la personalidad de la demandada, ello, afirma, era suficiente para que el Juez examinara los conceptos de violación, pues precisamente ello es motivo de la controversia. Asiste razón en lo así aducido, ya que si bien, como lo sostuvo el Juez, los argumentos expuestos en su escrito de demanda, tocantes a que era necesario que en la propia cláusula tercera transitoria se contemplaran las facultades y poderes otorgados a Humberto Reyes Autbert y que el otorgamiento de poderes no se ajustó a lo previsto en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque no todas las fojas del testimonio notarial exhibido detentan el sello notarial y, por tanto, la certificación carece de valor, no fueron expuestos ante la responsable, como se deduce de la transcripción relativa de las audiencia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18953-5b2bb3ce/personalidad-en-el-juicio-laboral-el-juez-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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