LAUDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, ÉSTE DEBE COMPRENDER EL ESTUDIO INTEGRAL DE TODAS LAS ACCIONES PLANTEADAS EN LA MEDIDA DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo directo 390/2004, resuelto el día veintisiete de enero de dos mil cinco, sostiene:
"SÉPTIMO. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la accionante del juicio, aunque suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. Atento a la técnica que rige al juicio de garantías, en primer término se analizarán los conceptos de violación en que la promovente de la acción constitucional hace valer esencialmente transgresiones a las normas que rigen el procedimiento en el juicio obrero, y una vez agotado tal estudio, en caso de ser procedente, se estudiarán los diversos que hacen referencia a violaciones cometidas en el laudo que constituye el acto reclamado. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número XXI.3o. J/5, sustentada por este cuerpo colegiado, que aparece publicada en la página 1309, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, septiembre de 2003, Novena Época, del siguiente rubro y texto: ‘VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ORDEN QUE PUEDE EMPLEARSE PARA SU ESTUDIO.’ (se transcribe). Sentado lo anterior, apunta esencialmente la promovente de la acción constitucional, que los acuerdos de veintidós de abril y tres de junio de dos mil cuatro, en que la responsable ordenó poner los autos a la vista de las partes y asimismo declaró cerrada la instrucción, transgreden en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica plasmadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como las normas procesales previstas en los diversos preceptos 690, 742, fracción XII, 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, por las siguientes consideraciones legales: a) Porque en la demanda ordinaria laboral que promovió en contra de la Universidad Loyola del Pacífico, Asociación Civil, reclamó diversas prestaciones accesorias, entre éstas, las señaladas en el inciso j) relativas al Instituto Mexicano del Seguro Social, SAR o Afore e Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y no obstante que la asociación civil demandada, al emitir contestación a la demanda, con fundamento en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, solicitó se llamara a juicio como terceros interesados a los institutos de referencia, la responsable no efectuó su llamamiento a juicio, sino que en los proveídos a que se ha hecho referencia ordenó poner los autos a la vista de las partes, y asimismo, declaró cerrada la instrucción, aspecto que aduce transgrede las normas que rigen el procedimiento, dado que no se integró debidamente un litisconsorcio; y, b) Porque no obstante que la demandada, a manera de excepción en torno a la acción principal, ofreció el empleo a la trabajadora para que lo desempeñara supuestamente en los mismos términos y condiciones en que adujo lo venía desempeñando, y que la Junta, en acopio a tal circunstancia, emitió el acuerdo de dos de junio de dos mil tres, en que ordenó requerir personalmente a la trabajadora para que manifestara si aceptaba o no la oferta del empleo, dicho proveído no le fue notificado personalmente, aspecto que aduce la dejó en completo estado de indefensión, dado que de la respuesta que hubiera proporcionado al respecto dependería la determinación de a quién correspondería la carga de la prueba, por lo que al no haber mediado dicha notificación, la responsable no debió dictar los proveídos de que se trata, en que ordenó poner los autos a la vista de las partes y declaró cerrada la instrucción, sino que debió ordenar reponer el procedimiento para que se efectuara la interpelación de que se viene hablando a la trabajadora. En suplencia de los conceptos de violación planteados por la promovente del juicio, en términos de la fracción IV del artículo 76 de la Ley de Amparo, por cuestión de técnica jurídica, en primer término se abordará el análisis de una violación procesal cuya actualización advierte este cuerpo colegiado, que procesalmente es preferente a las señaladas por la quejosa, pues de su resultado podrá ponderarse si es viable o no analizar estas últimas. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene tener presente una breve reseña de los principales antecedentes que, por su importancia, se desprenden del juicio laboral número 1051/2002, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, adjuntó a su informe justificado, documentos que adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2o. I. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil dos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, Ma. Elvira Solís Verduzco, demandó de la Universidad Loyola del Pacífico, Asociación Civil y/o de la persona física o moral que resulte ser responsable, propietaria o explote la fuente de trabajo que se ubica en avenida Heróico Colegio Militar, sin número, del fraccionamiento Cumbres de Llano Largo, de esta localidad, la indemnización constitucional derivada del despido injustificado de que se dijo fue objeto, así como diversas prestaciones laborales accesorias, entre éstas, las siguientes: ‘... j) El pago de todas y cada una de las prestaciones que conforme a derecho debí percibir conforme a mi contrato de trabajo, como son vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, reparto de utilidades, IMSS, SAR o Afore, Infonavit, vales de despensa y las que por ley le correspondan. ...’. II. Para apoyar las aludidas pretensiones, la accionante del juicio esencialmente estableció en el capítulo de hechos, que el nueve de julio de dos mil uno, inició a prestar sus servicios para la demandada, pues fue contratada para desempeñarse como coordinadora de licenciatura en diseño gráfico por el señor Alberto Javier Torreblanca Galindo, quien se ostenta como director general académico; que esta persona le asignó como su jornada laboral, desde el día en que fue contratada hasta el uno de diciembre de dos mil uno, de las 9:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 19:00 horas, de lunes a viernes, con dos horas para descansar y tomar alimentos fuera de la fuente de trabajo de las 14:00 a las 16:00 horas; y de la fecha antes precisada a la diversa en que fue despedida de las 9:00 a las 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, excepto los sábados de ambas jornadas de las 9:00 a las 14:00 horas, descansando los días domingos, con un salario diario de $416.00 (cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), que se le cubrían quincenalmente mediante depósito bancario; que la demandada le adeudaba diversas cantidades, entre éstas las relativas al pago de todas y cada una de las prestaciones que conforme a su contrato de trabajo tenía derecho a percibir, entre éstas, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, reparto de utilidades, IMSS, SAR o Afore, Infonavit, vales de despensa y las que por ley le correspondían; que por disposición de la demandada, sus actividades consistían en llegar a la fuente de trabajo y checar su tarjeta de asistencia, para inmediatamente avocarse a atender alumnos, profesores y personal administrativo, armonizando esfuerzos para un mejor rendimiento, actividades que realizó con atigencia (sic) bajo la dependencia y subordinación de la señora Ana Laura Pavón Vega; y que aproximadamente a las nueve horas del treinta de mayo de dos mil dos, al pretender iniciar sus actividades, como de costumbre, en el módulo de vigilancia que se encuentra en la entrada y salida de la fuente de trabajo, ante la presencia de varias personas, el señor Alberto Javier Torreblanca Galindo, le impidió el acceso, indicándome, ‘... «Elvira», tu estado de salud es perjudicial para la escuela, así que a partir de hoy ya no hay trabajo para ti ...’, por lo que le pidió una explicación, replicándole que no tenía porqué dársela. III. El doce de junio de dos mil dos, la Junta responsable tuvo por admitida la demanda laboral, registrándola bajo el número de juicio 1051/2002, sin que en el caso le hubiese notado alguna irregularidad, contradicción, defecto u omisión, dado que le dio el trámite correspondiente, pues señaló las doce horas con treinta minutos del veintiséis de agosto del año en cita para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, y asimismo, ordenó emplazar a juicio a los demandados con el apercibimiento que, de no presentarse, se les tendría por inconformes con todo arreglo conciliatorio. IV. Llegada que fue la fecha de la audiencia, como en la etapa de conciliación no fue posible obtener arreglo conciliatorio alguno, se continuó con el periodo de demanda y excepciones, en que el apoderado legal de la parte actora ratificó su escrito inicial de demanda, y por su parte, el licenciado Ramón Martínez Bello, previo el acreditamiento de su personalidad como representante legal de la demandada, exhibió y ratificó el escrito de contestación de demanda, en el que hizo valer las defensas y excepciones que consideró convenientes. V. En la diversa etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia de cuatro de abril de dos mil tres, ambas partes ofrecieron las convenientes a su interés legal, probanzas que por auto de doce de mayo siguiente se calificaron y admitieron las que resultaron procedentes, fijándose fecha y hora para el desahogo de las que así lo ameritaron. VI. Seguida que fue la secuela procesal respectiva, previo el desahogo de todas las pruebas ofrecidas por las partes, el dieciséis de julio de dos mil cuatro, la Junta responsable emitió el laudo que ahora constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, que concluyó con las siguientes proposiciones: ‘... Resuelve. PRIMERO. La actora Ma. Elvira Solís Verduzco, no acreditó su acción principal y acreditó parcialmente sus prestaciones accesorias. SEGUNDO. La demandada Universidad Loyola del Pacífico, A.C., demostró las defensas y excepciones que hizo valer respecto de la acción principal, y parcialmente respecto de las prestaciones accesorias, por lo que se le condena únicamente al pago de las prestaciones que se indican en el último considerando de la presente resolución. TERCERO. Notifíquese personalmente a las partes ...’. VII. En una parte del tercer considerando del laudo reseñado, la Junta responsable textualmente determinó en torno a las prestaciones accesorias reclamadas por la actora, en el inciso j) de su escrito de demanda, lo siguiente: ‘... se absuelve también del pago de las prestaciones que reclama bajo el inciso j), de su capítulo de prestaciones, en virtud de resultar imprecisa su reclamación al no indicar qué periodos o cantidades se le dejaron de cubrir ...’. Sentado lo anterior, conviene tener presente lo dispuesto por los artículos 685, 873, párrafo segundo, 878, fracción II y 879, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, que por su orden textualmente establecen: (se transcribe). La correlación de tales normas permiten advertir la existencia de un destacado principio procesal, sin el cual no es posible entender y ubicar las distintas hipótesis en que dichos numerales otorgan atribuciones a los tribunales laborales para suplir las deficiencias de las demandas promovidas por los trabajadores. El principio de referencia es el consistente en que el proceso laboral se iniciará a instancia de parte, determinación que sienta, como regla general, la necesidad de que la acción sea ejercida y seguida por parte legítima en protección de su interés. Los preceptos transcritos establecen diversos matices o temperamentos a la citada regla general; de ellos, se destacan los siguientes casos de suplencia, exclusivamente en beneficio del trabajador o sus beneficiarios: 1. Cuando la demanda es incompleta; 2. Cuando la demanda es oscura o vaga; 3. Cuando la demanda es irregular; y, 4. Cuando el trabajador o sus beneficiarios hayan ejercitado acciones contradictorias. En relación con la primera hipótesis, la disposición relativa especifica sobre cuál es la parte faltante respecto de la que debe recaer la obligación tuteladora del tribunal obrero, pues congruente con la regla general, la suplencia no recae sobre la acción intentada ni sobre los hechos, sino ‘... sobre las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente ...’ lo que significa que la autoridad jurisdiccional no puede, a título de suplir deficiencias, cambiar la acción promovida o intentar una nueva a nombre del actor; tan es así, que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de que el trabajador no comparezca a la etapa de demanda y excepciones, sólo se tendrá por reproducida, en vía de demanda, su comparecencia o escrito inicial. En congruencia con lo anterior, tratándose de esta primera hipótesis, a la autoridad jurisdiccional sólo le corresponderá, ateniéndose a la acción deducida y a los hechos expuestos por el trabajador, asentar en el acuerdo admisorio las prestaciones que a tal planteamiento corresponden, colmando así las omitidas por el trabajador, hipótesis que se caracteriza porque en ella opera la suplencia, de acuerdo con la norma que lo rige, oficiosamente y, por ende, no requiere de la intervención o presencia del trabajador o sus beneficiarios, sino que el tribunal por sí mismo y desde luego, la efectúa. En las tres hipótesis restantes, la suplencia también es oficiosa, pero a diferencia de la anterior, el tribunal obrero ya no puede efectuarla por sí, ya que necesita la intervención del actor para que exprese, conforme a su libre voluntad, lo que en cada caso corresponda. La diferencia es lógica y corresponde al desarrollo jurídico del principio de que el proceso se inicia a instancia de parte, habida cuenta de que en los tres supuestos de que se viene hablando, sólo el actor está en aptitud de proporcionar los datos que aclaren, regularicen, concreten o completen los términos de su demanda, pues sólo él podrá optar por una de las acciones en caso de que las ejercitadas sean contradictorias. La intención del legislador, de no dejar una demanda incompleta, vaga u oscura, se confirma, porque en el texto transcrito de la fracción II del artículo 878, correspondiente al desarrollo de la etapa de demanda y excepciones, insiste expresamente en el tópico al señalar que ‘... si el promovente, siempre que se trate del trabajador, no cumpliese los requisitos omitidos o subsanare las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento ...’. Sin embargo, si precisados los defectos u omisiones, el promovente trabajador o sus beneficiarios no los subsanan dentro del término legal y tampoco lo hacen en el periodo de demanda y excepciones, o bien, no comparecen al mismo, la Junta deberá tener por reproducida la demanda inicial como lo establece el también transcrito segundo párrafo del artículo 879, pues como se dijo, en estas hipótesis se requiere la intervención del promovente, ya que la autoridad laboral no está legalmente facultada para subsanar por sí los defectos u omisiones existentes. En este orden de ideas, acorde con la finalidad que persiguió la incorporación en la Ley Federal del Trabajo de un régimen específicamente diseñado para tutelar, en lo sustancial, a la parte formalmente más débil de la controversia, como lo es la obrera, debe entenderse que las disposiciones en examen, incluidas en el texto de los artículos 685 y 873 del ordenamiento invocado, no establecen una potestad discrecional para subsanar o mandar corregir irregularidades u omisiones de la demanda laboral, sino que por el contrario se trata de verdaderos imperativos que obligan a la autoridad a quien corresponda conocer de la controversia para que, dado el caso, subsane el escrito inicial o señale con toda precisión los defectos u omisiones en que haya incurrido la parte obrera demandante al formularlo, previniéndola para que subsane esos defectos u omisiones dentro de un término de tres días. Ahora bien, como del análisis de los antecedentes del caso, relatados en el quinto considerando de la presente ejecutoria, aparece que por acuerdo de doce de junio de dos mil dos, la Junta responsable admitió el escrito de demanda de Ma. Elvira Solís Verduzco, sin que le hubiese notado alguna irregularidad, contradicción, defecto u omisión, dado que le dio el trámite correspondiente, y seguido que fue el juicio por sus cauces legales, el dieciséis de julio de dos mil cuatro, emitió el laudo reclamado, en el cual, previo al análisis de la competencia, fijación de la litis, calificación de la oferta del empleo, distribución de cargas probatorias y valoración de las pruebas ofertadas por las partes, resolvió que la actora no acreditó su acción principal, sino que sólo lo hizo parcialmente respecto de las prestaciones accesorias, por cuyo motivo absolvió a la demandada del pago de diversas prestaciones reclamadas en su escrito de demanda, a excepción de la prima vacacional, por el primer año de servicios correspondiente de enero a mayo, y salarios devengados que comprendieron del dieciséis al treinta de mayo de dos mil dos, precisando que resultaba procedente absolver a la demandada de las diversas prestaciones que reclamó en el inciso j) de su escrito de demanda, relativas a vacaciones, reparto de utilidades, IMSS, SAR, Afore, Infonavit y vales de despensa, estableciendo como razón para ello que resultaban imprecisas, porque no señaló qué periodos o cantidades dejaron de cubrírsele. En ese tenor, el hecho de que en la demanda planteada por el trabajador, el actor hubiera sido omiso en precisar los aspectos que apuntó la Junta responsable, constituye en todo caso una irregularidad en el escrito de demanda, que necesariamente debió ser subsanada por el tribunal obrero antes de continuar el procedimiento respectivo, tal como lo ordena el párrafo segundo del artículo 873 de la ley obrera. En efecto, la Junta responsable infringió lo dispuesto por el artículo 873, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, al omitir señalar los defectos u omisiones en que hubiere incurrido el actor en su escrito de demanda, previniéndolo para que los subsanara dentro del término legal de tres días, pero como no lo hizo así, se actualiza la violación análoga al procedimiento, en términos de la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, que indudablemente afectó las defensas del actor y que trascendió al resultado del fallo. Lo anterior es así, porque al quedar incompleto el escrito inicial de demanda del actor, sin género de dudas resulta concluir que la Junta responsable no podría después, ni aun en suplencia de la queja del trabajador, atender al análisis de las prestaciones accesorias sometidas a su consideración, lo que conlleva a determinar una real afectación de los derechos de la actora, que desde luego trascendió al resultado del fallo, desde el momento mismo en que el tribunal obrero, al no poder analizar los términos de la litis por las carencias de la demanda, absolvió a la aquí tercero perjudicada de las prestaciones accesorias reclamadas por aquél. Son aplicables al caso, las jurisprudencias números 4a./J. 3/91, 2a./J. 75/99 y 2a./J. 134/99, deducidas de las contradicciones de tesis números 54/90, 77/98 y 68/98, de la Cuarta y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera de anterior integración, localizables a fojas 33, 188 y 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VII, abril de 1991, X, julio de 1999 y X, diciembre de 1999, Octava y Novena Épocas, respectivamente, de los siguientes rubros y textos: ‘DEMANDA LABORAL. SUPLENCIA. LA ATRIBUCIÓN OTORGADA A LAS JUNTAS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES DE EJERCICIO OBLIGATORIO.’ (se transcribe). ‘DEMANDA LABORAL. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE MANDAR PREVENIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA CORRIJA O ACLARE CUANDO SEA IRREGULAR O INCURRA EN OMISIONES.’ (se transcribe). ‘DEMANDA LABORAL. LA OMISIÓN DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA ACLARE O CORRIJA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL SUPUESTO DE QUE AFECTE LAS PRETENSIONES DEL ACTOR Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO.’ (se transcribe). Asimismo, también es aplicable la diversa tesis de jurisprudencia número XII.1o. J/7, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que se comparte, Octava Época, visible a foja 82, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70 de octubre de 1993, del texto: ‘DEMANDA LABORAL. OSCURIDAD DE LA. OBLIGACIÓN DE LA JUNTA DE MANDARLA ACLARAR.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, el laudo reclamado vulnera en perjuicio de la quejosa las garantías tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, y procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado de dieciséis de julio de dos mil cuatro y ordene la reposición del procedimiento, mandando aclarar el escrito inicial de demanda conforme a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en los términos anteriormente expuestos, y previos los trámites legales correspondientes, dicte el laudo que en derecho corresponda, fundando y motivando debidamente su actuar, en términos de lo que disponen los artículos 841 y 842 de la legislación especial en comento. Con base en lo anteriormente expuesto, resulta innecesario efectuar el análisis de los conceptos de violación expuestos por la quejosa en su escrito de demanda, incluidos los relativos a las violaciones procesales que destacó se actualizaron en su perjuicio, porque dada la concesión del amparo, que implica dejar sin efectos el laudo combatido y ordenar reponer el procedimiento en el juicio, en los términos anteriormente precisados, sería inútil decidir sobre ellos. Es aplicable sobre este aspecto, la jurisprudencia número 168, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable en la página 113, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, de texto: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). Lo anterior, con independencia de que en los conceptos de violación a que se hace referencia, la promovente del juicio haya hecho valer las violaciones al procedimiento obrero anteriormente precisadas, consistentes esencialmente en que no se atendió la solicitud planteada por la demandada de llamar a juicio a los terceros interesados Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, así como de notificarle personalmente como trabajadora la oferta del empleo hecha por la parte actora, porque con independencia de que puedan o no ser fundadas, lo cierto es que, ante la reposición del procedimiento ordenada, la Junta responsable haciendo uso de su arbitrio puede advertir la omisión en que incurrió, de no haber llamado a juicio a los terceros interesados de que se trata, o incluso, la asociación civil demandada, que fue quien solicitó que fueran llamados a juicio, puede hacérselo notar; y, en lo que atañe al requerimiento a la trabajadora para que manifieste si acepta o no la oferta del empleo de la demandada, de igual modo, atendiendo a las facultades con que cuenta para subsanar alguna irregularidad detectada en el procedimiento, puede ordenar lo que considere en derecho; razón por la cual se considera que, en la especie, no son de analizarse las violaciones procesales de que se queja la promovente del amparo. Finalmente, no escapa a la consideración de este cuerpo colegiado la existencia de la tesis de jurisprudencia número III.2o.T. J/1, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1177, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época, del siguiente rubro y texto: ‘DEMANDA LABORAL, OSCURIDAD DE LA, RESPECTO DE PRESTACIONES DESVINCULADAS DE LA ACCIÓN PRINCIPAL. LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL LAUDO RESPECTIVO DEBE DECIDIR EL FONDO DE LA PRINCIPAL Y DEMÁS ACCIONES SECUNDARIAS QUE NO SEAN OSCURAS E IRREGULARES Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE MANDE ACLARAR ÚNICAMENTE POR LO QUE VE A ESTAS ÚLTIMAS QUE SÍ PRESENTEN ESAS CARACTERÍSTICAS.’ (se transcribe). Así se considera, porque el señalado criterio de jurisprudencia, no lo comparte este cuerpo colegiado, puesto que pugna abiertamente con la técnica del juicio garantías, como en su propio texto se reconoce, al sostener que la manera de resolver que se propone no es la acostumbrada conforme a la técnica del amparo, pues en principio se permite como válido abordar y decidir lo relativo al fondo de la acción principal relacionada con el despido, y en otro aspecto, se ordena reponer el procedimiento para que se mande aclarar la demanda laboral, respecto de una prestación accesoria desvinculada de la principal, que fue hecha valer irregularmente en la demanda, satisfecho lo cual se considera que deberá emitirse en su oportunidad un diverso laudo en el que sólo se atendería la litis que se haya establecido tocante a esta última prestación accesoria. Esto es, el criterio en cuestión permite el análisis de la constitucionalidad del laudo reclamado, previo a la actualización de una violación a las normas que rigen el procedimiento obrero, no obstante que los presupuestos procesales, por ser de orden público y cronológicamente anteriores al laudo, son de análisis preferente a las cuestiones de fondo abordadas en éste, amén de que la concesión del amparo, en los términos propuestos en el criterio de que se viene hablando, permite la existencia de dos laudos en el juicio; el primero, en que se reitera en cuanto a la acción principal ejercitada, en los términos en que se efectúe su análisis, y el segundo, en que sólo debe analizarse la litis respecto a la acción accesoria por la que se mandó reponer el procedimiento a fin de que se aclarara la demanda laboral, situación jurídica inadmisible, pues con ello se divide la continencia de la causa y el principio de unidad que debe guardar la resolución en que deberán resolverse todos los aspectos sometidos a consideración de la Junta. A mayor abundamiento, debe precisarse que la interpretación que efectuó el Tribunal Colegiado que emitió la tesis que, como ya se dijo, no se comparte, no es acorde con los criterios de jurisprudencia números 4a./J. 3/91, 2a./J. 75/99 y 2a./J. 134/99, deducidas de las contradicciones de tesis números 54/90, 77/98 y 68/98, de la Cuarta y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera de anterior integración, citadas en el cuerpo de la presente ejecutoria, de los rubros: ‘DEMANDA LABORAL. SUPLENCIA. LA ATRIBUCIÓN OTORGADA A LAS JUNTAS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES DE EJERCICIO OBLIGATORIO.’; ‘DEMANDA LABORAL. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE MANDAR PREVENIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA CORRIJA O ACLARE CUANDO SEA IRREGULAR O INCURRA EN OMISIONES.’ y ‘DEMANDA LABORAL. LA OMISIÓN DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE LA ACLARE O CORRIJA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL SUPUESTO DE QUE AFECTE LAS PRETENSIONES DEL ACTOR Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO.’, cuyo texto y datos de localización ya fueron precisados en el cuerpo de la presente ejecutoria, de los que medularmente se desprende que cuando el tribunal obrero omita requerir al trabajador para que corrija o aclare su demanda laboral, constituye una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento, siempre que afecte las pretensiones del actor y trascienda a su resultado, sin hacer distinción alguna si el apartado de la demanda que ha de corregirse o aclararse se refiere a la prestación principal o a una accesoria. En ese tenor, en acatamiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 196 de la Ley de Amparo, con los insertos necesarios, remítanse las actuaciones correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que resuelva sobre la posible contradicción del criterio adoptado por este órgano jurisdiccional en la presente ejecutoria, y el diverso número III.2o.T. J/1, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1177, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Época, de rubro: ‘DEMANDA LABORAL, OSCURIDAD DE LA, RESPECTO DE PRESTACIONES DESVINCULADAS DE LA ACCIÓN PRINCIPAL. LA RESOLUCIÓN QUE SE EMITA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL LAUDO RESPECTIVO DEBE DECIDIR EL FONDO DE LA PRINCIPAL Y DEMÁS ACCIONES SECUNDARIAS QUE NO SEAN OSCURAS E IRREGULARES Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE MANDE ACLARAR ÚNICAMENTE POR LO QUE VE A ESTAS ÚLTIMAS QUE SÍ PRESENTEN ESAS CARACTERÍSTICAS.’."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el amparo directo 60/2000, resuelto el día quince de junio del año dos mil, sostuvo:
"CUARTO. Vistos los anteriores conceptos de violación, resultan sustancialmente fundados. El primero, relacionado con la queja del actor, respecto de que la Junta de manera incorrecta no aplicó al caso el Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, al resolver sobre la procedencia de las rec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18943-79bf2b7f/laudo-dictado-en-cumplimiento-a-una-ejecutoria-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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