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CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN RECLAMADOS. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EFECTUADA EN LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003, NO ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2005-SS. · Registro digital (IUS): 18997
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIM
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 430.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: CÉSAR DE JESÚS MOLINA SUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que fue el que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 111/2004, promovido por Sergio Morales Espinosa, sostuvo en la parte que interesa lo siguiente:

"CUARTO. Resulta innecesario transcribir los agravios formulados por la parte quejosa, en virtud de que este órgano de control constitucional, advierte la existencia de una diversa causal de improcedencia a la que analizó el Juez de Distrito, lo que implica se confirme la sentencia recurrida, cuyo examen es de orden preferencial, dada la oficiosidad del estudio de las causales de improcedencia por parte del órgano jurisdiccional que conoce del recurso de revisión en el juicio de amparo.

"Al caso, por similitud de circunstancias, tiene aplicación la jurisprudencia número 232, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 190 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo epígrafe dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). ...

"En efecto, en el caso se estima que han cesado los efectos del acto reclamado y, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que literalmente dice: (se transcribe). ...

"De la interpretación de lo dispuesto por la referida fracción del precepto invocado y del numeral 80 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella.

"La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el numeral 80 invocado, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija.

"Por ello, se infiere que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada.

"Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.

"Ahora bien, es pertinente destacar que de la demanda de garantías se advierte que el quejoso Sergio Morales Espinosa, reclamó del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación y expedición del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, concretamente el segundo párrafo de la fracción XI del artículo 109 de la citada legislación, aplicable para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dos.

"Luego, el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, que fue señalado como acto reclamado, fue declarado inválido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad la acción de inconstitucionalidad 9/2003, promovida por el procurador general de la República, en sesión de veintisiete de mayo de dos mil tres, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil tres, así como en la página 589 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época, y que en lo conducente se transcribe:

"‘Acción de inconstitucionalidad 9/2003. Procurador General de la República.

"‘Ministro Ponente: Humberto Román Palacios.

"‘Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.

"‘México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de mayo de dos mil tres.

"‘VISTOS; Y,

"‘RESULTANDO:

"‘PRIMERO. Por oficio presentado el veintinueve de enero de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien se ostentó como procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida por las autoridades que a continuación se precisan:

"‘I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

"‘«1. Autoridad emisora: Congreso de la Unión, con domicilio en avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, código postal 15969, Distrito Federal. 2. Autoridad promulgadora: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en calle Residencia Oficial de los Pinos número exterior conocido, colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11850, Distrito Federal.»

"‘«II. Norma general cuya invalidez se reclama:

"‘«Se demanda la declaración de invalidez del párrafo segundo, de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, expedida por el Congreso de la Unión y promulgada por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, del que se anexa un ejemplar.»

"‘SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados son los siguientes:

"‘...

"‘De lo hasta aquí expuesto y siguiendo los criterios jurisprudenciales ya establecidos por este Alto Tribunal, se concluye que el párrafo segundo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta violenta el principio de equidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, en tanto que otorga un trato desigual y privilegiado a los servidores públicos frente a todos los trabajadores del país, no obstante que se encuentran en la misma condición tributaria, por lo que debe declararse su invalidez con efectos generales a partir de la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación.

"‘En atención a la conclusión alcanzada, la reforma al párrafo segundo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al ser contraria al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en vía de consecuencia también transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"‘En efecto, la supremacía de la Constitución responde no sólo a que ésta es la expresión interna de la soberanía sino también a que, por serlo, está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades; es la ley que rige las leyes y que crea y autoriza a las autoridades.

"‘La Constitución, por el hecho de serlo, goza del atributo de ser suprema. Para poder imperar requiere estar por encima de toda institución jurídica, es preciso que todo le sea inferior; lo que no lo es, de una u otra forma, es parte de ella. En lo normativo a nada se le reconoce como superior. Constituye, organiza, faculta, regula actuaciones, limita y prohíbe. Esto va con su naturaleza.

"‘El principio de supremacía constitucional se establece en forma expresa en el artículo 133, que a la letra señala: «Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, será la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puede haber en las Constituciones o leyes de los Estados.».

"‘Este principio consiste específicamente, en la imposición de la Constitución Federal como la norma de mayor importancia dentro del Estado de derecho o del orden jurídico mexicano.

"‘Esto es, la Constitución es superior a la leyes federales porque éstas, para formar parte de la Ley Suprema, deben emanar de aquélla, es decir, deben tener su fuente en la Constitución, lo mismo en cuanto a los tratados que necesitan estar de acuerdo con ella.

"‘En este sentido, si en el caso el párrafo segundo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contraviene el principio de equidad tributaria, al cual debe sujetarse toda norma general tributaria, conforme lo establece la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, en consecuencia, también se transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la propia Constitución, puesto que no se sujetó a sus principios y postulados.

"‘Por lo expuesto y fundado se resuelve:

"‘PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por el procurador general de la República.

"‘SEGUNDO. Se declara la invalidez de la fracción XI segundo párrafo, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos.

"‘TERCERO. Esta ejecutoria surtirá plenos efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"‘CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Diario Oficial de la Federación.

"‘Notifíquese; haciéndolo por oficio a las autoridades y, en su oportunidad, archívese el expediente.

"‘Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y presidente Mariano Azuela Guitrón. La señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas manifestó que formulará voto concurrente. No asistió el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo por estar disfrutando de vacaciones, ya que integró la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Sesiones de dos mil dos. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Humberto Román Palacios.’

"En esa tesitura, de acuerdo al artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde conocer de las acciones de inconstitucionalidad que le sean planteadas, entre otros, por el procurador general de la República, las cuales sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos, lo que sucedió en la especie pues como ya se dijo, la ejecutoria a través de la cual se declaró la invalidez de la norma señalada como acto reclamado, se aprobó por unanimidad de votos de los Ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Como consecuencia, la norma impugnada dejó de surtir efectos a partir del día siguiente al en que fue publicada la resolución de mérito, primeramente en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el diecisiete de junio de dos mil tres, por ende, si la sentencia ahora impugnada se terminó de engrosar el veintitrés de septiembre del mismo año, resulta indudable que el precepto impugnado ya había dejado de surtir sus efectos, pues fue decretada su invalidez a través de la acción de inconstitucionalidad antes citada.

"Por tanto, el a quo debió de haber advertido que durante la tramitación del juicio de amparo se actualizó la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado, y proceder a decretar el sobreseimiento en el juicio, pero por diversa causal a la que consideró que en el caso se actualizó.

"En otro orden de cosas, se estima que no existen consecuencias derivadas de la norma declarada inválida, en virtud de que el peticionario de garantías acudió al juicio de amparo porque se le aplicó el descuento al incentivo que recibió el veintisiete de febrero de dos mil tres, con motivo a la aplicación a la norma legal que impugnó de inconstitucional, lo cual era inequitativo ya que los servidores públicos estaban exentos de pago de dicho impuesto; bajo esa tónica, al quedar sin efectos el citado artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resulta claro que los mencionados trabajadores al servicio del Estado, ya no gozan de tal exención, lo que propicia que se encuentren en igualdad jurídica respecto del peticionario de garantías.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Tomo VI, noviembre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ...

"En esas condiciones, lo que procede es, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, confirmar el sobreseimiento decretado aunque por diversos motivos a los expresados en la sentencia traída a revisión.

"Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, en sesión del quince de abril del presente año, al resolver el amparo en revisión número 19/2004, interpuesto por el presidente de la República, en contra de la resolución constitucional pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, al resolver el juicio de amparo número 197/2003-I, formado con motivo a la demanda de garantías promovida por María Consuelo López Sainz y que este órgano de control de legalidad también comparte.

"Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional, la circunstancia de que su anterior integración haya resuelto los amparos en revisión identificados con los números 510/2003 y 511/2003, interpuestos por Agustín Salvador Pantoja Baena y Luis Eduardo Leal León, respectivamente, en los que se consideró revocar la sentencia recurrida, para luego conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de desincorporar de su esfera jurídica la obligación fiscal de pagar dicho impuesto, exclusivamente por los ingresos que derivaran de gratificaciones con distinta periodicidad a la mensual, al considerarse que la limitante en el monto de la exención establecida en el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vulneraba el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Ley Suprema; sin embargo, la actual integración haciendo una nueva reflexión de la controversia suscitada, se aparta del anterior criterio.

"De igual forma, tampoco es óbice para resolver la presente controversia, el hecho de que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, hayan emitido la jurisprudencia I.9o.A. J/2 y la tesis IV.2o.A.74 A, que aparecen publicadas en las páginas 1487 y 1684 de los Tomos XIX y XX, de marzo y julio de 2004, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dicen: ‘RENTA, LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. SÍ EXISTE MATERIA PARA CONCRETIZAR LOS EFECTOS DE LA EJECUTORIA QUE CONCEDE EL AMPARO RESPECTO DE SU ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, VIGENTE EN 2003, NO OBSTANTE LO RESUELTO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003.’ (se transcribe) y ‘CESACIÓN DE EFECTOS. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN DOS MIL TRES, CUYA INVALIDEZ SE DECLARÓ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003, DEBE REPUTARSE VIGENTE POR EL PERIODO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE SU VIGENCIA HASTA LA FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE CARÁCTER GENERAL, EN RELACIÓN CON LOS ACTOS, CONSECUENCIAS Y EFECTOS OCURRIDOS BAJO SU IMPERIO; POR TANTO, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO NO CESAN SUS EFECTOS RESPECTO DE ESE PERIODO.’ (se transcribe). ...

"Lo anterior es así, en virtud de que este órgano de control constitucional no comparte los anteriores criterios, por las razones que se abordan en la presente ejecutoria; por tanto, tomando en consideración que las razones por las que se concluyó que debe decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, pudieran ser diversas a las que se tomaron en consideración en la jurisprudencia y tesis transcritas con anterioridad, sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con fundamento en los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 de la Ley de Amparo, se procede a denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de tesis, para efecto de que se determine cuál de los criterios debe de prevalecer ..."

No pasa inadvertido que la resolución antes transcrita fue adoptada por mayoría de dos votos de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito; sin embargo, ello no es obstáculo para resolver la contradicción de tesis denunciada, atento al criterio sustentado por esta Segunda Sala, que dio origen a la tesis 2a. XXXVI/2004, visible en la página 384, Tomo XIX, junio de 2004, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto señala:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EXISTE AUN CUANDO LAS SENTENCIAS QUE CONTIENEN LOS CRITERIOS RELATIVOS HAYAN SIDO EMITIDAS POR MAYORÍA DE VOTOS. Los artículos 184, fracción II, de la Ley de Amparo y 35, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente por mayoría de votos, de manera que, desde el punto de vista formal, contienen el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia y, por ende, son idóneas para la existencia de la contradicción de tesis."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 19/2004, promovido por María Consuelo López Sainz, se basó en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Son fundados los agravios identificados como primero y segundo y suficientes para revocar la sentencia impugnada, en virtud de que en la especie se actualizó la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo que obliga a sobreseer en el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, razón por la cual no se estudiarán los restantes motivos de inconformidad.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o. J/6 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la cual puede consultarse en la página 470 del Tomo III, mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que textualmente establece: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). ...

"En efecto, la autoridad recurrente sostiene, como primer argumento, que sobrevino la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso reclamó el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, específicamente el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la citada legislación; sin embargo, el dieciséis de junio de dos mil tres, se publicó en el mencionado Diario Oficial de la Federación, el fallo de la acción de inconstitucionalidad número 9/2003 promovida por el procurador general de la República, en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del multicitado artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"En esa tesitura, según la recurrente, al declararse la invalidez de dicho precepto cesaron los efectos del acto reclamado y, por consiguiente, quedó sin materia el juicio de garantías; asimismo, que de conformidad con los artículos 41, fracciones IV y V, 43, 45 y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, cuando las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean aprobadas por cuando menos ocho votos, se declarará la invalidez de la norma impugnada, por lo que en el caso al ser la resolución aprobada por el voto de diez Ministros, el efecto de la sentencia es dejar sin validez el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Además, la inconforme continúa diciendo que sería imposible concretizar los efectos de la protección constitucional, puesto que no podría incluirse a la quejosa dentro de la exención del pago del impuesto sobre la renta, toda vez que al declararse la invalidez del artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la ley en comento, ya no existe ninguna exención o beneficio para ella.

"Ahora, del análisis de las constancias que obran en el sumario y de la sentencia impugnada, se desprende que la peticionaria de garantías reclamó de la autoridad aquí recurrente, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación y la orden de expedición del decreto mediante el cual se adicionan o reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la legislación en comento, aplicable para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos.

"Así, el Juez de Distrito al dictar la sentencia impugnada, en lo que interesa y por lo que hace a la autoridad recurrente, concedió la protección constitucional en los términos y para los efectos que se transcriben a continuación:

"‘En esa tesitura, se determina que le asiste razón a la quejosa al señalar que el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vulnera el principio de equidad tributaria tutelado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no dar trato igual a los iguales y establecer la diferencia en comento.

"‘En consecuencia, al considerarse fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada por la quejosa María Consuelo López Sainz, al quedar demostrado que la exención establecida en el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de dos mil tres, vulnera el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Ley Suprema.

"‘La concesión del amparo es para el efecto de desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la obligación fiscal de pagar el impuesto sobre la renta, exclusivamente, por los ingresos que deriven de gratificaciones que se otorgaron en el año dos mil tres con diferente periodicidad a la mensual, incluyendo entre otros aguinaldo y primas vacacionales, conceptos a los que alude la previsión legal y variable de que se trata, misma que constituye un elemento variable y no esencial de la base gravable, ello hasta la vigencia de la norma declarada inconstitucional.’

"Ahora, como bien aduce la inconforme, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado y, por consiguiente, se actualizó la causa de improcedencia contenida en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: (se transcribe). ...

"Ciertamente, es factible considerar lo anterior, en virtud de que el dispositivo señalado como acto reclamado o sea el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, fue declarado inválido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2003 promovida por el procurador general de la República, debiendo destacarse que la ejecutoria de mérito, fue resuelta por unanimidad de votos el veintisiete de mayo de dos mil tres y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio del año próximo pasado, en los términos que se transcriben a continuación: (se transcribe). ...

"En esa tesitura, de acuerdo al artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que le sean planteadas, entre otros, por el procurador general de la República, las cuales sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos, lo que sucedió en la especie pues como ya se dijo, la ejecutoria a través de la cual se declaró la invalidez de la norma señalada como acto reclamado, se aprobó por unanimidad de votos de los Ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Consecuentemente, la norma impugnada dejó de surtir efectos a partir del día siguiente al en que fue publicada la resolución de mérito en el Diario Oficial de la Federación, es decir el diecisiete de junio del año dos mil tres, por ende, si la sentencia ahora impugnada fue emitida por el a quo el treinta de septiembre de ese mismo año, resulta indudable que el precepto declarado inconstitucional y por el que se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, ya había dejado de surtir efectos pues fue decretada su invalidez a través de la acción de inconstitucionalidad antes citada.

"Por tanto, el a quo debió de haber advertido que durante la tramitación del juicio de amparo se actualizó la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado y proc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18997-1682891a/cesacion-de-efectos-de-los-actos-de-aplicacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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