VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SE DECRETA LA NULIDAD POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA, COTIZACIÓN Y AVALÚO EN EL PROCEDIMIENTO ADUANERO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE RESPECTO DE CRITERIOS DIVERGENTES SUSTENTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER ASUNTOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN DE SU COMPETENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 93/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se hacen las siguientes transcripciones:
El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el amparo directo administrativo 96/2005, resuelto el día seis de mayo de dos mil cinco, sostiene:
"QUINTO. El concepto de violación que se hace valer es infundado, sin que sea el caso suplir la deficiencia de la queja, al no darse los supuestos que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo. En efecto, la Sala Fiscal determinó en el considerando quinto de la sentencia reclamada, decretar la nulidad para efectos, de la resolución impugnada, al apreciar que la base gravable que determinó la clasificación arancelaria, cotización y avalúo, del vehículo afecto al procedimiento administrativo, carecía de la debida fundamentación y motivación, entre otras, bajo las siguientes consideraciones: ‘... En efecto, en la resolución en pugna se invoca el artículo 78 de la Ley Aduanera para la determinación del valor de la mercancía extranjera, valoración que se conoce como alternativa pero la cual, bajo el texto expreso de ese numeral en cita se determinará «... aplicando los métodos señalados en dichos artículos en orden sucesivo y por exclusión ...», lo que significa que en el oficio materia de este juicio la demandada tenía la obligación imperiosa de motivar y fundar legalmente el porqué, de inicio, cada uno de los métodos contemplados en los artículos 64 y 71 no aplicaban al caso y en un segundo examen, volver a utilizar método por método con mayor flexibilidad hasta así llegar a justificar que el método de valor de precio unitario de venta que aplicó, es el que asiste a la mercancía objeto del procedimiento administrativo en materia aduanera. ... Por lo que al no haberse dado el seguimiento marcado en los preceptos legales antes referidos y transcritos, es incuestionable colegir que la determinación de la base gravable de los impuestos liquidados a la actora es ilegal por descansar en un método de valoración que no se apegó a lo dispuesto en los artículos 64, 71 y 78 de la Ley Aduanera, lo que provoca la nulidad de la liquidación cuestionada en esta instancia contencioso-administrativa para el efecto de que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, Baja California, emita una nueva resolución en la que funde y motive legalmente el método de valoración aduanera ...’. Por su parte, la impetrante argumenta que se violó en su perjuicio lo que prevén los artículos 238, fracción IV, y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, ya que la autoridad demandada se apoyó en un dictamen viciado, lo que propició que las circunstancias particulares de valorar la mercancía hayan sido equivocadas, lo que trae como consecuencia que los hechos que generaron el dictamen fueran apreciados en forma distinta a la realidad; por lo que la nulidad debió de decretarse en forma lisa y llana, no para efectos, y como apoyo cita la tesis aislada que aparece en la Novena Época. Materia (s): Administrativa. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, enero de 2002, tesis IV.2o.A.13 A, página 1316, de rubro: ‘NULIDAD LISA Y LLANA. SE PRODUCE CUANDO EL DICTAMEN EN QUE SE APOYA LA LIQUIDACIÓN NO REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES.’. Es infundado lo que aduce, ya que si el dictamen que determinó la clasificación arancelaria, cotización y avalúo, a criterio de la ad quem, carecía de fundamentación y motivación y además indica los lineamientos que se deben seguir para subsanar tal omisión, se actualiza lo que dispone la fracción II, bajo la hipótesis prevista en la fracción III, así como lo que establece el último párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice: ‘Artículo 239. La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales. IV. Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución impugnada. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este código. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 238 de este código, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales.’. Por su parte, el artículo 238, fracción II, en que se funda la responsable, es del contenido literal siguiente: ‘Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso ...’. En consecuencia, no le asiste la razón a la quejosa que se violentó lo que dispone la fracción IV del artículo 238 en comento, ya que si bien es cierto la misma establece lo siguiente: ‘Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ... IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas ...’. También lo es, que los hechos que la motivaron no son inexistentes, pues fueron reconocidos por las partes al no ser materia de controversia, y el vicio de forma del dictamen de clasificación arancelaria, cotización y avalúo, si bien al carecer de fundamentación y motivación, produjo que dicho dictamen fuera emitido sin observarse las disposiciones legales aplicables, ello fue únicamente para fijar la base gravable y determinar el crédito fiscal, evento que de manera alguna conlleva la nulidad lisa y llana, atento a lo dispuesto por la fracción III y último párrafo del artículo 239 en mención, que ordena la nulidad para efectos. Por las mismas razones y fundamentos citados con anterioridad, tampoco resulta violentado lo que dispone la fracción II del artículo 239 del código tributario en consulta, esto es, el declarar la nulidad de la sentencia, no implica que fuera lisa y llana, pues no lo dispone así dicha fracción, además debe estar sujeta a lo que disponen la fracción III y último párrafo del propio precepto como se dijo. Por lo expuesto, al existir disposición expresa en la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, que procede declarar la nulidad para efectos de la resolución administrativa impugnada con la condición de que se deben precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, cuando no se trate de facultades discrecionales, como en el caso; además de que el último párrafo del numeral en mención, lo reitera expresamente al reglamentar que cuando en la resolución administrativa, se dieran los supuestos previstos por la fracciones II y III del artículo 238 del código tributario en comento, como es la ausencia de fundamentación y motivación, se declararía la nulidad entre otros efectos, para que se emitiera nueva resolución, indicando la forma y términos como debe dictar su resolución la autoridad administrativa, lo que permite deducir tal facultad otorgada al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ahora responsable. Por todo lo anterior, no se comparte el criterio contenido en la tesis aislada que invoca la impetrante, que aparece en la Novena Época. Materia(s): Administrativa. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, enero de 2002, tesis IV.2o.A.13 A, página 1316, de rubro: ‘NULIDAD LISA Y LLANA. SE PRODUCE CUANDO EL DICTAMEN EN QUE SE APOYA LA LIQUIDACIÓN NO REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES.’, en consecuencia, procédase a denunciar la contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No escapa a este órgano colegiado, que el ad quem se pronunció además sobre diversos aspectos que argumentó como conceptos de nulidad la parte actora, que estimó infundados, como fue sobre el hecho de que el solo conducir el vehículo, no la exoneraba de responsabilidad; que las facultades del dictaminador estaban acreditadas, así como la competencia de los mismos, y lo relativo de que el bien mueble pasó a ser propiedad del fisco federal, quedaba firme al no haberse destruido la legalidad de la resolución impugnada en ese aspecto; son cuestiones que deben de quedar intocados por este órgano colegiado, al no formular la quejosa concepto de violación alguno al respecto, por tratarse el presente caso de estudio en estricto derecho, y no actualizarse ninguno de los supuestos de la suplencia de la queja que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo como se dio noticia, lo imposibilita resolver en lo relativo y permanecer incólumes en sus términos. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de las violaciones alegadas por la quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, emitió el criterio reflejado en la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, enero de 2002
"Tesis: IV.2o.A.13 A
"Página: 1316
"NULIDAD LISA Y LLANA. SE PRODUCE CUANDO EL DICTAMEN EN QUE SE APOYA LA LIQUIDACIÓN NO REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES. Según lo dispone el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, se declarará ilegal una resolución, si los hechos que la motivaron no se verificaron, fueron distintos o se apreciaron equivocadamente, o si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejaron de aplicar las debidas. Por otra parte, del análisis concatenado de los arábigos 48, 51 y 54 de la legislación aduanera vigente en mil novecientos noventa y seis, se desprende que cuando no sea factible precisar el valor de transacción de las mercancías importadas, en los términos previstos por los dos primeros dispositivos mencionados, para fijar su base gravable respecto del impuesto general de importación de las mercancías de origen y procedencia extranjera, ésta se determinaría conforme a los métodos contenidos en el último de los numerales en comento, en orden sucesivo y por exclusión. Por ello, si en el dictamen de clasificación arancelaria de mercancías de comercio exterior, emitido por el vista aduanal, no se especificó el método de valuación que se aplicó, ni el dispositivo legal que lo regula, la base gravable determinada para el cálculo del impuesto general de importación no estuvo debidamente fundada y motivada, lo que indefectiblemente acarrea la ilegalidad de la opinión técnica referida. Luego, si la autoridad hacendaria, al determinar el crédito fiscal, se apoya en la clasificación arancelaria viciada de origen, incurre en una violación de fondo que actualiza la nulidad lisa y llana de la resolución en cita, por emitirla en contravención de las disposiciones aplicadas."
Los precedentes que la integran son los siguientes:
• Revisión fiscal 63/2001. Administración Local Jurídica de Ingresos de Guadalupe, Nuevo León. 17 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Isaac González García.
• Revisión fiscal 61/2001. Administración Local Jurídica de Ingresos de Guadalupe, Nuevo León. 28 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: María Elena Cardona Ramos.
En la ejecutoria del último asunto, se sostuvo:
"QUINTO. Es infundado el agravio vertido por la recurrente. Carece de razón la inconforme al sostener en su único agravio, en esencia, que la Sala Fiscal debió declarar, en la sentencia combatida, la nulidad para efectos de la determinación fiscal materia del juicio y no lisa y llana como lo resolvió, pues, según afirmó, la emisión de la resolución impugnada, omitiendo señalar el procedimiento por medio del cual se determinó el valor de la mercancía, constituía un vicio formal y no de fondo como lo consideró la a quo, lo que transgredía sus derechos; lo anterior se estima así, porque contrario a los argumentos de la recurrente, la razón por la que se declaró la ilegalidad en comento, no fue la falta de motivación en la resolución impugnada respecto al método utilizado en ella, para determinar el valor de la mercancía y obtener la base gravable del impuesto al comercio exterior y del impuesto al valor agregado, sino específicamente, porque la resolución en comento determinó el crédito fiscal impugnado, apoyándose en un dictamen técnico de clasificación arancelaria, cotización y avalúo de mercancía de procedencia extranjera, viciado de origen, ello, al haberse determinado ilegalmente una base gravable para los impuestos antes señalados, no precisándose el procedimiento o método utilizado para obtener el valor de las mercancías en cuestión. Ahora bien, previo a la argumentativa y conclusión de esta ejecutoria, es necesario transcribir de la legislación aduanera vigente en mil novecientos noventa y nueve, lo reglamentado en los numerales que aquí interesan, y cuyo texto decía lo siguiente: ‘Artículo 64. La base gravable del impuesto general de importación, es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el artículo 71 de esta ley. Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar, el precio pagado por las mismas, siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 de esta ley, y que éstas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, precio que se ajustará, en su caso, en los términos de lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley. Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste.’. ‘Artículo 67. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 64 de esta ley, se considerará como valor en aduana el de transacción, siempre que concurran las siguientes circunstancias: I. Que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por el importador, con excepción de las siguientes: a) Las que impongan o exijan las disposiciones legales vigentes en territorio nacional. b) Las que limiten el territorio geográfico en donde puedan venderse posteriormente las mercancías. c) Las que no afecten el valor de las mercancías. II. Que la venta para la exportación con destino al territorio nacional o el precio de las mercancías no dependan de alguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. III. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías efectuada por el importador, salvo en el monto en que se haya realizado el ajuste señalado en la fracción IV del artículo 65 de esta ley. IV. Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o que en caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción. En caso de que no se reúna alguna de las circunstancias enunciadas en las fracciones anteriores, para determinar la base gravable del impuesto general de importación, deberá estarse a lo previsto en el artículo 71 de esta ley.’. ‘Artículo 71. Cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas en los términos del artículo 64 de esta ley, o no derive de una compraventa para la exportación con destino a territorio nacional, se determinará conforme a los siguientes métodos, los cuales se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión: I. Valor de transacción de mercancías idénticas, determinado en los términos señalados en el artículo 72 de esta ley. II. Valor de transacción de mercancías similares, determinado conforme a lo establecido en el artículo 73 de esta ley. III. Valor de precio unitario de venta determinado conforme a lo establecido en el artículo 74 de esta ley. IV. Valor reconstruido de las mercancías importadas, determinado conforme a lo establecido en el artículo 77 de esta ley. V. Valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78 de esta ley. Como excepción a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo el orden de aplicación de los métodos para la determinación del valor en aduana de las mercancías, previsto en las fracciones III y IV de este artículo, se podrá invertir a elección del importador.’. En resumen, el artículo 64 de la Ley Aduanera vigente en esa época, señalaba que la base para gravar con el impuesto general de importación a las mercancías de origen y procedencia extranjera, era precisamente el valor de aquéllas en aduana, que se traducía en el valor de transacción o precio erogado por el importador a favor del vendedor, concurriendo las circunstancias previstas por el artículo 67 de la misma ley y siendo vendidas para ser exportadas a México por compra realizada por el importador. Además, se precisaba la excepción a la regla de la valoración de mercancías, al contener el segundo párrafo la referencia directa al artículo 71 de la ley en cita. Por su parte el artículo 67 dictaminaba las circunstancias que propiciaban tomar como base el valor en aduana de las mercancías, estableciendo que de no concurrir aquéllas se debía acceder al numeral 71 para obtener tal valor. Por último, el numeral 71 de la ley aduanal, ordenaba que, como se dijo, cuando no pudiera determinarse el valor de transacción de las mercancías importadas, conforme al citado artículo 64, se determinaría conforme a los métodos que en el propio artículo se señalan, en orden sucesivo y por exclusión. Así, si en la especie, en la clasificación arancelaria de las mercancías de comercio exterior, el vista aduanal determinó la base gravable para el cálculo del impuesto general de importación, sin precisar mediante cuál de los procedimientos que establecía el aludido artículo 64 de la ley aduanal, fijó el valor de los productos en cita, no obstante que no era posible determinarlos conforme al valor de transacción (precio pagado por las mismas) por no concurrir las circunstancias previstas por el numeral 67 de la misma ley, debe concluirse que ello acarrea la ilegalidad de la opinión técnica referida, pues se incumple con lo que disponen los numerales transcritos al no establecer la autoridad fiscal el método mediante el cual fijó el valor de las mercancías, dejando al contribuyente en incertidumbre jurídica, precisamente por desconocer el procedimiento por el que se obtuvo el valor en comento, a más de que, es evidente que los numerales 64, 67 y 71 de la Ley Aduanera aplicables en el caso, estatuyen cargas a los particulares, por referirse a la base gravable del impuesto respectivo, por lo que se trata de normas de aplicación estricta, en términos del referido artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, tanto para los contribuyentes como para las autoridades fiscales. En efecto, de conformidad con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, las disposiciones que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, son de aplicación estricta, siendo estas normas, las que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y, como se vio, así acontece en la especie. Luego, se concluye que al no precisarse en el dictamen de clasificación arancelaria, cotización y avalúo de las mercancías, el método o procedimiento por el que se determinó el valor de aquéllas, obteniéndose la base gravable del impuesto general de importación, aquél se encontraba viciado originariamente y, si la autoridad hacendaria al emitir su resolución, la utilizó como sustento técnico para determinar el crédito fiscal al particular, resulta obvio que tal accionar se constituyó, a la postre, en el fruto de un acto defectuoso, incurriendo en una violación de fondo que actualiza el supuesto de la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, pues emitió el acto administrativo en contravención de las disposiciones aplicables, como lo sostuvo la Sala Fiscal. Acerca de la referida ilegalidad de acto de autoridad fruto de otro viciado, es aplicable la jurisprudencia que citó la Sala Fiscal en la sentencia recurrida, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página trescientos setenta y seis, Tomo VI (Materia Común), tesis quinientos sesenta y cinco, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que, por las razones que la informan, este órgano colegiado comparte y que a la letra dice: ‘ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.’ (se transcribe). En esas condiciones, al resultar infundado el agravio expuesto, se impone confirmar la sentencia sujeta a revisión."
Las mismas consideraciones se encuentran en el primer asunto citado (revisión fiscal 63/2001), sólo que ahí se refiere a los artículos 48, 51 y 54 de la Ley Aduanera, vigentes en mil novecientos noventa y seis, de contenido similar a los referidos en la transcripción antes realizada (artículos 64, 67 y 71, vigentes en mil novecientos noventa y nueve, cuyo contenido subsiste en la actualidad).
CUARTO. Una vez asentado lo anterior, debe precisarse si existe la contradicción de tesis señalada.
Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo, establece:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Para determinar cuándo existe contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, junio de 2000
"Tesis: 1a./J. 5/2000
"Página: 49
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia."
Una vez precisado lo anterior, a fin de verificar si existe la contradicción denunciada, deben tenerse presentes los antecedentes y la conclusión a la que cada Tribunal Colegiado arribó.
A) Del asunto del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, identificado como amparo directo 96/2005, se observa que la quejosa demandó la nulidad de un crédito fiscal por concepto de impuesto general de importación, impuesto al valor agregado, multas y recargos, ordenándose que el vehículo objeto del procedimiento administrativo en materia aduanera, por no haber acreditado su legal importación, estancia y tenencia en territorio nacional, pasa a propiedad del fisco federal.
La Sala Regional del Noreste 1 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para lo que aquí interesa, declaró la nulidad de la resolución impugnada, ya que la demandada, para la determinación del valor de la mercancía extranjera (valoración alternativa), debía motivar y fundar el porqué, de inicio, no aplicaba cada uno de los métodos contemplados en los artículos 64 y 71 de la Ley Aduanera y, en un segundo examen, volver a utilizar método por método hasta llegar a justificar el del valor del precio unitario de venta que aplicó, debiéndose apegar además al artículo 78 del mismo ordenamiento. Lo anterior, para el efecto de que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mexicali, emitiera nueva resolución en la que funde y motive el método de valoración aduanera.
En contra de esa determinación (declaratoria de nulidad para efectos), la contribuyente acudió a juicio de amparo (por considerar que la nulidad que procedía era lisa y llana), mismo que le negó el referido Tribunal Colegiado, en virtud de que la responsable determinó que el dictamen de clasificación arancelaria, cotización y avalúo que sirvió para fijar la base gravable y determinar el crédito fiscal, carecía de fundamentación y motivación, indicando los lineamientos a seguir para subsanar tal omisión, actualizándose lo que dispone la fracción II, en relación con la III y último párrafo del artículo 239, y fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, además de que no se trata de una facultad discrecional.
B) Por su parte, en la sentencia referida del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, se dice que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Ciudad Victoria determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto al comercio exterior, impuesto al valor agregado, impuesto sobre automóviles nuevos, multas y recargos.
La afectada promovió juicio de nulidad ante la Segunda Sala del Noreste del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, quien decretó la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada al apoyarse ésta para su emisión en un acto viciado de origen, como lo es una clasificación arancelaria, cotización y avalúo carente de la debida fundamentación y motivación, al no señalar el método o los elementos que determinaron el valor de la mercancía, siendo indebida la aplicación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19104-af94bbee/vehiculos-de-procedencia-extranjera-efectos-del-amparo-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LAUDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, ÉSTE DEBE COMPRENDER EL ESTUDIO INTEGRAL DE TODAS LAS ACCIONES P (CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2005-SS)
- PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE EXAMINAR ARGUMENTOS QUE EL TRABAJADOR NO PLANTEÓ AL PROMOVER EL INCIDENTE RELATIVO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2005-SS)
- RELACIÓN DE TRABAJO. PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS PARA OTORGARLES VALOR PROBATORIO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2005-SS)
- CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN RECLAMADOS. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EFECT (CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2005-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. DEBE CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA FALTA DE PROTESTA NO DISMINUYE LA VALIDEZ DE SUS ACTUACIONES.- (3547)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis