COPIAS CERTIFICADAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. ESTÁ PROHIBIDO EL COBRO DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE SU EXPEDICIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO), EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO), EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: ROBERTO ÁVILA ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, ya que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de materia común.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por el tercero perjudicado en un juicio de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Los criterios que originaron la denuncia de contradicción de tesis que ahora se resuelve son los siguientes:
1. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y tres la queja número 6/93, son, fundamentalmente, las siguientes:
"CUARTO. En el caso que nos ocupa, la resolución combatida no contraviene el espíritu y letra del segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Amparo, que dice: (se transcribe). Gramaticalmente el texto no deja lugar a dudas en cuanto a la exención en el pago de derechos que fiscalmente pudieran corresponder por la certificación de las copias, pero ello no significa que el interesado no deba cubrir el costo de la elaboración de esas copias, independientemente del método que se utilice para sacar los duplicados. La sustanciación del juicio se inicia con la presentación de la demanda, a la que pueden acompañarse eventualmente documentos justificativos de la representación legal expedidos por notarios públicos, sin que haya disposición alguna que obligue a estos fedatarios a expedir gratuitamente los testimonios que soliciten los interesados, aun cuando les manifestaran que los utilizarían en el juicio de garantías. El quejoso, conforme a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Amparo, acompañará copias simples de su demanda para las autoridades responsables, el tercero perjudicado, el Ministerio Público y para el incidente de suspensión, cuyo costo de elaboración, corre a cargo del propio quejoso, y si no se cumple con ese requisito, de acuerdo con el artículo 146 de la propia ley, previo requerimiento mediante auto preventivo, puede dar lugar a que se tenga por no interpuesta la demanda. Por otra parte, las autoridades responsables, atento a lo que dispone el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tienen la obligación de acompañar a su informe justificado, ‘copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe’, cuyo costo de elaboración evidentemente corre a su cargo, y la omisión en el envío de esas constancias puede sancionarse con multa de diez a ciento cincuenta días de salario. De los preceptos reseñados, podemos concluir que los quejosos y las autoridades responsables deben asumir los costos que sus respectivas promociones ocasionen, así como el de las copias certificadas que respectivamente adjunten a sus libelos, y este plano de igualdad resalta en el incidente de reposición de autos, regulado por el artículo 35 de la Ley de Amparo, que en lo relativo dice: (se transcribe). Entonces, de una apreciación lógica y armónica de dichos preceptos es correcto que el a quo estableciera que aun cuando de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo no le corresponda al quejoso pagar derecho alguno por la certificación de las copias, sí debe correr a su cargo el costo de la obtención, ya que ciertamente concierne a las partes interesadas, la aportación de pruebas. Y si el artículo 152 impone la obligación a los funcionarios y autoridades responsables de expedir con toda oportunidad las copias y documentos que les soliciten, ello no significa que habrán de cubrir el costo de elaboración, habida cuenta que en este aspecto ningún precepto estatuye que sean a cargo del erario federal o estatal. Luego dada la realidad jurídica derivada de los preceptos anotados, es inatendible la disconformidad acerca de que pretender cobrar a los quejosos el confeccionamiento de copias, el juicio de amparo quedaría en exclusiva al alcance de los privilegiados económicamente. Resultan insostenibles las afirmaciones dogmáticas del recurrente en el sentido de que el espíritu de la ley, la intención del legislador y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se orientan hacia que el proceso de amparo sea totalmente gratuito para los quejosos, amén de que la referencia a los precedentes no satisface los requisitos del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que no expresa el número de la tesis, el tribunal que lo integró ni mucho menos el rubro o texto de la misma, por lo que las mencionadas afirmaciones carecen de sustento."
Similares consideraciones a las anteriores sostuvo al resolver el trece de abril de mil novecientos noventa y tres la queja número 7/93.
2. Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el trece de abril de mil novecientos noventa y tres la queja número 11/93, son, fundamentalmente, las siguientes:
"CUARTO. ... resulta insostenible lo expresado por el recurrente en el sentido de que el legislador estableció en forma categórica en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, que la expedición de copias certificadas para la sustanciación del juicio de garantías no debería reporta cargo económico alguno, sino que la interpretación del dispositivo, conforme a su literalidad, lo es en el sentido de que la expedición de copias no causará contribución alguna. Ciertamente, el artículo 3o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías previene, en su segundo párrafo, que (se transcribe), entendiéndose por ésta, el pago de cualquier cuota sea cual fuere la naturaleza de ésta, en cuya acepción quedan comprendidos no únicamente un ‘tributo’ en el concepto jurídico de la palabra, sino la ‘cooperación’ que en los términos de nuestra legislación fiscal constituye un derecho; pago necesario para que la autoridad proceda a la expedición de copias de los documentos a ella solicitados. Lo anterior significa que debe diferenciarse entre las ‘contribuciones’ a que se refiere el artículo 3o. de la Ley de Amparo y el ‘costo económico del material necesario para obtener copias de los documentos solicitados en poder de las autoridades’. El término ‘contribuciones’ a que se refiere el precepto legal citado, está referido a una especie del gravamen en sentido genérico, a una carga económica de origen fiscal, la cual no está dirigida con el propósito específico de costear los gastos que significarán en su momento la expedición de copias certificadas, sino establecido con el propósito de que constituya un ingreso para la administración pública, usualmente destinado a formar el patrimonio de aquélla para la consecución de sus fines; en tanto que, por su parte, ‘la carga económica necesaria para la obtención de las copias de documentos’, no prohibida por el artículo 3o. de la Ley de Amparo por no constituir directamente una contribución de origen fiscal, está referido específicamente a los gastos necesarios para ese fin, tales como el costo de papel, entre otras cosas, y por lo tanto estas erogaciones no son de manera alguna ‘contribuciones’, por lo cual dichos gastos de que se trata no están comprendidos en la proscripción prevista por el mencionado artículo 3o. de la ley reglamentaria. Tampoco es admisible el razonamiento del recurrente al través del cual pretende establecer que la autoridad está obligada a expedir copias certificadas sin costo alguno para el quejoso, cuando la autoridad es la responsable causante de la violación a las garantías individuales y que por ello moral y jurídicamente está obligada a expedir las copias certificadas referidas. Es insostenible el anterior criterio porque se parte de un supuesto no probado, esto es, que la autoridad señalada como responsable sea la causante o haya incurrido en violación a los derechos fundamentales del gobernado, ya que para llegar al conocimiento de tal circunstancia habrá menester de que la justicia federal así lo declare en forma definitiva, y no que dicha presunción nazca por la simple afirmación de quien impetra la protección constitucional. También refiere el recurrente que ni el Código Fiscal, ni la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, señalan que los solicitantes de copias certificadas deban cubrir los gastos o costos de los materiales empleados en la elaboración de las mismas. Tal afirmación resulta inconsistente, puesto que si bien ninguna ley señala el cobro referido por el inconforme, lo que importa es que la Ley de Amparo exceptúa el cobro de contribuciones o derechos de origen fiscal, en tanto que los gastos propios para la obtención de copias, ya sea los erogados en su elaboración o por los materiales necesarios para ese fin, al no ser de origen fiscal, quedan de cualquier forma fuera del supuesto de exención a que se refiere el artículo 3o. de la Ley de Amparo, y es por ello que la erogación económica para la obtención de copias, por necesidad lógica está fuera de cualquier concepto de tipo tributario y por ello queda también fuera del principio de derecho que refiere el quejoso en el sentido de que ninguna autoridad podrá exigir cobro o establecer contribuciones que no están específicamente señaladas por la ley. Por otro lado, con independencia de lo referido por el Juez de Distrito en el sentido de que la autoridad responsable pueda o no contar con el presupuesto para sufragar el costo de expedición de copias, ello de ninguna manera provoca que el costo material de las mismas deba también incluirse en la excepción prevista por el artículo 3o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías. Por último, y en relación a que la expedición de copias debe ser total y absolutamente gratuita, esto es, incluso los gastos para su elaboración o materiales necesarios, porque a decir del recurrente que en caso contrario el juicio de amparo quedaría únicamente al alcance de los privilegiados económicamente, resulta ser también una aseveración inconsistente. Ciertamente, la simple obtención de copias, por el gasto que pudiera significar la obtención de las mismas, no puede considerarse de manera alguna como un impedimento para que el gobernado acuda al juicio de garantías y soporte su tramitación, desde el punto de vista económico, puesto que en principio la Ley de Amparo en su artículo 149 establece la obligación de las autoridades responsables de acompañar a su informe justificado, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, y por otro lado el legislador sí ha tenido en cuenta la situación económica de los gobernados en general y es por ello que a aquellos a quienes ha considerado con menor posibilidad, les ha dado un trato diverso, incluso en lo que respecta a la obtención material de determinados requisitos que pudieran significar un gasto aun y cuando no significativo, como lo es la obtención de copias certificadas de documentos, tan es así, que previó que en el caso de que los agraviados pertenecieran a la clase campesina, las copias necesarias para la sustanciación del juicio de garantías corren a cargo tanto de las autoridades como de la propia Justicia Federal, pues así se desprende de lo dispuesto en los artículos 221, 224, 226 y 229 de la Ley de Amparo, pero fuera de esos casos, habrá de seguir rigiendo lo dispuesto por el artículo 3o. del ordenamiento legal citado, en el sentido de que la obtención de copias certificadas para la sustanciación del juicio de garantías, no causará contribución alguna, sin que dentro de tal excepción se comprenda el gasto necesario para su obtención material, ya sea por los medios que se emplearon o por los materiales utilizados."
3. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito), al resolver el ocho de julio de mil novecientos noventa y tres el amparo en revisión número 142/93, son, fundamentalmente, las siguientes:
"CUARTO. ... Ahora bien, es cierto que en el escrito del director general y el delegado regional en Iguala, Guerrero, de la Comisión Técnica de Vialidad y Transporte del Estado, manifestaron que la expedición de las copias tantas veces aludidas, quedaba condicionada a que los solicitantes hicieran el pago de los derechos legales correspondientes, y que, esta condición, fue admitida por el Juez de Distrito en su acuerdo en el cual tuvo por contestado el requerimiento. La situación procesal reseñada, a todas luces contrarió lo dispuesto por el artículo 3o., último párrafo, de la Ley de Amparo pues conforme a dicho dispositivo ‘las copias certificadas que se expidan para la sustanciación del juicio de amparo, directo o indirecto, no causará contribución alguna’. No obstante la ilegalidad puesta de relieve, en que incurrió el resolutor de amparo, la cual jurídicamente puede considerarse impeditiva para que los agraviados pudieran obtener las copias de la documentación solicitada a las responsables, y, por ende, como causa de aquéllos no pudieran exhibirlas como prueba en el amparo, lo cual, evidentemente trascendió al resultado del fallo, afectando las defensas de los quejosos, todo ello es una cuestión no susceptible de estudiarse en el presente recurso de revisión y, por consecuencia, no apta para conducir a la revocación de la sentencia de sobreseimiento impugnada, porque la resolución del a quo en la cual se actualizó la contravención a la citada norma de la Ley de Amparo, no es de aquellas a que alude el artículo 83 de la misma ley como las combatibles mediante dicho recurso, sino que, es de las que menciona la fracción VI, del diverso numeral 95, del mismo ordenamiento legal, como de las que deben impugnarse mediante el recurso de queja; y en el caso, los perjudicados con la ilegal resolución del Juez de Amparo, no hicieron valer contra ésta el mencionado recurso de queja, por lo cual, el acuerdo de mérito, quedó firme en sus términos, surtiendo todos sus efectos, a cuya virtud, los promoventes del amparo quedaron obligados a actuar según las disposiciones del propio proveído, esto es, a acudir a las oficinas de las autoridades responsables a obtener, previo pago de los derechos legales correspondientes, las copias certificadas de los documentos que solicitaron a aquéllas. De lo hasta aquí expuesto, deviene la inoperancia del agravio donde los inconformes alegaron la violación en su perjuicio del referido artículo 3o. de la Ley de Amparo, pues aun cuando les asiste la razón en ese aspecto, según ha quedado dicho, ello no da motivo a la revocación del sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el juicio de amparo."
4. Las consideraciones del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito), al resolver el uno de junio de mil novecientos noventa y cinco la queja número 8/95, son, fundamentalmente, las siguientes:
"CUARTO. ... En efecto, carece de razón, el Juez de Distrito al proveer en forma genérica que no ha lugar a requerir al Juez municipal de Mapastepec, Chiapas, para que expida al quejoso las documentales que solicita en su escrito relativo, aduciendo que no se está en la hipótesis del artículo 152 de la Ley de Amparo, ya que se solicita la expedición de una constancia a elaborar en lo futuro, sin que exista la diligencia practicada, pues respecto a la copia certificada del citatorio que el quejoso requiere le remitió el citado Juez municipal para que se presentara a las once del día diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, es evidente que no se trata de una constancia que la referida autoridad municipal debiera elaborar en lo futuro, sino de un documento ya existente por haber sido formulado con anterioridad a la solicitud de su expedición, a fin de que el quejoso se presentara ante él, documento que, en el caso, el mencionado Juez tiene la obligación de expedir oportunamente por habérsele pedido para rendirlo como prueba en un juicio de garantías, por tanto no puede decirse que la solicitud del mencionado citatorio no sea de las copias o documentos a que se refiere el numeral 152 de la Ley de Amparo y, por lo mismo, el Juez Federal debió acordar favorablemente esa petición, empero como no lo hizo, lo procedente es declarar fundado el recurso que se plantea. Por el contrario, no tiene razón el recurrente cuando alega que el Juez de Distrito debió requerir al Juez municipal antes citado, para que expidiera las constancias que señala en su escrito de veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, esencialmente las contenidas en los incisos b) y c), pues si bien es verdad que conforme a lo preceptuado en el aludido artículo 152 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a las partes en un juicio de amparo, las copias o documentos que soliciten a fin de rendirlas como pruebas en la audiencia del juicio, verídico también lo es que conforme a una recta interpretación del referido dispositivo legal, las copias o documentos susceptibles de expedir, en el caso, son aquellas que se refieren a diligencias, actuaciones, oficios u otros similares que obren en los expedientes en trámite o archivados del juzgado municipal en que se soliciten, mas no como las que en la especie se piden de dicha autoridad, relativas a unas constancias de las que, como lo expresa el propio quejoso, no se levantó acta alguna y lo que se pretende obtener son constancias que la autoridad municipal deba expedir de lo que memorice o recuerde en relación a un conflicto suscitado entre el quejoso ********** y ********** por consiguiente, el Juez del amparo actuó conforme a derecho al negarse a requerir al Juez municipal para que expidiera las constancias que le fueron solicitadas por el quejoso, supuesto que como bien lo destacó, las aludidas probanzas no son de las copias o documentos a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo, de ahí que por tales conceptos se considere infundado el recurso de queja."
Similares consideraciones a las anteriores, sostuvo al resolver el once de enero de mil novecientos noventa y seis, el amparo en revisión número 427/95.
5. Las consideraciones del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis el amparo en revisión número 355/96, son, fundamentalmente, las siguientes:
"III. ... Esta abulia se encuentra corroborada con lo alegado en el quinto agravio (foja 3), en el que invoca infracción al numeral 3o. de la legislación mencionada, bajo el argumento de que el costo de las copias certificadas de diversas constancias que solicitó de la Junta señalada como responsable, del natural 43/93, tiene la calidad de derecho o contribución, circunstancia del todo equívoca, ya que constituye una erogación tendiente a obtener y aportar elementos de convicción para dilucidar el amparo instado por la peticionario (sic) de garantías."
Las consideraciones anteriores dieron lugar a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IV, agosto de 1996
"Tesis: I.5o.T.14 K
"Página: 650
"COPIAS CERTIFICADAS, EL COSTO DE LAS MISMAS A CARGO DEL PROMOVENTE NO TIENE LA CALIDAD DE DERECHO O CONTRIBUCIÓN. No existe violación al numeral 3o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, cuando la autoridad señalada como responsable acuerda expedir a costa del solicitante las copias certificadas requeridas de diversas constancias del juicio natural, dado que ello no es de considerarse como derecho o contribución, ya que en realidad se trata de una erogación del peticionario, tendiente a obtener y aportar los elementos de convicción para dilucidar el amparo instado por él.
"Amparo en revisión 355/96. Sucesión intestamentaria a bienes de Raúl Chávez Rico. 28 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretario: Martín Borrego Dorantes."
6. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el veintitrés de octubre de dos mil tres la queja número 35/2003, son, fundamentalmente, las siguientes:
"TERCERO. ... Se dice que no asiste razón a los promoventes del recurso de queja, porque contrariamente a lo que aducen, la Juez de Distrito no transgredió ninguno de los preceptos legales señalados por los quejosos, ni aun considerando los motivos que al respecto expresan. En efecto, el artículo 3o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, textualmente prescribe: (se transcribe). Con relación al invocado numeral, debe decirse que cuando la autoridad señalada como responsable acuerda expedir, a costa del solicitante, copias certificadas requeridas de diversas constancias, ello no debe considerarse como una contribución, toda vez que, en realidad, se trata de una erogación que corresponde realizar el mismo peticionario, que cubre el costo del material empleado para obtener la reproducción de los originales que le interesan; además de que ciertamente, la erogación respectiva tiende a satisfacer un interés particular y no público, constituido por la pretensión del solicitante de las copias de que se trate, para aportarlas como elementos de convicción en un juicio de amparo, todo lo cual revela que en el caso a estudio, de ninguna forma existe rompimiento del principio de gratuidad en la impartición de justicia, porque se insiste, la cantidad correspondiente al costo de las copias certificadas que los quejosos pretenden obtener, no está referida al cobro de alguna contribución o concepto análogo. Tiene aplicación al respecto, la tesis número I.5o.T.14 K, sostenida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en cuyo contenido este tribunal coincide, publicada en la página 650, Tomo IV, agosto de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COPIAS CERTIFICADAS, EL COSTO DE LAS MISMAS A CARGO DEL PROMOVENTE NO TIENE LA CALIDAD DE DERECHO O CONTRIBUCIÓN.’ (se transcribe). De igual manera, es infundado que la determinación recurrida en la parte de la que se quejan los promoventes de este recurso, transgreda los numerales 151 y 152 de la Ley de Amparo, los cuales conviene transcribir: (se transcriben). Así las cosas, de la lectura de los referidos artículos, de ninguna manera se desprende que los Jueces de amparo, puedan o deban eximir a los quejosos del costo que represente la expedición de las copias de los documentos que soliciten a las autoridades responsables para aportarlos como prueba en el juicio de garantías, antes bien, lo que sí se advierte del numeral 152 anteriormente transcrito, es que dichos juzgadores deben requerir a las autoridades responsables para que expidan las copias que les fueren solicitadas por los interesados, cuando previamente esa solicitud se les haya formulado oportunamente y no obstante omitan expedirlas para lo cual, el Juez de galanías (sic) aplazará la audiencia constitucional dentro de un término que no exceda de diez días, y podrá hacer uso de los medios de apremio necesarios para obtener la finalidad perseguida. En el caso examinado, de las actuaciones que informan a esta alzada, obra copia certificada de la promoción de los quejosos de diez de septiembre del año que corre, en la que solicitaron a la Juez de amparo requerir al registrador público de la propiedad y del comercio del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, que expidiera, sin costo alguno, las copias certificadas de los documentos que previamente habían solicitado a esa autoridad, precisando que el mencionado registrador pretendía cobrar un arancel por la expedición de las citadas copias. Pues bien, en primer lugar y según se desprende del señalado ocurso presentado por los quejosos ante la Juez Federal, se advierte que, en realidad, el registrador al que aluden no les negó la expedición de las copias a que se refieren, sino que a decir de los quejosos, para ello indicó que cobraría un arancel por expedirlas, de ahí que en principio, no existe negativa u omisión de esa autoridad responsable a cumplir lo prescrito en el artículo 152 de la Ley de Amparo. En segundo lugar, como ya se dijo, la autoridad de amparo no puede ni debe eximir a los interesados del costo que represente la expedición de las copias que pretenden aportar como prueba en el juicio de garantías, porque la única obligación de la Juez de garantías, es requerir a la autoridad omisa que expida los documentos copias requeridos por la parte quejosa, y en caso de omisión de la autoridad de que se trate, apercibirla del delito en que incurriría en caso de desobedecer ese mandato judicial, por lo que en la especie y desde este otro enfoque, tampoco se actualiza la hipótesis legal contenida en el tantas veces citado numeral 152 de la Ley de Amparo."
Similares consideraciones a las anteriores sostuvo al resolver el seis de noviembre de dos mil tres las quejas números 41/2003, 42/2003 y 43/2003.
7. Las consideraciones del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veinte de junio de dos mil cinco la queja número 50/2005, son, fundamentalmente, las siguientes:
"6. ... Por cuestión de técnica, se analiza a continuación, el tercer agravio, en el cual, la recurrente hace valer que el fallo impugnado viola el artículo lo dispuesto (sic) en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, ya que al haberse resuelto que se requiriera a los quejosos para que en el lapso de tres días se presentaran en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que previo pago de las copias solicitadas, se expidieran las mismas o bien, para que manifestaran haber pagado la expedición de dichas copias, se propició el cobro de una cantidad por las copias certificadas, dando origen así, a una contribución prohibida por el precepto legal antes citado. Al respecto, este tribunal sostiene el criterio consistente en que el recurrente no tiene la obligación de pagar cantidad alguna, por concepto de la expedición y certificación de las copias relativas a los documentos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puso a su disposición, en atención al requerimiento que le fue formulado por la Juez de Distrito en el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil cuatro. Para robustecer el aserto antes alcanzado, deben citarse los artículos 3o. y 152 de la Ley de Amparo, que a la letra rezan: (se transcribe). Los preceptos legales antes invocados, ponen de manifiesto, que en el juicio de amparo (ya sea directo o indirecto), las copias certificadas que se expidan para su sustanciación, no podrán generar contribución alguna. Se observa pues, que en la ley reglamentaria en cita, se confiere a las partes contendientes, el derecho de gratuidad de copias certificadas en un juicio de amparo, lo cual se entiende si se tiene presente, que la naturaleza jurídica de este juicio, es la de un procedimiento en el cual se dirimen controversias que derivan de violaciones a las garantías individuales conferidas a los gobernados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, en la defensa de las mismas, quienes se consideren afectados en su esfera jurídica por un acto de autoridad, deben contar con el mayor auxilio en el procedimiento instaurado y con el menor número posible de obstáculos para acreditar las violaciones hechas valer en la demanda correspondiente. En este sentido, el artículo 152 del ordenamiento legal en estudio, retoma el ideal expuesto en el párrafo que antecede, pues se impone expresamente a los funcionarios públicos y autoridades, la obligación de expedir con toda oportunidad a las partes, las copias o documentos que soliciten, con el fin de que puedan rendir las pruebas que hayan ofrecido en el juicio; estableciendo también, que si dichas autoridades o funcionarios no cumplieron con esa obligación, la parte interesada podrá solicitar del Juez que los requiera en caso de omisión. Consecuentemente, debe atenderse al objetivo intrínseco que se plasmó en los artículos 3o. y 152 de la Ley de Amparo, el cual se traduce en facilitar y auxiliar a las partes contendientes la tramitación de las pruebas que se estimen conducentes para la acreditación de las pretensiones hechas valer en la demanda de amparo que corresponda, lo cual trae consigo, la gratuidad de la expedición y certificación de las copias de los documentos que se hubiesen requerido a cierta entidad, con la finalidad de que el juzgador cuente con medios de convicción suficientes para emitir una resolución apegada a derech
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21107-f8fc7f8d/copias-certificadas-para-la-sustanciacion-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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