DESPIDO JUSTIFICADO. EL AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEBE ENTREGARSE AL TRABAJADOR DENTRO DEL PLAZO DE UN MES O DEPOSITARLO ANTE LA JUNTA DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA NEGADO A RECIBIRLO, PUES DE LO CONTRARIO OPERARÁ LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO RELATIVO DEL PATRÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, actualmente Primero de la misma materia y circuito, el veinte de abril de mil novecientos ochenta y ocho, al resolver el juicio de amparo directo 132/87, promovido por Ferrocarril del Pacífico, S.A. de C.V., se apoyó en las consideraciones siguientes:
"TERCERO. Los anteriores conceptos de violación que se esgrimen a favor de la fuente de trabajo demandada Ferrocarril del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable, son sustancialmente fundados. En efecto, en el primero de ellos fundamentalmente se alega que la Junta responsable aplicó inexactamente el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo en el laudo combatido al declarar que operó la prescripción invocada por el trabajador actor respecto del derecho de la demandada a despedirlo por la falta que se le imputa y en que se apoyó la rescisión de la relación laboral que califica de injustificada, ya que, continúa la peticionaria, la emitente del acto reclamado no tomó en cuenta que la falta de mérito se cometió entre los días nueve y diez de agosto de mil novecientos ochenta y cinco y que el despido cuestionado se decretó el ocho de septiembre siguiente, esto es, dentro del término previsto por el numeral en cita, por lo que evidentemente aún no prescribía el derecho correspondiente y por ende, la decisión apuntada resulta violatoria de garantías constitucionales. Ciertamente, en lo que aquí interesa, la responsable en esencia argumentó, que a virtud de que en el juicio natural se acreditó que la empresa demandada tuvo conocimiento el nueve de agosto de mil novecientos ochenta y cinco de que en Jocotán, Jalisco, lugar en que laboraba el actor se encontraron tirados fuera de un vagón a su cargo, veintitrés sacos de azúcar, se disponía como máximo hasta el ocho de septiembre subsecuente para aplicarle la sanción disciplinaria correspondiente, por lo que al haberlo realizado en forma verbal hasta el día siguiente, o sea, el nueve de ese mismo mes, se excedió del término de un mes que para ello prevé el numeral 517 de la legislación obrera en vigor, razón por la cual decidió condenar a la ahora agraviada al pago de las reclamaciones que se le hicieron. Sin embargo, como certeramente lo indica la quejosa, la conclusión apuntada infringe en su perjuicio el principio de congruencia previsto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, con la consecuente violación constitucional, habida cuenta de que contra lo que sostiene la responsable, el despido del trabajador actor se decretó el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco y no como señala, el nueve de dicho mes, lo cual se demostró plenamente con la documental que describe la disconforme en su demanda de garantías a estudio, que aparece a fojas 54 del cuaderno laboral de origen, de la que se desprende que desde aquella fecha se trató de localizar al accionante en su domicilio particular sito en la calle Eucalipto número 1430, colonia del Fresno, de esta capital, para comunicarle la rescisión laboral en comento, documental que adquirió plena eficacia demostrativa al ser ratificada por las personas que intervinieron en su formación (folios 104, 105 y 107, respectivamente), de lo que se colige, que aun en el supuesto de que la institución ferroviaria demandada hubiera tenido conocimiento de la falta que se atribuye al actor, en la fecha que precisa la responsable, esto es, el nueve de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, aplicó la sanción respectiva dentro del término de un mes que al efecto establece el invocado precepto legal 517 del ordenamiento jurídico en consulta, pues evidentemente que el periodo relativo se interrumpe desde el momento en que se dicta la medida disciplinaria y no hasta que ésta se le comunica al trabajador interesado, ya que estimar lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio el derecho que sobre el particular confiere la ley a la parte patronal, pues bastaría con que el trabajador dejare de concurrir a sus labores, los días en que considerara se le iba a notificar el despido relativo, para impedir que se le sancionara por la falta cometida, razón por la que es inconcuso, que en la especie, la empresa demandada aplicó la sanción de que se trata, dentro del término que le otorga la ley, lo que motiva a concluir que contrariamente a lo que sostiene la responsable, no se encontraba prescrito su derecho en la fecha en que lo ejercitó, por lo que al no considerarlo así infringe en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales."
De las consideraciones preinsertas derivó la tesis cuyo texto y datos de localización son:
"MEDIDA DISCIPLINARIA, PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DEL PATRÓN A IMPONER LA, CASO EN QUE NO OPERA. Es inexacto que opere la prescripción del derecho del patrón a sancionar a sus empleados, porque se les notifique la medida disciplinaria correspondiente fuera del término previsto por el artículo 517, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, si demuestra que dictó la sanción de mérito dentro del lapso de referencia, ya que con este acto agota el derecho que la ley le otorga; estimar lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio el derecho que sobre el particular confiere la ley a la parte patronal, pues bastaría con que el trabajador dejara de concurrir a sus labores los días en que considerara se le iba a notificar el despido relativo, para impedir que se le sancionara por la falta cometida." (Octava Época, Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, página 409).
CUARTO. El criterio sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, el tres de septiembre de mil novecientos noventa y uno, al resolver el juicio de amparo directo 359/91, promovido por Juan Polo Bernabé, se apoyó en las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación. Si bien el aviso de rescisión cuya copia obra a foja sesenta y siete del expediente de origen, se encuentra fechado el catorce de julio de mil novecientos ochenta y nueve, sin embargo, tal circunstancia no implica que ese día se haya notificado al actor, máxime que existen datos de los que se infiere que se hizo del conocimiento del trabajador el veintisiete de julio de ese año, y que al negarse a recibirlo, el instituto demandado solicitó la intervención de la Junta el uno de agosto siguiente, para que por su conducto se practicara la notificación. En efecto, el propio argumento del quejoso desvirtúa sus aseveraciones, pues si como dice, la copia de la tarjeta checadora demuestra que después del catorce de julio siguió laborando, esto implica que no se le dio el aviso de rescisión en tal fecha, porque de haber sido así, lo lógico y natural es que ya no se le hubiera permitido seguir trabajando, siendo, por lo tanto, más verosímil que se le haya notificado el veintisiete del propio mes de julio, ya que de la misma tarjeta se observa que hasta esa fecha checó su entrada (foja treinta y uno). Por otra parte, de acuerdo con el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, de manera que como bien lo alegó el instituto al contestar la demanda, contaba con un mes, a partir de la última falta de asistencia, para ejercitar la acción de despido así que, bien pudo suceder que el aviso de rescisión tuviera una fecha determinada y que se notificara al trabajador en otra, debiendo entenderse que ese lapso lo empleó el patrón en reflexionar en la conveniencia de la separación. En el caso, se encuentra plenamente demostrado que el aviso de rescisión se le notificó a Juan Polo Bernabé aproximadamente a las trece horas con treinta minutos del veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y nueve, en las oficinas de relaciones laborales ubicadas en el número sesenta y tres de la calle Seis Norte de esta ciudad de Puebla, y que al negarse a recibirlo, el instituto solicitó la intervención de la Junta el uno de agosto siguiente, a fin de que por su conducto se practicara la notificación pues obra en autos copia del acta administrativa de veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y nueve, en la que Luis Ramón Álvarez Aguilar y María del Consuelo N. García Martínez, relataron los hechos sucedidos en la hora y día mencionados, por cuanto a que ante ellos compareció Juan Polo Bernabé y le notificaron el oficio número 2.26/1241 de fecha catorce de ese propio mes, por el que se le comunicaba la rescisión de su contrato individual de trabajo, que contenía las causas de la misma, y que se negó a firmar de recibido (foja sesenta y cuatro). Esta acta fue debidamente ratificada en cuanto a su contenido y firma por los que en ella intervinieron, tal como aparece en la diligencia de veintitrés de agosto de mil novecientos noventa, y a pesar de las repreguntas que formuló el actor por conducto de su apoderado, no fueron desvirtuados los hechos contenidos en la misma, por lo que, tal documento aun cuando fue objetado, al haber sido ratificado adquirió valor probatorio. Es aplicable en la especie la jurisprudencia 47 visible en la página 80 de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘ACTAS ADMINISTRATIVAS. EN INVESTIGACIÓN DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS.’ (se transcribe). En contra de lo alegado por el quejoso, debe decirse que de las respuestas que dieron Luis Ramón Álvarez Aguilar y María de Consuelo N. García Martínez, a las repreguntas formuladas por el actor, se corrobora la certeza de los hechos narrados en el acta administrativa de que se trata, pues coincidieron en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se practicó la notificación del aviso de rescisión, a la causa de la misma y en general al contenido de dicho aviso, tal como se observa de la diligencia de veintitrés de agosto de mil novecientos noventa, que obra a foja ochenta y cuatro del expediente de origen. Ante tal situación, debe concluirse que la notificación del aviso de rescisión se practicó de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, de tal forma que resulta inaplicable la tesis jurisprudencial invocada por el quejoso, máxime que se acreditó que el despido fue justificado."
De las consideraciones preinsertas derivó la tesis cuyo texto y datos de localización son:
"RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, AVISO DE. FECHA DE SU NOTIFICACIÓN. De acuerdo con el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, de manera que, puede suceder que el aviso de rescisión contenga una fecha determinada y que se notifique en otra al trabajador, pues debe entenderse que entre otros motivos, la ley concede ese término al patrón para reflexionar sobre la conveniencia de la separación." (Octava Época, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, abril de 1992, página 616).
QUINTO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, al resolver el juicio de amparo directo laboral 739/2004, promovido por el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, se apoyó en las consideraciones siguientes:
"SEXTO. Los conceptos de violación propuestos son ineficaces. La Junta responsable, mediante laudo dictado el veintiocho de julio de dos mil cuatro, determinó que la actora Ma. de los Ángeles Díaz Vidaure, acreditó su acción y, por su parte, el demandado Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, no logró demostrar sus defensas y excepciones; en consecuencia, condenó al demandado a la reinstalación de la parte actora en el puesto de técnico laboratorista en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando, prestación marcada con el inciso A); así como a pagar a la actora las prestaciones marcadas con los incisos B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P) y Q) en el escrito inicial de demanda y toda vez que la prestación reclamada en el inciso R) es accesoria a la principal, la consideró procedente. Para arribar a la anterior conclusión, la Junta responsable, partió de tres premisas fundamentales a saber: a) Que debía tomarse en cuenta como base para tener por comprobadas las faltas o errores cometidos por la actora, para efectos de computar el término de prescripción a que se refiere el segundo de los supuestos contemplados en la fracción I del artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que la prescripción empieza a correr a partir del momento en que se comprueban los errores cometidos, el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, lo que tuvo por acreditado con el oficio número 00062, de quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, suscrito por la Contraloría Interna del instituto demandado, en el cual se establecen los hechos y las faltas que se le reprocharon a la actora y que se le notificó a la dirección del mismo instituto, el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Lo anterior, lo tuvo por corroborado con el citatorio de trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual se citó a la parte actora para el levantamiento del acta administrativa de referencia, que derivado de la investigación realizada al Laboratorio Estatal de Salud Pública, por la Contraloría, se estableció que se comprobó la participación de la actora en actividades que contravienen la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otros ordenamientos, lo que de la misma manera quedó asentado en el acta administrativa de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y en el aviso de despido que se le notificó a la actora el diecisiete de enero de dos mil. En razón de lo anterior, concluyó que el plazo de un mes para efectos de la prescripción, inició el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y concluyó el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por lo que estimó que transcurrió en exceso el término de un mes que tuvo la parte patronal para rescindir la relación laboral, al haberla rescindido hasta el diecisiete de enero de dos mil. b) Que aun cuando se considerara que el acta administrativa de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, interrumpe el término de prescripción, de todas maneras operaría porque transcurrió en exceso el término de un mes que tenía la parte patronal para rescindir la relación laboral, ya que dicho término empezaría a correr el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y concluiría el catorce de enero de dos mil, lo anterior, en tanto que la rescisión de la relación laboral se notificó a la parte interesada hasta el diecisiete de enero de dos mil, es decir, fuera del término señalado. c) Que por lo que respecta a la fe de hechos de doce de enero de dos mil, de igual manera que el acta administrativa, al no haber sido parte de la investigación ni fundamento de la rescisión de la relación de trabajo, dado que se realizaron después de la investigación, no interrumpen la prescripción, aunado al hecho de que no fueron objeto de los citatorios ni del levantamiento del acta administrativa que motivó el despido. Por lo anterior, fue que la Junta responsable, en atención a las documentales relativas al oficio número 00062 de referencia, al citatorio para el levantamiento del acta administrativa y al aviso de despido, determinó que se actualizó la prescripción a favor de la parte actora, reafirmando su determinación con lo establecido en las tesis que citó bajo los rubros: ‘INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. SI SE EFECTÚA ÉSTA SIN ESTAR OBLIGADO EL PATRÓN, DEBE REALIZARLA DENTRO DEL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 517, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’, ‘PRESCRIPCIÓN, CÓMPUTO PARA LA. TRATÁNDOSE DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA.’ y ‘RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DEL PATRÓN. CÓMPUTO DEL TÉRMINO.’. En primer término, es pertinente señalar que, respecto de la consideración emitida por la Junta responsable, que precisada quedó en el inciso a) reseñado con anterioridad, si bien es cierto que con la auditoría practicada al Laboratorio Estatal de Salud Pública, con extensión a la Subdirección de Regulación Sanitaria efectuada por Contraloría la que notifica el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, con número de oficio 00062 adjuntando sus resultados, el citatorio de trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, para el efecto de levantar el acta administrativa, así como el acta administrativa de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la demandada tuvo conocimiento de la participación de la actora en actividades que contravienen la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otros ordenamientos normativos laborales, en relación con los hechos que se le atribuyen, como lo determinó la Junta responsable; no menos cierto es, que de ello no se sigue que desde ese momento debería empezar a contarse el término para la prescripción del derecho que tenía la demandada para rescindir la relación laboral. En efecto, el artículo 38 de las condiciones generales de trabajo, dispone lo siguiente: ‘Artículo 38. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo 46 de la ley, el jefe superior de la oficina correspondiente procederá a levantar el acta administrativa con intervención del trabajador y un representante del sindicato, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y descargo que se propongan. El acta se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiéndose entregar en ese mismo acto una copia al trabajador y otra al representante sindical, quienes acusarán el recibo correspondiente. Para los efectos del párrafo anterior, los citatorios correspondientes deberán girarse cuando menos con veinticuatro horas de anticipación al trabajador y al representante sindical respectivo. En estos citatorios se precisará objeto, fecha, hora, y lugar determinados para la celebración de la diligencia.’. Por su parte, el artículo 46, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece lo siguiente: ‘Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa.’. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas: ‘... V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos siguientes: ... a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad y honradez ...’. De estos numerales se infiere que para que el Estado pueda rescindir la relación laboral por alguna falta en que hubiera incurrido el trabajador deberá proceder en todos los casos a la investigación respectiva, tanto es así que por ello en el primero de los preceptos legales transcritos se establece la necesidad de levantar un acta administrativa para después determinar lo procedente; por tanto, la prescripción para la acción que tiene el Estado para despedir a los servidores públicos deberá empezar a correr después de la conclusión de las investigaciones que se hayan realizado, las que concluyen levantada el acta administrativa correspondiente, lo que en el caso ocurrió el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por tanto la consideración examinada carece de sustento legal. Lo anterior así ha sido determinado por la desaparecida Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia, consultable en la página 102, Tomo V, parte SCJN (sic) del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Séptima Época, que dice: ‘DESPIDO, INVESTIGACIÓN PREVIA AL. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DEL PATRÓN PARA EFECTUARLO.’ (se transcribe). En el caso particular, las faltas imputadas a la trabajadora, relativas a análisis microbiológicos, comparecencias, aviso de apertura, representación de diversos establecimientos y solicitudes, ameritaba una investigación, de cuyo resultado dependía la determinación correspondiente, razón por la que el término para la prescripción de la acción de despido corre, en esos casos, a partir de la fecha en la que se haya concluido la investigación administrativa correspondiente lo que en el caso sucedió, como antes se señaló, el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y no a partir del momento en que conozca del acto o hecho que se investigue como causa de la rescisión del contrato de trabajo, como lo estimó la Junta responsable, en la primera hipótesis examinada. Por otra parte, por lo que se refiere a la consideración emitida por la Junta responsable, referida en el inciso b) de este considerando, el instituto quejoso, aduce en sus conceptos de violación que el laudo reclamado vulnera en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no fue dictado conforme a la letra de la ley, ni a su interpretación jurídica y mucho menos bajo el apoyo de los principios generales del derecho. Lo anterior, afirma, en virtud de que contrario a lo argumentado por la Junta responsable, el despido relativo no se encuentra prescrito porque el acta administrativa sí interrumpe el término de la prescripción de un mes, en atención a que en las condiciones generales de trabajo que obran agregadas dentro del sumario laboral de origen, en su artículo 38 se dispone que impera sobre el patrón la realización de la investigación y levantar el acta administrativa correspondientes, para así estar en aptitud de concederle garantía de defensa a los trabajadores, con el propósito de no resolver de manera injusta y arbitraria, respecto de las imputaciones hechas al empleado, toda vez que las investigaciones requieren tiempo y no se realizan de manera instantánea. Agrega, que el levantamiento del acta administrativa y la investigación, viene a constituirse en una garantía de audiencia a favor de la parte obrera, quien puede en todo momento ofertar los medios de convicción que ayuden a desvirtuar la imputación que se hace en su contra, para que así la parte patronal esté en mejor aptitud de pronunciarse al respecto. Los anteriores argumentos son ineficaces. En el caso, efectivamente fue a través del acta de catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (foja 38 del tomo I), que la patronal constató los hechos que se le imputan a la actora, ya que precisamente fue citada la misma para que los justificara, lo que no aconteció, y que mediante dicha acta fue con la que concluyó la investigación administrativa, por lo que, como antes se precisó debe estimarse que el término prescriptivo a que se refiere el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, para que la patronal despidiera a su trabajador, inició a partir del catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ya que de conformidad con el artículo 38 de las condiciones generales de trabajo, era necesario el procedimiento de investigación previo al despido a fin de que la actora justificara los hechos que se le imputan, y es ahí donde el instituto demandado realmente determinó que la actora incurrió, a su juicio, en las causas que se invocaron como motivos para rescindir la relación laboral que existía con la parte actora. Sin embargo, como lo determinó la Junta responsable, en el caso opera la prescripción del derecho del patrón a sancionar a la actora, puesto que la rescisión de la relación laboral se le notificó fuera del término previsto por el artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, aun cuando pueda admitirse que el dictamen respectivo haya sido emitido el catorce de enero de dos mil, ya que no es legalmente factible tomarse en cuenta la fecha en que se emitió el dictamen para tener por rescindida la relación laboral, sino la fecha en la que se llevó a cabo la notificación correspondiente. En efecto, la fecha en que se emitió el dictamen de rescisión de la relación laboral, no debe entenderse como aquella en que se actualiza la causa de rescisión, sino la en que surte efectos la notificación del aviso, ya que éste se actualizará al momento de ser recibido, pues precisamente la fecha en que se rompe el vínculo laboral es a partir del momento en que el actor recibió el aviso en que se le comunica tal determinación. Por consiguiente, para tener como legalmente rescindida la relación laboral, se requiere que la parte trabajadora hubiese sido notificada o tenido pleno conocimiento de la rescisión de su contrato de trabajo dentro del término de un mes que establece el multicitado artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, habida cuenta de que el hecho generador del despido no trae aparejado implícitamente el cese automático del trabajador, pues es necesario que esa decisión la comunique el patrón al interesado para que se traduzca en la terminación de la relación laboral, y es a partir de este momento que se tiene por rescindida la misma, sin que tal notificación constituya un mero formulismo, sino que tiene por finalidad que el trabajador conozca plenamente los motivos de su cese o las causas del despido. Por tanto, si en el caso el instituto demandado emitió el dictamen en el que se tuvieron plenamente demostradas las causas que dieron origen a la rescisión de la relación laboral, el catorce de enero de dos mil, pero dicho dictamen se notificó a la parte actora hasta el diecisiete de enero de dos mil, es inconcuso que, como lo estableció la Junta responsable, se hizo fuera del término de un mes que refiere el artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, es decir, fuera del término que la patronal tenía derecho para rescindir la relación de trabajo que mantenía con la actora. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia XVII.2o. J/3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, visible en la página 120, que dice: ‘RESCISIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE UN TRABAJADOR. NO DEBE ATENDERSE A LA FECHA DEL AVISO PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN SINO A LA FECHA EN QUE REALMENTE SE HIZO LA MISMA.’ (se transcribe). Por lo anterior, debe decirse que las tesis que el instituto quejoso citó bajo los rubros: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESCISORIA, CÓMPUTO DEL TÉRMINO (ARTÍCULO 522 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).’, ‘PRESCRIPCIÓN. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN CASO DE ACCIÓN DE DESPIDO.’, ‘RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO, AVISO DE. FECHA DE SU NOTIFICACIÓN.’ y ‘MEDIDA DISCIPLINARIA, PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DEL PATRÓN A IMPONER LA, CASO EN QUE NO OPERA.’, no son aplicables al caso concreto, puesto que, el criterio contenido en ellas se refiere a que el cómputo de un mes para efectos de la prescripción de la rescisión de la relación laboral, debe computarse por el número de días que le corresponda al de la fecha en que sea ejercitable la acción respectiva, como lo ordena el artículo 522 de la Ley Federal del Trabajo, o sea, mes-calendario y no un lapso cualquiera de treinta días naturales, es decir, que debe tomarse como punto de partida una fecha determinada de un mes, y en el caso, esa circunstancia no está a discusión, sino la fecha exacta en que debe tomarse en consideración para realizar el cómputo respectivo; asimismo, establecen que puede suceder que el aviso de rescisión contenga una fecha determinada y que se notifique en otra al trabajador y que debe entenderse que, entre otros motivos, la ley concede ese término al patrón para reflexionar sobre la conveniencia de la separación y que es inexacto que opere la prescripción del derecho del patrón a sancionar a sus empleados, porque se les notifique la medida disciplinaria correspondiente fuera del término previsto por el artículo 517, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, criterio que este órgano colegiado no comparte, en virtud de que, como se dijo, para tener como legalmente rescindida la relación laboral, se requiere que la parte trabajadora hubiese sido notificada o tenido pleno conocimiento de la rescisión de su contrato de trabajo dentro del término de un mes que establece el precepto legal en cita, habida cuenta de que el hecho generador del despido no trae aparejado implícitamente el cese automático del trabajador, pues es necesario que esa decisión la comunique el patrón al interesado para que se traduzca en la terminación de la relación laboral. Por otra parte, en lo que respecta a la consideración emitida por la Junta responsable y que precisada quedó en el inciso c) referido con anterioridad, el instituto quejoso, aduce en sus conceptos de violación, en esencia, lo siguiente: 1. Que aun y cuando el acta administrativa se levantó el catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, esa fecha no debe tomarse como inicio del término para ejercer la acción de despido en contra del trabajador, pues aun después de celebrada el acta administrativa, las investigaciones continuaron y se logró probar de manera fehaciente que después del levantamiento del acta adm
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18947-d09f716c/despido-justificado-el-aviso-de-rescision-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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