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Modo: Corpus Pro

TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19158
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, , Pág. 83.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.

Las consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo laboral 138/2005, promovido por Gonzalo Quintanilla Ibarra y coagraviados, establecen lo siguiente:

"ÚNICO. Este Tercer Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, en términos de lo que prevén los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución General de la República; 44, 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 23/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; dado que el acto que se combate, si bien es una resolución dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la jurisdicción de este Tribunal Colegiado, la misma no es una sentencia definitiva para efectos del juicio de amparo directo, pues dicha resolución fue emitida en la etapa de ejecución del laudo pronunciado en el juicio de origen; es decir, después de concluido el juicio, de modo que su examen corresponde al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, con base en estas consideraciones: De las constancias que obran en el juicio laboral número 85/1997 y de la tercería de preferencia de crédito 2/2004, por su importancia, se destaca lo siguiente: 1. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, el veinticinco de junio de dos mil dos, en cumplimiento de una ejecutoria dictada por este órgano colegiado, aprobó un laudo, en el que resolvió: (se transcribe). 2. El veintiocho de agosto de dos mil dos, la prenombrada Junta dictó un acuerdo en este sentido: (se transcribe). 3. El diez de septiembre de dos mil dos, se embargó el bien inmueble consistente en un terreno rústico ubicado en la exhacienda de Santa Teresa, con una superficie de 60,000.00 metros cuadrados de terreno, con las siguientes medidas y colindancias, al norte en 135 metros con Carlos Páramo; al sur en 130.00 metros con calle Prolongación Corderilla Arakan y Carlos Páramo; al oriente en línea quebrada de 382.00 y 62.60 metros con Cañada de las Bateas y Carlos Páramo, y al poniente en 584.00 metros con Fraccionamiento Lomas de Marfil, por la cantidad de $46'232,402.37 (cuarenta y seis millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos dos pesos 37/100 M.N.), según escritura pública número 4335, elaborada ante el licenciado Juan Arturo Villaseñor Buchanan, notario público número 13 en ejercicio en esta ciudad de Guanajuato, el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. 4. El veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, Rubén Ayala Chaurand, con el carácter de apoderado de Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, promovió tercería de preferencia de crédito respecto del inmueble embargado. 5. El dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, la prenombrada Junta dictó resolución, en la que resolvió: (se transcribe). Previo a cualquier pronunciamiento, conviene transcribir los preceptos 107, fracción III, constitucional, 114, fracción III, de la Ley de Amparo y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que a la letra dicen: ‘Artículo 107.’ (se transcribe). ‘Artículo 114.’ (se transcribe). ‘Artículo 55.’ (se transcribe). En principio, cabe decir que de conformidad con el precepto 107, fracción V, inciso a), constitucional, en relación con los dispositivos 44 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; por su parte, el ordinal 46 de la citada ley señala que son sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, en virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; precisando qué debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, cuando prevé que son aquellas respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario con el que puedan ser modificadas o revocadas. Ahora bien, en el caso concreto que se examina, el acto reclamado es una resolución dictada en el incidente de tercería de preferencia de crédito respecto del inmueble embargado en el juicio laboral número 85/1997, promovido cuando dicho juicio se encontraba en etapa de ejecución, resolución que es de aquellas que se emitieron después de concluido el juicio, que no decidió éste en lo principal, ni puso fin al mismo, por lo que cobran aplicación los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114, fracción III, de la Ley de Amparo, y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de los que se colige que la regla general para impugnar los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido, es el amparo indirecto, de modo que cuando se reclama a través del amparo la resolución emitida en un incidente, la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito, pues no debe pasar inadvertido que dicha resolución en forma alguna puso fin al juicio laboral, y sí, por el contrario, la misma se dictó después de que concluyó el mismo. Se comparte, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 176 del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de enero de 1991, Octava Época, que dice: ‘COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS INCIDENTES DE LIQUIDACIÓN DE CONDENA EN MATERIA ADMINISTRATIVA O LABORAL.’ (se transcribe). De lo que se lleva relacionado se pone de manifiesto que la resolución mediante la cual se resolvió el incidente de tercería de preferencia de crédito, fue emitida después de concluido el juicio, resolución que no constituye una sentencia definitiva contra la que proceda el amparo directo, sino que se trata de un acto dictado luego de concluido el juicio; de ahí que se actualice la hipótesis contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, la vía procedente es la del amparo indirecto. Cobra aplicación, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 2a./J. 118/2000, visible en la página 205 del Tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2001, primera parte, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘TERCERÍA EN MATERIA LABORAL. PARA RESOLVERLA, LA JUNTA SE ENCUENTRA LEGALMENTE FACULTADA PARA TENER A LA VISTA Y TOMAR EN CUENTA, DE OFICIO, LAS ACTUACIONES QUE OBRAN EN EL JUICIO PRINCIPAL.’ (se transcribe). Es conveniente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 142/2004-PS, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de ese Máximo Tribunal, en la resolución de veintisiete de octubre de dos mil cuatro, consideró: (se transcribe). Por consiguiente, con fundamento en los artículos 36 y 47, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el punto segundo, fracción XVI, inciso 3), del Acuerdo General Número 23/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir, con testimonio de esta ejecutoria, la demanda de garantías y sus anexos, conjuntamente con el incidente de tercería de preferencia de crédito 2/2004, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, ya que dicho juzgador se declaró incompetente para conocer del presente asunto; previa la integración al presente expediente de fotocopias certificadas de dicha demanda de garantías y de la resolución reclamada. No constituye obstáculo para lo anterior que por acuerdo de la presidencia de este Tribunal Colegiado, de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, se haya admitido la demanda de garantías que originó que se tramitara este juicio de amparo, porque dicho acuerdo no vincula al Pleno de este cuerpo colegiado a sujetarse a esa admisión, por constituir una determinación de trámite, por lo que se revoca la resolución del Juez de Distrito en la que se declaró incompetente para conocer del asunto. Norma el criterio la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de enero a junio de 1988, Octava Época, sección cuarta, apéndice 1, que es del siguiente tenor: ‘ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO RESPECTIVO NO CAUSA ESTADO.’ (se transcribe)."

Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo número 41/88 en fecha ocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, promovido por Salvador Gómez Mera son del tenor siguiente en la parte que interesa:

"CUARTO. ... Empero, este Tribunal Colegiado no se hace cargo de los conceptos de agravio vertidos, por estimar que todo lo actuado se realizó ante Juez incompetente, ello deviene de la siguiente consideración, las tercerías o incidente de tercería, no sólo en materia laboral, sino en cualquier materia, resultan ser juicios tanto material como formalmente, supuesto que en los mismos se tramita una acción de oposición que forzosa y necesariamente debe resolverse mediante la sustanciación de un procedimiento en el que deben respetarse todas las formalidades de ley, máxime que como se desprende de lo ordenado por los artículos 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, el tercerista o tercer opositor debe presentar una demanda a la cual debe acompañar el título y las pruebas en que funde su acción, posteriormente, previa citación de las partes en el juicio respecto del cual se promueve la tercería, la Junta del conocimiento celebrará una audiencia en la que oirá a las partes y se desahogarán las pruebas ofrecidas y admitidas para después dictar la resolución correspondiente; debiéndose resaltar que en cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas se deberán aplicar los preceptos contenidos en los capítulos XII, XVII y XVIII del título catorce de la Ley Federal del Trabajo, que se refieren al derecho procesal, particularmente a las pruebas y a los procedimientos tanto ordinarios como especiales; por ello, aun cuando las tercerías se tramitan en forma incidental, debido a que se encuentran relacionadas íntimamente con el juicio respecto del cual se interponen, por su forma y materia no constituyen incidentes sino verdaderos juicios, cuya resolución les pone fin, por lo que ésta se convierte en laudo. Por tanto, al no haber dado cumplimiento el Juez de Distrito a lo ordenado por el artículo 44 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 44 y 46 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es dejar insubsistente la sentencia dictada por el Juez Federal y abocarse al estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo, de acuerdo a la regla que para el caso señala el artículo 94 del cuerpo legal en cita. No pasa desapercibido para este tribunal que con anterioridad el Juzgado de Distrito ya había admitido, tramitado y resuelto una demanda de garantías, respecto de una resolución dictada por la responsable en el incidente de tercería; sin embargo, al haber un cambio de situación jurídica quedó insubsistente dicho laudo, ya que se dictó uno nuevo, esa cuestión ya no es materia de estudio ..."

El propio Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión laboral número 41/88, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia hechas valer por las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público, atento a la tesis jurisprudencial número ciento cincuenta y ocho, visible en la página doscientos sesenta y dos de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘IMPROCEDENCIA.’. La tercero perjudicada hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 21 y 23 del propio ordenamiento legal, pues el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y depositó su demanda hasta el diecisiete de septiembre del mismo año, por lo que al hacer el cómputo del término de quince días que la ley concede al peticionario del amparo se concluye que su demanda fue extemporánea. Resulta infundada la causal de improcedencia que se hace valer, pues al habérsele notificado el acto reclamado al quejoso el día viernes veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y siete, en términos del artículo 21 de la ley de la materia, el plazo de quince días hábiles para la promoción de la demanda empezó a transcurrir a partir del día lunes veinticuatro del mismo mes, por lo que de esta fecha al día diecisiete de septiembre del citado año, en que se presentó ante el Juez de Distrito la demanda, transcurrieron veinticinco días naturales, menos los días veintinueve y treinta de agosto, cinco, seis, doce y trece de septiembre, que son inhábiles por ser sábados y domingos, los días catorce y dieciséis de septiembre que también, en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo, son inhábiles por ser días de fiesta nacional, y los días primero y quince de septiembre en que el Juzgado de Distrito ante el que se presentó la petición de amparo no laboró, dan un total de diez días inhábiles, los que descontados a los veinticinco días naturales, hacen un total de quince días hábiles, en tal virtud, al presentarse la demanda de garantías dentro del término del décimo quinto día hábil siguiente a la notificación del laudo reclamado, es innegable que la demanda sí se presentó en tiempo. Sin que sea obstáculo para esta consideración el hecho de que los días primero y quince de septiembre no estén contemplados como días inhábiles en la ley, pues la enumeración que hace el artículo 23 de la Ley de Amparo es enunciativa, no limitativa, y en consecuencia, si el Juez Federal dice que no se laboró en el juzgado a su cargo esos días, si no existe prueba en contrario, debe aplicarse en forma genérica la regla del artículo 26, primer párrafo, de la propia ley, que expresa: (se transcribe), toda vez que debe considerarse como un principio de equidad, que no se debe causar perjuicio a los interesados, con esa suspensión de labores; huelga decir que es un hecho conocido que el día primero de septiembre por ser el día del informe presidencial ninguna dependencia oficial labora. Sobre el particular es aplicable, en forma analógica, la cuarta tesis relacionada con la jurisprudencia número cincuenta y seis, visible en la página noventa y siete de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AMPARO, TÉRMINOS EN EL, EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LABORES EN EL JUZGADO DE DISTRITO.’ (se transcribe). SEXTO. Síntesis de los conceptos de violación, en ellos el quejoso sustancialmente aduce lo siguiente: (se transcribe). Resulta fundado el concepto de violación, pues contrariamente a lo sostenido por la Junta responsable, para que procediera el incidente de tercería excluyente de dominio, era menester que la tercerista no sólo acreditara que el bien mueble embargado era de su propiedad y que su razón social era diferente a la de la empresa condenada a pago a favor del actor, sino que realmente lo tenía que demostrar era que ‘Compañía Distribuidora de Maderas y Materiales para la Construcción Azteca, Sociedad Anónima’, es una empresa diferente a la demandada ‘Maderas Azteca, Sociedad Anónima’, y que ella no tenía su domicilio en el lugar señalado por el actor al momento de demandar, pues como puede advertirse en autos de la demanda laboral (fojas 106 a 108), el quejoso no sólo demandó a la empresa citada en segundo término, sino que además enderezó su acción en contra de una persona física y/o en contra de quien resultara responsable de la fuente de trabajo con domicilio en Avenida Hidalgo Oriente número 1204, que se dedica a la elaboración para la industria de madera, lo cual denota que el actor no sabía con exactitud si la razón social puesta en principio era la que realmente correspondía a su patrón. Por tanto, resultaba aplicable al caso concreto lo ordenado por el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: (se transcribe). En tal virtud, la tercerista tenía que ofrecer pruebas suficientes para acreditar los dos extremos antes señalados, lo cual no hizo, pues con las documentales consistentes en el testimonio de la escritura pública número seis mil trescientos cuarenta y dos, otorgada ante el notario público número 94 de la Ciudad de México, Distrito Federal (fojas 16 a 30); la factura número 384577 de fecha diez de mayo de mil novecientos ochenta y tres, endosada a su favor el día catorce de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, expedida por Ford Motor Company, Sociedad Anónima, respecto de una camioneta F-150-117 chasis cabina, con número de serie AC1JAK-44148, modelo 83, motor número 7865 y registro número 6760175 (fojas 33 y 34); el certificado número 6760175, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Registro Federal de Vehículos, relativo al vehículo mencionado (foja 35); la tarjeta de circulación con número de folio 076415, expedida por el Gobierno del Estado de México, Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito respecto de la referida camioneta (foja 36) y el recibo de pago número AK-909109, se acreditó que la tercerista es una sociedad anónima, con la denominación social ‘Compañía Distribuidora de Maderas y Materiales para la Construcción Azteca’, que se constituyó en el año de mil novecientos setenta y cuatro, y cuyo objeto es la compraventa de maderas, triplay, fibracel y sus derivados, la industrialización de maderas, la compraventa de materiales para construcción y demás actividades anexas, la adquisición de toda clase de maquinaria, accesorios y refacciones necesarias para su objeto social, la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para su desarrollo social y la celebración de toda clase de actos de comercio; que dicha empresa es propietaria de la camioneta embargada en autos, la cual cuenta con su constancia de registro y tarjetas de circulación, así como que ha pagado los impuestos relativos a la misma; pero no demostró de manera fehaciente que dicha empresa y ‘Maderas Azteca, Sociedad Anónima’, fueran distintas y que el domicilio en el que se le trabó el embargo no fuera el suyo en la fecha en que ocurrió el despido a cuya consecuencia el actor demandó el pago de diversas prestaciones. A mayor abundamiento, en autos quedó acreditado que en el momento de realizarse la primera notificación dentro del juicio laboral a la demandada y emplazársele a juicio, la diligencia se practicó con Teresa Cruz, quien dijo ser secretaria y nunca manifestó que ese no fuera el domicilio de la demandada (foja 113); posteriormente, al notificarse el laudo de trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, el actuario de la responsable realizó la diligencia en el mismo domicilio en el que llevó a cabo la primera, ubicado en Avenida Hidalgo Oriente número 1204, en esta ocasión, con quien dijo llamarse María del Carmen Morales, quien dijo ser secretaria, y tampoco manifestó que ese no era el domicilio de los buscados (foja 126); finalmente, la diligencia de dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y siete, relativa a la ejecución del laudo, también se entendió con la citada María del Carmen Morales, en el ya referido domicilio, y ésta informó que los buscados no se encontraban en ese momento, por lo que procedió a llevar a cabo la diligencia de embargo (foja 133); de todo lo cual se advierte que la tercero perjudicada nunca alegó no ser la misma empresa que ‘Maderas Azteca, Sociedad Anónima’, que ese no fuera el domicilio en el que el trabajador prestó sus servicios y que realmente ‘Compañía Distribuidora de Maderas y Materiales para la Construcción Azteca, Sociedad Anónima’, no fuera el patrón. En consecuencia, al ser fundado el concepto de violación, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el que a la luz de los razonamientos vertidos en esta ejecutoria, resuelva conforme a derecho corresponda. No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que dentro de la demanda de garantías no se señaló como tercero perjudicada a ‘Materiales Azteca, Sociedad Anónima’, y que por lo mismo, no fue emplazada como tal; sin embargo, su emplazamiento se considera innecesario y por ello no se ordena reponer el procedimiento, ya que no se probó que aquella Compañía Distribuidora de Maderas y Materiales para la Construcción Azteca, Sociedad Anónima, fueran diferentes."

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 339/90, adujo lo siguiente:

"QUINTO. Este tribunal considera esencialmente fundada la cuestión propuesta en la parte final de los conceptos de violación, y de suyo (sic) suficiente para conceder el amparo que tendrá los efectos que más adelante se precisarán. Para respaldar esta postura, ante todo es menester recordar que se promovieron un recurso de reclamación, una tercería excluyente de dominio y un incidente de sustitución patronal. Respecto de este último, se advierte que en el acto reclamado se fijaron las once horas del veinticinco de mayo de este año, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia incidental. En esa fecha se llevó a cabo la referida diligencia y se citó a una nueva para el veinticuatro de julio siguiente en donde las partes ofrecieron las pruebas que a sus intereses convinieron. Ahora bien, dadas las particularidades de este asunto, donde en su momento la tercería excluyente de dominio se apoyó en que los demandados en lo principal dejaron de ser propietarios de los bienes embargados, resultando que los adquirentes son ajenos al juicio laboral, una aplicación lógica de los principios rectores del procedimiento conducen a sostener que el incidente de mérito debió ser resuelto antes que la propia tercería, en función tanto de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, como de la oportunidad de que en su caso se acreditaran las pretensiones deducidas y las defensas opuestas por tal motivo, pero además, para evitar resoluciones contradictorias con los consiguientes perjuicios, dilaciones y entorpecimiento en la administración de justicia resultantes, si así fuere, de ser fundado el incidente de sustitución patronal, a todo lo cual habría que sumar la posible interposición de diferentes medios de defensa tendientes a dirimir una sola cuestión, a saber: si la operancia de la figura prevista en el referido numeral vuelve o no trascendente la transmisión de los bienes para efectos de responder por las obligaciones laborales contraída por el enajenante. Los razonamientos precedentes ponen de relieve la violación formal que la parte quejosa destaca y que este cuerpo colegiado, supliendo la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, ha enriquecido con argumentos no expresados en la demanda, debiendo entonces sostenerse que aun en la hipótesis que la promoción del incidente de sustitución patronal no fuere indispensable habiéndose hecho valer, era imprescindible que se resolviera previamente, y por no haberlo entendido así, la Junta del conocimiento incurrió en violación de garantías, que debe repararse a través de la concesión del amparo, para el efecto de que quede insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, una vez que se encuentre en estado, se dicte otra, en la que antes que nada se emita resolución sobre el incidente tantas veces mencionado y, a continuación, respecto de las otras cuestiones propuestas, a la consideración de la Junta, en el entendido de que para dirimir los problemas al momento de juzgar gozará de plena jurisdicción. Dado el sentido de esta ejecutoria, este tribunal se abstiene de examinar los conceptos de violación restantes que giran en torno a la sustitución patronal en función de la cual no procede el levantamiento del embargo, ya que deberá ser motivo de pronunciamiento específico al cumplimentarse este fallo."

Asimismo, el mencionado Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo número 42/88, sostuvo, en la parte que interesa, las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Los conceptos de violación antes transcritos son fundados, pero insuficientes. Manuel Márquez Morales, como apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa ‘Servicio La Viajera’, Sociedad Anónima, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la Junta Especial Número Dos y presidente ejecutor de la Junta Especial Número Uno, ambas de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, como autoridades ordenadoras, y del actuario adscrito a la Junta primeramente señalada, como autoridad ejecutora, los cuales hizo consistir, de las dos primeras, en el auto que dictaron con fecha trece de abril de mil novecientos ochenta y siete, dentro de la tercería excluyente de dominio número 1/87, deducida del expediente D. 2/269/83; y de la tercera, la notificación de nueve de junio del mismo año. En la resolución reclamada, el presidente ejecutor responsable considera que no fue probada la acción incidental, porque a su juicio, ‘Servicio La Viajera’, Sociedad Anónima y ‘Servicio Luce’, Sociedad Anónima, son la misma persona moral, habiendo llegado a esta conclusión por las siguientes razones: tienen el mismo domicilio, porque así lo reconoció el apoderado legal de la primera de las nombradas en la contestación de demanda; en los boletos expedidos por la segunda persona moral mencionada contienen el mismo domicilio a donde según la actora incidental, está ubicado el terreno embargado y que es de su propiedad; en un requerimiento anterior que dio motivo a que se embargaran unas bombas de gasolina, el representante de la demandada, ‘hoy actora’, al resolverse un recurso de revisión de actos, se dejó asentada dicha circunstancia y causó estado para todos los efectos; el actuario se cercioró de que sí era el domicilio de la demandada con las notas de pago de la negociación, y porque así lo reconoció Ignacio Guerrero González, representante de ‘Servicio Luce’, Sociedad Anónima; y finalmente, por así desprenderse de la copia certificada que expidió el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en relación con el oficio 1270 de fecha dos de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, girado a ese juzgado por el jefe de la Oficina Federal de Hacienda, donde se demuestra que en el domicilio donde se practicó el embargo, anteriormente se ubicó la empresa ‘La Viajera’, S.A. El quejoso aduce como conceptos de violación, que es falso que se trate de la misma persona moral, pues así debió resolverse en todo caso en el laudo, pero no fue así, ya que en éste se absuelve a los condenados Jaime Bárcena Arriola y ‘Servicio La Viajera’, Sociedad Anónima y en cambio se condena únicamente a ‘Servicio Luce’, Sociedad Anónima, a pagar todas y cada una de las prestaciones reclamadas por los actores; que incluso, la propia autoridad responsable ordenadora separó la vida jurídica de las dos personas morales, condenando a una y absolviendo a la otra, y que ahora pretende juntarlas, revocando sus propias determinaciones, embargando un bien que es propiedad de su representada teniendo en este momento el carácter de tercera extraña al procedimiento de ejecución. Antes de entrar al estudio sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, debe señalarse que en tratándose de tercerías en materia laboral, éstas constituyen verdaderos juicios, tanto en la forma como en el fondo, puesto que en ellas se ventila una acción que debe resolverse mediante la sustanciación de un procedimiento en el que deben respetarse todas las formalidades esenciales; así se desprende de lo que disponen los artículos 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que el tercer opositor o actor en la tercería, debe presentar una demanda, acompañando el título en que se funde, y aportar pruebas pertinentes; que previa la citación de las partes en el juicio con el que guarde relación la tercería, la Junta del conocimiento del asunto celebrará una audiencia en la que oirá a esas partes, y después de desahogadas las pruebas dictará la resolución procedente, observándose en cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, lo dispuesto en los capítulos XII, XVII y XVIII del título catorce de la legislación en comento; y si bien esas tercerías se tramitan en forma incidental, ello obedece a que están relacionadas con otro juicio, es decir, que se tramitan incidentalmente, por la misma vinculación que guarda el j

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19158-c5440773/tercerias-excluyentes-de-dominio-o-de-preferencia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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