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Modo: Corpus Pro

NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA. NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19907
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1251.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 91/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción.

TERCERO. Toda vez que, según se señaló en el tercer resultando de esta ejecutoria, la Ministra presidenta de esta Segunda Sala determinó en el acuerdo de nueve de agosto de dos mil seis, que el presente expediente debía integrarse con las constancias remitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por tanto, no es el caso de incluir al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dentro de la presente contradicción de tesis, la cual se resolverá con base en el estudio de las ejecutorias sustentadas por los Tribunales Colegiados primeramente citados.

CUARTO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 7/2006 el veintisiete de abril de dos mil seis, en la parte que interesa, sostuvo:

"QUINTO. Los anteriores conceptos de violación son infundados. Revisten la característica apuntada aquellos que el peticionario de amparo expone en el apartado que marcó con la letra B del capítulo IX de su demanda de amparo, pues en éstos sostiene, básicamente, que la Sala responsable aplicó inexactamente los artículos 37, primer párrafo y 215, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al no resolver el fondo del asunto sometido a su consideración, dado que, sostiene, es una obligación procesal de las autoridades fiscales expresar en la contestación de la demanda los hechos y el derecho en que se apoya la negativa ficta, lo cual implica que dichos fundamentos deben tratarse de un estudio de fondo negando dicha petición o instancia, y no en algún otro sentido, verbigracia, aduciendo la improcedencia o extemporaneidad de la misma; así, afirma, basta la lectura de los hechos y fundamentos de la contestación de demanda emitida por oficio 322-SAT-14-III-I-00313, para advertir que el argumento expuesto para fundar la negativa (ficta) emitida, consistente en la no acreditación de la personalidad de quien realizó la solicitud, no implica el análisis del fondo de la instancia de devolución, máxime que la autoridad fiscal cuestionada, únicamente acuerda devolver la documentación acompañada a la solicitud que motivó la negativa ficta; por tanto, concluye el impetrante, al confirmar la Sala responsable la validez de la negativa, es obvio que aplicó inexactamente los artículos 37, primer párrafo y 215, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, debido a que la autoridad fiscal resolvió devolver la documentación, y no simplemente negar la devolución del saldo a favor solicitado por mi representada, cuando tenía la obligación procesal de verter los hechos y el derecho que fundamentaba dicha negativa, lo cual resulta a todas luces violatorio de lo establecido por los numerales antes citados. De lo anterior, es obvio que la principal cuestión a dilucidar en el aspecto de la litis de este amparo -fijado por los conceptos de violación previamente sintetizados- es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ¿puede declarar la validez de una negativa ficta, apoyándose en causas de improcedencia de la promoción que la motivó?; pues la eficacia de los argumentos expuestos depende de que la respuesta que deba darse a la anterior interrogante, sea en sentido negativo. Ahora bien, los artículos 37, párrafo primero y 215, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, dicen: ‘Artículo 37.’ (se transcribe). ‘Artículo 215.’ (se transcribe). De la transcripción anterior, se desprende que cualquier petición que se haga a la autoridad fiscal y no sea resuelta en el plazo de tres meses, se considerará que se resolvió de forma negativa la petición, lo que se conoce como resolución negativa ficta. El objeto de esta figura es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que legalmente debe emitir la resolución correspondiente, rompiendo la indefinición derivada de la conducta de abstención asumida por ésta, de modo que al transcurrir cierto tiempo desde la presentación de la solicitud, petición o instancia, el legislador considera que esa actitud pasiva del órgano de autoridad hace presumir que su decisión es en sentido negativo. La razón de la creación del derecho a impugnar la negativa ficta por el interesado, se obtiene de la propia redacción del numeral 215, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación supra transcrito, y es obligar a la autoridad a que en la contestación le dé a conocer al gobernado los fundamentos de hecho y de derecho en que apoye la resolución negativa ficta y que éste al conocerlos, pueda objetarlos y probar en juicio su ilegalidad. Ahora bien, la institución de la negativa ficta tiene su origen en Francia, al ser introducida en la ley del 17 de junio de 1900, como solución a los padecimientos que generaba a los administrados la institución de ‘la decisión previa’. El artículo 3o. de la ley del 17 de junio de 1900, establecía: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). La nueva figura jurídica, creada por la ley del 17 de junio de 1900, aplicable ante el Consejo de Estado en Francia, se extendió a los tribunales administrativos por decreto del 30 de septiembre de 1953, rediseñándose para obtener un alcance absolutamente general por diverso decreto del 11 de enero de 1965, en cuyo artículo 1o. quedó precisado lo siguiente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Como se puede apreciar, la norma antes transcrita constriñó la procedencia de la negativa ficta a que la instancia presentada por el particular fuera hecha ante una autoridad competente. Rueda del Valle comenta que la institución de la negativa ficta sigue existiendo en la legislación de Francia, concretamente en el artículo 89 del Código de los Tribunales Administrativos, que prescribe lo siguiente: ‘Artículo 89.’ (se transcribe). Cabe advertir que la resolución negativa ficta surgió a la vida jurídica de nuestro país en la Ley de Justicia Fiscal, promulgada el veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y seis. El artículo 16 de dicha ley, establecía lo siguiente: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). En la exposición de motivos de la iniciativa de esta ley que creó al Tribunal Fiscal de la Federación, establece en relación a la incorporación de la negativa ficta, que la declaratoria de nulidad emitida por este tribunal, al decidir una controversia, será siempre respecto de alguna resolución, que podrá ser expresa o tácita, en los casos de silencio de las autoridades. En dicha iniciativa se asienta que la creación de una fracción para el silencio de las autoridades está ya consagrado en la legislación europea y que esta ley (de justicia fiscal) la adopta de acuerdo con las últimas orientaciones de la doctrina, sin que esto pueda considerarse en el sentido de que esta ley pretenda coartar el derecho de los particulares para acudir al juicio de amparo a demandar la violación de los artículos 8o. y 16 de la Constitución, a fin de obtener de los tribunales federales una determinación que obligue a las autoridades fiscales a emitir una respuesta expresa con los fundamentos legales respectivos, sino que, por el contrario, tiene como propósito concederle al particular una protección más eficaz cuando, por las circunstancias del caso, éste cuente ya con los elementos para iniciar la defensa jurisdiccional de sus intereses, respecto al fondo de los problemas controvertidos, a pesar del silencio de la autoridad; agregando que el uso de este derecho dependerá de las circunstancias especiales del caso y de la apreciación que haga libremente el interesado de qué le es más ventajoso, si provocar la decisión expresa o iniciar el debate de fondo. Por el contrario (se indica en esta exposición), ejercido el derecho de demandar la negativa ficta ante el Tribunal Fiscal de la Federación, no le sería dable al particular alegar como agravio la violación a los artículos 8o. y 16 constitucionales, en cuanto a que obligan a toda autoridad a respetar el derecho de petición y a fundar y motivar legalmente sus decisiones, obligando a las autoridades fiscales a emitir una respuesta expresa fundada legalmente. La parte relativa de la exposición de motivos de la ley en cuestión, textualmente dice: (se transcribe). De acuerdo con la exposición de motivos, como se indicó en párrafos precedentes, la Ley de Justicia Fiscal no trataba de coartar el derecho de los particulares para acudir en amparo por violación al derecho de petición. Es decir, cuando entró en vigor esa ley, los particulares ante la falta de resolución por parte de la autoridad fiscal tenían dos opciones a seguir: la primera, promover el juicio de amparo por considerar violada su garantía de libre petición consagrada en el artículo 8o. de nuestra Constitución Política Federal, ello a efecto de provocar la resolución de la autoridad en cualquier sentido; o la segunda, acudir en negativa ficta ante el Tribunal Fiscal de la Federación, considerando esa falta de respuesta como una resolución desfavorable en sí misma. Sin embargo, según quedan bien definidas las ideas en dicha exposición de motivos, la ventaja de preferir la alternativa de la negativa ficta sería que el asunto quedaría resuelto en cuanto al fondo o en forma definitiva en el mismo juicio seguido ante el Tribunal Fiscal; en cambio, de optarse por la vía de amparo invocando la violación al derecho de petición, si la resolución provocada fuera desfavorable al particular, el mismo se vería obligado a promover un segundo proceso, con lo cual, efectivamente, la institución de la negativa ficta se convertiría en un instrumento más eficaz para proteger los derechos de los particulares. Sentado lo anterior, cuando el artículo 215, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, establece que la autoridad, al contestar la demanda -en caso de resolución negativa ficta-, deberá expresar los hechos y el derecho en que se apoya la misma, ¿ello implica, como afirma el quejoso, que se encuentra imposibilitada para expresar en su contestación, argumentos respecto de la procedencia o improcedencia de la promoción que motivó la resolución negativa ficta? y, por ende, ¿solamente deberá expresar argumentos con base en los cuales se justifique por qué, de haberse analizado el fondo sustancial de lo a (sic) peticionado, debe negarse la petición solicitada? La respuesta a las anteriores interrogantes debe emitirse en forma negativa, ya que la fundamentación y motivación de una resolución negativa ficta puede comprender tanto cuestiones de forma, procedencia de la solicitud, de orden procesal, como cuestiones sustanciales de fondo; sin que las primeras impliquen el que se deje de resolver el fondo del aspecto sustancial controvertido ante el Tribunal Fiscal, pues no debe perderse de vista que lo que se controvierte, en tratándose de una resolución negativa ficta, son las razones de hecho y de derecho que tuvo la autoridad para negar la solicitud o petición, sin que la ley haga distinción en cuanto a cuáles fueron éstas. Razones que, por cierto, no siempre serán en torno a los aspectos sustanciales de la petición, pues bien pueden referirse al impedimento legal que tuvo la autoridad para resolver. En efecto, debemos recordar que el artículo 8o. de la Constitución General de la República obliga a las autoridades a responder las peticiones que les hagan los gobernados; sin embargo, eso no implica que la autoridad a la que se le formule la petición necesariamente tenga que contestar en sentido afirmativo o favorablemente a los intereses del solicitante. Menos aún que cuando sea en sentido negativo, siempre deba ser con razones que analicen el fondo sustancial de lo peticionado. Ya que es indefectible que las autoridades solamente están obligadas a pronunciarse sobre el fondo sustancial de la consulta o petición que se les hace (y, por ende, resolver sobre la procedencia de las mismas), siempre que legalmente cuenten con facultades para ello y, en su caso, se hayan satisfecho los requisitos de forma exigidos por la legislación correspondiente para que pueda estimarse válidamente hecha la solicitud o petición formulada. Luego, dado que el hecho de que no se actualicen los requisitos legales para que la autoridad pueda resolver el fondo de la instancia formulada no le exime de cumplir con la obligación constitucional que impone el mencionado artículo 8o. constitucional, es inconcuso, entonces, que la respuesta por escrito que deberá otorgar en un breve término girará en torno a la fundamentación y motivación del impedimento legal que tuvo para resolver. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXXIX/2005, publicada en el Tomo XXI, mayo 2005, página 469, la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se dice: ‘CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE LAS AUTORIDADES FISCALES NO RESOLVERÁN LAS EFECTUADAS POR LOS PARTICULARES CUANDO VERSEN SOBRE LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).’ (se transcribe). Así, cuando por virtud de lo preceptuado en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación se configura una resolución negativa ficta, al momento de que la autoridad comparezca al juicio a dar contestación a la demanda y, por ende, deba expresar los hechos y el derecho en que se apoya la misma, en términos del artículo 215, párrafo segundo, del citado ordenamiento, es obvio que la autoridad válidamente puede exponer argumentos de forma o de procedencia de la petición, como en su caso podrían ser su falta de competencia legal para resolver dicha instancia, la extemporaneidad de la solicitud, la falta de algún requisito de existencia de la promoción, etcétera; ello, desde luego, en el supuesto de que, a su juicio, existan algunos de esos impedimentos legales para resolver el fondo de la petición formulada. Luego, si como se ha demostrado, la autoridad al momento de comparecer al juicio a dar contestación a la demanda (interpuesta contra una resolución negativa ficta), válidamente puede exponer argumentos de forma o de procedencia de la solicitud al expresar los hechos y el derecho en que se apoya la misma, pues, como se indicó, éstos en sí mismos constituirán las razones que justificarán el porqué no es legalmente posible acceder a lo peticionado por el gobernador, entonces, es obvio que si en el juicio no se desvirtúan esas consideraciones, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa igualmente puede declarar la validez de una negativa ficta, apoyándose en causas de improcedencia de la promoción que la motivó. No pasa inadvertido para este tribunal, el hecho de que en la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal de veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y seis, se enfatiza que uno de los fines que se buscó con la introducción de la figura jurídica que se comenta, es que el asunto quedara resuelto en cuanto al fondo en forma definitiva en el mismo juicio seguido ante el Tribunal Fiscal; lo cual, en apariencia, podría reñir con la conclusión a la que se arriba en la presente ejecutoria. Sin embargo, debe decirse que el legislador al crear la resolución negativa ficta con la intención de concederle al gobernado una protección más eficaz contra el silencio de la autoridad, parte del supuesto general de que la petición se ha presentado ante autoridad competente y guardando cada uno de los requisitos de procedencia previstos por la legislación para efecto de que la solicitud o la instancia de que se trate, pueda ser resuelta. Lo anterior, se pone en evidencia cuando el propio legislador, en la exposición que se comenta, señala: (se transcribe). En efecto, en primer lugar resulta importante destacar que el legislador equipara a la resolución negativa ficta con aquella que, en ese mismo sentido, pudiera dictar la autoridad en cumplimiento de una sentencia de amparo que ordenara restituir al quejoso en el goce de la garantía prevista en el artículo 8o. constitucional, luego, como se expuso en líneas precedentes, no en todos los casos en que una autoridad niega una petición lo hará con razones que analicen el fondo sustancial de lo peticionado. Asimismo, resulta ampliamente ilustrativo el hecho de que el creador de la norma conceptúe a la resolución negativa ficta como un fallo ‘desfavorable’ a los intereses del administrado, pues ello conduce a establecer que cuando dicha ficción se actualiza, solamente implica que la resolución ha sido adversa al resultado pretendido por el particular, por lo cual es obvio que una resolución ‘adversa’ a los intereses del administrado, no necesariamente es aquella que resuelve el fondo de lo pretendido por aquél con su promoción, sino que implica cualquier determinación que impide al gobernado obtener sus pretensiones. Por lo cual, debemos concluir que en un juicio de nulidad que se instaure contra una resolución negativa ficta, en el que la autoridad al contestar la demanda haya expuesto algún impedimento legal para resolver el fondo de la petición formulada, la materia del debate -con excepción de aquellos en que la resolución derive de la interposición de un recurso- no será el fondo sustancial controvertido ante la autoridad, sino las razones que fundan el porqué la solicitud o la instancia de que se trata no puede ser resuelta. De ahí que, en estos casos, cuando no se está en la hipótesis general prevista por el legislador, el fondo del debate materia del juicio de nulidad lo constituirá el impedimento legal que existe para que pueda resolverse el fondo de la petición o de la instancia. No sobra el precisar que en los casos en que durante el juicio se desvirtúen las causas de improcedencia expuestas por la autoridad al contestar la demanda, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estará en aptitud legal de emitir una sentencia en la que se establezcan y declaren los derechos subjetivos del agraviado, esto es, podrá dictar una sentencia en la que estará en aptitud de analizar el fondo de la solicitud o instancia que motivó la resolución negativa ficta cuestionada, ya que en atención a la competencia que la ley le otorga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, éste no es sólo un órgano jurisdiccional de mera anulación, sino uno que también es de plena jurisdicción; por lo cual, en los supuestos en que no exista impedimento legal para ello, se encuentra obligado a conocer y decidir en toda su extensión la reparación del derecho subjetivo del actor lesionado por el acto impugnado, teniendo el alcance no solamente de anular el acto, sino también de fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos. Por tanto, sólo cuando durante el juicio se desvirtúen las causas de improcedencia de la solicitud o de la instancia, expuestas por la autoridad al contestar la demanda, es cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estará en aptitud legal de emitir una sentencia en la que se resuelva la materia de fondo de la solicitud que motivó la resolución negativa ficta, pues de no ser así, deberá confirmarse la legalidad de la resolución cuestionada. Además de llegar a una conclusión diversa a la aquí adoptada, podría llevar a concluir que si una instancia se hubiera presentado ante una autoridad completamente distinta a la que tiene competencia para conocer de ella, no por el hecho de que transcurran tres meses sin respuesta se debe entender que la primera resolvió negativamente el fondo del asunto, siendo contrario a derecho obligarla a fundar y motivar en la contestación de demanda un acto sobre el cual no tiene injerencia legal alguna (verbigracia, en el caso a que se alude en la tesis 1a. XXXIX/2005 supra transcrita); espíritu que, se insiste, no puede inferirse del texto de los artículos 37 y 215, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, pues éstos no tienen más objeto que romper el silencio de la autoridad, pero no por ello, en esa ficción legal, debe entenderse que las presuntas resoluciones negativas sean siempre para resolver el fondo sustancial de lo solicitado. Ya que la finalidad que se buscó con su introducción al sistema jurídico mexicano, fue el de resolver en un solo procedimiento el fondo del porqué la autoridad negó la petición formulada; negativa que, como se ha indicado reiteradamente, puede atender tanto a cuestiones de forma o de procedencia de la solicitud, como cuestiones sustanciales de fondo de la misma, cuando la autoridad no tenga impedimento legal alguno para pronunciarse. Por tanto, si como se ha demostrado, la autoridad al momento de comparecer al juicio a dar contestación a la demanda válidamente puede exponer argumentos de forma o de procedencia de la solicitud al expresar los hechos y el derecho en que se apoya la misma, entonces, es obvio que el Tribunal Fiscal de la Federación, igualmente, puede declarar la validez de una negativa ficta, apoyándose en causas de improcedencia de la promoción que la motivó, si éstas no fueron desvirtuadas por el agraviado en el juicio respectivo. De ahí que, contrariamente a lo afirmado por el peticionario de amparo, no es verdad que la responsable haya transgredido el contenido de los artículos 37 y 215, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, atento a que en el acto reclamado sí se analizó el fondo del asunto, que en este caso lo es la legalidad de las razones de hecho y de derecho que expuso la autoridad fiscal como apoyo de la resolución negativa ficta que emitió. No pasa inadvertido para este tribunal, el hecho de que el peticionario de amparo, para robustecer los argumentos que expuso en los conceptos de violación previamente contestados, invocó la jurisprudencia I.3o.A. J/23, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del texto y rubro siguiente: ‘NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE DECLARAR SU VALIDEZ APOYÁNDOSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO O PROMOCIÓN QUE LA MOTIVÓ (ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).’ (se transcribe). Así como también transcribió la diversa tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: ‘RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA. SI SE CONFIGURA, Y SE INTERPONE EL JUICIO FISCAL, EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DEBE EXAMINAR Y DECIDIR EL FONDO DEL NEGOCIO.’ (se transcribe). Igualmente, este Tribunal Colegiado advierte que existen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diversas tesis aisladas que sustentan similar criterio al que se expone en las antes transcritas, como en su caso lo son: ‘NEGATIVA FICTA, VALIDEZ DE LA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE DECLARARLA APOYÁNDOSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO O PROMOCIÓN QUE LA MOTIVÓ.’ (se transcribe). ‘NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE RESOLVER SOBRE EL FONDO Y NO ANULAR PARA EFECTOS.’ (se transcribe). Sin embargo, no obstante que en los criterios antes transcritos se atiende al problema aquí analizado, es obvio que en atención a las consideraciones hasta aquí expuestas, este Tribunal Colegiado no los comparte y, además, considera que no debe confirmarse el criterio sostenido en la tesis jurisprudencial I.3o.A J/23, ni el expuesto en el criterio aislado supra transcrito; por lo cual, deberá denunciarse la contradicción de tesis correspondiente y, en su oportunidad, remitirse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva lo conducente."

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 2553/94 el veinte de abril de mil novecientos noventa y cinco, y 4973/96 el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en la parte conducente, respectivamente sostuvo:

Amparo directo 2553/94.

"QUINTO. Por cuestión de método, se analizarán, en primer término, los conceptos de violación marcados como segundo, cuarto y quinto en el escrito de demanda de garantías. En ellos, señala la quejosa que la sentencia reclamada indebidamente confirmó el sentido de la negativa ficta, tomando como base la contestación de la demanda de nulidad, en la que la hoy tercera perjudicada señaló que desechó el recurso de revocación por haber sido interpuesto extemporáneamente. Afirma la quejosa que: ‘para llegar al pronunciamiento recurrido, la Sala responsable no entró al estudio del fondo del asunto, sino sólo a las cuestiones procesales, al determinar la validez de la resolución controvertida (negativa ficta), en virtud de que para ella se trataba de un acto consentido’. Así las cosas, es que la promovente considera que se aplicaron indebidamente en su perjuicio, los artículos 237 y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Es fundado el argumento, de acuerdo con las consideraciones que serán expuestas a continuación. La falta de resolución expresa de una autoridad administrativa sólo puede ser interpretada en sentido positivo o negativo. El artículo 92 del Código Fiscal de la Federación señala que el silencio de las autoridades fiscales se considerará como resolución negativa cuando no den respuestas en el término que corresponda. Es decir, la ‘negativa ficta’ es una figura creada por el legislador para sancionar el silencio de la autoridad. Por ello, el dar efectos al silencio de la administración es una forma de castigar su negligencia. Más aún, busca conceder a los gobernados una protección verdaderamente eficaz, al permitirles iniciar la defensa jurisdiccional de sus intereses respecto del fondo de los problemas controvertidos. Precisamente por tales motivos, es que la autoridad, al contestar la demanda que se instaure contra la resolución negativa ficta, no podrá dar como fundamentos de la resolución situaciones procesales que impiden el conocimiento de fondo, como serían, por ejemplo, la falta de personalidad o la extemporaneidad del recurso o de la instancia. De manera semejante a como el particular pierde el derecho, por su negligencia, para que se resuelva el fondo del asunto (cuando no promueve debidamente), también precluye el de la autoridad para desechar la instancia o el recurso por situaciones procesales a que se ha hecho referencia. Todo lo anterior significa, medularmente, que una vez configurada la negativa ficta, no puede desvirtuarse mediante una resolución expresa posterior, y que el momento procesal para determinar la existencia de dicha negativa lo es precisamente la presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Al ser contestada dicha demanda por la autoridad, las únicas razones que podrá exponer para justificar la resolución, son aquellas relacionadas con el fondo del asunto, no otras. Al respecto, resultan ilustrativas las tesis que a continuación se reproducen: ‘NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE DECLARAR SU VALIDEZ APOYÁNDOSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO O PROMOCIÓN QUE LA MOTIVÓ.’ (se transcribe). ‘NEGATIVA FICTA. INTEGRACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). ‘NEGATIVA FICTA. UNA VEZ CONFIGURADA, NO PODRÁN FORMAR PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO FISCAL LOS ARGUMENTOS DE LAS AUTORIDADES TENDIENTES A DEMOSTRAR LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO.’ (se transcribe). De acuerdo con las consideraciones anteriores y puesto que la Sala Fiscal responsable confirmó la resolución negativa ficta, apoyada en un motivo de improcedencia, aspecto que no podía ser analizado, como ya se vio, no cabe más que concluir que la decisión a que llegó es indebida y, en consecuencia, procede conceder la protección que de la Justicia Federal fue solicitada. No pasa inadvertido a este tribunal que el actor, hoy quejoso, al conocer la contestación a la demanda formulada por la tercera perjudicada, expuso -en ampliación de demanda de nulidad- una serie de argumentos tendientes a demostrar que el recurso sí era procedente, pero al lado de ellos, también manifestó los argumentos que aquí se estudiaron, relativos a que no era debido que la Sala Fiscal analizar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19907-b1cf31c2/negativa-ficta-el-tribunal-federal-de-justicia-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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