CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO Y OAXACA. SU CLÁUSULA CUARTA NO DEFINE LA COMPETENCIA NI CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA Y, POR TANTO, LAS AUTORIDADES FISCALES NO ESTÁN OBLIGADAS A PRECISAR EN EL ACTO DE MOLESTIA EN CUÁL DE SUS PÁRRAFOS FINCAN SU COMPETENCIA, POR LO QUE BASTA SU INVOCACIÓN GENÉRICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto segundo del Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, dado que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis en asuntos de tema administrativo, materia de la competencia de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima por haberla realizado el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 276/2006, promovido por el subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación, consideró en esencia lo siguiente:
"SEXTO. El primero de los agravios es fundado y suficiente para variar el sentido de la resolución reclamada. Del fallo impugnado se advierte que la Sala del conocimiento, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, examinó de manera oficiosa la competencia de la directora regional de Auditoría Fiscal ‘B’ de la Secretaría de Finanzas y Administración, al emitir la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número RIM-108-0104, de veintisiete de enero de dos mil cuatro, así como al determinar la situación fiscal de la empresa contribuyente denominada ‘Extingue Irapuato, Sociedad Anónima de Capital Variable’, en el oficio número DRAFB-2062/04, de seis de diciembre de dos mil cuatro. Al respecto, la juzgadora declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, así como de la resolución originalmente recurrida (orden de visita domiciliaria), pues, desde su perspectiva, la cita de la cláusula cuarta del convenio de colaboración administrativa celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, no fue suficiente para fundar la competencia del funcionario emisor, en virtud de que no se precisó en cuál de las hipótesis de competencia de las que prevé la mencionada cláusula se apoyó la aludida autoridad hacendaria, al emitir los actos administrativos, ya que la cita de la aludida cláusula resulta ser genérica. En oposición a esa consideración, la recurrente propone, en esencia, dos temas fundamentales: a) Que esa cláusula no constituye una norma que fije la competencia de las autoridades administrativas por razón de materia, grado o territorio. b) Que la referida norma no es compleja, pues debe relacionarse armónicamente con las disposiciones locales para determinar que la competencia de la autoridad demandada estuvo debidamente fundada. Como las posturas de la Sala Fiscal y de la autoridad recurrente involucran el análisis de la cláusula cuarta del convenio de colaboración signado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del Estado de Guanajuato, resulta oportuno transcribir su contenido: (se transcribe). Teniendo como premisa el contenido de la referida disposición normativa a la luz de los motivos de inconformidad deben dilucidarse los temas siguientes: 1. Si la mencionada cláusula cuarta contempla hipótesis de competencia por razón de materia, grado o territorio. 2. Si tal norma tiene la particularidad de ser compleja; por ende, que deba transcribirse el párrafo exacto para considerar fundada la actuación de la autoridad administrativa. Precisado lo anterior, es fundado el agravio expresado por la autoridad recurrente, al exponer que la citada cláusula cuarta no contempla supuestos de competencia por razón de materia, grado o territorio. Para sustentar ese aserto, es menester realizar algunas precisiones en torno al tema de la garantía constitucional de seguridad jurídica que se materializa en la exigencia de la fundamentación y motivación de los actos de autoridad. El artículo 16 constitucional dispone en su primera parte, lo siguiente: (se transcribe). La exigencia de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, atendiendo al valor jurídicamente protegido por la Norma Constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. El objetivo de mencionar el ordenamiento jurídico y la disposición legal que le conceda atribuciones a la autoridad para emitir un acto de molestia consiste en brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado frente a la actuación de los órganos del Estado, pues de esta forma el particular tiene conocimiento de los datos indispensables para la defensa de sus intereses, ya que de lo contrario, es decir, de eximir a la autoridad del deber de fundar con precisión su competencia, se privaría al afectado de un elemento que pudiera resultar esencial para impugnarla adecuadamente, cuando lo considere conveniente, al desconocer la norma legal que faculta a la autoridad a emitir el acto de molestia que afecta su esfera jurídica y, en su caso, de discutir la actuación de aquélla cuando estime que no se ajusta al ordenamiento jurídico que le otorga atribuciones para ello o cuando la disposición jurídica pudiere encontrarse en contradicción con la Norma Fundamental. Por tanto, la formalidad de fundar en el acto de molestia la competencia de la autoridad que lo suscribe constituye un requisito esencial del mismo, toda vez que la eficacia o validez de dicho acto dependerá de que haya sido realizado por el órgano de la administración de que se trate, dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones, regidas por una norma legal que le autorice a ejecutarlas. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 94/2000-SS, determinó que la competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo, básicamente, tres criterios: por razón de materia, por razón de grado y por razón de territorio y los definió de la siguiente manera: a) La competencia por materia atiende a la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquél, se ubican dentro del campo de acción de cada órgano, que se distingue de los demás (salud, fiscales, administrativas, ecología, comercio, entre otros). b) La competencia por grado, también llamada funcional o vertical, se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados (escalas) y los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa. c) La competencia por territorio hace alusión a las circunscripciones administrativas. El Estado por la extensión de territorio y complejidad de las funciones que ha de realizar, se encuentra en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados en distintas partes del territorio, cada uno de los cuales tiene un campo de acción limitado localmente; por tanto, dos órganos que tengan idéntica competencia en cuanto a la materia, se pueden distinguir, sin embargo, por razón de territorio. Tales ideas se encuentran contenidas en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2001, consultable en la página 31 del Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, (sic) que lleva por rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’. Por tanto, los tres aspectos mencionados supralíneas inciden en la competencia de una autoridad para actuar en determinados actos, pues debe estar facultada para intervenir en la materia en que se relaciona esa actuación, desde la perspectiva de la naturaleza del acto mismo; jerárquicamente le deben corresponder esas funciones y tiene que ocurrir dentro del ámbito territorial en que puede ejercerlas y todas ellas, en su caso, deben estar identificadas en el instrumento que confecciona para plasmar su actividad, para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación que consagra el artículo 16 constitucional, pues por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa en cualquier acto de molestia, es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora, así como los concernientes al ámbito espacial en que se desarrollan tales atribuciones. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número 104 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 82 del Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD’. Ahora, por el tratamiento del tema que se examina, es menester nuevamente transcribir la cláusula cuarta del aludido convenio de colaboración, la cual es del contenido siguiente. (se transcribe). Como se desprende de la transcripción anterior, en la cláusula cuarta del convenio de colaboración en examen se precisa que las facultades conferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Gobierno del Estado de Guanajuato serán ejercidas por: a) El gobernador del Estado, o por las autoridades que, conforme a las disposiciones legales locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales. A falta de esas disposiciones legales se ejercerán por las autoridades fiscales del propio Estado que realicen funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el convenio en relación con contribuciones locales. b) A su vez el Estado podrá ejercer las facultades por medio de los Municipios, siempre que haya pacto expreso con la secretaría. Lo anterior pone de manifiesto que tal norma precisa qué autoridades ejercerán las atribuciones delegadas por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; empero, como se alega en los agravios, no contiene supuestos de competencia territorial, material o por grado, lo que se explica porque el ámbito espacial deriva del contenido de la cláusula tercera, en tanto que la competencia material se encuentra prevista en la cláusula séptima, que son del contenido siguiente: (se transcribe). La transcrita cláusula tercera dispone que las facultades conferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ejercerán por el Estado en relación con las personas que tengan su domicilio fiscal dentro de su territorio, es decir, con motivo de tal disposición se delimita el ámbito espacial en que la entidad federativa podrá ejecutar las atribuciones delegadas. Por su parte, la cláusula séptima, armonizada con la segunda, dispone los actos sobre los cuales el Estado podrá ejercer las atribuciones conferidas con motivo del convenio e involucra a los impuestos sobre la renta, al valor agregado, al activo, especial sobre producción y servicios, con sus respectivas excepciones, respecto de los cuales el Estado tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimientos de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos; así como también tiene atribuciones en materia de determinación de impuestos omitidos y su actualización, sus accesorios e imposición de multas; en materia de recaudación; en materia de autorizaciones; en materia de recursos administrativos; y en materia de juicios. De lo anterior se concluye que la cláusula cuarta no contiene hipótesis de competencia territorial ni material y, se repite, ello se explica porque tales tópicos se encuentran previstos en otras cláusulas que integran el propio convenio de colaboración administrativa, las cuales se han referido con anterioridad. Finalmente, como se alega en los agravios, la disposición en estudio tampoco contempla competencia por grado, pues teniendo en cuenta que ésta deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por escalas y los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa, en el caso de las facultades delegadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Estado de Guanajuato en el convenio que se analiza, pueden ejecutarse indistintamente por el gobernador o por autoridades locales, lo que implica que cualquiera de estas autoridades puede ejercerlas sin necesidad de observar una prelación o con motivo de jerarquía. Continuando con el examen de los agravios, corresponde ahora examinar el segundo de los temas, relativo a si la aludida cláusula cuarta tiene la característica de ser una norma compleja en los términos en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo precisó al resolver la contradicción de tesis 114/2005-SS. En dicha ejecutoria, el referido órgano jurisdiccional examinó el tema de la fundamentación de la competencia de los actos de autoridad con motivo de la estructura de los artículos 159 del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social y artículo segundo, párrafo segundo, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil dos, y reiteró las siguientes conclusiones: 1. Que para estimar cumplida la garantía de fundamentación prevista en el artículo 16 constitucional, en lo relativo a la fijación de la competencia de la autoridad en el acto de molestia, es necesario que en el documento que se contenga, se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorga las facultades a la autoridad emisora y, en caso de que tales normas legales contengan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle el apartado, fracción o fracciones, incisos y subincisos en que se apoya su actuación. 2. Que la finalidad de ese proceder es no dejar al gobernado en estado de indefensión, pues no es dable ninguna clase de ambigüedad, ya que la garantía en estudio consiste en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo con la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado con relación a las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica y esté en posibilidad de oponer una adecuada defensa. 3. Al examinar los artículos 159 del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social y artículo segundo, párrafo segundo, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil dos, determinó que tales preceptos no contienen apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos; sin embargo, que ello no es obstáculo para que la autoridad emisora del acto no funde correctamente su competencia territorial. 4. Que si bien una correcta técnica legislativa implica que tanto las leyes como los reglamentos, acuerdos o decretos, para su mejor comprensión deben contener apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, debido a que hace más fácil su lectura y manejo, así como la ubicación de los supuestos o hipótesis en ella contemplados; también lo es que la omisión de tal circunstancia no hace nugatoria la obligación de la autoridad para señalar con toda precisión y exactitud, su competencia, ya sea por razón de materia, grado o territorio. 5. Que en el supuesto de que la norma legal no contemple apartados, fracción o fracciones, inciso y subincisos, la autoridad llegará incluso al extremo de hacer la transcripción correspondiente del precepto en que funde debidamente su competencia. Lo anterior dio lugar a la tesis de jurisprudencia de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’, publicada en la página 310 del Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación (sic). Como se anotó, en la ejecutoria que se comenta, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los artículos 159 del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social y el artículo segundo, párrafo segundo, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil dos, son normas complejas porque a pesar de que no están estructurados en fracciones, incisos o subincisos, sí contienen una serie de párrafos que guardan interrelación, en virtud de que versan sobre la competencia territorial de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ejercerán las facultades que les confiere la ley, sus reglamentos y los acuerdos del consejo técnico; así como el nombre, sede y circunscripción territorial donde ejercerán sus facultades las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente, de Recaudación, de Auditoría Fiscal y Jurídicas, del Servicio de Administración Tributaria. Es decir, ese Alto Tribunal advirtió que los dos preceptos que analizó regulaban en un mismo texto la competencia de diversas autoridades y, por ende, se trataba de reglas complejas, porque si bien guardan cierta interrelación porque se refieren a un denominador común, como lo es el ámbito territorial en el que pueden ejercer sus facultades, cada una de esas reglas es independiente de la otra y delimitan su propia aplicación, pues la circunscripción territorial en la que puede actuar una Administración Local del Servicio de Administración Tributaria o una delegación o subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social es un tópico particular que nada incide o interesa de la que pudiera tener otra dependencia de esos organismos públicos. Por ende, al regular aspectos independientes y concretos, resulta necesario que la autoridad identifique la parte del precepto que justifica su actuación, en la medida de que la cita general del artículo no le permite al gobernado conocer con exhaustividad la regla concreta que fija su competencia, porque al hacer referencia al precepto con esa generalidad, tiene como efecto que se identifique a la norma que regula el ámbito competencial de todas las autoridades que en el mismo se precisan sin que se distinga a la autoridad concreta en la que actúa y ello desde luego genera ambigüedad. Desde otra perspectiva, teniendo en cuenta que pueden actualizarse otras hipótesis, una norma será compleja cuando sin contener fracciones, incisos o subincisos o numerales, prevea que una atribución puede ser ejercida por diversas autoridades como ocurre en el caso de la distribución de la competencia por territorio, o bien, que una o varias autoridades puedan ejecutar una diversidad de atribuciones contenidas en un ordenamiento general, supuestos en los cuales, para tener por cumplida la garantía de fundamentación prevista en el artículo 16 constitucional, resulta necesaria la transcripción exacta de la hipótesis que se actualiza. En el caso concreto, como puede observarse del contenido de la referida cláusula cuarta, no tiene la característica de la complejidad a que se refirió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2005-SS, pues a pesar de que no está estructurada en fracciones, incisos o subincisos o numerales, lo relevante es que los párrafos que la integran no contienen aspectos independientes uno del otro que delimiten su propia aplicación, ya que solamente contiene la referencia acerca de las autoridades locales que ejercerán las atribuciones conferidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, ese precepto no se integra por determinadas atribuciones susceptibles de ser ejercidas por varias autoridades, como tampoco precisa que una o varias autoridades puedan ejecutar una diversidad de facultades. En efecto, en el primer párrafo se prevé que tanto el gobernador del Estado como las autoridades que, conforme a las disposiciones locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales, pueden, indistintamente, ejecutar las facultades conferidas con motivo del convenio, pues, como se anticipó, gramaticalmente se utiliza la disyuntiva ‘o’ que desde luego lleva a la comprensión de que cualquiera de ellas puede realizar dichos actos. La facultad de las autoridades locales o del gobernador no se excluyen, como tampoco debe entenderse que necesariamente deba cumplirse con un orden de prelación, en cuanto a que se entienda que originalmente es el gobernador del Estado quien puede ejercerlas y sólo cuando esté ausente o falte, las autoridades que conforme a las leyes locales estén facultadas para administrar contribuciones federales, pueden ejecutar esas atribuciones. Así, la regla que fija esa norma radica en que las facultades que la citada secretaría confiere al Estado, pueden ejercerlas tanto el gobernador como las autoridades que, conforme a las disposiciones locales, estén facultadas para administrar contribuciones federales, y esa posibilidad no está sujeta a una condición o algún aspecto excepcional de la cual dependa su actuación, porque la propia norma los faculta sin que sea necesario que se cumpla algún requisito específico. Lo anterior significa que el ejercicio de las facultades por parte de las autoridades locales dependerá de que el Estado en su legislación local prevea atribuciones para administrar contribuciones federales, puesto que al existir esas disposiciones excluirá la hipótesis contenida en el segundo párrafo, pues la condición prevista en él se actualiza solamente que no existan disposiciones locales que determinen las atribuciones para administrar contribuciones federales, en tanto que los Municipios únicamente podrán actuar cuando exista pacto expreso con la secretaría, aspecto este último que no se presenta en el caso que se examina. En otras palabras, si hay legislación local que faculta a las autoridades administrativas a administrar contribuciones federales, no cobrará vigencia el segundo párrafo, puesto que aquéllas disposiciones excluirán su aplicación, ya que está diseñado para entidades federativas cuya legislación no contemple la administración de contribuciones federales. Cabe mencionar que el Estado de Guanajuato se ubica en la primera hipótesis, porque tiene disposiciones legales que facultan a autoridades locales a administrar contribuciones federales, como son la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (artículo 24, fracción II, incisos b) y c), que dispone que la Secretaría de Finanzas y Administración, tiene facultades para ejercer las atribuciones y funciones que en materia de administración fiscal se contengan en los convenios suscritos por el Gobierno del Estado); Código Fiscal para el Estado de Guanajuato vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco (artículos 19, fracción II y 29, que establecen, de manera respectiva, que son autoridades fiscales del Estado, el secretario de Finanzas y Administración y que las autoridades fiscales estatales podrán coordinarse con las de la Federación para el mejor cumplimiento de las leyes fiscales federales, en cuyo caso se les considerará autoridades fiscales federales y ejercerán las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en que se les señalen en los convenios de coordinación, o acuerdos respectivos); y Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, en el que se precisa que tal órgano del Estado tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienda, entre otros ordenamientos legales, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. Entonces, como se anticipó, la anterior norma no fija reglas independientes que delimiten su propia aplicación desvinculadas de las otras, en la medida en que se refiera a aspectos autónomos y concretos, por lo que basta citar, de manera general, la cláusula cuarta del indicado convenio, sin que sea necesario que identifique algún párrafo concreto, para que con ello cumpla con la garantía de fundamentación que exige el artículo 16 de la Constitución Federal, por ende, su sola mención no propicia inseguridad jurídica en el gobernado, ni genera ambigüedad, porque bastará con que se remita a esa norma para, de inmediato, constatar que la autoridad que ordena el acto de molestia puede, sin ninguna condición o requisito, actuar en la manera en que lo hace, porque ese precepto determina que es la autoridad que originalmente puede realizar ese acto, por lo que no requiere de mayor precisión. De manera que sólo quedará complementar esa cláusula con las disposiciones locales para advertir si la autoridad tiene atribuciones para administrar contribuciones federales, en caso de que no sea el gobernador quien emita el acto de molestia, ya que con el examen de tales preceptos locales podrá concluirse si la autoridad administrativa fundó debidamente su competencia por materia, por grado o por territorio, como se alega en el primer motivo de desacuerdo expresado por la inconforme. A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2001-SS, examinó si una autoridad local del Estado de Jalisco (director de auditoría fiscal), es competente para solicitar información y documentación a los contribuyentes en relación con los impuestos federales materia del convenio de colaboración administrativa celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Jalisco. En ese estudio, el referido órgano colegiado examinó la cláusula cuarta del convenio en cita (de igual contenido que la correlativa para el Estado de Guanajuato), y marginó las atribuciones delegadas al gobernador del Estado de Jalisco para ejecutar dicho convenio por no ser tema de discusión. Lo relevante de esa decisión es que para determinar que la Secretaría de Finanzas del Estado puede ejercer las atribuciones conferidas en materia fiscal federal al Gobierno Estatal y para poner de manifiesto que el director de Auditoría Fiscal del Estado de Jalisco no es competente para solicitar información y documentación a los contribuyentes en relación con los impuestos federales materia del convenio, el aludido cuerpo colegiado se refirió a los preceptos locales como normas ‘complementarias’ de la cláusula cuarta del convenio y estimó que el estudio del tema propuesto debe iniciarse a la luz de lo previsto por la cláusula cuarta y continuarlo con lo dispuesto por los preceptos locales, es decir, armonizó la cláusula cuarta con determinados numerales locales. Ese estudio se explica porque la indicada cláusula cuarta, al igual que el pacto concerniente al Gobierno del Estado de Guanajuato, no contiene hipótesis diversas de competencia ni atribuciones conferidas de manera particular a determinadas autoridades locales. Cabe destacar que para evidenciar que la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco es la facultada para ejercer las atribuciones conferidas en materia fiscal federal al Gobierno Estatal, conforme a la cláusula cuarta del convenio de colaboración administrativa, el mencionado Alto Tribunal analizó la fracción V del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, vigente en mil novecientos noventa y nueve, que es del tenor siguiente: (se transcribe). Por su parte, el artículo 24, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, que es uno de los preceptos citados por la autoridad hacendaria al emitir el acto administrativo, reviste un contenido similar al previsto en el Estado de Jalisco, pues es del tenor siguiente: (se transcribe). Los preceptos transcritos son similares, porque la única diferencia versa por cuanto que el Estado de Jalisco se precisa que a la Secretaría de Finanzas le corresponde ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el gobier
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20374-c526c706/convenios-de-colaboracion-administrativa-en-materia-fiscal-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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