RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN III, DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES REGISTRALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 168/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que pronunció una de las ejecutorias que participan en este asunto.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso atender a las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados, siendo las que a continuación se transcriben.
El entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito) dictó ejecutoria al resolver el amparo directo 347/99, promovido por Román Rodríguez Rubio, en lo conducente, sostuvo:
"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. ... Ahora bien, es verdad que el artículo 4o., fracción III, de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado establece que el director del registro público tendrá la atribución de revocar las resoluciones, acuerdos o actos de los registradores, cuando se demuestre la ilegalidad de ello, con audiencia del interesado en su caso, sin embargo, la regla general sobre la procedencia de la revocación, que contiene esta disposición cede ante la especial que se aduce de los preceptos que en apoyo de su resolución invocó al Magistrado responsable para declarar la validez del acuerdo del director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de no admitir el recurso de revocación del ahora quejoso, tendiente a cancelar las inscripciones de que se ha dado cuenta, pues ciertamente, de los artículos 8o., fracción V, 47 y 54 de la referida ley se pone de manifiesto que la figura de la cancelación de inscripciones registrales no se encuentra regulada por la ley de la materia, ya que el primero de estos preceptos dispone que el registrador deberá devolver, dentro de un término no mayor de tres días, los documentos o títulos cuya inscripción considera improcedentes, dando constancia por escrito del fundamento legal de la negativa, para que el afectado pueda ejercitar el derecho que le concede la fracción III del artículo 4o. de esa ley, o acudir a la autoridad judicial, en tanto el segundo dispone que la calificación de legalidad hecha por el registrador, en el caso del numeral y fracción antes mencionados, o por el director en los casos en que se hubiere hecho uso del recurso de revocación a que alude la fracción III del artículo 4o. de esa ley, se entenderá para el sólo efecto de admitir o negar la inscripción, sin perjuicio de que pueda seguirse ante los tribunales el juicio o juicios respectivos sobre la nulidad del título o la falta de representación; y por último, el tercer dispositivo dispone que la cancelación es la anotación que implica la extinción total o parcial de las inscripciones que puede hacerse por consentimiento de las partes, por resolución judicial y en los casos que así lo determine la ley. Luego, entonces, para que pueda darse la cancelación de inscripciones es menester que se dé alguna de estas hipótesis, lo que no ocurrió en la especie, pues el quejoso no fundó su pretensión en la anuencia de su contrario, en una resolución judicial o bien en una norma legal que así lo ordenara, sino que el recurso de revocación lo hizo valer, para el efecto de que se cancelaran la inscripción 1397, volumen 29, libro 14, sección auxiliar, unidad San Nicolás de fecha diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, derivada de la solicitud de acreditación de medidas promovida por Arnulfo García Hernández, en su carácter de albacea de la sucesión antes mencionada, y de la inscripción número 1186, volumen 66, libro 24, sección propiedad, unidad San Nicolás de los Garza, de fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete, de la escritura pública número 12666, de fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, porque a ambos afectan el inmueble de su propiedad. Por tanto, con arreglo al artículo 2901 del Código Civil del Estado, que dispone que los bienes raíces o derechos reales no pueden aparecer inscritos a la vez en favor de dos o más personas distintas, a menos de que éstas sean partícipes, se insiste, el recurso de revocación no era el medio idóneo para cancelar las aludidas inscripciones, sino lo era la vía judicial. Es aplicable al caso que nos ocupa, la tesis aislada sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del Volumen XXXIII, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘ACCIONES DE NULIDAD Y REIVINDICACIÓN, PROCEDENCIA DE LAS.’ (se transcribe). Tampoco asiste razón al quejoso al asegurar que se le infringieron las garantías de legalidad y audiencia, por el hecho de que no se le dio tramitación al procedimiento del recurso de revocación que nos ocupa. Ello es así, porque como bien lo dijo el magistrado responsable, al no ser la vía idónea, la autoridad demandada no tenía porque admitirlo, pues únicamente en este supuesto debe sujetarse al trámite establecido por el artículo 4o., fracción III, de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, puesto que se va a entrar al examen del fondo de la cuestión planteada. ..."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en el amparo directo número 56/2007-II, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SÉPTIMO. En cambio son fundados los argumentos formulados en la demanda de garantías en el sentido de que la responsable realizó una incorrecta interpretación de lo establecido en el artículo 54 de la ley reglamentaria aplicable, porque el director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio sí está legalmente facultado para tramitar y resolver el recurso de revocación en contra de las inscripciones realizadas por los registradores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, fracción III, del citado ordenamiento legal; en relación con el argumento que expone la quejosa, en que, literalmente, señala: (se transcribe). En efecto, para interpretar la extensión y contenido de los artículos 4o., fracción III, 8o., fracciones IV y V, 45, 46, 47 y 54 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, conviene dejar previamente establecidos algunos principios fundamentales que rigen el acto administrativo, a la luz de los cuales debe analizarse la naturaleza y alcances del recurso administrativo de revocación, regulado por los numerales citados. El primero de estos principios es el de legalidad de los actos administrativos. Acorde a lo previsto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, las autoridades están sujetas al principio de legalidad, conforme al cual no pueden llevar a cabo acto alguno si no está previamente contemplado legalmente. Así, las autoridades administrativas, por el solo hecho de actuar con apego a las normas jurídicas, legitiman su conducta en el Estado de derecho. En ese sentido, todo acto de autoridad que no se realice dentro del marco normativo previsto con antelación para ello, debe ser considerado como ilegal; por lo que, para contrastar la validez de éste, no se debe cuestionar por la existencia de algún precepto legal que lo prohíba, bajo el supuesto de que ante su falta ha de entenderse como legal, sino que, por el contrario, se debe inquirir si algún precepto legal lo admite como acto administrativo para concluir por su invalidez en ausencia de tal disposición. Es decir, conforme al citado principio de legalidad, las autoridades sólo pueden actuar cuando existe un cuerpo normativo que otorga facultades para su actuación, por lo que la invalidez de un acto administrativo deriva, por regla general, de la inexistencia de tal precepto jurídico que habilita a la autoridad para actuar. En ese contexto, la ley regula las facultades de las autoridades, cuando menos, en cuatro formas; a saber: a) la existencia misma de la potestad; b) la competencia para actuarla; c) que tal potestad sea conferida a determinado ente jurídico y no de manera indeterminada, y d) que se prevea la finalidad específica, normalmente implícita, que se persigue con el ejercicio de las facultades de la autoridad. Derivado de este principio de legalidad, rige un segundo principio, el de autotutela de la administración, conforme al cual la administración está capacitada como sujeto de derecho para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas, de modo que no requiere de permiso o autorización judicial para emitir sus decisiones y, más aún, para hacerlas valer frente al gobernado, con el uso de la coacción frente a terceros sin necesidad de solicitar la coacción judicial. En aplicación de ambos principios, el acto o la resolución administrativa tiene la presunción de ser legal y estar ajustado a derecho, esto es, goza en su favor de una presunción iuris tantum, característica de la naturaleza del acto administrativo, porque la función pública no puede permitir que un acto de la administración carezca de eficacia, lo que además estaría en contradicción con la calidad de imperio de que están revestidos sus actos, por lo que siempre se presume su legalidad; aunque, cuando el particular los controvierta, las autoridades deben probar su legalidad. Por ello se sostiene que, si el acto o resolución administrativa está revestido de una presunción de legalidad que admite prueba en contrario, implica entonces la exclusión de la presunción iuris et de iure, o de pleno derecho. Es decir, el acto o la resolución administrativa no tienen atribuida la autoridad de cosa juzgada. Esto significa que el acto administrativo es revocable por parte de la autoridad, una vez que emerge un hecho superveniente que muestra que el acto no está apegado a derecho. Esta revocabilidad del acto administrativo es posible sólo desde la perspectiva de la autoridad, ya que para el gobernado afectado, que no interpuso medios de defensa en contra de ella dentro del término legal, tiene fuerza ejecutiva. La revocación a la que se ha venido refiriendo, es consecuencia de una revisión de los propios actos de la administración pública, motu proprio, de propia iniciativa, sin que haya solicitud expresa del gobernado. Esta revocación de propia autoridad es general para las autoridades administrativas, porque deriva de la naturaleza iuris tantum de los actos administrativos, independientemente de que se encuentre expresamente consignada en algunas legislaciones de la materia administrativa, como es el caso de los artículos 36, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación; 9o., fracción IV, y 22, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Cabe mencionar como excepción el caso de resoluciones administrativas que sean favorables al particular, y respecto de las cuales aparezca una situación superveniente que muestre su ‘ilegalidad’; en cuyo caso, la autoridad habría de promover juicio contencioso administrativo, para modificar o declarar la anulación del acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VIII.2o.5 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyo criterio se comparte, que establece: ‘RESOLUCIONES FISCALES. REVOCACIÓN DE, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA.’ (se transcribe). Ahora bien, esta característica de revocabilidad del acto administrativo está ínsito en el recurso administrativo, pues la actuación de la autoridad administrativa, de interponerse éste, consistirá no tanto en llevar a cabo una función materialmente jurisdiccional, dado que no existen dos intereses en conflicto en relación a los cuales la autoridad administrativa esté por encima para dirimir la composición de los intereses en conflicto. En este caso, la autoridad no está por sobre los intereses de las partes, sino que es parte del conflicto, al haber emitido un acto unilateral imperativo que lesiona los intereses de los gobernados, cuya intervención es estimulada por el particular para la revisión, el reexamen o autoexamen del acto administrativo lesivo. En función del principio de legalidad que faculta a la autoridad a hacer sólo lo que la ley le permite, la propia ley le otorga el poder de reformar o revocar el acto realizado por ella e, incluso, el deber del reexamen de dicho acto, a partir del derecho correlativo del titular del interés, que se considera lesionado, a obtener el reexamen. El recurso administrativo constituye así un procedimiento legal del que dispone el particular, que ha sido afectado en sus derechos legítimamente tutelados por un acto administrativo, con el fin de obtener de la autoridad una revisión de sus propios actos, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo modifique en caso de que ella encuentre demostrada la ilegalidad del mismo. Así el principio de legalidad y el principio de autotutela, que explican y sustentan la presunción de legalidad y la ejecutoriedad del acto administrativo, distinguen a la administración de los demás entes particulares o privados. Es lo que faculta a estas autoridades para revisar o corregir sus propias determinaciones, ya sea por decisión unilateral (cuando no se han creado derechos a favor de un particular), o bien motivado por algún gobernado, quien insta a la propia autoridad administrativa a ello, a través de los ‘recursos administrativos’ previstos legalmente. De manera que, por las razones que se han expuesto, acorde a la naturaleza de los recursos administrativos, el objeto de éstos no es el de entablar una controversia de carácter jurisdiccional, pues en tal supuesto resultaría ilógico que quien emite el acto sea, además, juzgador; sino simplemente el de permitir a la autoridad que ‘revise’, ‘confirme’ o ‘revoque’ sus propias decisiones. Sirve de apoyo, en cuanto a la naturaleza de los recursos administrativos, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ‘RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN. NATURALEZA DEL ACTO QUE LO RESUELVE.’ (se transcribe). En virtud pues de los principios ya destacados, y de las características de los recursos administrativos, puede sostenerse que la resolución que ponga fin al recurso interpuesto por un particular puede tener, a saber, algunos de los siguientes sentidos: 1. Confirmar el acto administrativo impugnado. Cuando en la actividad de autorrevisión que efectuó la autoridad sobre el acto que emitió en su facultad de imperio, se concluye que el procedimiento administrativo previo estuvo ajustado a los parámetros normativos y, por tanto, es acorde con el principio de legalidad, sin que exista ilegalidad manifiesta ni no manifiesta, dado el estudio hecho al respecto, por lo que la autoridad emite una nueva resolución en la que resuelve confirmar el acto, dando las razones jurídicas para ello dentro de los considerandos de la resolución que resuelve el recurso. 2. Que el recurso se deseche por improcedencia, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso. Aquí, la actividad de autorrevisión de la autoridad concluye que el recurso propuesto es motivo de desechamiento, de sobreseimiento o de tenerlo por no interpuesto, toda vez que el recurso no cubre con alguno de los requisitos esenciales del mismo, motivo por lo que no se le da entrada sin ningún análisis sobre el fondo del asunto. 3. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución. La autoridad al efectuar su actividad de autorrevisión sobre el acto recurrido, ha encontrado una violación de procedimiento que trascendió a la resolución, por lo que ordena la reposición del procedimiento a partir de que se cometió la violación a las normas procesales o, en todo caso, que se emita una nueva resolución que sí se apegue a las actuaciones que constan dentro del procedimiento administrativo respectivo. 4. Dejar sin efectos (nulificar) el acto impugnado. La actividad autorrevisora de la autoridad sobre sus propios actos ha descubierto que el acto administrativo recurrido fue consecuencia de una violación consistente en que no existe adecuación entre los hechos generadores del procedimiento y las normas administrativas, por lo que el hecho no puede ser subsumido dentro de alguna de las hipótesis legales que conlleven la imposición de una restricción del derecho legalmente tutelado del gobernado. En tal caso, la resolución combatida se nulifica sin que subsista facultad alguna de la autoridad para proseguir con la fiscalización o la comprobación del cumplimiento de las normas administrativa por el particular. 5. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. En este caso, la actividad de autorrevisión de la autoridad ha concluido que, en efecto, existen determinados elementos de la resolución recurrida susceptibles de nulidad, pero no todos, quedando subsistentes algunos de ellos. En tal caso, según lo más conveniente, se ordenará modificar la resolución recurrida en la parte correspondiente, o la emisión de una nueva resolución que mantenga la anterior en lo no modificado por la autorrevisión, pero incorporando las modificaciones que sí demostró el particular. En conclusión, el recurso administrativo representa una forma jurídica que permite a la autoridad administrativa, en apego a los principios de autotutela y de legalidad antes destacados, la revisión de sus propios actos; revisión que debe concluir en una resolución que puede tener, entre otros, alguno de los sentidos aquí indicados. Los elementos de juicio hasta aquí expuestos son los que habrán de servir de sustento de esta ejecutoria, en donde el tema controvertido radica en determinar si la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nuevo León establece o no la facultad del director general de tal organismo público, para tramitar y resolver el recurso de revocación en contra de las inscripciones, ya realizadas, cuando son consideradas ilegales. En los artículos 4o., fracción III, 8o., fracciones IV y V, 45, 46, 47 y 54 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se establece: (se transcribe). Conforme a lo establecido en los preceptos legales transcritos, es posible concluir como aspecto general, primeramente, que el director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio está facultado para tramitar y resolver el recurso administrativo de revocación en el que se impugnen las resoluciones, acuerdos o actos de los registradores, cuando se demuestre la ilegalidad de ellos. En ese sentido, se observa que la ley prevé, primero, la existencia del recurso administrativo; además, cuál es la autoridad a quien se concede la potestad de revisar los actos administrativos, esto es, al director general del registro público y por último, se advierte que establece, específicamente, que el fin de tal recurso es el revocar las resoluciones, los acuerdos y los actos de los registradores públicos, cuando se demuestre la ilegalidad de estos. También se concluye que la facultad que se confiere al director general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el artículo 4o., fracción III, antes citado, no se encuentra limitada a casos determinados, pues establece su atribución de revocación de manera general a todos los acuerdos o actos de los registradores cuando se demuestre su ilegalidad. La regla general contenida en la norma comentada es acorde con los principios de legalidad y de autotutela que corresponden a la naturaleza de los actos administrativos, como lo son los acuerdos y actos de los registradores, razón por la cual es técnica y naturalmente previsible su revocación por el superior de la autoridad administrativa que lo emitió, tal como se encuentra establecido en dicho precepto, al señalar con claridad, a favor del funcionario referido, la facultad de conocer, tramitar y ordenar la revocación de los actos que los aludidos registradores efectúen en términos del artículo 8o., fracciones IV y V, en donde se establece que los registradores están facultados, para llevar a cabo la inscripción de los títulos o documentos registrables, así como para devolver los mismos cuando su inscripción se considere improcedente, entre otras resoluciones, actos o acuerdos que pueden emitir. En tanto que se evidencia de lo establecido en el artículo 54 que la cancelación de las inscripciones que lleven a cabo los registradores puede llevarse a cabo no solamente por el mutuo consentimiento de las partes y por resolución judicial, sino también por que así lo disponga la ley; caso este último que en la especie se actualiza, pues existe disposición para ello en el artículo 4o., fracción III, de la ley reglamentaria en consulta, que regula la revocación del acto o acuerdo registral correspondiente, por resolución del director del registro. Por tanto, de lo hasta aquí expuesto es dable concluir que el recurso de revocación previsto en el artículo 4o., fracción III, puede tener por materia tanto el examen del acuerdo que niega la inscripción de algún documento o título, como la inscripción de la misma ya materializada, pues ley no dispone ninguna distinción o limitación al respecto. Es así, pues la propia ley prevé en la fracción III del artículo 4o. que pueden ser revocados los actos de los registradores y, según la fracción IV del diverso numeral 8o., se observa que la inscripción de documentos y títulos es uno de los actos de los registradores, siempre que se demuestre su ilegalidad. En consecuencia, como sucede en este caso, esto es, cuando el superior jerárquico del registrador revoca una inscripción al demostrarse su ilegalidad, es obvio que tal facultad implica también la de ordenar la cancelación de la misma, puesto que debe estimarse que se trata de un caso en que así lo determina la propia ley y que, por ende, se encuentra contemplado en la fracción III del artículo 54, del mismo ordenamiento. En efecto, para el estudio de la procedencia de la cancelación de las inscripciones, en la especie no puede hacerse una interpretación restrictiva y desvinculada de las fracciones del artículo 54 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en donde se establecen los supuestos con apoyo en los cuales procede la cancelación de la inscripción registral. Es así, porque el artículo citado se compone de tres fracciones, y cada una establece un supuesto diferente, como se advierte de su transcripción literal siguiente: (se transcribe). Por tanto, no es correcto lo considerado por la Sala responsable, en el sentido de que las facultades consagradas a favor del director general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, en cuanto a la resolución del recurso de revocación, están limitadas, al tratarse de inscripciones, a la sola calificación de legalidad o ilegalidad de la negativa de la inscripción del documento o título respectivo por no existir consentimiento de las partes o resolución judicial que permita la cancelación de las inscripciones ya materializadas. Es así, puesto que coincidir con ello implicaría desconocer el contenido de la fracción III del artículo 54 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que remite de manera amplia a cualquier otro supuesto de hecho contenido en la ley. La circunstancia de que en las dos primeras fracciones el legislador haya determinado dos hipótesis de manera clara y específica, que implican la facultad del director del registro para cancelar las inscripciones, no lleva válidamente a colegir que esos dos supuestos son lo únicos y que la cancelación por causa de ilegalidad en la inscripción, al no estar redactado de manera específica en otra fracción de ese artículo, no es procedente. En efecto, incluir en el precepto legal de referencia, de manera específica, todas las hipótesis de procedencia de cancelación, implicaría una labor legislativa quizá interminable, a más de que el solo hecho de que en la fracción III se haga remisión a ‘los demás casos que así lo determine la ley’, permite a la autoridad administrativa examinar cualquier otro supuesto que se presente, en atención a lo previsto legalmente. Por lo que se impone colegir que, la remisión expresa a la ley, efectuada en la fracción III de referencia, lleva a concluir que los supuestos de ilegalidad de las inscripciones también están incluidos en la facultad de la autoridad registral para cancelarlas. Así, no es válida la interpretación del artículo 54 de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que realiza la responsable en el sentido de que la facultad de revocación no es extensiva a las inscripciones que realicen los registradores, sino sólo a las demás facultades con la que cuentan los mismos, previstas en el artículo 8o. Interpretación que realiza con fundamento en que en el artículo 54 se destaca que, para la cancelación de las inscripciones, es menester que exista acuerdo de voluntades entre las partes interesadas, o bien una resolución judicial, esto es, que ante la disparidad de intereses entre las partes, únicamente el poder judicial puede ordenar la cancelación de la inscripción, y no la autoridad administrativa. Es así, ya que al entenderlo de esa manera no solamente se distinguirían, donde la ley no lo hace, los casos en que el director del registro puede revocar los actos de los registradores, cuando se demuestra su ilegalidad, sino además, se desatendería que, según se ha dicho, el acto administrativo como lo es el registro de un documento realizado de manera unilateral por la autoridad es, por su propia naturaleza, revocable; en atención al principio de autotutela que faculta a la autoridad administrativa que lo emitió a revocarlo de propia iniciativa o como consecuencia del reexamen que del mismo haga a través de los recursos administrativos que el gobernado tiene a su alcance. Esto se afirma, toda vez que el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria del Registro Público de la Propiedad y del Comercio no distingue entre las resoluciones que puede revocar el director general, sino que se refiere, en forma general, a las resoluciones, acuerdos o actos de los registradores, cuando se demuestre la ilegalidad de ellos, con audiencia del interesado. Por tanto, como lo argumenta la quejosa, si la ley no distingue entre los actos de los registradores que puede revocar el director general, la autoridad responsable no debió realizar tal distinción; a más de que el artículo 54, fracción III, del mismo ordenamiento establece que la cancelación de una inscripción también puede hacerse en los demás casos que lo determine la ley, como lo es, cuando el superior del registrador la revoca, con base en el artículo 4o., fracción III, de la propia ley. No es óbice para concluir lo anterior lo expresado por la Sala responsable, en el sentido de que en el artículo 47 antes citado se prevé que el director del registro público, al resolver el recurso de revocación, pueda hacerlo para el ‘solo efecto de negar o admitir la inscripción’, lo que le llevó a concluir que el recurso de revocación solamente puede tener el alcance de analizar la negativa de inscribir un documento, pero no la inscripción ya realizada. Es así, porque la interpretación de dicho precepto no puede limitarse a su literalidad, sino que debe acudirse también a la interpretación sistemática que tenga en cuenta el contenido de los demás preceptos de la ley reglamentaria que se encuentran relacionados con el mismo. En efecto, el mencionado artículo 47 está ubicado en el capítulo XII de la ley de la materia, titulado ‘Devolución de documentos’, capítulo que se integra con el precepto citado y los diversos numerales 45 y 46, cuya transcripción conviene citar literalmente, a pesar de que ya fueron transcritos renglones atrás, por su importancia para sustentar la interpretación que les corresponde: (se transcribe). En ese contexto, el artículo 8o., fracción V, al que remite el último de los preceptos transcritos dispone: (se transcribe). Así, del análisis armónico de los preceptos transcritos, se advierte que se refieren a la obligación a cargo de los registradores o del director del registro, cuando se hubiere hecho uso del recurso de revocación, de devolver los documentos o títulos cuya inscripción consideren improcedente, mediante constancia fundada y motivada de las faltas de legalidad expresamente referidas, destacándose en el artículo 47 que la calificación de legalidad hecha por el registrador o por el director del registro, cuando la calificación hubiere sido materia del recurso de revocación, se entenderá hecha para el solo efecto de negar o admitir la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20554-9d10ca3b/recurso-de-revocacion-previsto-en-el-articulo-4o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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