NULIDAD. LA DECRETADA POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL CRÉDITO FISCAL O UNO DE LOS ACTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN, NO PUEDE SER PARA EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNAN SIMULTÁNEAMENTE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DEL CRÉDITO FISCAL Y LA DICTADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 163/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentaron Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de la materia administrativa, del conocimiento de este cuerpo colegiado.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito de los que participan en la presente contradicción de tesis.
Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en las ejecutorias que se estiman como posiblemente contradictorias.
TERCERO. Al resolver los recursos de revisión fiscal 34/2006, 70/2006, 88/2006, 165/2006 y 227/2006, con fechas veintiséis de septiembre de dos mil seis (el primero de ellos); quince de noviembre de dos mil seis (el segundo y tercero de los nombrados); así como veintiuno y catorce de febrero de dos mil siete los dos restantes, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sostiene, en esencia, similares consideraciones; motivo por el cual sólo se transcribe la parte conducente de la resolución dictada en el penúltimo de los recursos mencionados, por ser la de la fecha más reciente.
Revisión fiscal 165/2006:
"TERCERO. La parte recurrente expresó como agravios los siguientes: (se transcriben) ... Quinto. Los agravios son ineficaces y uno fundado, por las razones a exponer a continuación. ... Por otro lado, es fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada el argumento en el cual la recurrente esgrimió que los alcances de la nulidad decretada eran excesivos porque no debía ser lisa y llana, bajo los parámetros indicados a continuación. Sobre el particular, se tiene que el artículo 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación establece la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad para determinados efectos, teniendo obligación el Tribunal Fiscal, en tal supuesto, de precisar claramente la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla. Por tanto, tratándose de los supuestos establecidos en las fracciones II (ausencia de formalidades) o III (vicios de procedimiento) del artículo 238, el Tribunal Fiscal debe ordenar a la autoridad administrativa que, en uso de sus atribuciones y en virtud de que únicamente fueron objeto de estudio violaciones de carácter formal, emita una nueva resolución, cumpliendo con las formalidades de que ha de estar revestido el acto, o bien que reponga el procedimiento para que la nueva resolución se dicte después de reunirse todos los requisitos que deben existir previamente al pronunciamiento de la decisión, debiendo, desde luego advertirse que no toda omisión de formalidades o vicios del procedimiento tendrá como consecuencia la nulidad de la resolución, sino que, en términos del artículo 237, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, es necesario que tales omisiones o vicios afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, es decir, que le ocasionen un perjuicio. Ahora, el artículo 239, fracción III, establece una excepción o salvedad a la regla que establece (sic), a saber, cuando se trate de facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Así, para poder determinar cuándo debe obligar la sentencia de nulidad a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución y cuándo no debe tener tales efectos, es menester acudir a la génesis de la resolución impugnada para saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de determinación forzosa o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. En el primer caso, es decir, cuando la resolución administrativa se dictó como culminación de un procedimiento donde el orden jurídico exige de la autoridad demandada un pronunciamiento, la reparación de la violación dictada no se colma con la simple declaración de nulidad de dicha resolución, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra para no dejar incierta la situación jurídica del administrado (como ejemplos pueden citarse los casos en que la materia del asunto versa sobre la petición de reconocimiento de un derecho subjetivo tutelado, como cuando se impugne la negativa de devolución de lo pagado indebidamente, la negativa a reconocer el derecho a una pensión de retiro, las resoluciones sobre cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de obra pública y cuando la resolución impugnada fue pronunciada como culminación de un recurso administrativo). En el segundo caso, es decir cuando la resolución administrativa impugnada nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, como por ejemplo los casos en que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación autoriza a la autoridad para comprobar el cumplimiento a las disposiciones fiscales, si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declara la nulidad de la resolución no puede, válidamente, obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley le otorga para decidir si debe obrar o debe abstenerse y para determinar cuándo y cómo debe obrar, sin que el tribunal pueda sustituir a la demandada en la apreciación de las circunstancias y de la oportunidad para actuar que le otorgan las leyes; además, ello perjudicaría al administrado en vez de beneficiarlo al obligar a la autoridad a actuar cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo; pero tampoco puede, de manera válida, el tribunal impedir a la autoridad administrativa pronuncie nueva resolución, porque con tal efecto le estaría coartando su poder de elección. En este orden de ideas, el acto administrativo que no cumple con las exigencias legales de la debida fundamentación y motivación, es (sic) la culminación de facultades discrecionales realizadas por las autoridades administrativas, cuando, por ejemplo, ha mediado el ejercicio de facultades de comprobación, como ocurre en el caso y por eso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede obligar a las autoridades a que dicten nueva resolución ante la discrecionalidad que la ley les otorga para decidir si deben obrar o deben abstenerse y para determinar cuándo y cómo deben obrar, pues no es dado a dicho tribunal sustituir a las demandadas en la apreciación de las circunstancias y de la oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, además de que ello perjudicaría al administrado en vez de beneficiarlo, al obligar a la autoridad a actuar cuando ésta pudiera abstenerse de hacerlo; o sea, no podría decretarse una nulidad para efectos, como lo quiere el inconforme. Sin embargo, tampoco puede, válidamente, impedirse que la autoridad administrativa pronuncie nueva resolución, porque con tal efecto le estaría coartando su poder de elección. Así las cosas, si bien el fallo cuestionado en el juicio de nulidad corresponde al recaído con motivo de haberse interpuesto recurso de revocación contra la determinación de crédito fiscal, en virtud de haberse llevado a cabo una orden de verificación, entonces no se puede constreñir a las autoridades administrativas fiscalizadoras a dictar una nueva resolución ni se les puede impedir que emitan otra, razón por la cual, si la Sala Fiscal decreta la nulidad del acto cuestionado por deficiente fundamentación, debe hacerlo en términos del supuesto excepcional, contenido en el artículo 239, fracción III, parte última y párrafo último de ese numeral, del Código Fiscal de la Federación. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 149/2005, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la nación, visible en la página 366, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dispone: ‘MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES.’ (transcribe). Corolario de lo expuesto, si en el presente caso la autoridad correspondiente en uso de sus facultades giró orden de verificación, luego determinó al contribuyente crédito fiscal por omisión en el pago de contribuciones, contra ésta se promovió recurso de revocación, el cual se resolvió y, a su vez fue impugnado mediante el juicio de nulidad y se configuró el vicio de incorrecta fundamentación del acto en cuanto a la insuficiente cita de preceptos de la competencia territorial de la autoridad, atribuida tanto al contenido de la orden de verificación, como a la determinación del citado crédito fiscal, entonces lo correcto era declarar su nulidad en términos de los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, parte última y párrafo último de ese numeral, del Código Fiscal de la Federación. Pues hacerlo de otra manera u obligar a la emisión del acto de mérito, podría tener como consecuencia constreñir a una autoridad sin facultades a emitir una actuación ilegal o bien impedir el uso de sus atribuciones de suyo coartaría su poder de elección. En ese orden de ideas, como bien lo señaló la recurrente, si la Sala decretó la nulidad lisa y llana, dicho proceder fue incorrecto en virtud de lo antes considerado y no es obstáculo a lo anterior lo asentado por la autoridad resolutora en la parte conducente donde asentó que: ‘es legalmente procedente sostener que las resoluciones impugnadas en este juicio, fueron emitidas en contravención a las disposiciones aplicables, al no haber sido debidamente fundado el acto que dio origen al procedimiento del cual se derivaron las sanciones por lo que se refiere a la competencia territorial, motivo por el cual resulta procedente declarar la NULIDAD LISA Y LLANA de la resolución impugnada en el presente juicio’, toda vez que la aludida nulidad lisa y llana se refiere a la indebida aplicación de disposiciones sustantivas y en el caso concreto se configuró la insuficiente fundamentación de la competencia territorial, lo cual indica una cuestión formal basada en normas adjetivas. Lo asentado sin necesidad de imponer a la autoridad, quien resolvió el recurso citado, la obligación de dejarlo sin efecto de manera expresa y volver a pronunciarse en el sentido de declarar la nulidad en los términos indicados, porque de conformidad con los artículos 197, párrafo último y 237, párrafo cuarto (vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco), del Código Fiscal de la Federación, cuando el inconforme promueve juicio de nulidad contra la resolución recaída a un recurso, también se entenderá que impugna la determinación recurrida y tendrá posibilidad de hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el medio de impugnación (principio de litis abierta); asimismo, en términos del segundo numeral, el órgano jurisdiccional a quien corresponda conocer del asunto, podrá pronunciarse en cuanto a la legalidad de la determinación impugnada, siempre y cuando cuente con elementos suficientes para ello (principios de celeridad y economía procesal). Con base en lo anterior, en el supuesto de que el tribunal referido cuente con los datos necesarios para corroborar la ilegalidad de la actuación recurrida, entonces procederá a declarar su nulidad sin necesidad de reenviar y tampoco conminar al ente quien resolvió el recurso a volver a pronunciarse con apego a los lineamientos que se establezcan en la ejecutoria respectiva, lo cual acontece en la hipótesis de que el acto primigenio de autoridad carezca de la suficiente fundamentación de la competencia territorial de la autoridad fiscalizadora, supuesto en el cual la Sala correspondiente tendrá material necesario para pronunciarse sobre esa ilegalidad, ya que dicho acto prueba por sí mismo su contenido y no puede ser convalidado; en ese sentido, no proceder de esa manera y decretar el reenvío tendría como resultado desvirtuar la intención del legislador plasmada en los preceptos aludidos. Con otras palabras, la Sala no se encuentra obligada a pronunciarse en ese sentido de conformidad con el artículo 237, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que en dicho precepto fueron señaladas las facultades de la resolutora para pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida, esto es, aquella contra la cual se interpuso el recurso de revocación que en el caso a estudio fue la que determinó el crédito fiscal imputado al actor en el juicio natural. Sin pasar inadvertido que en el caso a estudio se declaró la nulidad tanto de la orden de verificación de mercancías como de aquélla donde se determinó el crédito fiscal al accionante de origen, pues, según se dijo, conforme al ordinal 197, párrafo último, de la codificación señalada, en el juicio de nulidad se pueden hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso, de ahí que si en el medio de impugnación en comento se hizo o no valer el argumento tendente a evidenciar la insuficiente fundamentación de la competencia territorial de la autoridad quien emitió la referida orden, ello en modo alguno impide a la Sala decretar su nulidad por ser donde se contiene el origen de la cuestión. De ahí que lo procedente sea declarar fundado el agravio a fin de revocar la resolución recurrida, para el efecto de que la Sala pronuncie otra, en la cual deberá atender a las consideraciones de la presente ejecutoria. Esto es, decrete la nulidad con base en los artículos 238, fracción II, 239, fracción III, parte última y párrafo último de ese numeral, de la codificación señalada. Así las cosas, si la nulidad se decreta con base en una deficiente fundamentación de la competencia territorial, la autoridad demandada queda en la siguiente situación: a) Si de acuerdo a la normatividad advierte que en realidad carece de competencia territorial, para emitir el acto de molestia, se abstendrá de hacerlo; y, b) En cambio, si considera que sí tiene dicha competencia y que sólo incurrió en una omisión al fincarla en un principio, entonces, fundando debidamente lo relativo, podrá válidamente dictar otro acto en contra del contribuyente. Sobre el particular es aplicable la tesis sustentada por este órgano jurisdiccional cuya clave es TC034001.9AD1, que dispone: ‘NULIDAD EN EL JUICIO FISCAL. LA DECRETADA POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEMANDADA, DEBE SER PARA QUE ÉSTA ACTÚE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DISCRECIONALES Y NO LISA Y LLANA O PARA EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.).’ (transcribe). Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida."
El criterio contenido en la resolución antes transcrita (que reitera el sostenido al resolver los diversos recursos fiscales con números de toca 34/2006, 70/2006, 88/2006 y 227/2006), dio lugar a la jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de publicación, enseguida se transcriben:
"NULIDAD EN EL JUICIO FISCAL. SI SE CONTROVIERTE UNA RESOLUCIÓN QUE NACE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD ALEGANDO DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL, DEBE DECRETARSE EN TÉRMINOS DEL SUPUESTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMA PARTE Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). De los artículos 238, fracción II y 239, fracción III, última parte y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, así como de la jurisprudencia 2a./J. 149/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 366, de rubro: ‘MULTAS FISCALES QUE NO CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE ATENDERSE A LA GÉNESIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECRETAR LA NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR DERIVAR AQUÉLLAS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES.’, se concluye que cuando en un juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se controvierte una resolución que nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad por deficiente fundamentación de la competencia territorial de la autoridad demandada, el tribunal no puede imponer la obligación de emitir otra actuación tendente a sustituir aquella tildada de nula, pues ese proceder podría obligar a un ente sin facultades a emitir un pronunciamiento ilegal, así como tampoco puede fijar directrices a la autoridad respecto de sus atribuciones discrecionales, ya que se coartaría su poder de elección; por tanto, sólo procederá decretar su nulidad en términos del supuesto excepcional contenido en el artículo 239, fracción III, última parte y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, y la autoridad a quien le fue anulado tendrá libertad para ejercer sus facultades." (No. Registro 172,467, jurisprudencia, Materia(s) Administrativa, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, tesis III.4o.A. J./1, página 1823).
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 85/2007 consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Los anteriores agravios son infundados es un aspecto, fundados en otro y suficientes para modificar la resolución recurrida. ... En el cuarto agravio, la recurrente expuso que el administrador local de Auditoría Fiscal de León sí fundó su competencia territorial, al haber citado el artículo segundo, párrafo segundo del acuerdo por el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos, de donde derivan las facultades de las administraciones y su ámbito territorial, el cual no es una norma compleja, y que además se invocó el artículo 39, primer párrafo, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. El anterior argumento es infundado. ... En el quinto concepto de agravio, la autoridad recurrente expuso que la Sala resolutora viola lo dispuesto en los artículos 237, 238, fracción II y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por su aplicación contraria a derecho, porque si en la sentencia impugnada concluyó que en el oficio de observaciones, antecedente de la determinación del crédito fiscal recurrido, no se encuentra fundada exhaustivamente la competencia territorial de la autoridad que lo emitió, esto se traduce en una violación de carácter formal de conformidad con la referida fracción II del artículo 238, por lo que procedía que la nulidad declarada fuera para efectos, con fundamento en la fracción III del ordinal 239 de dicho código, por estar en presencia de un vicio formal. Reiteró la recurrente, que el supuesto vicio de procedimiento origina la nulidad para el efecto de que se subsane, pero en forma alguna es suficiente para declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo impugnado en el juicio natural, como lo hizo la Sala Fiscal. El argumento es parcialmente fundado. Los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, establecen: ‘Artículo 238’. ‘Artículo 239.’ (transcriben). De acuerdo con los anteriores preceptos, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado o para efectos. La nulidad lisa y llana debe decretarse cuando ocurra algún supuesto de ilegalidad previsto en las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, lo que sucede cuando se actualiza la incompetencia de la autoridad que dicte u ordene la resolución impugnada o tramite el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas; en ambos casos requiere, en principio, que la Sala Fiscal realice el examen de fondo de la controversia. En cambio, cuando la ilegalidad corresponde a las hipótesis previstas en las fracciones II y III del precepto legal de que se trata, conllevan a decretar la nulidad para efecto de que se subsane la violación formal, en razón de suceder o darse ilicitudes derivadas de vicios de carácter formal que contrarían el principio de legalidad; la fracción II se refiere a la omisión de formalidades propias o inherentes a la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación; en tanto que la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada. Así, de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica la existencia de violaciones formales, la nulidad debe declararse para efectos, excepto cuando se trate de facultades discrecionales. En el caso, la Sala Fiscal determinó que, toda vez que el administrador local de Auditoría Fiscal de León fundamentó su competencia en una norma compleja, siendo omisa en transcribir la parte de dicha disposición que resultaba aplicable para la emisión del oficio de observaciones, se actualiza la causal de ilegalidad prevista por la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, por lo que decretó la nulidad lisa y llana de la resolución liquidatoria; con base en lo anterior, estableció que respecto de la recaída al recurso de revocación, se configura la diversa causa de ilicitud contemplada en la fracción IV del invocado dispositivo, por haber confirmado una determinación ilegal, por lo que a partir de ello decretó su anulación total con apoyo en el precepto 239, fracción II, del citado ordenamiento. Así, dado que la Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución liquidatoria, derivada de la existencia de un vicio formal contenido en el oficio de observaciones que le antecedió, como lo es la indebida fundamentación en la competencia de la autoridad emisora de la determinación del crédito fiscal, resulta que en el caso debió decretar la insubsistencia para efectos, por así disponerlo expresamente el artículo 239, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al señalar que en los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 238 (vicios formales), el Tribunal Fiscal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución, esto a fin de no dejar incierta la situación jurídica de la contribuyente. Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del ordinal 239 mencionado, toda vez que la determinación del crédito fiscal impugnado, se dictó como culminación del procedimiento de fiscalización derivado de una revisión de gabinete, de manera que no es posible decretar la nulidad lisa y llana de dicha determinación, porque de ser así se dejaría de resolver el proceso de comprobación de las obligaciones fiscales, instaurado en contra de la contribuyente actora, además de que se contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el diverso artículo 16 del último ordenamiento legal mencionado. Se cita en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VIII, septiembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: ‘SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ (transcribe). Ahora, es veraz que la nulidad decretada por la Sala Fiscal derivó de un vicio formal referente a la indebida fundamentación de la competencia y sobre esta violación en específico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis invocada por la Sala Fiscal, que la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa emisora de la resolución impugnada en el contencioso, incide directamente sobre la validez del acto combatido y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado; asimismo, determinó que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución debatidos y lo obliga a declarar su nulidad integral, puesto que si se dieran efectos a esa anulación, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, y precisó que no constituye un obstáculo la circunstancia relativa a si la autoridad está efectivamente facultada para dictar el acto de que se trate, porque en esa hipótesis puede subsanar su omisión. Sin embargo, de esta regla, ese Alto Tribunal también distinguió aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, dictado para resolver una instancia o recurso, al aclarar que en estos supuestos, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, porque de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 constitucional. La tesis a que se hizo alusión en el párrafo precedente, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIV, noviembre de 2001, del medio de difusión oficial citado, que es del tenor siguiente: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.’ (transcribe). Lo anterior viene a reafirmar que en el caso, pese a que la violación formal involucra el aspecto de la fundamentación de la competencia de la autoridad exactora, la nulidad de la resolución liquidatoria que tiene como antecedente el oficio de observaciones, no puede ser lisa y llana, sino para el efecto de que se dicte una nueva, conforme a la norma general, pues de lo contrario se dejaría sin resolución el procedimiento de fiscalización instaurado en contra de la contribuyente, lo que se insiste contravendría el principio de seguridad jurídica, al dejar incierta la situación jurídica de la persona visitada. Por otra parte, debe precisarse además que en la especie, el acto impugnado en el juicio de nulidad, lo constituye la resolución de primero de octubre de dos mil tres, pronunciada por la Administración Local Jurídica de León, del Servicio de Administración Tributaria, con que culminó el recurso de revocación interpuesto por la actora en contra de la determinación de dos de mayo de esa misma anualidad, dictada por el administrador local de Auditoría Fiscal de León, en la cual se fincó un crédito fiscal por la cantidad de un millón ochocientos treinta mil ciento noventa y un pesos con sesenta y seis centavos, por concepto de impuestos general de importación y al valor agregado, cuotas compensatorias, actualizaciones, multas, recargos y valor de mercancía; determinación a la que antecedió el oficio de observaciones en el que la Sala Fiscal detectó el vicio formal consistente en la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora. En ese contexto, si se considera que la resolución impugnada fue pronunciada con motivo del recurso de revocación interpuesto por la parte actora, y que confirmó aquella con que culminó el procedimiento de fiscalización, esto es, la que determinó un crédito fiscal a su cargo, a la que antecedió el oficio de observaciones en el que se detectó el vicio formal, consistente en la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora, la sentencia de nulidad no puede ser lisa y llana, sino para efectos, pues de otra manera se dejaría sin resolver un recurso y una instancia, desacatándose con esto el derecho de petición previsto e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20770-7d76607e/nulidad-la-decretada-por-indebida-fundamentacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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