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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ANALIZARON ASPECTOS DE VALORACIÓN JURISDICCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 138/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20696
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DE
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, , Pág. 1125.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 138/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DE DICHO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentaron Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de la materia administrativa, del conocimiento de este cuerpo colegiado.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el autorizado de la parte quejosa en uno de los amparos directos que participan en la presente contradicción de tesis.

La anterior consideración encuentra sustento en la tesis de esta Segunda Sala, que tiene el rubro, texto y datos de publicación que enseguida se señalan:

"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. PUEDE DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DIMANADA DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE LE CONFIRIÓ TAL REPRESENTACIÓN. El mencionado autorizado se encuentra facultado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en el que se le otorgó tal representación y otra, ya que si bien en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no aparece precisada tal facultad, la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa, pues, entre otras, señala la de realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del autorizante, y aunque la denuncia no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la citada legislación se desprende que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas hubieran sido sustentadas, ha de concluirse que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado artículo, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros." (No. Registro: 196,386, tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, tesis 2a. LXV/98, página 585).

TERCERO. Mediante oficio número DGC/DCC/1099/2007, la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló pedimento en el sentido de declarar inexistente la contradicción de tesis denunciada.

Procede ahora analizar los criterios sustentados por los órganos colegiados que motivaron la denuncia de divergencia de criterios, por lo que a continuación se transcriben.

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver con fecha catorce de marzo de dos mil dos el amparo directo número 59/2002 determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"SEXTO. ... Son infundados los conceptos de violación identificados en este fallo con los incisos a), b) y c), que se analizan en forma conjunta por su estrecha relación, en los que en lo conducente argumenta la parte quejosa que la sentencia impugnada le causa agravios, ya que se le priva del derecho que tiene de recibir dos pensiones, conforme lo dispuesto por los artículos 48, 57, primero y segundo párrafos, 60 y 73 de la Ley del ISSSTE (sic), toda vez que al reclamar dos pensiones, no se excede del cien por ciento del sueldo regulador, así como tampoco la cuota diaria que se reclama ... Contrario a lo sostenido por la parte quejosa únicamente tiene derecho a la pensión por viudez y no a la pensión por jubilación, como lo pretende. Efectivamente, como lo sostuvo la Sala responsable, no demostró haber sido trabajadora, cotizando al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por más de veintiocho años, y haberse separado después de ese tiempo, para que de esta forma, tuviera derecho a la pensión por jubilación que reclama. Lo anterior, se desprende de la lectura del artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que al efecto establece: ‘Artículo 60.’ (se transcribe). Como se advierte de la lectura del artículo transcrito, el derecho a la pensión por jubilación únicamente corresponde a los trabajadores con treinta años o más de servicios y a las trabajadoras con veintiocho años o más de servicios e igual tiempo de cotización al instituto y además, su percepción inicia a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo, antes de causar baja. Y en el presente caso, se demostró, como lo destaca la Sala responsable, con los comprobantes de pago de Agripino Torres López, con números de folio 200209189, 200209188, 200302261, 200378699, 200378701, 200378700, 200472568, 200472569, 200632312, 200632313, 200710555 y 200710556, en los que aparecen como fechas de pago, quince y veintiocho de febrero, quince de marzo, quince de abril, quince y treinta y uno de mayo, todos de mil novecientos ochenta y seis (fojas 220 a 222); que en abril de mil novecientos ochenta y seis, aún era trabajador, pues no había causado baja; y en todo caso, no se demostró que en el año de mil novecientos setenta y cinco, cuando, según la quejosa cumplió el citado Agripino Torres López, treinta años de servicio, hubiera causado baja y solicitado su pensión por jubilación, sino por el contrario continuó laborando hasta la fecha de su fallecimiento, esto es, el siete de julio de mil novecientos ochenta y seis; por lo que no se actualizan los supuestos previstos en el invocado artículo 60 de la citada ley. Cabe señalar que si bien es cierto que no existe precepto legal alguno que prohíba tener dos pensiones, sin embargo, para que una persona pueda gozar de ese derecho, se requiere que se satisfagan determinados requisitos. Al respecto el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, prevé lo siguiente: ‘Artículo 51.’ (se transcribe). Como se constata de la lectura del precepto transcrito, las pensiones son compatibles con otras, como puede ser la pensión por jubilación con el disfrute de una pensión de viudez, sin embargo, como se destacó con anterioridad, de la lectura del artículo 60 de la ley en consulta, se advierte que para obtener una pensión por jubilación es necesario ser trabajador con treinta años y veintiocho años para las trabajadoras, con igual tiempo de cotización al instituto. En el caso concreto, para que María Luisa Pluma Jiménez tuviera derecho a la pensión por jubilación, debió haber sido trabajadora y satisfacer los demás requisitos, es decir, tener más de veintiocho años de servicio e igual tiempo de estar cotizando al instituto y cuando hubiere fallecido su esposo Agripino Torres López, además hacerse acreedora a la pensión por viudez, pero ambas pensiones no se generan por el tiempo de trabajo desempeñado por una sola persona, como erróneamente lo sostiene la quejosa. Es de precisarse también, que el hecho de que María Luisa Pluma Jiménez, fuera cónyuge de Agripino Torres López, esa circunstancia, no le otorga el derecho para adquirir la pensión por jubilación, pues únicamente la ley le otorga el derecho de recibir una pensión por viudez, como la que disfruta. Por lo que respecta a lo argumentado por la quejosa en el sentido de que Agripino Torres López, contribuyó con los gastos públicos, que cubrió el importe sobre el producto del trabajo por más de diez años y con ello adquirió el derecho a otra pensión, es infundado, toda vez que como acertadamente lo refirió la Sala responsable, el pago de los impuestos es una obligación a cargo de los mexicanos para contribuir al gasto público, en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ello en ninguna forma constituye el derecho a obtener una pensión, pues las pensiones nacen cuando el trabajador o los derechohabientes se encuentran en los supuestos mencionados, en el caso, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo anterior como lo prevé el artículo 48 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De igual forma, carece de razón la parte quejosa al afirmar que la pensión por jubilación que tienen los trabajadores, no se extingue por la muerte, por lo que es imprescriptible; toda vez que como se afirmó en párrafos precedentes, la pensión por jubilación constituye una prestación de seguridad social, consagrada constitucionalmente, pero a favor únicamente de los trabajadores, por haber llegado a determinada edad, por el tiempo que prestaron sus servicios o por causa de incapacidad física o mental, pero no es un derecho que sea transmitido a los familiares beneficiarios, como incorrectamente lo sostiene la parte inconforme y aunque efectivamente sea imprescriptible, sin embargo, esa característica es aplicable a los trabajadores, es decir, que la pueden solicitar al cumplir treinta años o las mujeres veintiocho y haber cotizado en igual término al instituto, pero transcurrido ese término, tienen el derecho de solicitarla en cualquier tiempo, siempre y cuando continúe la relación laboral, en términos del artículo 60 de la ley en consulta, por lo que las tesis que invoca la quejosa bajo los rubros: ‘JUBILACIÓN ES IMPRESCRIPTIBLE EL DERECHO A LA.’ y ‘JUBILACIÓN, MONTO DE LA. EL DERECHO A QUE SE CUANTIFIQUE CORRECTAMENTE ES IMPRESCRIPTIBLE.’; se refieren al derecho que tiene el trabajador, pero no a que la pensión por jubilación sea transmisible cuando éste hubiere fallecido. Por otra parte, también son infundados los conceptos de violación identificados en esta resolución con los incisos d) y e), en los que en lo conducente la inconforme sostiene que también le causa agravio lo sostenido por la Sala responsable en el considerando octavo, ya que el artículo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se refiere al otorgamiento de pensión, siendo dicho otorgamiento una resolución y como tal, debe cumplir con la ley de la que emana, es decir la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que si la misma señala que por tratarse de una resolución de la junta directiva, pudo haberse recurrido y para el otorgamiento de pensión quedó firme treinta días después de la notificación y por lógica si en su caso, María Luisa Pluma Jiménez lo hubiese hecho, el trámite hubiera también continuado hasta haber resuelto tal recurso, recurso que encontraba apoyo en lo dispuesto por el artículo 162 de la ley del instituto citado; por lo que la cuota diaria debe ser por seis mil novecientos treinta y siete antiguos pesos (sic), y para las dos pensiones, da el doble, es decir, trece mil ochocientos setenta y cuatro pesos, conforme a su hoja de cálculo anexa a su escrito de diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, que no fue objetada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y que también le causa agravio lo expuesto por la Sala responsable en el citado considerando octavo al sostener, que no es procedente que María Luisa Pluma Jiménez, reciba su pensión a partir de julio de mil novecientos ochenta y seis, al cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, en la misma proporción en que aumentaron los sueldos básicos de los trabajadores en activo, ya que al sostener que la actora no cumplió con lo ordenado por el tercer párrafo del artículo 57 de la ley del citado instituto, pasa por alto que dicho párrafo, que estaba vigente desde el fallecimiento de Agripino Torres López, hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, ordenaba que la pensión debería de ser en la misma proporción y al mismo tiempo, sin que los pensionistas o derechohabientes tuvieran que cumplir con alguno o algunos de los requisitos, por lo que ahora reclama porcentajes que debieron ser mayores, tal como lo demostró con la tabla de cálculo o papel de trabajo que elaboró y exhibió; que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no objetó legalmente esos porcentajes, ni explicó cómo calculó los porcentajes que ilegalmente aplicó a la pensión, motivo de controversia, por lo que la Segunda Sala debió haber tenido por ciertos los porcentajes de la actora; que para llegar al cálculo de los porcentajes, hubiese sido necesaria la prueba pericial, ya que para efectuar el mismo, son necesarios conocimientos a nivel secundaria (sic) por lo que de ninguna manera, en su caso, puede ser aplicable el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se debe obligar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a que devuelva la cantidad faltante, al no haber cumplido con lo estipulado por el tercer párrafo del artículo 57 de la ley en comento, a partir del siete de julio de mil novecientos ochenta y seis, al cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres; que los tres conceptos de violación que hace valer, son los mismos que señaló en la anterior demanda de garantías, los que se consideraron fundados. Los artículos transitorios primero y tercero del Decreto de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, a que alude la parte inconforme, son del tenor siguiente: ‘Artículo primero.’ ... ‘Artículo tercero.’ (se transcriben). De los preceptos transcritos se advierte, que el decreto de reformas aludido, es aplicable para las solicitudes de pensión que aún no se hubiesen otorgado al veinticinco de diciembre de mil novecientos ochenta y seis; sin embargo, la solicitud de pensión que refiere la quejosa, fue resuelta y notificada el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, razón por la cual, no se sitúa en la hipótesis del referido artículo tercero transitorio, en virtud de que ya no se encontraba pendiente de resolución; sin que obste a lo anterior, el hecho de que se le hayan otorgado treinta días para inconformarse, pues como bien lo sostuvo la Sala responsable, el trámite de pensión concluyó con la notificación de esa concesión de pensión y sin que por ello pudiera prorrogarse hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y siete, como lo sostiene la quejosa y de esta forma situarse en la hipótesis del referido artículo transitorio. De igual forma, la parte quejosa ante la Sala responsable, no acreditó los elementos necesarios para determinar el porcentaje de aumento en cada periodo del sueldo básico del trabajador inactivo, ni de los conceptos de sueldo presupuestal, sobresueldo y compensación a que se refieren los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, dicho artículo 57 señalaba en lo conducente: ‘Artículo 57.’ (se transcribe). Ahora bien, el sueldo básico de los trabajadores en activo está integrado con los conceptos de sueldo presupuestal, sobresueldo y compensación, lo anterior en términos del artículo 15 de la ley en consulta, que señala al respecto: ‘Artículo 15.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, si la parte quejosa no aportó los elementos necesarios para determinar si los incrementos están debidamente calculados y determinados, esto en el periodo a que refiere la inconforme, del primero de enero de mil novecientos ochenta y seis, al cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, como lo sostuvo la Sala responsable a dicho tribunal no le corresponde realizar esas operaciones aritméticas; además, al no haber solicitado prueba pericial al respecto, es inconcuso que de oficio la Sala no hubiera allegado dicha prueba pericial, toda vez que al tratarse de cuestiones técnicas, aunque si bien se requiere de conocimientos especiales en la materia, también lo es, que esto debió haber sido solicitado oportunamente por la peticionaria de garantías, o en su caso, aportar los elementos necesarios de los que se advirtiera lo indebido de los incrementos calculados en el periodo de referencia. Finalmente, el hecho de que los conceptos de violación que hace valer la quejosa en el presente juicio de garantías, sean idénticos a los que hizo valer en el diverso juicio de amparo tramitado ante este mismo órgano colegiado bajo el número DF. 269/2001, en el que se concedió la protección federal que solicitó; no obliga a este tribunal a dictar idéntica resolución, toda vez que en el anterior juicio de garantías únicamente se analizó un concepto de violación, el que resultó fundado, relativo a la omisión de la Sala responsable de tomar en consideración pruebas supervenientes, que en la nueva resolución analizó y por ello, declaró la nulidad para efectos; además de que en dicha resolución, dada la conclusión a que se llegó, se omitió el estudio de los restantes conceptos de violación que se hicieron valer. En consecuencia, como los conceptos de violación son infundados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la quejosa."

QUINTO. El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (actualmente, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de ese circuito), al resolver con fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete, el juicio de amparo directo número 387/97 determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Son infundados los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías. En efecto, la parte amparista aduce que lo estimado por la Sala Fiscal responsable en los considerandos tercero y cuarto de la sentencia reclamada, es ilegal, porque habiendo atacado de manera directa e inmediata en su demanda de nulidad las resoluciones impugnadas, al aducir que la autoridad demandada infringió lo ordenado por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que dicha autoridad jamás demostró que su pensión hubiese sido incrementada en los términos del párrafo tercero del numeral citado; por ello, no existía obligación de su parte de probar dicha negativa, correspondiendo dicha carga a la demandada, y la Sala responsable no tomó en consideración que dicha enjuiciada en ningún momento justificó que les hubiera pagado el incremento que reclamaban. Ahora bien resulta pertinente precisar, que en los considerandos tercero y cuarto de la sentencia reclamada, la Sala Fiscal Regional a quo sostuvo que el primer concepto de anulación expresado por los enjuiciantes en el que esgrimieron que la autoridad demandada había sido omisa en analizar los argumentos que expusieron en su solicitud de incremento de pensión respectiva, resultaba infundado, porque del examen realizado a la copia sellada a su solicitud de incremento de pensión presentada ante la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de veinte de agosto de mil novecientos noventa y cinco, así como de las resoluciones impugnadas, se desprendía que las autoridades demandadas analizaron todos y cada uno de los argumentos hechos valer por los solicitantes por lo que en consecuencia no se actualizaba la violación formal alegada por los actores. Y que el segundo concepto de anulación en el que se alegó que si bien era cierto que los enjuiciantes habían venido recibiendo el total de incrementos autorizados por la precitada junta directiva, también era cierto que tales incrementos no correspondían a lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; resultaba un argumento igualmente infundado, porque mediante los oficios que constituyen las resoluciones impugnadas, la autoridad demandada negó a los actores su petición de incremento a su pensión, ya que desde el inicio del pago de la misma al nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, habían venido recibiendo el total de incrementos autorizados, en términos de lo establecido en el artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y que en efecto, los demandantes reconocían que han recibido diversos incrementos a su pensión (siendo éste un reconocimiento que hacía prueba plena de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal), aduciendo que dichos incrementos no correspondían a lo establecido en el citado artículo 57; pero que era el caso, que los accionantes no exhibieron documento alguno en el cual constara qué cantidad habían recibido como pensión y la relación de los incrementos que se hubiesen llevado a cabo en el sueldo de los trabajadores en activo que tienen la misma categoría con lo que fueron jubilados los actores, lo cual era necesario para que la Sala del conocimiento estuviera en posibilidad de determinar si efectivamente los incrementos otorgados a los demandantes fueron realizados en la forma proporcionada en que se aumentó el salario mínimo de los trabajadores en activo respecto a la categoría similar en que fueron jubilados los enjuiciantes; de tal manera que era evidente que éstos no desvirtuaban en forma alguna la legalidad de las resoluciones impugnadas, por lo que procedía reconocer su validez. Sentado lo anterior, es de indicarse que no les asiste la razón a los quejosos, pues como correctamente lo sostuvo la Sala fiscal responsable, los actores en el juicio de nulidad y ahora quejosos, ciertamente tenían la obligación de aportar los documentos en que constaran las cantidades que han recibido como pensión, así como la relación de los incrementos sufridos en su sueldo por los trabajadores en activo que ocupan la misma categoría que tenían los amparistas cuando fueron jubilados; y esto es así, porque únicamente de esta manera sería posible que la Sala del conocimiento pudiese estar en aptitud de determinar si aquellos incrementos que los propios enjuiciantes reconocieron haber recibido por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fueron otorgados en los términos a que se refiere el artículo 57, párrafo tercero, de la ley de la materia. En las condiciones anotadas, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado."

La anterior resolución dio origen a la tesis de rubro, texto y datos de publicación, que enseguida se transcriben:

"PENSIÓN JUBILATORIA. CORRESPONDE AL BENEFICIARIO ACREDITAR QUE PROCEDE SU INCREMENTO. Tratándose de la reclamación del incremento de la pensión jubilatoria cuando se aduce que no se han otorgado los aumentos a dicha pensión, en la proporción en que se han efectuado a los salarios de los trabajadores en activo que ocupan las categorías laborales que tenían los reclamantes cuando fueron jubilados, corresponde a éstos acreditar que el monto de sus pensiones es inferior al importe del salario que corresponde a las citadas categorías, para así establecer claramente las diferencias económicas en favor del pensionado." (No. Registro: 198,109, tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, agosto de 1997, tesis VI.2o.108 A, página 776).

SEXTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver con fecha veinte de enero de dos mil el juicio de amparo directo 164/99 determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Es fundado el primer concepto de violación hecho valer por la quejosa. La Sala responsable en la sentencia reclamada, consideró que la actora aquí quejosa no acreditó los extremos de la acción que intentó, ya que si bien acompañó a su demanda de nulidad tanto la solicitud de incremento de su cuota pensionaria presentada el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y siete, así como las constancias de pensión e incremento salarial expedidas a su nombre, no menos era cierto que no demostró que los incrementos otorgados en términos del artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a partir del dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, hasta el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, en las plazas en las que se jubiló, no le fueron otorgados a la pensión de que disfruta. A mayor abundamiento, señaló que correspondía a la referida quejosa demostrar que el instituto de referencia no había efectuado los incrementos a su pensión en la forma que establece la ley en cita, hecho que no ocurrió en la especie, en virtud de que no acompañó a su escrito de demanda los comprobantes de pago correspondientes, ya que no bastaba con la exhibición del relativo al mes de octubre de mil novecientos noventa y siete; en consecuencia reconoció la validez de la resolución negativa ficta impugnada. Por su parte, la quejosa señala en su primer concepto de violación, que el fallo reclamado viola en su perjuicio las garantías tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, al aplicarse inexactamente lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que si su acción se basó en la falta de cumplimiento por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 57 de la ley relativa, le correspondía a la referida dependencia demostrar que sí dio cumplimiento a dicha disposición por tratarse de un hecho positivo susceptible de acreditarse por parte del demandado, ya que legalmente no se puede obligar a la parte actora a probar el referido incumplimiento por ser un hecho negativo; aunado a que dicha dependencia era quien contaba con todos los documentos necesarios para ello como es el aviso oficial de baja por jubilación y los documentos que justificaran los incrementos. En ese orden de ideas expuso que la negativa expresada por el Instituto demandado al producir su contestación de demanda lleva implícita la afirmación de que sí realizó incrementos controvertidos, resultando por ende su obligación de demostrar tal situación, y no trasladarle la carga de la prueba a la actora bajo argumento de que con las pruebas que aportó no se acreditaba el incumplimiento de su parte, como finalmente también fue considerado por la responsable. Le asiste la razón a la impetrante de garantías. En la especie, la quejosa demandó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la nulidad de la resolución negativa ficta que recayó a su escrito de petición de actualización de percepción pensionaria y pago de pensiones vencidas, señalando que con fecha primero de febrero de mil novecientos ochenta y nueve se jubiló percibiendo la cantidad de veintitrés mil trescientos treinta y cuatro pesos. Lo anterior fue reconocido por la dependencia demandada al producir su contestación de demanda (foja 57 de los autos del juicio natural), en donde agregó que la pensión le fue otorgada en términos de los dispuesto por los artículos 15 y 57 de la ley de la materia, haciendo la salvedad de que la negativa de la actora de haber recibido los incrementos a su pensión se sustentaba en hechos no comprobados, al no haber ofrecido las pruebas conducentes para ello. Ahora bien, el artículo 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece que el referido instituto es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene a su cargo la administración de los seguros, prestaciones y servicios a que se refieren los regímenes de seguridad sociales previstos en su artículo 2o. del referido ordenamiento, entre los que se encuentra el seguro por jubilación. De lo anterior se desprende que tomando en consideración el hecho de que el referido instituto es el encargado de proporcionar las pensiones, es obvio que obran en su poder los recibos de pago y la documentación referida a la categoría e incrementos de la plaza en la que se jubiló la quejosa y, por ende, corría a su cargo la obligación de aportar tales instrumentos o medios de prueba que demostraran los hechos afirmados. En efecto, como correctamente aduce la quejosa, la negativa de la dependencia demandada en el juicio de nulidad, respecto del hecho de que no había efectuado los incrementos a la pensión de la quejosa, constituye la afirmación de que sí cumplió con la referida obligación, en términos del artículo 57, párrafo tercero, de la ley de la materia y, por ende, correspondía a la dependencia en cuestión la carga de probar que tales pagos sí se efectuaron en términos del artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia fiscal. En ese orden de ideas, cabe señalar que corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exh

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20696-e424d302/contradiccion-de-tesis-es-inexistente-cuando-los-tribunales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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