COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 148/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 98/2007, el treinta y uno de mayo de dos mil siete, sostuvo lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. Son fundados los agravios. En efecto, asiste la razón a la autoridad recurrente al sostener, en suma, que la indebida o incompleta fundamentación de la competencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, sólo puede estudiarse por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, si la parte actora lo alega como concepto de impugnación. Según puede advertirse del considerando segundo de la sentencia recurrida, la Sala Regional señaló que en estricto cumplimiento a la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, a la que se remitía en acatamiento de la diversa jurisprudencia 2a./J. 1/2004, ambas sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizaría, de oficio, la competencia material y territorial de la autoridad que emitió el oficio controvertido, por el que se resolvió el recurso de revocación, emitido por el Administrador Local Jurídico de Guadalajara en el Estado de Jalisco. En este sentido, estimó que tal acto era ilegal porque la autoridad en cita, a efecto de cumplir con la formalidad de fijar su competencia material y territorial, señaló que: (se transcribe); lo que era insuficiente para tener por legitimada debidamente la competencia territorial de la autoridad que lo emitió. Ello lo estimó así, pues, por una parte, no obstante que de conformidad con lo dispuesto por los invocados artículos 28, fracción XIX y 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se desprendía el otorgamiento de la facultad material para resolver los recursos administrativos interpuestos en contra de actos o resoluciones de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y la existencia jurídica de la Administración Local Jurídica de Guadalajara, siendo precisamente la anterior atribución material que la demandada ejercitó en el acto en cuestión; sin embargo, en relación con la competencia territorial, la autoridad invocó únicamente el artículo segundo, segundo párrafo, apartado relativo a la circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos; fundamentación que era insuficiente para tener por legitimada debidamente la competencia en razón del territorio, toda vez que si bien los preceptos legales que se citan en el acto en cuestión, prevén la existencia jurídica de la autoridad demandada y otorgan la atribución que ejercitó, no así la relativa al ámbito territorial, siendo el acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas, el que expresamente establece la competencia en razón del territorio, estableciéndose en la parte que cita la demandada: (se transcribe), de cuyo contenido se apreciaba que no obstante que no contiene fracciones, incisos o subincisos, sin embargo, se integra por apartados o párrafos que establecen las diversas administraciones locales, cuya ubicación en el precepto legal que se invocó, debió ser precisada por la autoridad para el efecto de legitimar su competencia, en virtud de que la previsión legal a que se contrae el segundo párrafo de ese numeral, seguido del signo ortográfico ‘:’, propiciaba la remisión a los demás enunciados o elementos en los que se dividió el territorio nacional para el ejercicio de las facultades de las unidades que integran el Servicio de Administración Tributaria, razón por la que era de concluirse que para fijar debidamente su competencia, la autoridad tenía la obligación de identificar con exactitud la parte específica del citado artículo que le otorga expresamente la facultad en razón de territorio, dado que en ese segundo párrafo a que se refería la demandada, no se desprendía su ubicación, por lo que debió precisar con toda claridad la parte específica del precepto legal que invocó, atendiendo a que se trata de una norma compleja. En apoyo de tales consideraciones, estimó aplicables las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’ y ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’; razones por las cuales estimó actualizada la causal de ilegalidad prevista en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad competente emita una resolución en la que legitimando debidamente su competencia material y territorial, resuelva el recurso de revocación interpuesto por la parte actora, conforme en derecho corresponda; invocando el criterio jurisprudencial de la mencionada Segunda Sala del Alto Tribunal, de la voz: ‘COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’. Sin embargo, como correctamente se alega en el agravio en estudio, la Sala Regional aplicó indebidamente el penúltimo párrafo del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, así como la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efectivamente, para claridad de la anterior conclusión, por principio de cuentas se estima necesario tener presente el contenido del indicado dispositivo legal, que a la letra señala: (se transcribe). Ahora bien, con relación al sentido y alcance de la norma jurídica acabada de transcribir, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 99/2006, consultable en la página 345 del Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció lo siguiente: ‘COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). Del criterio jurisprudencial reproducido se desprende que lo que estableció la Segunda Sala del Alto Tribunal, fue que el estudio de oficio que deberá hacer el Tribunal Federal de Justicia y Fiscal y Administrativa, es respecto de la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, así como la ausencia total de fundamentación o motivación, no de insuficiente fundamentación de la competencia. De esta forma, como la creación jurisprudencial es de orden público y obligatoria, cuando a un caso concreto le sea aplicable una tesis jurisprudencial, porque los elementos de la contienda se ajusten al criterio que la informa, su aplicación resulta inobjetable para la Sala Regional, aunque las partes no se hayan referido al criterio sustentado por la jurisprudencia aplicada. Empero, en la especie resultó incorrecta la aplicación de la mencionada jurisprudencia 2a./J. 99/2006. El convencimiento anterior se adquiere luego de tener presente que la resolutora adujo, en un principio, que procedía al análisis de oficio de la competencia de la autoridad demandada; sin embargo, lo que al final de cuentas estudió fue si resultó suficiente o no la fundamentación de la competencia territorial de la autoridad hacendaria. Consiguientemente, la Sala Regional aplicó en forma incorrecta la jurisprudencia al presente asunto, lo cual no es jurídicamente dable, ni aun bajo el argumento de que para analizar de oficio la incompetencia de la autoridad que emitió el acto impugnado y sus antecedentes, necesariamente deben estudiarse los preceptos legales que sirvieron de fundamento a la autoridad para emitir tales actuaciones. Ello así resulta, puesto que si bien para establecer si la autoridad demandada es competente o no, deben estudiarse las disposiciones jurídicas que se invoquen como fundamento en el acto respectivo, lo cierto es que, como se vio, en observancia de la mencionada jurisprudencia 2a./J. 99/2006, la Sala juzgadora sólo debe examinar aquella cuestión y declarar que la resolución no adolece de dicha inconsistencia, lo cual no requiere de consideraciones exhaustivas, o bien, que en el caso, se actualiza la causal de nulidad correspondiente, expresando, entonces sí, de manera fundada y motivada, las consideraciones que den sustento a su decisión, pero de ninguna manera debe, de oficio, verter consideraciones ajenas a ese tema, pues en ninguna parte del criterio en cuestión, se faculta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para tal efecto. De lo contrario, se abriría la posibilidad para que las Salas de dicho órgano jurisdiccional, establecieran un sentido y alcance distinto a lo que verdaderamente se plasmó en los criterios jurisprudenciales sustentados por el Poder Judicial de la Federación. Además, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 90/2004, publicada en la página 282 del Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la voz: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO DEBE APLICARLA SI EL JUICIO DE NULIDAD ES IMPROCEDENTE.’ la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, entre otras cuestiones, lo siguiente: (se transcribe). Pues bien, aplicando los anteriores razonamientos al caso concreto, se concluye que no obstante que la jurisprudencia puede considerarse norma positiva de acatamiento estricto, la obligación a cargo de la Sala Regional de fundar sus resoluciones, prevista en el primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, implica que debe asentar las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial al caso concreto, con el propósito de que la norma obligatoria, es decir, la jurisprudencia, pueda regir la litis planteada, generando la norma individual que resuelva el conflicto, por lo que antes de aplicar la jurisprudencia en cuestión, la Sala obligada en su aplicación debió determinar si procesalmente ello podía hacerse; esto es, si era procedente hacerlo, debía aplicarla, sin embargo, como ello no era procedente debió abstenerse de hacerlo. Resulta aplicable el criterio sustentado por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 19, Volumen 16, Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, APLICACIÓN DE LA.’ (se transcribe). En suma, la Sala Regional obró incorrectamente porque al inicio del considerando segundo de la sentencia combatida, indicó que iba a estudiar de oficio la competencia de la autoridad que emitió la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pero al final de cuentas resolvió que la invocación del artículo segundo, párrafo segundo, apartado relativo a la circunscripción territorial de la Administración -Local Jurídica de Guadalajara, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, era ‘insuficiente para tener por legitimada debidamente la competencia en razón del territorio de la autoridad que emitió el acto de molestia.’. Siendo que de una correcta interpretación del contenido del artículo 238, penúltimo párrafo, del código tributario federal, se desprende que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, podrán hacer valer de oficio, por ser una cuestión de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva aquélla, así como la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución. Así las cosas, la circunstancia de que la multicitada jurisprudencia número 2a./J. 99/2006, sea obligatoria para la Sala a quo, de conformidad con lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, no implica necesariamente que su aplicación se realice al margen de las pretensiones que las partes deduzcan en el juicio y de las pruebas que aporten, dado que la invocación y, en su caso, aplicación de tal criterio obedece a la necesaria adecuación del caso a la prevención contenida en la jurisprudencia, y no a la inversa, lo que significaría someter a su molde lo que pudiera escapar de su contenido. Similar criterio sustentó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, localizable en la página 897, Tomo XII, diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘JURISPRUDENCIA, APLICABILIDAD DE LA.’ (se transcribe). Cabe precisar, que lo anterior no implica que la Sala esté impedida para analizar, en todos los casos, el fundamento de la competencia territorial citado en el acto administrativo impugnado, pero sólo para determinar si, conforme al invocado por la autoridad, ésta es incompetente; esto es, que se advierta del contenido de la norma que la autoridad carece de toda competencia y no como ahora lo hizo en la sentencia recurrida, al limitarse a estudiar si la fundamentación de la competencia fue suficiente o no; aspecto este último que sólo puede estudiar si la hace valer la parte actora como concepto de anulación, lo que en la especie no ocurrió, según se aprecia de la demanda respectiva. Sin que se desatienda que la Segunda Sala del Máximo Tribunal declaró sin materia la contradicción de tesis 205/2006-SS, con base en que sobre el segundo de los temas de la misma, consistente en lo siguiente: ‘2. Y, si se aduce la incompleta fundamentación de tal competencia ¿constituye esto un agravio de competencia que deba examinarse de oficio, o simplemente se trata de indebida fundamentación, que no afecta la competencia, caso en que su análisis no es oficioso?’, existe la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, publicada en la página 310, Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’; empero, de la lectura integral de la jurisprudencia en cuestión, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la Segunda Sala del Alto Tribunal no estableció que la insuficiente o incompleta fundamentación de la competencia de la autoridad, constituya un agravio de competencia que deba examinarse aun de oficio, sino lo que indicó fue que para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 constitucional, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, pero en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, ya que estimar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, en tanto que ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio. Consecuentemente, lo que procede es revocar la resolución recurrida, para el efecto de que la Sala Regional dicte otra en la que, prescindiendo de las consideraciones que aquí se estimaron incorrectas, estudie la litis que le fue planteada. En virtud de los efectos de la revocación, es innecesario el estudio de los restantes agravios hechos valer por la autoridad recurrente, porque tales temas se refieren al fondo de la controversia y la revocación declarada en el presente asunto atiende a una violación de forma consistente en la incongruencia del fallo impugnado."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 26/2007, el quince de febrero de dos mil siete, determinó lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. Los agravios transcritos son jurídicamente ineficaces para modificar o revocar la sentencia recurrida, los cuales se examinarán de manera conjunta, pues como se verá a continuación, en ellos se plantea una misma cuestión sustancial. En efecto, los sintetizados agravios se estudiarán de manera conjunta, pues en todos ellos la autoridad recurrente plantea, de manera insistente, que la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, considerando fundados argumentos que la actora no planteó en su demanda de nulidad, lo que en su opinión transgrede el ‘principio de congruencia’, previsto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, además de que la Sala Fiscal se excede al aplicar oficiosamente una jurisprudencia que se refiere a la ‘insuficiente fundamentación de la resolución impugnada’, cuando únicamente está facultada para examinar de oficio la ‘incompetencia de la autoridad’ y, que en todo caso, la nulidad debe ser para efectos, no lisa y llana como los determinó la Sala Fiscal. Pues bien, este Tribunal Colegiado estima que los sintetizados agravios son jurídicamente ineficaces para modificar o revocar la sentencia recurrida, pues contrariamente a lo que reiteradamente aduce el encargado de la defensa jurídica de las demandadas, el hecho de que la Sala Fiscal haya examinado los preceptos legales que la autoridad demandada citó para fundar su competencia territorial, y en dicho estudio se haya apartado de los conceptos de anulación de la parte actora, ello no constituye una transgresión al ‘principio de congruencia’ que deriva del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, pues en todos los casos, la Sala Fiscal está obligada -previamente a resolver las cuestiones planteadas por las partes contendientes- a realizar un examen oficioso, entre otras cosas, de la competencia de la autoridad que ordenó, tramitó o dictó la resolución impugnada, en virtud de que se trata de una cuestión de orden público, como expresamente lo establece el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación; por tanto, este Tribunal Colegiado estima que no puede existir una transgresión al ‘principio de congruencia’, tal como profusamente lo alega la parte recurrente cuando la Sala Fiscal analiza los preceptos legales que la autoridad demandada citó para fundar su competencia territorial, pues aun cuando en dicho estudio la Sala a quo se haya apartado de los conceptos de anulación esgrimidos por la parte actora, se insiste, el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, establece que la Sala Fiscal podrá hacer valer de oficio, por ser una cuestión de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada. La interpretación que este Tribunal Colegiado hace del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, es en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual deriva del expediente de contradicción de tesis 44/2006-SS, jurisprudencia que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de dos mil seis, página trescientos cuarenta y cinco, que a la letra dice: ‘COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). Ahora bien, resulta de especial importancia para dilucidar el problema jurídico que se plantea en el pliego de agravios, destacar el hecho de que para examinar la competencia de la autoridad que ordenó, tramitó o emitió el acto impugnado en el juicio de nulidad, necesariamente debe llevarse a cabo un análisis de los ordenamientos legales o reglamentarios que le sirvieron de fundamento para emitir la resolución que se impugna, lo cual se desprende de la propia ejecutoria que resolvió el expediente de contradicción de tesis 44/2006-SS, y que dio origen a la transcrita jurisprudencia 2a./J. 99/2006, ejecutoria que en la parte que aquí interesa dice: (se transcribe). Como se advierte de la anterior transcripción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció claramente en la ejecutoria que origina la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, que para analizar la incompetencia de la autoridad que ordenó, tramitó o emitió el acto impugnado, la Sala Fiscal: ‘... necesariamente debe llevar a cabo un análisis de los preceptos que le sirvieron de fundamento a la autoridad demandada para emitir la resolución que se impugna ...’; dicha conclusión, además, es coincidente con el criterio que la propia Segunda Sala del Alto Tribunal del país estableció en la jurisprudencia 2a./J. 58/2001, en la que se precisó que al dictar sus sentencias la Sala Fiscal no puede modificar los fundamentos del acto impugnado, ni tampoco pueden expresar el fundamento omitido y mucho menos corregir el que se hubiera expresado deficientemente, pues ello implicaría mejorar la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada. La jurisprudencia 2a./J. 58/2001 a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior, es localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de dos mil uno, página treinta y cinco, que a la letra dispone: ‘JUICIO DE NULIDAD. AL DICTAR LA SENTENCIA RESPECTIVA LA SALA FISCAL NO PUEDE CITAR O MEJORAR LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.’ (se transcribe). Las anteriores consideraciones permiten concluir a este Tribunal Colegiado, sin género de duda, que para examinar la competencia de la autoridad que ordenó, tramitó o emitió el acto impugnado en el juicio de nulidad, la Sala Fiscal necesariamente debe llevar a cabo un análisis de los ordenamientos legales o reglamentarios que le sirvieron de fundamento para emitir la resolución impugnada en el juicio de nulidad, sin que sea dable modificar los fundamentos del acto impugnado, expresar el fundamento omitido o corregir el que se hubiera expresado deficientemente, pues ello implicaría mejorar la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, lo cual no está permitido en el juicio contencioso administrativo. Por tanto, no le asiste razón a la autoridad recurrente cuando aduce que la Sala Fiscal se excedió en sus atribuciones al aplicar oficiosamente una jurisprudencia que se refiere a la ‘insuficiente fundamentación de la resolución impugnada’, cuando únicamente está facultada para examinar de oficio la ‘incompetencia de la autoridad’; ello es así, pues como se explicó en párrafos precedentes, para determinar si la autoridad es competente o no, para ordenar, tramitar o emitir el acto impugnado en el juicio de nulidad, necesariamente debe llevarse a cabo un análisis de los ordenamientos legales o reglamentarios que le sirvieron de fundamento, de tal manera que este Tribunal Colegiado considera que es objetivamente correcto el actuar de la Sala Fiscal, al examinar el ordenamiento legal que sustenta la ‘competencia territorial’ de la autoridad demandada y advertir que dicho ordenamiento, al no contener apartados, fracciones, incisos o subincisos, debe reputarse como una ‘norma compleja’, pues se insiste, al examinarse la competencia de la autoridad demandada, la Sala Fiscal no puede modificar los fundamentos del acto impugnado, expresar el fundamento omitido o corregir el que se hubiera expresado deficientemente, en virtud de que se mejoraría la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada."
QUINTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 160/2007, el veinticuatro de abril de dos mil siete, determinó lo que a continuación se transcribe:
"QUINTO. Los agravios son infundados, los que por guardar una estrecha relación se estudian en forma conjunta. Cabe referir que, como enseguida se verá, este órgano colegiado se aparta del criterio que había venido sosteniendo, entre otras, en las ejecutorias dictadas en los recursos de revisión fiscal número 25/2007 y 44/2007, pues una nueva reflexión del tema, permitió llegar a este órgano colegiado, a la conclusión de que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sí están facultadas para analizar de oficio, como parte integrante de la competencia de la autoridad, la insuficiente, indebida o incompleta fundamentación de ésta, máxime que mediante ejecutoria de diez de enero de dos mil siete, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 205/2006-SS suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, la cual, dicho sea de paso, declaró sin materia, consideró que sobre el tema de contradicción consistente en que, si la indebida o incompleta fundamentación de la competencia territorial de la autoridad que dictó el acto impugnado debe considerarse como un problema de competencia, esa Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 114/2005-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, estableció el criterio de que la competencia de la autoridad emisora del acto de molestia es de estudio preferente de manera oficiosa con independencia de que se trate de una ausencia de fundamentación o ésta sea incorrecta o incompleta, por lo que, si bien es cierto que dicha determinación, surge de una contradicción de tesis que quedó sin materia, la que pudiera considerarse como no obligatoria para quien resuelve, también es verdad que en las consideraciones realizadas por la Sala del Alto Tribunal del país, señala que el criterio referido quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’, jurisprudencia que, en todo caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, sí es obligatoria para este colegiado, lo que obliga a modificar el criterio anteriormente sostenido. Ahora bien, en los agravios esencialmente aduce la inconforme que la sentencia recurrida contraviene lo dispuesto por los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, así como las jurisprudencias números 2a./J. 99/2006 y 2a./J. 58/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pretender la Sala Fiscal de hacer uso de la facultad contenida en el citado artículo 238,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20689-8ffc4321/competencia-su-estudio-oficioso-respecto-de-la-autoridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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