SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 39, APARTADO A, DE SU REGLAMENTO INTERIOR PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE MARZO DE 2001, PREVÉ EL NOMBRE Y SEDE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES DE ESE ORGANISMO, PERO NO FIJA SU COMPETENCIA POR TERRITORIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que es uno de los órganos contendientes.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el dieciocho de mayo de dos mil seis, el amparo directo 128/2006 y el primero de junio del mismo año, la revisión fiscal 71/2006, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
Amparo directo 128/2006.
"... Por otro lado, son fundados pero inoperantes los argumentos en los que se sostiene que en la sentencia reclamada se dejó de analizar el concepto de impugnación cuarto del escrito de demanda. Primeramente debe aclararse que aunque la quejosa expresa la falta de análisis de los conceptos de nulidad cuarto y quinto del escrito de demanda, de manera indistinta, su argumento va encaminado a la desatención del primero de los referidos, pues es aquel que contiene la inconformidad respecto a la fundamentación de la competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur para fijar en cantidad líquida el crédito fiscal. Ahora bien, debe establecerse que es cierto que en el concepto de nulidad cuarto del escrito de demanda, la actora del juicio fiscal expuso, que se actualizaba en su beneficio la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur al emitir la resolución impugnada no fundó debidamente su competencia, al haberla apoyado, entre otras disposiciones legales, en el apartado A del artículo 39 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pero no le otorga facultades, porque la fundamentación implica invocar las fracciones, incisos, subincisos y párrafos, con la finalidad de que se tenga pleno conocimiento de la actuación de la autoridad, y el mencionado apartado cuenta con una gran diversidad de administraciones, sin que la autoridad haya establecido en cuál de los puntos que en el mismo se contiene, se apoyó para fundar su competencia territorial. Y dicho argumento no fue atendido por la Sala Fiscal. Empero, no obstante la omisión en que incurrió la Sala responsable, atendiendo al principio de celeridad que rige al juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al advertir este órgano colegiado de forma manifiesta que el argumento cuyo estudio omitió la Sala resulta infundado, los conceptos de violación relativos deben calificarse como inoperantes, pues a ningún efecto práctico conduciría la concesión del amparo para que la Sala desestimara el argumento relativo contenido en el concepto de impugnación cuarto. Cobra aplicación al caso la tesis de jurisprudencia VI.3o.A. J/9, de este tribunal, que aparece publicada en la página mil ciento veinticinco del Tomo XV, del mes de enero de dos mil dos, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de voz: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. ALCANCE.’ (se transcribe). Pues bien, el artículo 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno (invocado por las autoridades fiscales en sus resoluciones administrativas), establece lo siguiente: ‘Artículo 39.’ (se transcribe). Como se advierte, el numeral transcrito en ningún momento fija la competencia territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, sino únicamente da a conocer el nombre y sede de dichas unidades, e inclusive refiere que cada una de ellas tendrá la circunscripción territorial que se determine mediante acuerdo del presidente del Servicio de Administración Tributaria, siendo este último el ‘Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos’; mismo que fue invocado por las propias autoridades fiscales en sus respectivas resoluciones impugnadas y la hoy quejosa no combatió ante la Sala Fiscal. Así, el hecho de que las autoridades fiscales demandadas hayan invocado en sus respectivas resoluciones el precitado artículo 39, apartado A, el cual contiene una gran diversidad de administraciones locales, sin haber establecido en cuál de los puntos que en el mismo se contiene, se apoyaron para emitir dichas resoluciones, transcribiendo la parte conducente, no quiere decir que no hayan fundado debidamente su competencia territorial, pues además de que dicho precepto reglamentario no fija la competencia territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, sino únicamente su nombre y sede, la hoy quejosa no cuestionó ante la Sala Fiscal lo preceptuado por el acuerdo respectivo, en donde sí se establece esa circunscripción territorial. Además, no pasa desapercibida para este Tribunal Colegiado la tesis jurisprudencial número 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por la quejosa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, Novena Época, página trescientos diez, cuyos rubro y texto dicen: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Sin embargo, dicho criterio no es aplicable en el presente caso, pues se refiere únicamente a preceptos legales o reglamentarios, incluso decretos o acuerdos, considerados como normas complejas, que establezcan la competencia de las autoridades administrativas por razón de la materia, grado o territorio, y no a aquellos preceptos que señalen únicamente el nombre y sede de dichas autoridades. Como apoyo a lo anterior, se transcribe a continuación la ejecutoria que dio origen a la anterior jurisprudencia, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 114/2005-SS, en sesión de dos de septiembre de dos mil cinco, que en la parte conducente dice: (se transcribe). De lo anterior se advierte que los únicos preceptos legales que se analizaron en la jurisprudencia y ejecutoria transcritas, fueron aquellos que fijan la competencia territorial de las autoridades administrativas, haciendo extensivo su análisis a aquellas normas que establecen la competencia por razón de materia y grado, pero en ningún momento se abordó el estudio de aquellos dispositivos que señalan el nombre y sede de las autoridades administrativas, como resulta ser el artículo 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, pues ese dispositivo sólo se refiere a la existencia jurídica mas no a la competencia territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, que son dos cosas distintas; por lo cual a ese tipo de normas no le es aplicable la jurisprudencia en comento. Cobra aplicación la tesis de este tribunal VI.3o.A.272 A, publicada en la página 1964 del Tomo XXIII, del mes de marzo de 2006, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto: ‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 39, APARTADO A, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL UNO, NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA QUE LA FIJE.’ (se transcribe)."
Revisión fiscal 71/2006.
"SÉPTIMO. Resulta fundado pero insuficiente el agravio de la autoridad recurrente. Señala la inconforme medularmente que la sentencia recurrida es ilegal, pues la Sala Fiscal pasó por alto que el artículo 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, no regula la competencia territorial de la autoridad fiscal demandada, sino su denominación y sede, por lo que la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis 114/2005-SS de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no resulta aplicable en el presente caso, como lo adujo la Sala Regional. Que el ordenamiento que regula la competencia territorial de la autoridad fiscal demandada lo es el acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, y no el reglamento interior de dicho servicio. Como se adelantó, resulta fundado pero insuficiente el anterior agravio. La resolución administrativa impugnada vía recurso de revocación, lo constituye el oficio número 9221044945, de veintisiete de octubre de dos mil cuatro (que por un error mecanográfico la Sala Regional señaló que era el oficio con número de folio CE-05/03-90638, de veintiuno de abril de dos mil cinco), a través del cual el administrador local de Recaudación de Puebla Sur, impuso a la contribuyente Distribuidora de Productos Alimenticios La Pastora, Sociedad Anónima de Capital Variable, una multa en cantidad de $773.00 (setecientos setenta y tres pesos cero centavos, moneda nacional), por no haber dado cumplimiento al requerimiento de obligaciones número 9021041074, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación (foja 45 del juicio de nulidad). Dentro de dicha resolución administrativa, la citada autoridad fiscal invocó entre otros preceptos, el artículo 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno y reformado por decretos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil uno y el diecisiete de junio de dos mil tres, el cual establece lo siguiente: ‘Artículo 39.’ (se transcribe). Como se advierte, contrario a lo aseverado por la Sala Fiscal, el numeral transcrito en ningún momento fija la competencia territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, sino únicamente da a conocer el nombre y sede de dichas unidades, e inclusive refiere que cada una de ellas tendrá la circunscripción territorial que se determine mediante acuerdo del jefe del Servicio de Administración Tributaria, siendo este último el ‘Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil dos’ y modificado por decretos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de septiembre y treinta de octubre de dos mil dos; mismo que fue invocado por la propia autoridad fiscal en su resolución impugnada (foja 45 expediente fiscal). Así, el hecho de que la autoridad fiscal haya invocado en su resolución administrativa el citado artículo 39, apartado A, el cual contiene una gran diversidad de administraciones locales, sin haber establecido en cuál de los puntos que en el mismo se contiene, se apoyó para emitir su resolución, transcribiendo la parte conducente, no quiere decir que no haya fundado debidamente su competencia territorial, pues dicho precepto reglamentario no fija la competencia territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, sino únicamente su nombre y sede. Además, como lo aduce la autoridad recurrente, no es aplicable en el presente caso la tesis jurisprudencial 115/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, página trescientos diez, cuyos rubro y texto dicen: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Ello es así, porque dicho criterio se refiere únicamente a aquellos preceptos legales o reglamentarios, incluso decretos o acuerdos, considerados como normas complejas, que establezcan la competencia de las autoridades administrativas por razón de la materia, grado o territorio, y no a aquellos preceptos que señalen únicamente el nombre y sede de dichas autoridades. Como apoyo a lo anterior, se transcribe a continuación la ejecutoria que dio origen a la anterior jurisprudencia, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 114/2005-SS, en sesión de dos de septiembre de dos mil cinco, que en la parte conducente dice: (se transcribe). De lo anterior se advierte que los únicos preceptos legales que se analizaron en la jurisprudencia y ejecutoria transcritas, fueron aquellos que fijan la competencia territorial de las autoridades administrativas (artículo 159 del Reglamento de Organización Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social; y artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil dos), haciendo extensivo su análisis, aquellas normas que establecen la competencia por razón de materia y grado, pero en ningún momento se abordó el estudio de aquellos dispositivos que señalan el nombre y sede de las autoridades administrativas, como resulta ser el artículo 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, pues ese dispositivo sólo se refiere a la existencia jurídica mas no a la competencia territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, que son dos cosas distintas; por lo cual a ese tipo de normas no le es aplicable la jurisprudencia en comento. Al respecto, se invoca la tesis que sostiene este Tribunal Colegiado, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de dos mil seis, página mil novecientos sesenta y cuatro, que a la letra establece: ‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 39, APARTADO A, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL UNO, NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA QUE LA FIJE.’ (se transcribe). Por ello, se estima fundado lo aseverado por la autoridad inconforme de que el artículo 39, apartado A, del Reglamento en comento, no fija la competencia territorial de la autoridad fiscal demandada sino únicamente el nombre y sede de la misma y, por tanto, no le es aplicable la jurisprudencia 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcrita. Criterio similar fue sostenido por este Tribunal Colegiado al resolver los recursos de revisión fiscal números 26/2006 y 35/2006, en sesiones de veinticuatro de marzo y veintisiete de abril de dos mil seis. Cabe precisar que la ejecutoria dictada el once de agosto de dos mil cinco, por este Tribunal Colegiado dentro del juicio de amparo AD. 232/2005, que invoca la Sala Regional para apoyar su fallo, no resulta aplicable en el presente caso, ya que se refiere a un supuesto distinto al que nos ocupa, pues en dicha ejecutoria se analizó y discutió sobre la legalidad de una notificación y no sobre la competencia de la autoridad fiscal, tal como se advierte de la siguiente transcripción. (se transcribe). Por lo tanto, la ejecutoria de mérito no resulta aplicable al presente caso ..."
En relación con las consideraciones sustentadas en el amparo directo 451/2005 y las revisiones fiscales 26/2006 y 35/2006, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se aclara que resulta innecesaria su reproducción, dada la similitud que guardan con las ejecutorias arriba transcritas.
Asimismo, de las ejecutorias emitidas por ese órgano jurisdiccional, derivó la jurisprudencia que a continuación se reproduce:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, agosto de 2006
"Tesis: VI.3o.A. J/59
"Página: 1812
"COMPETENCIA TERRITORIAL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 39, APARTADO A, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL UNO, NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA QUE LA FIJE (INAPLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 115/2005). El referido numeral da a conocer el nombre y sede de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, y dispone que cada una de ellas tendrá la circunscripción territorial que se determine mediante acuerdo que emita el jefe de ese órgano, siendo éste el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2002. Ahora bien, el hecho de que las autoridades fiscales invoquen en sus resoluciones el citado precepto reglamentario que contiene una gran diversidad de administraciones locales, sin hacer mención en cuál de los puntos que en él se contienen se apoyaron para emitirlas, ni transcribiendo la parte conducente, no significa que se produzca violación de garantías en perjuicio del quejoso, pues tal numeral no fija el ámbito territorial de las unidades administrativas, sino únicamente su nombre y sede, razón por la cual, en este supuesto, no resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’, pues ésta se refiere únicamente a aquellos preceptos legales o reglamentarios, incluso decretos o acuerdos, considerados como normas complejas, que establezcan la competencia de las autoridades administrativas por razón de la materia, grado o territorio, y no a los que señalen únicamente su nombre y sede, como lo es el artículo 39, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver las revisiones fiscales 100/2005 y 81/2006, determinó en lo que interesa lo que a continuación se transcribe:
Revisión fiscal 100/2005.
"SÉPTIMO. En lo que hace a la materia de la revisión fiscal, son fundados pero inoperantes en parte e infundados en diverso aspecto, los agravios que se hacen valer. Para arribar a esta conclusión debe tenerse en cuenta lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil cuatro, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, Olmar Servicios Aduanales, Sociedad Civil, por conducto de su representante legal, Olimpia Guadalupe Tapia Garza, compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio 325-SAT-28-IV-2059, de treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, emitida por la Administración Local Jurídica de Matamoros, Tamaulipas, donde resolvió el recurso de revocación interpuesto por la contribuyente contra la resolución contenida en el oficio 324-SAT-28-IV-A-001582, de dieciséis de junio de dos mil cuatro, en que se determinó un crédito fiscal a cargo del particular. Cabe hacer mención que tanto en sede administrativa, como en el contencioso fiscal, el accionante se quejó de que la fundamentación citada a fin de justificar la competencia territorial por la autoridad que emitió la orden de visita domiciliaria con que inició el procedimiento fiscalizador, se hizo de manera incompleta, al no indicar de manera exacta el fundamento preciso de su competencia. Es oportuno transcribir la parte relativa de la orden de visita que dio inicio al procedimiento, donde se otorgaron los fundamentos para ordenarla, misma que es visible en la foja cincuenta y nueve del expediente administrativo en que se estableció lo siguiente: (se transcribe). 2. El recurso de revocación se dirimió de manera tal, que se ordenó reponer el procedimiento fiscalizador a partir del levantamiento de la última acta parcial, por lo que se dejó insubsistente la resolución determinante del crédito. 3. La persona moral contribuyente consideró que no obstante el resultado obtenido, la determinación así adoptada le causaba agravio, puesto que en la orden de visita domiciliaria ‘... la autoridad invoca el artículo 39 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, sin embargo, lo hace de forma incompleta, es decir, no señala con precisión el dispositivo que aplica. En efecto, la autoridad únicamente señala el artículo 39, primer párrafo, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y pasa por alto que dicho apartado contiene una larga lista de unidades administrativas, por lo que para satisfacer cabalmente el requisito de fundamentación legal, debió de ser exacta en su señalamiento. Esta aseveración encuentra respaldo en los actos que llevó a cabo la Administración Local Jurídica de Matamoros, pues como se podrá observar en la resolución controvertida (oficio número 2059), esa autoridad sí es exhaustiva y precisa en su fundamentación, ya que señala «39, apartado A, en el Estado de Tamaulipas, relativa a la de Matamoros, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria» (véase la diferencia). Tal ilegalidad, al situarse en una parte medular del procedimiento de fiscalización -como es la orden de visita domiciliaria- envicia (sic) la culminación de éste -resolución impugnada- por lo que deberá declararse su nulidad ...’; por lo que instó juicio de nulidad contra la resolución que concluyó el medio de impugnación (donde expresó el argumento antes transcrito como concepto de anulación), del que correspondió conocer a la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien lo radicó como 2473/04-18-01-1, en el cual, una vez que se dio el trámite correspondiente a la demanda, se ordenó emplazar a las autoridades administrativas correspondientes. Al refutar los conceptos de impugnación el organismo encargado de la defensa jurídica de las demandadas, expresó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: A) Que los argumentos expuestos en los conceptos de anulación segundo, tercero y cuarto, devenían infundados, toda vez que los preceptos invocados en la emisión de la orden de visita, respecto a la fundamentación y motivación de las facultades y competencia territorial del administrador local de Auditoría Fiscal de Matamoros, contemplan su existencia y atribuciones, respecto a la emisión de actos, como el impugnado, ello, porque los fundamentos utilizados en la orden de visita, fueron los artículos 25, primer párrafo, fracción II, tercero y último párrafos, en relación con el artículo 23, fracciones VII, VIII y IX, artículo 39, primer párrafo, apartado A, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. B) Que, por lo tanto, los preceptos mencionados corroboraban la competencia material y territorial de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Matamoros, para emitir tanto la orden de visita, como la determinación del crédito fiscal, por lo que resultaban infundados los argumentos de la accionante. C) Que bajo tales premisas se corrobora que la competencia de la autoridad fiscalizadora fue debidamente fundada, porque si bien el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en su artículo 39, apartado A, segundo párrafo, establece una serie de Estados y ciudades, solamente existe un Estado de Tamaulipas y un sola ‘ciudad de Matamoros’, es decir, que ese no es un detalle que pudiera causar confusión en la demandante, máxime si se toma en consideración que en la orden de visita y en la resolución combatida se desprende notoriamente el nombre de la autoridad, como se aprecia en la parte superior de cada una de sus fojas. Manifestó, además, que el argumento expuesto por la actora era ilegal, si se consideraba que el artículo 39 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no cuenta con subdivisiones, pues solamente establece una relación de las entidades federativas y ciudades, cuya denominación corresponderá a las administraciones locales, la que a su decir fue asentada en los actos controvertidos, de los que se advierte que fueron emitidos por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Matamoros; adujo además que al no encontrarse el precepto en comento, subdividido por incisos, bastaba con que se señalara el o los artículos que contemplan la competencia territorial de la unidad administrativa emisora, así como el apartado aplicable al caso para otorgar a la demandada, seguridad y certeza en el sentido de que quien emite los actos, existe jurídicamente y posee competencia plena en la circunscripción territorial, señalada en el artículo segundo, segundo párrafo, del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria. De lo que se desprende que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Matamoros, con sede en Matamoros, Tamaulipas, es el nombre de la unidad administrativa en la cual pueden ejercer sus facultades las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente, Recaudación, Auditoría y Jurídica, razón por la cual la autoridad demandada sí estableció debidamente su competencia territorial para emitir la orden de visita domiciliaria. Apoyó su argumento la defensora de las demandadas, en la resolución adoptada en la revisión fiscal 50/2004-III, por el homólogo Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 4) Seguido que fue el procedimiento respectivo, la Sala del conocimiento dictó sentencia, esto, el seis de junio de dos mil cinco, en la cual declaró la nulidad de la orden de visita, así como la resolución debatida y la que fue materia del recurso, sin que dicha declaración impidiera a la autoridad demandada expedir otra nueva orden de visita domiciliaria debidamente fundada y motivada por tratarse de facultades discrecionales. En torno al tema de la competencia de la autoridad demandada, la Sala estableció lo siguiente: (se transcribe). De lo así resuelto se evidencia que la Sala Regional consideró de manera principal que la resolución impugnada carecía de fundamentación al haber sido omisa la autoridad demandada en precisar con exactitud el nombre y la sede correspondiente, de entre las administraciones que aparecen señaladas en el párrafo y listado del artículo 39, apartado A, esto es, que debió -dice- especificar de manera clara, en qué supuesto o párrafo se define la jurisdicción para ejercer sus atribuciones por cuestión de territorio. 5) Contra lo así resuelto, el administrador local jurídico de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en representación de la demandada interpuso revisión fiscal de la que correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, quien lo radicó como revisión fiscal 100/2005, en el que a guisa de agravios aduce los siguientes: I. Que la sentencia que se recurre causa agravio a la impugnante, porque infringe en perjuicio de su representada, lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, merced a que a juicio de la Sala Regional, la competenc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20263-13770b7c/servicio-de-administracion-tributaria-el-articulo-39-apartado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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