CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES ABORDARON UN MISMO TEMA JURÍDICO, PERO A LA LUZ DE ELEMENTOS Y HECHOS DISTINTOS, LLEGARON A CONCLUSIONES TAMBIÉN DIFERENTES. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS CONTENDIENTE, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA Y, EN SU CASO, ORDENAR LA CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PARA SU EXISTENCIA NO BASTA QUE UN TRIBUNAL AFIRME QUE NO COMPARTE EL CRITERIO DE OTRO. CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SI SU INEXISTENCIA ES EVIDENTE, PUEDE EMITIRSE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SIN ESPERAR A QUE VENZA EL PLAZO ESTABLECIDO PARA QUE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA FORMULE SU OPINIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los puntos tercero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio del año dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa, cuya competencia corresponde de manera exclusiva a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis se hizo por parte legitimada, de conformidad con lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues se efectuó por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano que resolvió los recursos de revisión 548/2006 y 436/2006, que dieron origen a esta posible contradicción.
TERCERO. Para estar en condiciones de pronunciarse en relación con la presente contradicción de tesis, es menester precisar algunos antecedentes, así como las consideraciones de los asuntos sometidos a la decisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió, por mayoría de votos, los amparos en revisión 548/2006 y 436/2006.
El amparo en revisión señalado en primer término tiene los antecedentes siguientes:
a) El representante legal de la empresa Heat and Control, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los artículos segundo transitorio del Decreto por el cual se establecen, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, en particular su fracción XIV, así como el contenido de los artículos 10 y 32, fracción XXV, de la propia ley, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, y la diversa fracción II del artículo tercero de las disposiciones transitorias de la misma ley para el dos mil cinco.
b) Seguido el procedimiento en todos sus trámites, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco pronunció sentencia en el amparo 391/2006-1 en el que sobreseyó en el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, al no haber demostrado la parte quejosa en forma fehaciente su interés jurídico.
c) Inconforme con tal determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el que resolvió, en esencia, lo siguiente:
"CUARTO. Los agravios anteriormente transcritos, son jurídicamente ineficaces para revocar el sentido del fallo recurrido. En efecto, contrario a lo que en ellos se alega, este colegiado no encuentra objetivamente incorrecto el sobreseimiento impugnado. Así es, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Ahora bien, por perjuicio para efectos de la procedencia del juicio de garantías, debe entenderse la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente protegido, y esto es lo que constituye el interés jurídico que se requiere para la promoción del juicio de amparo, como lo reconoce la propia recurrente en sus agravios. En este sentido, debe decirse que tratándose de amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario acreditar que, efectivamente, se realizó dicha aplicación y que ésta incide de manera actual y real en la esfera de derechos del gobernado, pues, de otro modo, debe considerarse que el particular no sufriría perjuicio alguno que lo facultara para acudir al juicio de garantías. Pues bien, de las constancias que integran el expediente de amparo al que este toca de revisión se contrae, concretamente, de la demanda de garantías, se advierte que la empresa quejosa, reclamó los artículos segundo, fracción XIV, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos; tercero, fracción II, de las disposiciones transitorias del ordenamiento legal antes citado, publicadas en el mismo órgano de difusión el primero de diciembre de dos mil cuatro, y los artículos 10 y 32, fracción XXV, de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, con motivo del primer acto de aplicación, que afirmó, tuvo verificativo el treinta y uno de marzo de dos mil seis, en que presentó la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cinco, y de la cual, dijo, se desprende la imposibilidad de deducir el cien por ciento del importe de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, pagadas en el ejercicio de dos mil cinco, determinada por la contribuyente en el año de dos mil cuatro. Los artículos tildados como inconstitucionales, literalmente dicen: ‘Artículo 10.’. ‘Artículo 32.’. ‘Artículo segundo.’. ‘Artículo tercero.’ (se transcriben). De los preceptos legales antes transcritos, en lo que aquí interesa, se desprende que si bien conforme al segundo de ellos (32, fracción XXV), no son deducibles las cantidades relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; sin embargo, conforme a los dos restantes, a partir de dos mil cuatro, dichas participaciones son deducibles en el ejercicio en que se paguen en la parte que resulte de restar a las mismas las deducciones relacionadas con la prestación de servicios personales subordinados que hayan sido ingresos del trabajador por el que no se pagó impuesto en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como que dichas deducciones serán del cuarenta por ciento en el ejercicio de dos mil cuatro y del ochenta por ciento en dos mil cinco. En ese tenor, a fin de acreditar el primer acto de aplicación de las normas reclamadas, es necesario que el contribuyente genere utilidades, que haga partícipe de ellas a sus trabajadores, que aplique el procedimiento establecido por el artículo segundo, fracción XIV, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de determinar la parte deducible y, una vez dilucidado si existe partida deducible o no, la considere para efecto de determinar el resultado fiscal del ejercicio. Luego, con el propósito de demostrar el primer acto de aplicación de los artículos segundo, fracción XIV, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos; tercero, fracción II, de las disposiciones transitorias del ordenamiento legal antes citado, publicada en el mismo órgano de difusión el primero de diciembre de dos mil cuatro, 10 y 32, fracción XXV, de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, la empresa peticionaria de garantías, como lo dijo la a quo, allegó al juicio de amparo los siguientes documentos: ‘a) Copias simples de las escrituras públicas veintidós mil ciento doce, treinta y seis mil doscientos sesenta y uno y cuatrocientos setenta y dos, esta última, de la página uno a la treinta y tres con sello original de la notaría pública ochenta y siete en esta ciudad. b) Copia simple de una credencial para votar folio 023049576. c) Impresiones de la declaración del ejercicio dos mil cinco de la quejosa Heat and Control, Sociedad Anónima de Capital Variable y folio de recepción. d) Dictamen de los estados de posición financiera de la quejosa, correspondientes al ejercicio de dos mil cuatro, emitido por el contador público José Mario Rizo Rivas, estado de envío de dicho dictamen. e) Estados de posición financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil tres y de dos mil cuatro. f) Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal del ejercicio de dos mil cinco. g) Copias simples de los movimientos auxiliares del catálogo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco. h) Copias simples de los recibos de nómina relativos al periodo del catorce al veintisiete de mayo de dos mil cinco, expedidos por la quejosa a nombre de Francisco Javier Díaz Contreras, Miguel Ángel Rodríguez Meza, Martín Pérez Rodríguez, Saúl Martínez Guerra, Antonio Mata González y Miguel Miranda Covarrubias. i) Copias simples de las listas de raya del catorce al veintisiete y del dieciocho al veinticuatro de mayo de dos mil cinco. j) Copias simples de la determinación de utilidades a repartir por trabajador correspondiente a las utilidades del ejercicio de dos mil cuatro y de la determinación del subsidio acreditable para el ejercicio de dos mil cinco.’. Pues bien, aun cuando a las pruebas antes descritas se les concediera algún valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; sin embargo, como enseguida se verá, con ellas ciertamente no se demuestra fehacientemente el acto de aplicación de las normas reclamadas como inconstitucionales. Lo anterior es así, porque con los medios de convicción materia de análisis, sólo se acredita en su caso, que la empresa solicitante de amparo generó utilidades en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, que dichas utilidades fueron entregadas a sus trabajadores, en el ejercicio fiscal de dos mil cinco, así como que presentó la declaración anual correspondiente a ese ejercicio fiscal de dos mil cinco; empero, no demuestran de manera fehaciente cuál fue el resultado del procedimiento a que hace referencia el artículo segundo, fracción XIV, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de dos mil tres, es decir, si conforme a dicho procedimiento existió o no, partida deducible para efectos de la determinación fiscal del ejercicio de dos mil cinco, ni menos aún, si se hizo efectiva o no, alguna deducción al respecto, esto es, de los elementos de prueba mencionados, no es posible determinar si la empresa quejosa disminuyó o no, y en qué porcentaje, en su caso, las cantidades que entregó a sus trabajadores por concepto de participación en las utilidades, por haber aplicado el procedimiento previsto en las normas reclamadas, habida cuenta que, de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cinco, sólo se logra apreciar los rubros generales que la integran, a saber, entre otros, el relativo a la participación de utilidades generadas durante ese ejercicio, conciliación entre el resultado contable y el fiscal, así como la determinación del impuesto sobre la renta; sin embargo, insístese, del análisis general de esos rubros, no es posible concluir si la empresa quejosa, al determinar el resultado fiscal del ejercicio, consideró o no (en forma total o parcial), como partida deducible, las cantidades que entregó a sus trabajadores por concepto de participación en las utilidades, más aun cuando de su declaración, en el rubro de ‘PTU pagada en el ejercicio’, no asentó cantidad alguna (foja 96 del expediente de amparo), por lo que no hay certeza de que se aplicó las normas reclamadas. Por otra parte, si bien como se alega en los agravios en estudio, también aparece de autos que la parte quejosa exhibió papeles de trabajo de: a) ‘... la determinación individual de utilidades repartidas por trabajador en mayo de 2005 correspondiente a las utilidades del ejercicio 2004.’ -foja 161 del expediente de amparo-; b) diversos ‘... donde se muestran los ingresos exentos para el trabajador que éstos recibieron por parte de mi representada, mismos que sirvieron de base para determinar el subsidio acreditable.’ y ‘se muestra la determinación de la PTU deducible, aplicando de forma estricta el contenido de la fracción XIV del artículo segundo de las disposiciones transitorias para 2003 y las demás disposiciones de la ley del ISR cuya inconstitucionalidad se combate.’ -foja 183 íd. ; y, c) ‘de la determinación del resultado fiscal por el ejercicio de 2004, del que se desprende la PTU por pagar en 2005, así como la diferencia de impuesto sobre la renta que resulta si se disminuye o no la PTU pagada en el ejercicio de 2005 (conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal, ejercicio 2004 y 2005) ...’ -fojas 157 a 160 íd. . Debe decirse que por ser documentos privados elaborados por la propia quejosa (no aparecen firmados por algún perito, con los requisitos aludidos por la a quo), no son aptos para tener por demostrada la aplicación de los preceptos reclamados en la declaración del ejercicio fiscal de dos mil cinco, ya que en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; tales documentos sólo prueban los hechos asentados en los mismos, en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor. Alega la recurrente, en esencia, que para la acreditación del acto de aplicación de los preceptos reclamados, no es necesaria la prueba pericial contable, ya que basta la declaración de pago del impuesto sobre la renta, siempre que en ésta se refleje un renglón especial a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, porque al margen de que la ley es categórica en remitir al artículo 16 para efectos de la determinación de la renta gravable, no instaura diferentes sistemas para el cálculo, ni tampoco prevé distintas hipótesis o porciones normativas que regulen disímiles procedimientos para obtener la misma renta gravable, y no hay más que un solo procedimiento en la ley, para deducir cantidades por el pago en el ejercicio de las utilidades a los trabajadores (el subrayado proviene de este colegiado). En el caso, como antes se dijo, la quejosa en su declaración por el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en el rubro de ‘PTU pagada en el ejercicio’, no asentó cantidad alguna. Luego, no hay certeza de que haya realizado el procedimiento que reclama. Además, por razón lógica y natural, el monto del impuesto a pagar no podría ser el mismo de deducir o no cantidades por el pago en el ejercicio de las utilidades a los trabajadores, y de las sumas que se deduzcan (si es en relación al cien por ciento o en determinado porcentaje). Así, la sola declaración es insuficiente para tener por plenamente probado el acto de aplicación en cuestión. En este sentido, la quejosa, con la finalidad de probar el primer acto de aplicación en su perjuicio de los artículos, estaba obligada a acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para instar el juicio constitucional, razón por la que debió demostrar la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales (si no acredita que en su declaración observó las reglas reclamadas, simplemente no demuestra el acto de aplicación de las mismas), lo cual, como se vio, no se logra con las pruebas documentales analizadas con antelación, pues éstas no constituyen una evidencia plena para elucidar si en la declaración anual del ejercicio fiscal de dos mil cinco, fueron deducidas o no (en forma total o parcial), las cantidades entregadas por concepto de reparto de utilidades, para efectos del impuesto sobre la renta, por lo que resulta incuestionable que la peticionaria de garantías, dentro del juicio de amparo, debió allegar la prueba pericial contable para demostrar su interés jurídico, o bien, dictamen emitido por contador público autorizado en el que se hiciera tal especificación, ya que, repítese, no bastaba la exhibición de la declaración anual del ejercicio fiscal de dos mil cinco, para tener por acreditado dicho requisito de procedencia de la instancia constitucional, sino que se necesitaba de un elemento de convicción que en forma indubitable demostrara la afectación a la esfera jurídica de la aquí inconforme, en virtud de que el interés jurídico debe demostrarse en forma fehaciente (el dictamen que anexó, está referido como lo dijo la a quo, a los estados de posición financiera de la quejosa, correspondientes al ejercicio de dos mil cuatro, lo que además no se refuta en los agravios en estudio). Por tanto, la peticionaria de garantías no acreditó plenamente el derecho legítimamente tutelado que se atribuye en esta instancia constitucional, es decir, su interés jurídico para acudir a combatir la constitucionalidad de los preceptos legales antes precisados, por lo que es inconcuso que dicho acto reclamado, no afecta el interés jurídico de la quejosa y, por ende, se surten los supuestos de improcedencia que prevé el artículo 73, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, por analogía y por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 43/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento doce del Tomo XI, mayo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos texto y rubro dice: ‘LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS.’ (se transcribe). Por las razones expuestas, no se comparte la tesis de diverso colegiado invocada por la quejosa, en su escrito de alegatos presentado ante este tribunal el once de diciembre de dos mil seis, de rubro: ‘RENTA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO (DISPOSICIONES TRANSITORIAS), FRACCIÓN XIV, DEL DECRETO QUE REFORMÓ, ADICIONÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002, LO CONSTITUYE LA DECLARACIÓN PRESENTADA EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HAYAN INOBSERVADO LAS REGLAS QUE PREVÉ PARA LA DEDUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.’. Así las cosas, lo conducente es confirmar la sentencia recurrida. En similares términos se pronunció este colegiado, al resolver en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil seis, por mayoría de votos, el diverso toca de revisión principal número 436/2006, relativo al juicio de amparo indirecto número 444/2006, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, promovido por Gegsa Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable. Este Tribunal Colegiado advierte que el criterio sustentado en la presente ejecutoria (en el sentido de que el primer acto de aplicación del artículo segundo -disposiciones transitorias-, fracción XIV, del decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, no se acredita fehacientemente con la sola declaración presentada en el ejercicio fiscal correspondiente), es contradictorio con el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis número I.7o.A.460 A, publicada en la página mil ochocientos sesenta y uno del Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos texto y rubro son del tenor literal siguiente: ‘RENTA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO (DISPOSICIONES TRANSITORIAS), FRACCIÓN XIV, DEL DECRETO QUE REFORMÓ, ADICIONÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002, LO CONSTITUYE LA DECLARACIÓN PRESENTADA EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HAYAN INOBSERVADO LAS REGLAS QUE PREVÉ PARA LA DEDUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.’ (se transcribe)."
Del amparo en revisión 436/2006 se desprenden los antecedentes siguientes:
a) El representante legal de la empresa Gegsa Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del artículo 32, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cinco; del diverso numeral tercero, fracción II, de las disposiciones transitorias de la propia ley, vigentes para dos mil cinco, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de dos mil cuatro; así como del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil tres, por el que se da a conocer la fracción XIV del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la misma ley.
b) Seguido el procedimiento en todos sus trámites, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco pronunció sentencia en el amparo 444/2006 en el que concedió la protección constitucional a la parte quejosa.
c) Inconforme con tal determinación, el subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en suplencia por ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, así como de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación, interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el que resolvió, en esencia, lo siguiente:
"CUARTO. Son sustancialmente fundados los agravios por los que se aduce que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, que literalmente dice: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). Así, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Ahora bien, por perjuicio para efectos de la procedencia del juicio de garantías, debe entenderse la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente protegido, y esto es lo que constituye el interés jurídico que se requiere para la promoción del juicio de amparo. En este sentido, debe decirse que tratándose de amparo contra leyes con motivo de su prime actor (sic) aplicación, es necesario acreditar que, efectivamente, se realizó dicha aplicación y que ésta incide de manera actual y real en la esfera de derechos del gobernado, pues, de otro modo, debe considerarse que el particular no sufriría perjuicio alguno que lo facultara para acudir al juicio de garantías. Pues bien, de las constancias que integran el expediente de amparo al que este toca de revisión se contrae, concretamente de la demanda de garantías, se advierte que la empresa quejosa, aquí tercera perjudicada, reclamó los artículos segundo, fracción XIV, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos; tercero, fracción II, de las disposiciones transitorias del ordenamiento legal antes citadas, publicada en el mismo órgano de difusión el primero de diciembre de dos mil cuatro, y 32, fracción XXV, de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, con motivo del primer acto de aplicación, el cual, afirmó, tuvo verificativo el tres de abril de dos mil cuatro (sic), en que presentó la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cinco, y de la cual, dijo, se desprende la imposibilidad de deducir el importe de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en el ejercicio de dos mil cinco, determinada por la contribuyente en el año de dos mil cuatro. Los artículos tildados como inconstitucionales, literalmente dicen: ‘Artículo 32.’ (se transcribe). ‘Artículo segundo.’ (se transcribe). ‘Artículo tercero.’ (se transcribe). De los preceptos legales antes transcritos, en lo que aquí interesa, se desprende que si bien conforme al primero de ellos (32, fracción XXV), no son deducibles las cantidades relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; sin embargo, conforme a los dos restantes, a partir de dos mil cuatro, dichas participaciones son deducibles en el ejercicio en que se paguen en la parte que resulte de restar a las mismas las deducciones relacionadas con la prestación de servicios personales subordinados que hayan sido ingresos del trabajador por el que no se pagó impuesto en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como que dichas deducciones serán del cuarenta por ciento en el ejercicio de dos mil cuatro y del ochenta por ciento en dos mil cinco. En ese tenor, a fin de acreditar el primer acto de aplicación de las normas reclamadas, es necesario que el contribuyente genere utilidades, que haga partícipe de ellas a sus trabajadores, que aplique el procedimiento establecido por el artículo segundo, fracción XIV, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de determinar la parte deducible y, una vez dilucidado si existe partida deducible o no, la considere para efecto de determinar el resultado fiscal del ejercicio. Luego, con el propósito de demostrar el primer acto de aplicación de los artículos segundo, fracción XIV, de las disposiciones de (sic) transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos; tercero, fracción II, de las disposiciones transitorias del ordenamiento legal antes citado, publicada en el mismo órgano de difusión el primero de diciembre de dos mil cuatro, y 32 fracción XXV, de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, la empresa peticionaria de garantías, allegó al juicio de amparo, en copias certificadas, los siguientes documentos. 1. Nueve recibos relativos al pago de participación de utilidades correspondientes al ejercicio de dos mil cuatro (fojas 182 a 190). 2. Acuse de recibo por medios electrónicos y declaración anual del ejercicio fiscal de dos mil cinco (foja 191 a 210). 3. Legajo de sesenta y cuatro hojas que contienen recibos de nómina expedidos por la empresa ‘Gegsa Servicios’, Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de reparto de utilidades (fojas 211 a 274). 4. Comprobantes y reportes de nómina (fojas 275 a 279 y 299 a 307). 5. Reporte de pago a proveedores (fojas 280 y 296). 6. Solicitudes de fondo y pólizas de pago por concepto de reparto adicional de utilidades por el ejercicio de dos mil cuatro (fojas 281 a 295). 7. Solicitudes de fondo, pólizas de pago y comprobantes de nómina relativas al reparto de utilidades por el ejercicio fiscal de dos mil cinco (fojas 308 a 320). Pues bien, aun cuando las pruebas antes descritas, tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; sin embargo, como enseguida se verá, con ellas no se demuestra fehacientemente el acto de aplicación de las normas reclamadas como inconstitucionales. Lo anterior es así, porque con los medios de convicción materia de análisis, sólo se acredita que la empresa solicitante de amparo generó utilidades en los ejercicios fiscales de dos mil cuatro y dos mil cinco, que dichas utilidades fueron entregadas a sus trabajadores, así como que presentó la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cinco; empero, no demuestran de manera fehaciente cuál fue el resultado del procedimiento a que hace referencia el artículo segundo, fracción XIV, de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de dos mil tres, es decir, si conforme a dicho procedimiento existió o no, partida deducible para efectos de la determinación fiscal del ejercicio de dos mil cinco, ni menos aún, si se hizo efectiva o no, dicha deducción, esto es, de los elementos de prueba en cuestión, no es posible determinar si la empresa ‘Gegsa Servicios’, Sociedad Anónima de Capital Variable, disminuyó o no, y en qué porcentaje, en su caso, las cantidades que entregó a sus trabajadores por concepto de participación en las utilidades, habida cuenta que, de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cinco, sólo se logra apreciar los rubros generales que la integran, a saber, entre otros, el relativo a la participación de utilidades generadas durante ese ejercicio, conciliación entre el resultado contable y el fiscal, así como la determinación del impuesto sobre la renta; sin embargo, insístese, del análisis general de esos rubros, no es posible concluir si la empresa quejosa, al determinar el resultado fiscal del ejercicio, consideró o no (en forma total o parcial), como partida deducible, las cantidades que entregó a sus trabajadores por concepto de participación en las utilidades. En este sentido, la aquí recurrente, con la finalidad de acreditar el primer acto de aplicación en su perjuicio de los artículos segundo, fracción XIV, de las disposiciones de (sic) transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos; tercero, fracción II, de las disposiciones transitorias d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20206-1f24035e/contradiccion-de-tesis-debe-declararse-inexistente-aun-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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