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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL RECIBO DE PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A 2005 EN EL QUE CONSTAN LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO RELATIVO, ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISOS E), F) Y G), DEL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA, DEROGA Y ESTABLECE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19892
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1573.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 121/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio del año dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa, cuya competencia corresponde de manera exclusiva a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis es procedente de conformidad con lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, puesto que fue realizada por Ricardo Brambila Trejo, quejoso recurrente en el amparo en revisión 784/2005, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

TERCERO. Antes de realizar las transcripciones de las resoluciones en posible contradicción, no se pasa por alto que en sesión de doce de mayo de dos mil seis, esta Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió la diversa contradicción de tesis 58/2006-SS, entre las sustentadas por los mismos órganos aquí contendientes y respecto de los mismos recursos de revisión; no obstante ello, es procedente que esta Sala se pronuncie en relación con la divergencia de criterios que aquí se plantea, en virtud de que como se aprecia de la citada resolución, tal contradicción se declaró improcedente "... en la medida en que una de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes (Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito) no ha causado ejecutoria, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, para que sea procedente una denuncia de posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que las resoluciones en que dichos criterios fueron sustentados tengan la naturaleza de ejecutorias, pues de no ser así, por encontrarse en trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de esas sentencias, el criterio emitido por el respectivo órgano colegiado está sujeto a la determinación que sobre el particular adopte esta Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiendo no subsistir, y en ese caso no existiría la contradicción de tesis.". Se aclara que las resoluciones materia de la contradicción de criterios señalada, lo fueron las dictadas en los recursos de revisión 784/2005, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito el veintitrés de febrero de dos mil seis, y 479/2005, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el veintiocho de noviembre de dos mil cinco, la cual es materia de la contradicción de criterios que ahora se resuelve.

Ahora bien, como se aprecia a foja sesenta y seis de la resolución recaída al referido recurso de revisión 479/2005, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pero de fecha dieciocho de mayo de dos mil seis (foja 97 del expediente de contradicción de tesis), el presidente de este Alto Tribunal, en virtud de que sobre el tema de constitucionalidad propuesto en el respectivo juicio de amparo, el Pleno ya había emitido algunos criterios tanto jurisprudenciales como aislados, determinó remitir nuevamente al Tribunal Colegiado citado los autos relativos para que resolviera en definitiva, en términos de lo dispuesto en diversos acuerdos plenarios.

En la fecha señalada (dieciocho de mayo de dos mil seis), el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia dictó la resolución definitiva en cuanto al aspecto de constitucionalidad propuesto en el recurso de revisión 479/2005, dejando subsistente en sus términos la resolución primigenia dictada por dicho órgano jurisdiccional, en cuanto a la procedencia tanto del juicio de amparo intentado en contra del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establecen los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso", publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, específicamente la publicidad de los incisos f) y g) de la fracción I de su precepto segundo, atinente a las "disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta", y la fracción I de ese dispositivo, en su inciso e), por lo que ve a la tabla en él contenida, así como de los conceptos de violación que esgrimió la parte quejosa.

De lo anterior se aprecia que la imposibilidad que existía para pronunciarse en relación con la posible contraposición de criterios entre los órganos jurisdiccionales a que se ha hecho mención, y que fueron motivo de la contradicción de tesis 58/2006-SS, ha cesado y, por ende, esta Sala debe pronunciarse al respecto.

CUARTO. Para estar en condiciones de hacer el pronunciamiento respectivo, es menester precisar los antecedentes de los asuntos sometidos a la decisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el veintitrés de febrero de dos mil seis, el recurso de revisión 784/2005, estableció, en la parte relativa, lo siguiente:

"QUINTO. Este fallo no se ocupará de analizar las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, así como los agravios expresados en su contra, los que se transcriben sólo para efectos informativos, pues este Tribunal Colegiado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia de estudio preferente, respecto del acto reclamado, consistente en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo segundo del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establecen los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, específicamente la publicidad de los incisos f) y g) de la fracción I de ese precepto segundo, atinente a las ‘disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta’; asimismo, se reclamó ‘única y exclusivamente’ la fracción I de ese dispositivo, en su inciso e), por lo que ve a la tabla en él contenida; por lo que, de oficio, se procede a su examen, en razón de que se advierte que en el juicio de amparo, respecto de tales actos, se actualiza la causal de improcedencia del mismo prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, misma respecto de la cual el a quo se pronunció, aunque por motivos diversos a los que ahora servirán, para confirmar ese sobreseimiento. Apoya tal consideración, la jurisprudencia 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). Asimismo, tiene aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia correspondiente a la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, tesis 1a./J. 3/99, página 13, que establece lo siguiente: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Ciertamente, conviene destacar que los quejosos para sustentar el acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional y, por ende, su interés jurídico, aportaron varios recibos de nóminas, que, según sus propias palabras, el ‘15 de enero del año 2005 y con motivo de la retención del impuesto sobre la renta que a nuestro cargo realizó el patrón para el que laboramos, se suscitó el primer acto de aplicación de las normas que ahora impugnamos, suceso que legitima cabalmente a los suscritos para promover el presente medio extraordinario de defensa’ y agregan que para la plena procedencia del juicio de garantías, no sólo es necesario ‘que los quejosos demuestren plenamente estar en los supuestos de la norma que tildan de inconstitucional, sino que también es indispensable que se acredite al juzgador que existe un primer acto de aplicación de tal ley, que constituye en sí la materialización palpable del agravio jurídico que alega le causa el acto que reclama ... que el acto de aplicación donde los contribuyentes materializamos por primera vez la sumisión a las normas en pugna es el recibo de nómina de la primera quincena de enero, pues ahí consta la retención que sobre el primer ingreso percibido en el año nos efectuó el patrón al que estamos subordinados, quedando los quejosos desde ese momento, objetiva y enteramente sometidos a la norma, al haber realizado los actos en los que se les constriñe a dar o a hacer, constituyéndose ahí el momento vértice para que el contribuyente exteriorice su repudio a los vicios de inconstitucionalidad que contiene la norma que se tilda como contraria a la Carta Magna.’. Ahora bien, como se anticipó, los quejosos no acreditaron su interés jurídico, como enseguida se verá. El interés jurídico, para efectos del juicio de amparo, se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y que, a su vez, constituye uno de los presupuestos indispensables para promover dicha instancia, en términos de lo establecido por los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, con el fin de exigir el respeto a los derechos legítimamente tutelados, pero para analizar si los quejosos son sujetos del derecho reclamado debe estarse a la naturaleza del acto que se impugna, atento lo dispuesto en la jurisprudencia 854, visible en la página quinientos ochenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE.’ (se transcribe). El artículo segundo, fracción I, incisos e), f) y g), tildado de inconstitucional, dice: ‘Artículo segundo.’ (se transcribe). A su vez, los numerales 113, 114 y 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a que remite ese numeral, dicen: ‘Artículo 113.’ (se transcribe). ‘Artículo 115.’ (se transcribe). De esas disposiciones, como bien lo argumentan los agraviados, se deduce que el interés jurídico necesario para impugnar los actos que en esta vía se reclaman, se colman cuando un contribuyente es sujeto de la retención prevista por ese dispositivo, por parte del patrón, y esa retención, se justifica plenamente. En el caso, según lo transcrito, los quejosos señalan como primer acto de aplicación, la retención del impuesto correspondiente que les hizo su patrón el quince de enero de dos mil cinco, la que consta, según afirman, en los recibos de nóminas con los que se formaron cuadernos de pruebas, en los cuales se lee, en lo que aquí interesa, lo siguiente: (se transcribe). Pruebas estas que son insuficientes para demostrar que el patrón de los agraviados les retuvo el impuesto a que refiere el artículo segundo transcrito. Lo anterior es así, en razón de que tales recibos de nómina únicamente evidencian que a los quejosos se les retuvo una cierta cantidad por ‘ISPT antes CAS’ y ‘ISPT (sp)’, lo que resulta insuficiente para arribar a la convicción de que en esos rubros realmente se encuentra la retención del impuesto a que se refiere la norma reclamada, así como el monto de ésta. Sobre el tema tratado resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de dos mil, página ciento doce, de rubro y texto: ‘LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS.’ (se transcribe). La jurisprudencia transcrita confirma la conclusión asumida por este Tribunal Colegiado, en el sentido de que debe ofrecerse y desahogarse la prueba idónea para dilucidar si existe retención del impuesto sobre la renta respecto de los conceptos que señala el artículo segundo, fracción I, incisos e), f) y g), del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establecen los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso’, publicado el primero de diciembre de dos mil cuatro en el Diario Oficial de la Federación, así como el monto de dicha retención, pues sólo de esa forma se acredita, de manera fehaciente, el acto de aplicación que permite instar la acción constitucional. En este orden de ideas, resulta incuestionable que los quejosos debieron ofrecer la prueba pericial contable, en virtud de que los referidos recibos de nómina resultaron insuficientes para acreditar, por sí solos, el requisito de procedencia de la instancia constitucional, pues, como ya se dijo, se necesitaba la presencia de un elemento de convicción que en forma indubitable demostrara la afectación a la esfera jurídica de los impetrantes, en virtud de que el interés jurídico debe demostrarse en forma fehaciente, ya que si bien es cierto que por el hecho de que la empresa realiza las retenciones a las que se refiere la norma reclamada, lo que hace presumir que los quejosos se ubican en la hipótesis normativa respectiva, también es verídico que ello sólo constituiría una presunción de estar en el supuesto legal y de que se aplicó la disposición reclamada, lo cual es insuficiente para demostrar la procedencia de la instancia constitucional, en virtud de que el interés jurídico debe demostrarse, como se dijo, en forma fehaciente, mas no inferirse con base en presunciones (lo resaltado en negrillas es de este Tribunal Colegiado). Es oportuno citar, en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 191 del tomo 109-114, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación. ‘INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL.’ (se transcribe). No es impedimento para arribar a la anterior conclusión, el hecho de que los quejosos hayan aportado al juicio de garantías dos documentales privadas, una consistente en ‘la significación que para tal efecto realiza el C. Ricardo Alonso Landeros Montes, apoderado de la persona moral denominada Ruvalcaba Villalobos y Compañía, Sociedad Civil, respecto de las abreviaturas contenidas en los recibos de nóminas de los hoy quejosos ...’ y otra ‘relativa a la definición de los conceptos abreviados contenidos en los recibos de nómina de los quejosos, realizada por el C. Héctor Villalobos González, en representación legal de la persona jurídica denominada «Servifis, S.A. de C.V.», en las que se hace constar lo siguiente: (se transcribe).’. Por esas razones, y al no haberse aportado el medio de convicción idóneo para esclarecer si en los recibos de nóminas mencionados, existe ciertamente retención del impuesto sobre la renta respecto de los conceptos que señala el artículo segundo del decreto multialudido, así como el monto de dicha retención, este Tribunal Colegiado concluye que dichos recibos de nómina no acreditan el interés jurídico que se requiere para instar el juicio constitucional, toda vez que no reflejan la aplicación de la norma debatida, ya que ni siquiera en ellos se menciona ese dispositivo, ni decreto alguno, pues aunque en tales documentos se indique que se hizo una retención del ‘ISPT’ antes ‘CAS’ y ‘ISPT (sp)’, ello es insuficiente para arribar a la convicción de que en ese rubro se comprende la relativa a los conceptos que refiere el numeral de referencia. Además, si como en el caso, los quejosos de manera destacada reclamaron los incisos f), g), y además el inciso e) de la fracción I del artículo segundo del supracitado decreto, este último únicamente por lo que se refiere a las tablas para calcular el impuesto relativo, pues señalan que: ‘... se impugna la creación de los incisos f) y g) de la fracción I de tal numeral y que es atinente a las «disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta». De igual forma, se reclama la inconstitucionalidad del acto legislativo de referencia única y exclusivamente en lo que respecta a la tabla contenida en el inciso e) de la fracción I del artículo segundo del ya mencionado decreto ...’, es obvio que para probar el interés jurídico resultaba indispensable el desahogo de la prueba pericial, pues solamente a través de este medio de convicción se podía elucidar si las tablas, así como los supuestos normativos, contenidos en tales incisos, se aplicaron o no a los contribuyentes quejosos. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 179/2003-SS, emitió la jurisprudencia 2a./J. 52/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de dos mil cuatro, página quinientos cincuenta y siete, que dice: ‘IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SU RETENCIÓN POR EL PATRÓN AL EFECTUAR EL PAGO DE ALGÚN CONCEPTO QUE LA LEY RELATIVA PREVÉ COMO INGRESO POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO, Y ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR LA IMPROCEDENCIA POR CONSENTIMIENTO TÁCITO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE EXPRESEN LOS CONCEPTOS SOBRE LOS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN Y SU FUNDAMENTO LEGAL.’ (se transcribe). En tal jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el acto por virtud del cual el patrón retiene por vez primera el impuesto causado por el o los conceptos que la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio y, por ende, es susceptible de generar la improcedencia del juicio de garantías por ‘consentimiento tácito’, en términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en caso de que no la impugne dentro de los quince días siguientes a aquel en que tuvo pleno conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación. Empero, dicha jurisprudencia, en ningún momento releva al quejoso de su obligación procesal de acreditar, de manera fehaciente, el interés jurídico que le asiste para instar la acción constitucional. En esas condiciones, al no demostrar los quejosos encontrarse en la hipótesis jurídica prevista en el artículo segundo, fracción I, incisos e), f) y g), del decreto relativo, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo cual procede confirmar la sentencia recurrida que sobreseyó en el juicio de amparo respecto del ordenamiento jurídico tildado de inconstitucional, aunque por las razones vertidas en esta ejecutoria. Conviene señalar que criterio similar al plasmado en esta ejecutoria, se sustentó en los amparos en revisión 523/2004, 367/2004, 383/2004, 368/2004 y 228/2005, resueltos por unanimidad de votos en sesiones, el primero, de uno de julio, los dos siguientes en quince de julio, el cuarto, el doce de agosto de dos mil cuatro, y el último, con fecha cinco de enero del año en curso, respectivamente, aunque referidas a un dispositivo distinto al impugnado en el presente asunto, pero sí en relación con el imperativo común de acreditar plenamente el acto concreto de aplicación de la norma reclamada y, con ello, el interés jurídico relativo."

Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el veintiocho de noviembre de dos mil cinco, por unanimidad de votos, el recurso de revisión 479/2005. La ejecutoria relativa aparece transcrita en el resultando noveno de la segunda resolución recaída al recurso de mérito (fojas ochenta y seis vuelta a noventa y seis del expediente de contradicción en que se actúa), así como a fojas veinticinco a cuarenta de la que recayó a la diversa contradicción de tesis 58/2006-SS. Aquella resolución establece, en su parte conducente, lo siguiente:

"QUINTO. Sostiene la parte quejosa que la sentencia recurrida es ilegal, toda vez que la Juez de Distrito se apartó del principio de congruencia al analizar la procedencia del juicio, pues cambió los hechos expuestos en la demanda, y no valoró los recibos de pago con los cuales se acreditó el primer acto de aplicación de las normas reclamadas. Al efecto señala que desde la demanda de garantías se manifestó que las normas se reclamaron con motivo del primer acto de aplicación que consistió en la retención del impuesto efectuada por el patrón de los quejosos al pagarles sus remuneraciones en la primera quincena del mes de enero de dos mil cinco, periodo en el cual ya estaban vigentes esas disposiciones, sin que obste para alcanzar esta conclusión que los preceptos se refieran al cálculo mensual del impuesto, dado que en términos de la resolución de modificaciones a la resolución miscelánea de dos mil cuatro, los patrones pueden ajustar el cálculo del impuesto al periodo de pago de los salarios. Resultan esencialmente fundados estos agravios. De conformidad con lo establecido en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, que prevé que el ‘... juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame ...’, el ejercicio de éste, se encuentra limitado a instancia de parte agraviada, lo cual quiere decir que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción constitucional, es la comprobación del interés jurídico de la parte quejosa, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, pues ello únicamente implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que difiere de demostrar fehacientemente que la ley o el acto de autoridad que se reclaman le obligan, lesionando sus derechos, por lo que al no demostrarse que el solicitante del amparo se encuentra dentro de los supuestos que regulan las leyes cuya constitucionalidad controvierte, en modo alguno, puede satisfacerse el requisito procesal indispensable consistente en acreditar el interés jurídico. De este modo, para poder ejercer la acción constitucional, el agravio que resiente el gobernado debe ser actual y, por tanto, el interés jurídico en que tal afectación se cause, también debe existir al momento de promover el juicio constitucional. Cobra aplicación sobre el particular la tesis jurisprudencial número doscientos ochenta y seis, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número trescientos treinta y nueve y siguiente del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, cuyo contenido se transcribe a continuación: ‘INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.’ (se transcribe). En el caso, los quejosos reclamaron el artículo segundo, fracción I, incisos e), f) y g), de las disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal del año dos mil cinco, creado por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de primero de diciembre de dos mil cuatro, preceptos que impugnaron con motivo del primer acto de aplicación que hicieron consistir, según se desprende de la narración de los antecedentes del caso, en la retención del impuesto sobre la renta efectuada por su patrón sobre las cantidades pagadas por concepto de remuneración por la prestación de servicios personales subordinados, y para acreditarlo exhibieron los recibos de pago de la nómina de la empresa Ruvalcaba Villalobos y Compañía, Sociedad Civil, por el periodo del primero al quince de enero de dos mil cinco, uno de los cuales, a guisa de ejemplo, se reproduce a continuación: (reproduce recibo). Como se advierte de esta documental, que coincide en el formato con los demás recibos, se insertan en el documento los datos del patrón, los datos del trabajador, el periodo de pago y las cantidades entregadas, incluyendo el cálculo de las prestaciones obtenidas y los descuentos correspondientes, entre los cuales aparecen el concepto referido al impuesto sobre la renta, en el rubro de productos del trabajo. ... En opinión de este tribunal, también es fundado el agravio en donde sostiene que los recibos de pago bastan para acreditar la aplicación a los quejosos del artículo segundo, fracción I, incisos e), f) y g), de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta de vigencia temporal para el año dos mil cinco y, consecuentemente, su interés para acudir al juicio, considerando que tales preceptos disponen: ‘Artículo segundo.’ (ya transcrito). Como se advierte de esta transcripción, los preceptos reclamados establecen algunas reglas que deberán ser observadas para la determinación y cálculo del impuesto sobre la renta y que implican modificaciones al sistema regulado en los artículos 113, 114 y 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cuatro, que a la letra decían: ‘Artículo 113.’ (se transcribe). ‘Artículo 114.’ (se transcribe). ‘Artículo 115.’ (se transcribe). En este sentido, los preceptos reclamados forman parte del sistema de determinación del impuesto sobre la renta causado por la percepción de ingresos como remuneración por la prestación de servicios personales subordinados y de la retención que del mismo debe efectuar el patrón al momento de pagar las cantidades correspondientes. Lo anterior lleva a la conclusión de que, opuestamente a lo determinado por la Juez de Distrito, las documentales privadas que se hicieron consistir en los recibos de nómina de los quejosos, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 133, 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2o. del ordenamiento legal citado en segundo lugar, por no haber sido objetadas en cuanto a su autenticidad y contenido, son aptas y suficientes para demostrar la afectación del interés jurídico de los aquí recurrentes, dado que de sus respectivos contenidos se advierte que a dichos solicitantes del amparo, se les retuvo por parte de la empresa patronal para la cual prestan sus servicios, cierta cantidad de dinero por concepto del impuesto sobre producto del trabajo, lo cual implica que el patrón aplicó lo establecido en los incisos e), f), g) de la fracción I del artículo segundo de las disposiciones de vigencia temporal del Impuesto sobre la Renta relativo al ejercicio fiscal al año de dos mil cinco. Según puede apreciarse de lo antes reseñado, es evidente que con los mencionados medios de convicción, los aquí inconformes acreditan la afectación a su interés jurídico, pues es indiscutible que se demuestra el acto concreto de aplicación de los preceptos legales controvertidos como inconstitucionales, por lo que es viable que puedan controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, la constitucionalidad de tales disposiciones, ya que su aplicación transgrede su esfera jurídica, generándoles, por ende, un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Sin que sea obstáculo para lo anterior, lo aducido por la Juez de Distrito, en el sentido de que no está demostrada la aplicación de las normas reclamadas, por cuanto el sistema de retención del impuesto es de periodicidad mensual, no quincenal, toda vez que, en opinión de este tribunal, basta demostrar que los quejosos son trabajadores y que se les retuvo el impuesto por el trabajo desempeñado en un periodo del año de dos mil cinco, para concluir que la ley aplicada es la vigente en esa anualidad, con independencia de que la retención del patrón se haya efectuado de manera parcelada o completa, pues el cumplimiento puntual de sus obligaciones como patrón retenedor no es objeto de la litis constitucional. Al ser las cosas así, es evidente que el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito respecto del artículo segundo, fracción I, incisos e), f) y g), de las disposiciones de vigencia temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el dos mil cinco, no se encuentra ajustado a derecho, pues, según se dijo, las pruebas documentales analizadas en los párrafos que preceden, fueron aptas y suficientes para que los quejosos acrediten de manera fehaciente la afectación a su interés jurídico. Sirve de apoyo a esta conclusión, la tesis publicada en el citado Semanario con el número 2a./J. 43/2000, Novena Época, Se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19892-b0f9715d/renta-el-recibo-de-pago-de-salarios-correspondiente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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