ISSSTELEÓN. LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR LOS TRABAJADORES VARONES, RECLAMANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY QUE LO REGULA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 241, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, DEBE PRESENTARSE EN EL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión 57/2003 y 159/2003 sostuvo, en lo que a esta denuncia de contradicción se refiere, respectivamente, lo siguiente:
I. En el amparo en revisión 57/2003, se aprecia lo siguiente:
1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Monterrey, Nuevo León, el seis de septiembre de dos mil dos, Gloria Emma Cepeda Barreda y otros demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, gobernador constitucional y secretario general de Gobierno, todos de la mencionada entidad federativa, así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su consejo directivo, también de Nuevo León, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación, publicación y refrendo de la Ley del ISSSTELEÓN, contenida en los Decretos 201 y 241, de fechas trece de octubre y veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, particularmente los artículos tercero y sexto transitorios; las resoluciones emitidas por el consejo directivo del ISSSTELEÓN (dictámenes de jubilación y pensión), así como los numerales 15 y 51, vinculados con los incrementos anuales con base en la inflación y con el salario de cotización neto, respectivamente; los actos de aplicación de los señalados numerales así como los de los diversos 15, 51, 69 y 93 de dicha ley y la aplicación en los mencionados dictámenes de jubilación y pensión de lo dispuesto en su artículo 43.
2. Seguido el juicio en todos sus trámites, la entonces Juez Cuarto de Distrito "A" en el Estado de Nuevo León se declaró incompetente, con fundamento en el Acuerdo General Número 44/2002, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la especialización y nueva denominación de los Juzgados de Distrito, motivo por el que remitió los autos a la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, quien por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dos asumió la competencia y celebró la audiencia constitucional con fecha dieciséis de diciembre siguiente, en la que negó la protección constitucional solicitada.
3. Inconformes con tal resolución, la parte quejosa y el gobernador sustituto del Estado de Nuevo León interpusieron recurso de revisión y de revisión adhesiva, respectivamente, los cuales fueron admitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
4. El mencionado órgano jurisdiccional se declaró competente para conocer de los mencionados recursos, acorde con lo dispuesto en los artículos 82, 83, fracción IV, 89 y 90, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en virtud de haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito especializado en Materia Administrativa, en términos de la jurisprudencia 11/93 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA UNA SENTENCIA DE JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO. RECAE EN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA QUE LA DEL JUEZ.", de la que se desprende que la competencia debe fincarse en ese sentido sin atender a la naturaleza intrínseca del acto reclamado ni a la calidad de las autoridades responsables, toda vez que esas cuestiones debieron ser resueltas en la primera instancia del juicio, cuando se determinó la competencia del Juez de Distrito, pues de admitirse su estudio en la segunda instancia podría darse el caso, por una parte, de que mediante esas actuaciones se cuestionara implícitamente la resolución de competencia del Juez fuera del procedimiento establecido para ello, y por otra, de que las demás resoluciones dictadas por dicho Juez (excusas, quejas, impedimentos, etcétera), fueran revisadas por Tribunales Colegiados de diversa materia, cuando los que deben resolver son los tribunales de la misma materia del juzgado que los dicta.
5. En cuanto al fondo del asunto estableció, en esencia, lo siguiente:
En relación con la revisión principal:
a) Estimó acertada la resolución de la Juez de Distrito en la que estimó que los conceptos de violación relacionados con la inconstitucionalidad de los artículos tercero y sexto transitorios de la Ley del ISSSTELEÓN que adujeron los quejosos suprimían beneficios que tenían en la ley anterior, estaban dirigidos a evidenciar una violación al principio de irretroactividad de la ley.
b) Estableció que en relación con el mencionado principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho, la que considera que los primeros son aquellos que han entrado al dominio de los gobernados y, en consecuencia, forman parte de él, y las segundas se traducen en una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.
c) Expresó que si bien el nombramiento de un servidor público crea una situación jurídica concreta respecto de los sujetos que intervienen en él, los derechos que derivan del mismo no son todos inmediatos ni se actualizan al momento mismo de la concertación y, por tanto, aquellos que han quedado condicionados no obtienen la calidad de adquiridos, pues mientras no se cumpla la condición correspondiente, no ingresa al patrimonio de la parte a cuyo favor se establecen.
d) En ese sentido, manifestó que el derecho a recibir una pensión por jubilación, conforme a la legislación inmediata anterior a la que era materia de impugnación, dependía de la actualización de ciertos factores, que de no cumplirse impedían que aquel derecho entrara en el patrimonio del trabajador, razón por la que en el caso concreto no se estaba en presencia de derechos adquiridos por los trabajadores al no haber demostrado estos últimos con documento alguno que durante la vigencia de la ley abrogada hayan adquirido la calidad de jubilados.
e) En relación con el artículo tercero transitorio de la Ley del ISSSTELEÓN en el que se establece que se dejan sin efecto los acuerdos y convenios celebrados con anterioridad relativos a las materias que regula la ley, así como las resoluciones emitidas por el consejo directivo del instituto, en lo que se opongan a dicha ley, determinó que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que resultaba violatorio de la garantía de irretroactividad de la ley, en el caso no causaba perjuicio a los quejosos, por virtud de no haber demostrado que adquirieron el carácter de jubilados en los términos de la legislación de Nuevo León y, por ende, no les era aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro: "JUBILACIÓN DINÁMICA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ESTABLECIDA EN 1986. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE 13 DE OCTUBRE DE 1993, AL DEJAR SIN EFECTOS AQUÉLLA, VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD."
f) En ese aspecto, convino con el Juez Federal en que para la obtención de tal derecho se requería la realización de determinados supuestos establecidos en la ley abrogada y el cumplimiento de la totalidad de requisitos para que pudiera considerarse como un derecho adquirido, como son: el haber cumplido veintiocho y treinta años de servicio en el caso de mujeres y hombres, respectivamente, al estar en vigor la ley abrogada y el respectivo convenio, por lo que el precepto reclamado (tercero transitorio) no afectaba o modificaba derechos adquiridos de los quejosos.
g) Estableció que todos los quejosos al momento de entrar en vigor la Ley del ISSSTELEÓN, el catorce de octubre de mil novecientos noventa y tres, aun cuando hubieran cumplido los requisitos de antigüedad en el empleo o años de servicio y la edad para jubilarse, lo cierto era que no tenían la calidad de jubilados, sino de trabajadores en activo, por lo que al no actualizarse la consecuencia del supuesto normativo, no tenían ningún derecho adquirido, lo que se corrobora con el hecho de que optaron por jubilarse y pensionarse hasta el año de dos mil dos.
h) Reiteró las anteriores conclusiones para establecer que el artículo sexto transitorio reclamado, que establece un nuevo sistema certificado de jubilación, no era violatorio de la garantía de irretroactividad de la ley, en tanto los quejosos no tenían calidad de jubilados sino de trabajadores en activo y el derecho a percibir una jubilación sólo constituía una expectativa de derecho.
i) En relación con el señalado precepto (sexto transitorio) de la Ley del ISSSTELEÓN, concluyó que es violatorio del artículo 4o. de la Constitución Federal, en lo que se refiere a los quejosos varones, al establecer como montos para la pensión jubilatoria porcentajes diferentes sobre el salario neto de cotización según se trate de hombres o mujeres, aunque tengan los mismos años de servicio cotizados, consignándose siempre uno inferior para los señalados en primer lugar. Estimó así lo anterior, en virtud de que la garantía de igualdad reconocida por el señalado precepto constitucional prohíbe hacer distinciones o establecer diferencias respecto a las condiciones en que prestan sus servicios y desarrollan sus actividades hombres y mujeres, excepto aquellas referidas a la condición biológica de la maternidad y, por ende, tampoco resultan admisibles las diferencias entre los sexos tratándose de los montos de pensión que deben percibir al cumplir los años de servicio que les dan derecho a jubilarse, criterio que tiene apoyo en la resolución recaída al amparo en revisión 1915/99, promovido por Leonor García Moreno y coagraviados, emitida el siete de septiembre de dos mil por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, concedió el amparo solicitado, en relación con los quejosos varones, únicamente por lo que hace al monto de la pensión por jubilación fijado como un porcentaje sobre el salario de cotización neto y que varía según se trate de hombres o mujeres aunque se tengan los mismos años de servicio, para el efecto de que dichos porcentajes sean equiparados con los que reciben las mujeres por los mismos años de servicio cotizados.
j) En otro aspecto, estimó que los dictámenes de jubilación y pensión de los quejosos, emitidos por el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nuevo León, carecían de fundamentación y motivación, en virtud de que no precisaban precepto alguno que otorgara facultad a quien los emitió para restar del monto de las percepciones sobre las que cotizaban "una cantidad igual a la totalidad de las retenciones en la nómina que se le efectuaron o se le hubiesen tenido que efectuar" y mucho menos las contribuciones de carácter federal o local "incluyendo el cincuenta por ciento de las previstas en la Ley del ISSSTELEÓN", razones por las que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que fundada y motivadamente se emitieran otros dictámenes.
k) Igualmente concedió la protección constitucional por la indebida motivación de los señalados dictámenes de jubilación y pensión de los quejosos, en relación con la deducción con clave número 3, referida a servicio médico, pues sólo se asentó en ellos que se descontara del monto de la pensión el 6% que señala el artículo 43 de la Ley del ISSSTELEÓN, que se destinara a cubrir el servicio médico del pensionado y sus beneficiarios, sin que precisara la responsable, además del salario base de cotización, la cantidad que constituye ese 6% que señala el precepto invocado, tomando en consideración que esa deducción fija la tenían los trabajadores como activos.
En relación con la revisión adhesiva:
a) Estimó fundado pero inoperante el argumento del gobernador sustituto del Estado de Nuevo León en el sentido de que la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que se hizo valer en relación con el artículo tercero transitorio de la Ley del ISSSTELEÓN, no fue estudiada por la Juez de Distrito, pues como se determinó en esta resolución, se negó el amparo a los quejosos en relación con tal numeral, por lo que en esa medida ningún sentido tendría examinar esa cuestión.
b) Consideró infundados sus argumentos tendentes a evidenciar la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la falta de interés jurídico de los quejosos, en virtud de que de los medios de convicción aportados al juicio, concretamente los dictámenes de jubilación y pensión y los recibos de salario, se demostró que aquéllos prestaron sus servicios al Gobierno del Estado de Nuevo León y que estuvieron sujetos al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, además de que realizaron sus cotizaciones ante dicho instituto y que al momento de determinarse su carácter de jubilados se hizo al amparo de la ley que lo rige, por lo que si consideraron que su pensión se decretó en una cantidad inferior al 100% de su salario, indiscutiblemente ello se traduce en una afectación a su interés real objetivo.
c) Estableció que tampoco asistía razón al gobernador sustituto en el sentido de que se surtía la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo porque los actos reclamados podían ser modificados, revocados o nulificados mediante la promoción de un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con lo que no se respetó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías. Adujo que ello era así, porque conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción XII del precepto citado, era optativo para la parte quejosa reclamar la inconstitucionalidad de la ley con motivo de su primer acto de aplicación, o bien, agotar el recurso ordinario procedente en contra de aquél, de manera que si optó por lo primero, no operaba el señalado principio de definitividad.
d) Finalmente, estimó inatendibles los argumentos de la inconforme con los que trató de evidenciar la constitucionalidad de los artículos tercero y sexto transitorios de la Ley del ISSSTELEÓN, al decir que no existe violación al principio de igualdad entre el hombre y la mujer consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Federal, además de que se trata de un acto consentido y de que no existe transgresión al principio de irretroactividad de la ley, habida cuenta que ya había sido emitido un pronunciamiento en el que se negó el amparo a los quejosos en relación con el artículo tercero transitorio señalado y en cuanto a la inconstitucionalidad del diverso artículo sexto transitorio el amparo se negó a las quejosas femeninas y se concedió en relación con los quejosos varones por ser violatorio de la garantía de igualdad señalada.
II. En el amparo en revisión 159/2003, se aprecia lo siguiente:
1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, Nuevo León, el seis de diciembre de dos mil dos, Roberto Gerardo de la O y González demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, gobernador constitucional y secretario general de Gobierno, todos de la mencionada entidad federativa, así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su consejo directivo, también de Nuevo León, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación, publicación y refrendo de la Ley del ISSSTELEÓN, contenida en los Decretos 201 y 241, de fechas trece de octubre y veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, particularmente el artículo sexto transitorio; la resolución emitida por el Consejo Directivo del ISSSTELEÓN (dictamen de jubilación y pensión), así como los numerales 15 y 51, vinculados con los incrementos anuales con base en la inflación y con el salario de cotización neto, respectivamente; los actos de aplicación del señalado numeral transitorio así como los de los diversos 15, 51, 69 y 93 de dicha ley y la aplicación en el mencionado dictamen de jubilación y pensión de lo dispuesto en su artículo 43.
2. Seguido el juicio en todos sus trámites, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León celebró la audiencia constitucional con fecha catorce de enero de dos mil tres, dictando la sentencia respectiva que se terminó de engrosar el treinta y uno siguiente en la que sobreseyó en parte el juicio de garantías, negó la protección constitucional solicitada en otra y concedió en una última el amparo solicitado.
3. Inconforme con tal resolución, el gobernador sustituto del Estado de Nuevo León interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
4. El mencionado órgano jurisdiccional se declaró competente para conocer del mencionado recurso, acorde con lo dispuesto en los artículos 82, 83, fracción IV, 89 y 90, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en virtud de haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito especializado en Materia Administrativa, en términos de la jurisprudencia 11/93 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA UNA SENTENCIA DE JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO. RECAE EN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA QUE LA DEL JUEZ.", de la que se desprende que la competencia debe fincarse en ese sentido sin atender a la naturaleza intrínseca del acto reclamado ni a la calidad de las autoridades responsables, toda vez que esas cuestiones debieron ser resueltas en la primera instancia del juicio, cuando se determinó la competencia del Juez de Distrito, pues de admitirse su estudio en la segunda instancia podría darse el caso, por una parte, de que mediante esas actuaciones se cuestionara implícitamente la resolución de competencia del Juez fuera del procedimiento establecido para ello, y por otra, de que las demás resoluciones dictadas por dicho Juez (excusas, quejas, impedimentos, etc.), fueran revisadas por Tribunales Colegiados de diversa materia, cuando los que deben resolver son los tribunales de la misma materia del juzgado que los dicta.
5. En cuanto al fondo del asunto estableció, en esencia, lo siguiente:
a) Estimó infundado el argumento de la autoridad recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito omitió analizar las causales de improcedencia previstas en las fracciones V, XII y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hizo valer en su informe justificado, pues de la resolución dictada por dicho juzgador se desprendía que fueron estudiadas las que hizo valer el secretario general de Gobierno, las cuales fueron formuladas en idénticos términos y desestimadas por las razones expresadas en dicha sentencia.
b) En relación con lo manifestado por el inconforme en el sentido de que la parte quejosa consintió tácitamente lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley del ISSSTELEÓN, al haber presentado la demanda de amparo extemporáneamente, ya que si hizo valer violación a la garantía de igualdad, porque estimó que para la jubilación de los hombres deberían considerarse los mismos veintiocho años de servicios que se requieren tratándose de la mujer, debió haber solicitado la jubilación al alcanzar esos años de servicio y no posteriormente, expresó que era inexacto en virtud de que el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso de la señalada norma se verificó cuando le fue notificado el dictamen de jubilación de fecha catorce de noviembre de dos mil dos, por lo que a partir del día siguiente inició el término de quince días con que, conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, contaba para presentar su demanda, por lo que si dentro de ese término lo hizo, no existió consentimiento.
c) Agregó que a raíz de la notificación del dictamen de jubilación se ubicó el quejoso en el supuesto previsto en la ley y que estimó le causó perjuicio, por lo que el que haya reclamado la norma al considerar que violaba el principio de igualdad, toda vez que establecía que para la jubilación en el caso de las mujeres bastaba con que tuvieran veintiocho años de servicio, mientras que a los hombres se les exigían treinta años, no significa que tenía que solicitar su jubilación al cumplir los veintiocho años de servicio y, consecuentemente, promover el amparo en ese tiempo, ya que además de que en ese momento no se ubicaba en la hipótesis normativa, el perjuicio en su esfera jurídica se produjo cuando efectivamente le fue aplicado el precepto legal aludido, es decir, al momento en que se emitió el dictamen de jubilación correspondiente.
d) Estimó ineficaz el argumento de la autoridad recurrente en torno a que el juzgador federal indebidamente reconoció al quejoso derechos de los que no era titular, ya que éste admitió en su demanda que adquirió la calidad de jubilado en el mes de noviembre de dos mil dos, por lo que cuando entró en vigor la ley impugnada no había adquirido ese derecho conforme al régimen establecido en la ley abrogada. Ello es así, adujo, porque en ningún momento el Juez de Distrito consideró que durante la vigencia de la ley reclamada el peticionario de amparo había adquirido el derecho a la jubilación en los términos apuntados, sino que, por el contrario, expresamente señaló que en ese tiempo no contaba con un derecho legítimamente adquirido para que la última legislación mencionada le fuera aplicada, pues sólo contaba con una expectativa de derecho.
e) Estableció que tampoco asistía razón al gobernador sustituto en el sentido de que el quejoso estaba obligado a agotar, previamente al juicio de amparo, el recurso o juicio que procedía contra el dictamen de jubilación, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, pues pasaba por alto tal autoridad que conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, era optativo para la parte quejosa reclamar la inconstitucionalidad de la ley con motivo de su primer acto de aplicación, o bien, agotar el recurso ordinario procedente en contra de aquél, de manera que si optó por lo primero, no operaba el principio de definitividad.
f) Expresó que era correcta la determinación del Juez de Distrito en relación con el artículo sexto transitorio de la Ley del ISSSTELEÓN, en la que concluyó que es violatorio del artículo 4o. de la Constitución Federal, en lo que se refiere a los quejosos varones, al establecer como montos para la pensión jubilatoria porcentajes diferentes sobre el salario neto de cotización según se trate de hombres o mujeres, aunque tengan los mismos años de servicio cotizados, consignándose siempre uno inferior para los señalados en primer lugar. Estimó así lo anterior, en virtud de que la garantía de igualdad reconocida por el señalado precepto constitucional prohíbe hacer distinciones o establecer diferencias respecto a las condiciones en que prestan sus servicios y desarrollan sus actividades hombres y mujeres, excepto aquellas referidas a la condición biológica de la maternidad y, por ende, tampoco resultan admisibles las diferencias entre los sexos tratándose de los montos de pensión que deben percibir al cumplir los años de servicio que les dan derecho a jubilarse.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión 102/2003 y 22/2004 sostuvo, en lo que a esta denuncia de contradicción se refiere, respectivamente, lo siguiente:
I. En el amparo en revisión 102/2003, se aprecia lo siguiente:
1. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Monterrey, Nuevo León, el cuatro de septiembre de dos mil uno, Alfonso Cano Jaime y otros demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, gobernador constitucional y secretario general de Gobierno, todos de la mencionada entidad federativa, así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su consejo directivo, director general y director de Prestaciones Sociales y Económicas, también de Nuevo León, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación, publicación y refrendo de la Ley del ISSSTELEÓN, contenida en los Decretos 201 y 241, de fechas trece de octubre y veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, particularmente los artículos tercero y sexto transitorios; los actos de aplicación de los señalados preceptos llevados a cabo por el ISSSTELEÓN, su consejo directivo, el director general y el director de prestaciones sociales consistentes en las resoluciones (dictámenes de jubilación y pensión), así como los numerales 15 y 51, vinculados con los incrementos anuales con base en la inflación y con el salario de cotización neto, respectivamente; los actos de aplicación de los numerales 15, 51, 69 y 93 de dicha ley y la aplicación en los mencionados dictámenes de jubilación y pensión de lo dispuesto en su artículo 43.
2. El entonces Juzgado de Distrito en el Estado de Nuevo León, por resolución de seis de septiembre de dos mil uno, desechó la demanda de garantías, por lo que la parte quejosa, a través de su representante común, interpuso recurso de revisión en contra de tal determinación. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al que correspondió conocer del recurso por razón de turno, por resolución de fecha veinticuatro de octubre del mismo año se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, ordenando remitir los autos a la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Laboral del propio circuito.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito admitió el señalado recurso de revisión y con fecha siete de febrero de dos mil dos determinó revocar el auto de seis de septiembre de dos mil uno dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, ordenando regularizar el procedimiento. Una vez admitida la demanda, el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con fecha quince de abril de dos mil dos dictó un acuerdo en el que difirió la audiencia constitucional, ordenó reponer el procedimiento y requirió a las autoridades responsables el envío de diversos documentos necesarios para la resolución del asunto.
Dicho auto fue recurrido por el secretario general de Gobierno y gobernador sustituto, ambos del Estado de Nuevo León, mediante sendos recursos de queja, correspondiendo su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el cual los declaró infundados. Con fecha catorce de octubre de dos mil dos, el Juez Tercero de Distrito en el Estado se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto y ordenó remitirlo al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, el cual, una vez que aceptó la competencia, dictó sentencia el veintiuno de noviembre siguiente, en la que sobreseyó en parte el juicio de amparo y por otra negó el amparo solicitado.
Inconformes con tal determinación, los quejosos interpusieron recurso de revisión del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el que concluyó con sentencia mediante la cual se revocó la resolución recurrida y se ordenó reponer el procedimiento a efecto de que el Juez del conocimiento se declarara legalmente incompetente para conocer del juicio y remitiera los autos al Juzgado de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado en turno.
El Juez Segundo de Distrito "A" en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, a quien por turno correspondió el conocimiento del juicio, dictó resolución con fecha treinta de septiembre de dos mil tres en la que negó la protección constitucional a los quejosos.
3. Nuevamente inconformes con tal resolución, los quejosos promovieron recurso de revisión contra la anterior determinación, el cual fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.
4. El mencionado órgano jurisdiccional se declaró competente para conocer del mencionado recurso, acorde con lo dispuesto en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Amparo, 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 5/2001, 23/2001 y 23/2002, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de haberse interpuesto en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito y por haber conocido con anterioridad de una diversa demanda de amparo en revisión promovida por los propios quejosos.
5. En cuanto al fondo del asunto estableció, en esencia, lo siguiente:
a) Corrigió la sentencia emitida por el Juez de Distrito en el sentido de que en esta última el mencionado juzgador se ocupó de diversos quejosos cuando respecto de ellos había tenido por no interpuesta la demanda.
b) Estableció que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al basar el estudio de la constitucionalidad de los artículos tercero y sexto transitorio de la Ley del ISSSTELEÓN en la teoría de los derechos adquiridos y los componentes de la norma, y concluir que en el caso de los quejosos la tesis de jurisprudencia de este Alto Tribunal, en la que declaró inconstitucional el primero de los señalados numerales por violación a la garantía de irretroactividad, no les era aplicable porque tal criterio se refería a quie
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19106-1cc9bd25/isssteleon-la-demanda-de-amparo-promovida-por-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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