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Modo: Corpus Pro

COMPROBANTES FISCALES. VERIFICACIÓN DE SU EXPEDICIÓN. LA RESOLUCIÓN DEBE EMITIRSE Y NOTIFICARSE DENTRO DEL PLAZO DE 6 MESES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 146/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19915
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1003.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 146/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los puntos tercero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa, cuya competencia corresponde de manera exclusiva a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues se efectuó por el director jurídico de Ingresos, en representación del secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, este último en su carácter de autoridad demandada en los juicios de nulidad tramitados ante la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y como autoridad coordinada en ingresos federales por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TERCERO. Para estar en condiciones de pronunciarse en relación con la presente contradicción de tesis, es menester precisar las consideraciones de los asuntos sometidos a la decisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, la revisión fiscal 225/2003, el trece de enero de dos mil cuatro, confirmó la sentencia impugnada de cinco de junio de dos mil tres, dictada por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 2769/02-07-02-1, promovido por Máquinas de Coser Industriales y Domésticas, Sociedad Anónima de Capital Variable, lo que sustentó en las consideraciones siguientes:

"IV. Son infundados los agravios. El argumento toral de la Sala Fiscal para declarar la nulidad de la resolución impugnada en los términos en que lo hizo (lisa y llana), fue que en el caso la autoridad demandada había emitido su resolución después del plazo de seis meses a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, dado que el acta de visita correspondiente se levantó el siete de febrero de dos mil dos y dicha resolución había surtido efectos para la actora el cuatro de septiembre del mismo año, por irregularidades en el acto de su notificación, según advertía de la constancia respectiva y aceptaba la propia autoridad al contestar la demanda, por lo que procedía dejarla sin efectos de conformidad con el último párrafo del citado precepto legal. Asimismo, señaló la Sala Fiscal, opuesto a lo sostenido por la demandada en su contestación, en el sentido de que la visita domiciliaria para la verificación de la expedición de comprobantes fiscales no está contemplada en el referido numeral 50, por la finalidad que tienen ese tipo de visitas previstas en la fracción V del artículo 42, en concordancia con el numeral 49 del propio Código Fiscal, y las visitas a que se refiere el artículo 42, fracción III, de ese ordenamiento legal, que el susodicho numeral 50 no contemplaba exclusión expresa de las visitas domiciliarias de verificación de comprobantes fiscales con motivo de la finalidad que persiguen, ni señalaba para efectos de esa norma sólo a las visitas efectuadas en los términos de la fracción III del citado artículo 42, además de que, en su segundo párrafo disponía, como excepción expresa para no aplicar el plazo de seis meses para emitir la resolución correspondiente, los casos en que se tratara de los sujetos a que se refiere el artículo 46-A del mismo cuerpo de leyes, dentro de los cuales no se encontraban aquellos a quienes se les practicó visita de verificación de comprobantes fiscales, por lo que al no estar contemplados los casos como el que se trata en esa excepción de la norma, no procedía hacer distinción alguna; que la mención en el precepto legal en cuestión sobre que el plazo aludido se contará a partir de que se levante el acta final, no era concluyente para establecer que en este tipo de visitas no fuera aplicable el mencionado artículo 50, ya que aun cuando en las visitas de verificación de comprobantes fiscales sólo había un acta, por efectuarse la verificación en un solo día, el acta levantada constituía la final y a partir de su levantamiento debía efectuarse el cómputo del plazo indicado; y que debía tomarse en cuenta la finalidad de la norma, consistente en la seguridad jurídica del contribuyente, ya que con la resolución conocía cuál era su verdadera situación jurídica en relación con la visita practicada, la cual debía emitirse con mayor celeridad dada la naturaleza de esa facultad de comprobación. La autoridad aquí inconforme aduce medularmente que la Sala a quo interpreta y aplica indebidamente los artículos 42, fracción V, 49 y 50 del Código Fiscal de la Federación, al estimar que a las visitas domiciliarias para la verificación de la expedición de comprobantes fiscales les es aplicable el citado numeral 50, sin considerar que existe disposición específica que regula el procedimiento a que deben sujetarse esas visitas, como es el propio artículo 49; que el numeral 50 no se refiere a la verificación de comprobantes, ya que su procedimiento se regula por lo dispuesto en ese artículo 49; que la autoridad demandada se sujetó a lo dispuesto por los artículos 42, fracción V y 49, fracción VI, del código tributario, ya que ninguno de esos preceptos refiere un plazo para que se emita la resolución correspondiente; que resultaría incorrecto que la autoridad fiscalizadora aplicara un artículo que resulta exclusivo para los casos de verificación de la contabilidad en las oficinas de la autoridad (revisión de escritorio o gabinete) y visitas domiciliarias, como es el numeral 50; y que es claro que el plazo de seis meses que establece el artículo 50 invocado, sólo aplica para las visitas domiciliarias y revisiones de gabinete o de escritorio, y el procedimiento de las visitas para verificar la expedición de comprobantes fiscales no está dentro de la generalidad de las visitas domiciliarias. Los reseñados argumentos no combaten debidamente todas las consideraciones de la Sala Fiscal antes reseñadas, pues se concretan a afirmar que el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación no contempla dentro de sus supuestos las visitas como la de que se trata y que éstas se rigen por lo dispuesto en el susodicho artículo 49, que no establece plazo para la emisión de la resolución respectiva, pero sin explicar razonadamente por qué debe estimarse correcta esa distinción que se sugiere, en tanto que la Sala Fiscal acerca de esas manifestaciones explicó que el invocado numeral 50 era genérico por cuanto a las visitas domiciliarias, ya que no excluía expresamente las relativas a la verificación de comprobantes fiscales, a más de que en los únicos casos de excepción a la aplicación del plazo de seis meses para dictar resolución que establecía ese precepto legal no se encontraban los asuntos de esta naturaleza, así como que la finalidad de la norma era proteger la seguridad jurídica del contribuyente disponiendo un plazo para la emisión de la determinación correspondiente, pues a partir de ella el interesado conocía cuál era su verdadera situación jurídica en relación con la visita practicada. Pero, además, aquí se estima, asimismo, que lo pretendido en dichos agravios sintetizados es infundado, puesto que si bien es cierto que el citado numeral 49 del Código Fiscal, regula el procedimiento de las visitas domiciliarias en que se verifique la correcta expedición de comprobantes fiscales y el mismo no establece plazo para la resolución de esa fiscalización, sin embargo, también es cierto que a partir del uno de enero de dos mil uno cobró vigencia el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, por disposición del artículo segundo transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil, que establece precisamente el plazo de seis meses para que las autoridades que practiquen visitas a los contribuyentes emitan su resolución, sin que de ese precepto legal se desprenda distinción por cuanto a las visitas de verificación de comprobantes fiscales, sino que, por el contrario, su inclusión obedece, como sostuvo la Sala Fiscal, al fortalecimiento de la seguridad jurídica del contribuyente disponiendo un plazo para la autoridad que lleve a cabo actos de fiscalización como el de que se trata, en la emisión de la resolución determinante de un crédito fiscal. Lo anterior es acorde con la exposición de motivos de esa reforma, donde se expresó lo siguiente: ‘Plaza (sic) para emitir liquidaciones. Como medida de seguridad jurídica para los contribuyentes, el Código Fiscal de la Federación establece un plazo máximo de 6 meses para que las autoridades fiscales cierren el acta final de visita. Sin embargo, no establece plazo para que una vez cerrada dicha acta final, las citadas autoridades emitan la resolución correspondiente determinando el crédito fiscal. Lo mismo sucede tratándose de las revisiones de gabinete. Por ello, y para continuar avanzando en el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los contribuyentes, se propone a esa soberanía establecer un plazo de 6 meses, contados a partir del cierre del acta final o del oficio de observaciones, para que las autoridades fiscales emitan la resolución que determine el crédito. Este plazo no aplicaría en aquellos casos en que el Código Fiscal de la Federación no establezca plazo para concluir la auditoría. En congruencia con dicha propuesta, se pone a consideración de esa soberanía establecer que el embargo precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite la resolución determinante del crédito en un plazo máximo de seis meses. Para evitar un efecto negativo en la operación del Servicio de Administración Tributaria, se propone establecer mediante disposición transitoria, que esta medida sólo aplique respecto de las auditorías iniciadas a partir del 1o. de enero de 2001.’. En esas condiciones, no evidenciada la ilegalidad de la sentencia recurrida, a través de los agravios enderezados en su contra, lo que procede es confirmarla."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver, por unanimidad de votos, la revisión fiscal número 180/2005, el veintidós de junio de dos mil seis, revocó la sentencia recurrida de doce de mayo de dos mil cinco, emitida por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 4538/04-07-02-7, promovido por Ma. Avigay Mireles Aceves, resolución en la que consideró, en lo conducente, lo siguiente:

"SEXTO. Los agravios son fundados y suficientes para revocar la sentencia sujeta a revisión. En efecto, en ellos su autor aduce que la sentencia que se revisa viola el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque no se fundó en derecho la sentencia, porque se apreciaron los hechos en forma equivocada y los fundamentos hechos valer en la resolución impugnada y en la contestación de demanda en el juicio de nulidad; que la Sala es incongruente al resolver que es incorrecta la consideración de que le asiste razón al actor en el sentido de que la autoridad actuó en contravención al artículo 50 del Código Fiscal de la Federación; porque en términos del artículo 42, fracción V, del ordenamiento en cita, en el caso de verificación de comprobantes fiscales, no es aplicable el término para conclusión de las visitas domiciliarias del artículo 50 del código tributario, que es para la determinación de contribuciones omitidas, no para la verificación de expedición de comprobantes fiscales. En otra parte, su autor aduce que la autoridad fiscalizadora cumplió con lo dispuesto por los artículos 42, fracción V y 49, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, y que en ninguno de ellos se establece plazo para que la autoridad fiscalizadora deba emitir la resolución tratándose de visitas domiciliarias en materia de expedición de comprobantes fiscales. Insiste la recurrente en que la Sala aplicó indebidamente el numeral 50 del Código Fiscal de la Federación, cuando es exclusivo para el caso de verificación de contabilidad en las oficinas de la autoridad y visitas domiciliarias de las que deriven omisión de contribuciones; que el término de seis meses para emitir una resolución es sólo para esos casos, no para los de verificación de expedición de comprobantes fiscales, como es el caso; y que es desacertada la consideración de la Sala en el sentido de que el numeral en comento no establece la exclusión expresa de las visitas domiciliarias de verificación de expedición de comprobantes fiscales. Además, refiere la inconforme que en ejercicio de las facultades de verificación de comprobantes fiscales ‘... únicamente se deberá seguir el procedimiento establecido en el numeral 49 del Código Fiscal de la Federación ...’, criterio que, dice, fue compartido por la Magistrada Georgina Ponce Orozco, al emitir su voto particular en la sentencia reclamada. Cierto, según se desprende de la sentencia recurrida, la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada, al estimar fundado el segundo concepto de impugnación de la actora, en el sentido de que la resolución reclamada se emitió en contravención del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, porque la visita domiciliaria concluyó el diez de octubre de dos mil tres y no fue sino hasta el veintinueve de abril de dos mil cuatro, cuando se le notificó la resolución combatida, en tanto que la Sala, en esencia, consideró que sí es aplicable el artículo 50 citado, y que al transcurrir seis meses, cinco días, entre la fecha de término de la visita y la fecha en que se le notificó a la actora la resolución impugnada, señaló que: ‘... la autoridad actuó en contravención de lo dispuesto por el precitado artículo 50 del código tributario; de modo que, respecto de la resolución sancionadora impugnada en el presente juicio, se actualiza el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación; y, en consecuencia, lo procedente es declarar la nulidad lisa y llana de dicha resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239, fracción II, del ordenamiento legal antes citado ...’, y destacó que: ‘... No es óbice para concluir en la declaratoria de nulidad anterior, el que la defensa jurídica de las autoridades demandadas alegue en sus argumentos de excepción, que la visita domiciliaria para la verificación de la expedición de comprobantes fiscales no está contemplada en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, por la finalidad que tienen las visitas domiciliarias de verificación de comprobantes fiscales a que se refiere la fracción V del artículo 42, en relación con el artículo 49, ambos preceptos del Código Fiscal de la Federación, con las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 42, fracción III, del ordenamiento legal antes citado; pues esta Sala advierte que el artículo 50 del Código Fiscal Federal no contempla la exclusión expresa de las visitas domiciliarias de verificación de comprobantes fiscales con motivo de la finalidad que persigue la visita, ni tampoco alude a que en dicho numeral sólo se contemplen las visitas efectuadas al amparo del artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, como arguye la demandada ...’, y añade que: ‘... si la ley no los excluye expresamente de la aplicación del plazo previsto en el primer párrafo del artículo 50 precitado, no es dable que se haga tal distinción ...’. Por tanto, la litis planteada, en concreto, se circunscribe a determinar si en las visitas domiciliarias para la verificación de la expedición de comprobantes fiscales, como en el caso, es aplicable o no el término de seis meses con que cuenta la autoridad para notificar la resolución determinante, conforme al artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, o si por el contrario, como lo sostiene la recurrente, dicho plazo sólo es aplicable para las visitas domiciliarias de verificación por omisión de contribuciones. Como se anticipó, los anteriores agravios se estiman fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, toda vez que, como en ellos se sustenta, este Tribunal Colegiado estima que la Sala del conocimiento incorrectamente declaró la nulidad de la resolución impugnada, considerando que tal resolución no se emitió dentro del término de seis meses a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, dado que dicho precepto no es aplicable para las visitas de verificación de expedición de comprobantes fiscales, como lo es la resolución impugnada en el juicio de nulidad. En efecto, los artículos 42, fracción V, 49 y 50 del Código Fiscal de la Federación, disponen: (se transcriben). Así es, de los preceptos transcritos se advierte que la autoridad fiscal, entre otras, tiene facultades para practicar visitas tanto a los contribuyentes como a los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, ya para revisar su contabilidad, bienes y mercancías; así como también las relativas sólo a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales y de presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal propiedad o posesión de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con las fracciones III y V del artículo 42 citado, mismas facultades que se encuentran descritas en diversas fracciones, de las que se aprecia que las visitas relativas a la comprobación de la contabilidad, bienes y mercancías, que se regula en la fracción III en mención, se puede practicar tanto al contribuyente, como a los responsables solidarios o terceros relacionados con ello; mientras que las visitas a que se refiere la diversa fracción V del numeral 42 transcrito, dispone que se pueden practicar sólo a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal propiedad o posesión de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este código. De lo cual se aprecia que hay distinción entre el tipo de visitas con que está facultada la autoridad fiscal. Además, el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación expresamente dispone que las visitas a que se refiere el diverso numeral 42, fracción V, de dicho código, se realizarán conforme al procedimiento que establece, de lo que se infiere que directamente se regula dicho procedimiento de manera concreta para las visitas que sólo se pueden practicar a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal propiedad o posesión de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, lo que claramente no aplica para las visitas de revisión de contabilidad, bienes y mercancías a que se refiere la diversa fracción V del numeral 42 citado. Lo que constituye otra diferencia entre el tipo de visitas con que está facultada la autoridad fiscal. Luego, el numeral 50 transcrito se refiere a las visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de dicho código, de lo que claramente se colige que no se refiere a las visitas para la verificación de comprobantes fiscales, dado que el plazo que dispone para que se emita la resolución respectiva se computa a partir del acta final, en tanto que en las visitas de verificación de expedición de comprobantes fiscales no existe propiamente un acta final, sino que tal visita se rige por lo dispuesto en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, en el que no existe remisión alguna al diverso numeral 50 citado, en cuanto al plazo que tiene la autoridad para emitir la resolución respectiva, por lo que es incorrecta la determinación de la mayoría de la Sala al decretar la nulidad por esa razón. Bajo las anteriores consideraciones, debe señalarse que, como lo sustenta la autoridad recurrente en sus agravios, no es aplicable el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, respecto del plazo en que la autoridad debió emitir y notificar la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pues, en el caso se trata de una visita de verificación de expedición de comprobantes fiscales, de ahí lo fundado de los agravios en examen y la incorrección de lo decidido por la Sala Fiscal. En el mismo sentido, respecto de la diferencia de las visitas, facultad de la autoridad fiscal, se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo número 381/2001, del que se originó la tesis III.2o.A.93 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, página 1424, de rubro y texto, que dicen: ‘VISITA DOMICILIARIA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. ES DE NATURALEZA DISTINTA A LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA REVISAR LA CONTABILIDAD, MERCANCÍAS Y BIENES DE LOS CONTRIBUYENTES.’ (se transcribe). Consecuentemente, ante lo fundado de los agravios en estudio, lo que procede es revocar la sentencia recurrida para el efecto de que la Sala Regional la deje insubsistente y, en su lugar, emita otra en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, declare infundado el concepto de anulación por el que decretó la nulidad y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda respecto de los demás que no se estudiaron por haber estimado fundado el anteriormente citado. Acerca de que deben devolverse los autos a la Sala de su origen, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 6/91, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y uno, página cuarenta y ocho, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)."

Finalmente, el propio Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo número 381/2001, promovido por Khiara Talia Castro Arias, el cuatro de abril de dos mil dos, concedió el amparo solicitado en contra de la resolución recurrida de diecisiete de abril de dos mil uno, emitida por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 2026/00-04-01-09, intentado por la propia quejosa, resolución en la que consideró, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO. Son inoperantes en una parte los conceptos de violación y en otra esencialmente fundados, de conformidad con los siguientes razonamientos. Primeramente, resultan inoperantes los argumentos que expresa la quejosa en el capítulo denominado ‘Inconstitucionalidad de los preceptos aplicados’, ya que en él pretende impugnar la constitucionalidad del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, bajo el argumento de que contraviene la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, al no otorgar la posibilidad de que se escuche al contribuyente, ni para que aporte los medios de convicción que estime convenientes, tendientes a desvirtuar las consideraciones en que se apoya la autoridad previo a la emisión del crédito fiscal; sin embargo, dicho numeral no se aplicó en su perjuicio en la sentencia reclamada, por lo que no puede ser materia de análisis de este juicio de amparo uniinstancial. Así es, conforme al artículo 158, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo sólo es procedente en contra de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, y que cuando surjan cuestiones como la constitucionalidad de leyes, sólo podrán hacer valer en el juicio que proceda en contra de cualquiera de aquellos actos, es decir, dicho tópico sólo es analizable a través de la sentencia o resolución respectiva, puesto que ésta constituye el acto reclamado, no la ley en sí misma, sino que a través de aquélla se impugna ésta. Lo anterior se corrobora con el contenido del artículo 166, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, en el que se precisa que la ley que se estime inconstitucional será parte de los conceptos de violación y no se indicará como acto reclamado, además de que su calificación se realizará en la parte considerativa. Efectivamente, los artículos 158, tercer párrafo y 166, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, disponen, respectivamente, lo siguiente: (se transcriben). De la interpretación sistemática de los dispositivos legales antes reproducidos, se colige que sólo es posible impugnar la inconstitucionalidad de preceptos jurídicos en amparo directo cuando estos son aplicados dentro de la secuela procedimental o en la sentencia señalada como acto reclamado. Luego, si el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación no fue aplicado por la Sala responsable en el juicio de nulidad ni en el fallo reclamado, según se desprende de las constancias que obran agregadas a dicho juicio, por ende, son inoperantes los conceptos de violación atinentes a que dicho dispositivo legal es contrario al artículo 14 de la Constitución Federal. A mayor abundamiento, de lo expuesto se obtiene que la inconstitucionalidad de una ley sólo puede ser reclamada en el juicio de amparo directo, a través de la sentencia o resolución de carácter definitivo que se impugne, por lo que en ésta debe contenerse la aplicación de la ley que se pretende combatir, esto es, como tal impugnación se lleva a cabo a través de la sentencia o resolución respectiva, es en ésta en la que debe constar la aplicación en perjuicio del quejoso, de las disposiciones legales que se pretenden controvertir. Ahora bien, como se dijo, del análisis de la sentencia reclamada no se aprecia que la responsable hubiere aplicado en perjuicio del quejoso las disposiciones del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, y con menor razón las relativas a que dicho ordinal no prevé un procedimiento para aportación de pruebas y alegatos por parte del contribuyente, puesto que en dicho fallo no se precisa en momento alguno que se haya hecho alusión del mencionado numeral o respecto del citado tópico, ni que se hubiese fundado la sentencia en él, por lo que es evidente que no existe una aplicación en perjuicio del quejoso de dicha disposición y, en consecuencia, son inoperantes los conceptos de violación relativos a la constitucionalidad del indicado numeral. Acerca del tópico tratado, cobran aplicación las tesis P. CXXXIII/97, 1a. V/2000 y 2a. CLII/98, sustentadas por el Pleno, Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las jurisprudencias VI.3o. J/18 y I.7o.A. J/9, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparecen publicadas, respectivamente, en las páginas doscientos tres del Tomo VI, septiembre de 1997, cincuenta y cinco del Tomo XI, junio de 2000, cuatrocientos treinta del Tomo VIII, diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, seiscientos ochenta y ocho del Tomo XII, julio de 2000, todos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ.’, ‘INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO.’, ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN QUE

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19915-ee6afec6/comprobantes-fiscales-verificacion-de-su-expedicion-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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