PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE SATISFACE CUANDO SE IMPUGNA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LOCAL LA RESOLUCIÓN QUE RECAE AL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE REGULA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MICHOACÁN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII y 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia administrativa cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen lo siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Los preceptos transcritos anteriormente, establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios, a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine el que debe prevalecer.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis la formuló Rosa Hilda Abascal Rodríguez, secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Ejecutivo del Estado de Michoacán, quien fue la autoridad responsable en los diversos juicios de amparo que dieron origen a las revisiones administrativas en donde se sustentaron los criterios contradictorios, por lo que debe concluirse que la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver, en sesión de siete de diciembre de dos mil cinco, los amparos en revisión números ARA. 79/2005 y ARA. 201/2005, en la parte que interesa, son las siguientes:
ARA. 79/2005.
"QUINTO. Los agravios insertos en el considerando tercero devienen inoperantes en una parte y fundados en la otra. ... Las restantes inconformidades apuntadas son fundadas. El artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, dispone: ‘El servidor público afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado ...’; de lo que se sigue que dicho numeral únicamente establece la opción para el servidor público estatal, de combatir en dos formas las resoluciones administrativas que le sean adversas: la primera, a través del recurso de revocación; y, la segunda, impugnándola directamente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; pero es incuestionable que ese numeral ni ninguno otro disponen como imperativo que al agotar cualquiera de esas dos opciones, también deba intentar la otra, para así tener por cumplido el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, como incorrectamente lo consideró el Juez de Distrito en la sentencia recurrida; y en esa tesitura, Tito Emigdio Fernández Torres, al agotar el recurso de revocación contra la resolución de diecisiete de febrero de dos mil cuatro, se ajustó a lo dispuesto en el numeral que se viene comentando, por lo que quedó en aptitud de reclamar en amparo indirecto el fallo pronunciado en el recurso de revocación el veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, por tratarse de una resolución definitiva. Y, en la especie, no cobra aplicación ninguna de las tesis invocadas por el Juez de Distrito, de los rubros: ‘DEFINITIVIDAD. LOS SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR ALGÚN ÓRGANO DE LA CONTRALORÍA DEL DISTRITO FEDERAL, ESTÁN OBLIGADOS A OCURRIR ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, PREVIAMENTE AL AMPARO SI EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA DE RESPONSABILIDADES INTERPUSIERON RECURSO DE REVOCACIÓN.’ y ‘JUICIO DE NULIDAD. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, SI EL QUEJOSO OPTÓ POR INTERPONER EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN.’, en que se apoyó para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, puesto que en la primera se interpreta el artículo 73 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con una jurisprudencia, y la segunda, el artículo 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en los que se establece expresamente que la resolución que decida el recurso de revocación, en un procedimiento administrativo, es impugnable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que se refiere al primer caso, y a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en lo que atañe al segundo; y como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, no existe disposición expresa en el mismo sentido, no son aplicables a ella dichos criterios, opuestamente a lo que se sostiene en la sentencia recurrida. Sobre esta base, no se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en que oficiosamente el Juez de Distrito se apoyó para decretar el sobreseimiento en el juicio biinstancial en relación con los actos reclamados a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Ejecutivo del Estado, y con fundamento en el artículo 91, fracciones I y III, de la citada Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida, y emprender el estudio de los conceptos de violación que el Juez del Amparo dejó de analizar."
ARA. 201/2005.
"TERCERO. Los agravios hechos valer son fundados. El Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, sobreseyó en el juicio de amparo indirecto número III-1216/2003, promovido por David Correa González contra la resolución del veintiocho de octubre de dos mil tres, dictada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Estado, que declaró improcedente el recurso de revocación número SR-REV-017/2003, interpuesto contra la resolución del once de julio de ese mismo año, emitida en el procedimiento administrativo de responsabilidades número SR-125/2003, que se le instruyó a Correa González por presuntas infracciones administrativas cometidas en perjuicio de la Secretaría de Educación Pública del Estado, cuando fungió como secretario general de la Delegación Sindical D-III-6, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; consideró el Juez Federal que si el quejoso optó por interponer el recurso de revocación contra dicha resolución, ello implica que renunció a las excepciones legales previstas por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo y ya no podía abandonar la vía ordinaria administrativa elegida, de suerte que estaba obligado a agotar, contra la resolución que resolvió el recurso, la segunda alternativa, es decir, acudir ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado a impugnar la resolución del recurso, en términos del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, puesto que no le era dable separarse de la defensa ordinaria y promover el juicio de amparo, sino que tenía que continuar con aquella jurisdicción, a fin de colmar el principio de definitividad que rige el juicio de garantías y que, al no hacerlo, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el referido artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, y era el caso de pronunciar resolución de sobreseimiento, en términos del artículo 74, fracción III, de la misma ley; y citó, en apoyo de su decisión, las tesis de Tribunales Colegiados publicadas con los siguientes rubros: ‘DEFINITIVIDAD. SI EL GOBERNADO INTERPONE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL CONTRA UN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEBE COMBATIR LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE OCURRIR AL JUICIO DE AMPARO.’ y ‘DEFINITIVIDAD. LOS SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR ALGÚN ÓRGANO DE LA CONTRALORÍA DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁN OBLIGADOS A OCURRIR ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, PREVIAMENTE AL AMPARO SI EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA DE RESPONSABILIDADES INTERPUSIERON RECURSO DE REVOCACIÓN.’. Esa forma de razonar del Juez de Distrito es incorrecta, debido a que, como se sostiene en los agravios expresados, el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, dispone: ‘El servidor público afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.’; y del análisis de ese numeral se advierte que establece la opción para el servidor público de combatir en dos formas las resoluciones administrativas dictadas en su contra; la primera, a través del recurso de revocación respectivo; y la segunda, impugnándolas directamente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; pero no dispone que al agotar el primero de esos medios deba intentar el segundo, como incorrectamente se consideró en la sentencia recurrida, de ahí que David Correa González, al haber interpuesto el recurso de revocación contra la resolución del once de julio de dos mil tres, observó puntualmente lo dispuesto en dicho numeral y quedó en aptitud de reclamar en amparo indirecto la resolución pronunciada en el recurso, por tener el carácter de definitiva para los efectos del juicio de garantías. Y no cobran aplicación en la especie las tesis de jurisprudencia de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicadas con los rubros: ‘DEFINITIVIDAD. LOS SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR ALGÚN ÓRGANO DE LA CONTRALORÍA DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁN OBLIGADOS A OCURRIR ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, PREVIAMENTE AL AMPARO SI EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA DE RESPONSABILIDADES INTERPUSIERON RECURSO DE REVOCACIÓN.’, ‘DEFINITIVIDAD. SI EL GOBERNADO INTERPONE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL CONTRA UN ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEBE COMBATIR LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE OCURRIR AL JUICIO DE AMPARO.’, en que se apoyó el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio, debido a que la primera interpreta el artículo 73 (por error cita el 93) de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con una jurisprudencia; y la segunda, el artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, y sucede que ambas leyes, en sus artículos 73 y 128, establecen expresamente que la resolución que decida el recurso de revocación o el de inconformidad, en un procedimiento administrativo, es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, según el caso; en cambio, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, no existe disposición expresa en el mismo sentido, por lo que no admite igual interpretación y no son aplicables a ella dichos criterios, opuestamente a lo que se sostiene en la sentencia recurrida. En escrito presentado ante este tribunal el veinte de octubre del año en curso, la autoridad responsable insiste en que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, por considerar que si el ahora quejoso agotó el recurso de revocación contra la resolución reclamada, antes de acudir a la instancia constitucional, debió agotar la jurisdicción ordinaria e impugnar la resolución que resolvió el recurso a través del juicio relativo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como lo dispone el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que es similar al artículo 125 del Código Fiscal de la Federación, y por así advertirse de la interpretación que hace la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XLVIII/99, al relacionar las fracciones XII y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo; criterio que, alega, fue aceptado por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver el recurso de revisión número 126/2005, interpuesto por Óscar Alfredo Mendoza Ahumada en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto número 1154/2004. Tales argumentaciones no son válidas. La similitud existente entre el artículo 125, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y el 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, derivada de que el primero dispone que el afectado por un acto administrativo puede optar entre impugnarlo a través del recurso de revocación o promover directamente en su contra el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; mientras que el segundo establece que el servidor público afectado por resoluciones administrativas podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; no autoriza a considerar que en Michoacán, si el servidor público afectado por una resolución administrativa la combatió a través del recurso de revocación, está obligado a impugnar el fallo del recurso ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en razón de que esa regla sólo opera en asuntos de carácter federal, pues así se deduce de la interpretación sistemática del artículo 125 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 120 del mismo ordenamiento y con el 11, fracciones XII y XIV, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que dicen, respectivamente: ‘Artículo 125. El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o promover directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro, a excepción de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos. Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio respectivo. Los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los que México es parte, son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de defensa previstos por este código. Los procedimientos de resolución de controversias son improcedentes contra las resoluciones que ponen fin al recurso de revocación o al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.’, ‘Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente.’ y ‘Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: ... XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ... XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.’; preceptos que no dejan lugar a dudas en cuanto a que el afectado por una resolución que le finque responsabilidad administrativa en materia federal, si opta por recurrir la misma en vía administrativa, tiene que promover después el juicio de nulidad; criterio que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 2a. XLVIII/99, publicada en la página 211, Tomo IX, correspondiente al mes de abril de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘JUICIO DE NULIDAD. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, SI EL QUEJOSO OPTÓ POR INTERPONER EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN. La interpretación relacionada de las fracciones XII y XV, del artículo 73, de la Ley de Amparo, conduce a estimar que si el quejoso combatió el acto reclamado a través del recurso administrativo de revocación, no puede válidamente, abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo en contra de lo resuelto en él, sino que debe agotar la jurisdicción ordinaria combatiendo la resolución del recurso por medio del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y, de no hacerlo, el juicio de amparo será improcedente.’; pero no sucede lo mismo en los casos regulados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, en atención a que, como se dijo con anterioridad, en esta legislación no existen otras normas, aparte del numeral 56, que permitan entender que el servidor público que opte por interponer el recurso de revocación en contra de una resolución administrativa que le afecte, debe impugnarla posteriormente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Por lo demás, como el peticionario de garantías no exhibe copia autorizada de la ejecutoria dictada en el toca de revisión número 126/2005, por el Segundo Tribunal Colegiado de este mismo circuito, en la que supuestamente se consideró que la resolución que resuelva el recurso de revocación, debe combatirse a través del juicio correspondiente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, este Tribunal Colegiado no está en condiciones de corroborar lo anterior. Sobre esta base, no se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que acogió oficiosamente el Juez de Distrito, para sobreseer en el juicio de amparo en relación con los actos reclamados a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Ejecutivo del Estado. ... Así las cosas, no opera ninguna de las causales de improcedencia hechas valer en el juicio sujeto a revisión, y como no se advierte alguna otra, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y entrar al estudio del fondo del asunto, con base en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en sesión del veintidós de junio de dos mil cinco, resolvió el amparo en revisión ARA. 126/2005, posteriormente, el dieciséis de noviembre del mismo año dictó resolución en los diversos ARA. 172/2005 y ARA. 379/2005, en términos similares, los cuales, en la parte conducente, son del tenor siguiente:
ARA. 126/2005.
"TERCERO. Los agravios son infundados. Para sobreseer en el juicio de garantías el Juez de Distrito tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, argumentando que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, el quejoso tenía la opción de impugnar la resolución dictada en su contra a través del recurso de revocación, o bien, directamente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del propio Estado, que al haber seguido por la vía del recurso se encontraba obligado a combatir lo resuelto en éste agotando la segunda alternativa, ya que no es dable abandonar la defensa ordinaria y a fin de agotar el principio de definitividad para los efectos del amparo, de acuerdo con las tesis de rubros: ‘DEFINITIVIDAD. LOS SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS POR ALGÚN ÓRGANO DE LA CONTRALORÍA DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁN OBLIGADOS A OCURRIR ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, PREVIAMENTE AL AMPARO SI EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA DE RESPONSABILIDADES INTERPUSIERON RECURSO DE REVOCACIÓN.’ y ‘JUICIO DE NULIDAD. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, SI EL QUEJOSO OPTÓ POR INTERPONER EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN.’, las que aplicó por analogía e identidad jurídica, en razón de que el arábigo 125 del Código Fiscal de la Federación y el precisado 56, refieren la existencia del recurso de revocación; además, el primero de esos preceptos alude a la necesidad de agotar el procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en tanto que en esta entidad federativa no existe esa autoridad y, por ello, con apoyo en el segundo párrafo del dispositivo 17 de la Carta Magna, concluyó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, le corresponde conocer y resolver controversias como la del quejoso, al darle facultades los artículos 56 y 57 de la ley de responsabilidades citada, para atender resoluciones administrativas, como así lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la jurisprudencia XI.2o. J/24, de epígrafe: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA ENTIDAD.’; que por ello, se actualiza dicha causa de improcedencia, porque a través del juicio relativo pudo ser modificada, revocada o anulada la resolución reclamada, procediendo el sobreseimiento en base a ella, al numeral 74, fracción III, de la Ley de Amparo, y tesis de rubros: ‘RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.’ y ‘RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.’. Frente a esos argumentos, el recurrente aduce que le causan agravio, porque sin haber promovido el juicio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, el propio Juez Segundo de Distrito en el juicio de amparo II-494/04 le concedió el amparo para efectos, lo que hace que al ahora sobreseer en el nuevo juicio de garantías, haya adoptado criterio contradictorio; que en el segundo criterio aplica incorrectamente el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo y las tesis que invoca, porque éstas se refieren a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece los medios de defensa ordinarios y como vía optativa el juicio de amparo, y en el caso, conforme al numeral 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán, es optativo el recurso de revocación o el juicio ante dicho tribunal -uno u otro- y, por ello, no existe obligación de agotarlos, las tesis de referencia derivan de legislación diferente y en términos de los numerales 2o., 76, 77, 78 y 192 de la Ley de Amparo, no se actualiza dicha causa de improcedencia, porque: debe estar plenamente demostrada; existe obligación de agotar los medios ordinarios de defensa sólo si están previstos en la ley que los rija, conforme a las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y P./J. 3/2001, a fin de cumplir con el requisito de definitividad por no estarse en ningún caso de excepción al mismo, que establece la tesis 2a. LVI/2000; y si el artículo 56 de referencia establece que ‘el servidor público afectado por las resoluciones administrativas podrá optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado’, esa ‘o’ es una conjunción disyuntiva supone exclusión y con iguales efectos; o bien, que son sinónimas, que significan lo mismo; por tanto, si la resolución administrativa fue dictada en el expediente SR-002/2003, por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Michoacán, contra la que interpuso recurso de revocación SR-REV 001/2004, que fue resuelto por la autoridad responsable, el quejoso ya no tenía la obligación de acudir ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para impugnarla, la que no le fue notificada personalmente, pero imperando el principio general de derecho de que no procede recurso sobre recurso; porque la resolución dictada en el recurso tiene el carácter de definitiva, porque contra ella no procede recurso ordinario alguno, lo que hace que no se haya abandonado la defensa común y que se acudiera al amparo; además de que la ley de los trabajadores local no prevé la suspensión de la ejecución del acto reclamado, y por ese motivo es un caso de excepción jurisprudencial al principio de definitividad para los efectos del amparo, por lo que la tesis 1.7o.A. 289 A que cita el Juez, no es aplicable por ser aislada y no le obliga por ser de Tribunal Colegiado de Circuito diferente al del Juez de Amparo, por referirse a Tribunal de lo Contencioso Administrativo que no existe en Michoacán, al no tener cabida por analogía, ya que el arábigo 56 de la ley de responsabilidad estatal no establece que contra la resolución dictada en la revocación proceda su impugnación ante dicho Tribunal de Conciliación y Arbitraje; además de que la tesis 2a. XLVIII/99 que cita el Juez Federal es aislada y, por ello, no lo vincula, máxime que se refiere al juicio de nulidad que no existe en Michoacán e interpreta el precepto 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo contenido no existe en la entidad; consecuentemente, no es aplicable la causa de improcedencia en que sustenta su proceder el Juez de Distrito. Tal inconformidad es infundada, porque el hecho de que en el juicio de amparo II-494/04 el Juez de Distrito le haya concedido al quejoso el amparo para efectos, que no es materia de estudio y que ahora, en el diverso I-1151/2004 del que emana el fallo que se revisa, haya adoptado criterio adverso al sobreseer en el juicio, en virtud de que tuvo por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo; empero, aquella circunstancia no influye en esa decisión, ya que por tratarse de una causa de esa naturaleza, cuyo estudio es oficioso y preferente, al advertirla el juzgador de amparo está obligado a examinarla, como lo dispone el último párrafo del precepto 73 de esa ley, y jurisprudencia 940, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19824-b2dc9464/principio-de-definitividad-el-establecido-en-la-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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