Corpus
Modo: Corpus Pro

EJECUCIÓN EN MATERIA FISCAL. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19194
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 1003.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesiones de fechas catorce de julio de dos mil cuatro y veintisiete de enero de dos mil cinco las revisiones fiscales RF. 92/2004 y RF. 170/2004, respectivamente, las cuales son coincidentes en ambos negocios en el sentido de que es procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra del mandamiento de ejecución, acta de embargo y relación de bienes embargados en el procedimiento administrativo de ejecución por constituir actos definitivos, motivo por el cual se transcriben única y exclusivamente las consideraciones legales vinculadas con la revisión fiscal RF. 92/2004, las cuales, en la parte que nos interesa, son del tenor siguiente:

"CUARTO. Son parcialmente fundados los agravios hechos valer, por las razones que se pasan a exponer. Previo al pronunciamiento correspondiente, conviene precisar lo siguiente: 1. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil tres, Alejandro Ponce Rivera, por su propio derecho, demandó la nulidad de los actos que enseguida se señalan: ‘A. La resolución definitiva determinante del crédito fiscal No. H-524054, con importe total de $7,090.00 (siete mil noventa pesos cero centavos moneda nacional), supuestamente por concepto de ‘infracciones impuestas por Poder Judicial (sic)’, del cual conciernen las cifras de $6,201.00, $655.00 y $234.00, respectivamente a los conceptos desconocidos identificados con los Nos. 700124, 100025 y 100001. Hago notar, bajo protesta de decir verdad, que por primera vez, con sorpresa y en forma accidental, el 2 de abril de 2003 me enteré de la existencia de la resolución definitiva Núm. 731/2000 de fecha 16 de marzo de 2001, determinante del crédito fiscal Núm. H-524054 que ahora se impugna, ni así de su contenido, ya que jamás he tenido a la vista dicha resolución definitiva Núm. 731/2000 de fecha 16 de marzo de 2001, determinante del crédito fiscal H-524054, al enterarme de la existencia y contenido del citatorio de 2 de abril de 2003, dejado por la C. Verónica López Rojas, supuesta notificadora adscrita a la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur del Servicio de Administración Tributaria, citatorio en el cual se menciona por primera vez el crédito fiscal No. 524054 que ahora se impugna. El citatorio de 2 de abril de 2003 fue dejado por la C. Verónica López Rojas, supuesta notificadora adscrita a la Administradora Local de Recaudación de Puebla Sur del Servicio de Administración Tributaria, sin acreditarlo en alguna forma, ya que no se identificó. B. El citatorio de 2 de abril de 2003, elaborado, firmado y entregado por la C. Verónica López Rojas, supuesta notificadora adscrita a la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur del Servicio de Administración Tributaria, en relación al crédito fiscal No. H-524054, antes precisado. C. El mandamiento de ejecución de requerimiento de pago y embargo No. 33126524054310303 de 31 de marzo de 2003 emitido por la C. Emelia Avendaño Vilchis, C. Subadministradora de Control de Créditos de la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur, relacionado con el crédito fiscal No. H-524054, mismo que en su parte conducente indica lo siguiente: ‘... Se hace notar que este mandamiento de ejecución de requerimiento de pago y embargo se notificó el 3 de abril del 2003, al levantarse el acta de requerimiento de pago que se menciona a continuación. D. El acta de requerimiento de pago levantada el 3 de abril de 2003 por la C. Verónica López Rojas, supuesta notificadora, verificadora y ejecutora adscrita a la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur, en relación al crédito fiscal No. H-524054. E. El formulario múltiple de pago MP 4705549 elaborado por la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur en relación al crédito fiscal No. 524054, en cuya parte conducente se indica lo siguiente: «... A pagar. $7,090. Fecha límite de pago. 31/03/2003. MP 4705549. Ponce Rivera Alejandro. (700124) $6,201 (100025 $655 (100001) $234. Infracciones impuestas por Poder Judicial (sic).». Se hace notar que este formulario múltiple de pago se notificó el 3 de abril de 2003, pagándose en esa fecha.’ (fojas 1 a 3). 2. Visto el contenido del escrito antes señalado, el Magistrado instructor de la Sala, emitió el siguiente acuerdo: ‘Puebla, Puebla, a dieciséis de junio del año dos mil tres. A sus autos el escrito recibido en esta Sala con fecha trece del presente, a través del cual, el C. Alejandro Ponce Rivera, por su propio derecho, impugna la nulidad de las resoluciones siguientes: a) La resolución que contiene el crédito fiscal número H-524054 en cantidad de $7,090.00, por concepto de infracciones impuestas por Poder Judicial (sic), del cual conciernen las cifras de $6,201.00, $655.00 y $234.00, respectivamente a los conceptos identificados con los números 700124, 100025, 10001; b) El citatorio de 2 de abril de 2003, elaborado, firmado y entregado por la C. Verónica López Rojas, notificadora de la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur en relación con el crédito fiscal No. H. 524054; c) Mandamiento de ejecución de requerimiento de pago y embargo número 33126524054310303 de 331 (sic) de marzo de 2003, emitido por la C. Eméelia (sic) Avendaño Vilchis, Subadministradora de Control de Créditos de la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur, con relación al crédito fiscal H-524024. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 197, 198, 207, 208 y 209 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación y 11, 28 y 36, fracción I, de la Ley Orgánica de este tribunal, se admite la demanda, únicamente con relación a las resoluciones marcadas con los incisos b) y c), y con respecto a la resolución marcada con el inciso a) se desecha la demanda, tomando en cuenta que respecto de la misma se señala que se impugna la resolución definitiva determinante del crédito fiscal número H-524054, con importe total de $7,090.00, por concepto de «infracciones impuestas por Poder Judicial (sic)» de la cual conciernen las cifras de $6,201.00, $655.00 y $234.00, respectivamente a los conceptos desconocidos identificados con los números 700124, 10025 y 100001, como se desprende de la resolución impugnada marcada con el inciso c), consistente en el mandamiento de ejecución, de requerimiento de pago el crédito número H-524054, señala como concepto «infracciones impuestas por el Poder Judicial», por lo que y de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mismo que determina como competencia de este tribunal lo siguiente: «... El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración. VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la administración pública federal centralizada. VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades. IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados. X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente. XI. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior. XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, inclusive aquellos a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. XIV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal ...». En efecto no es competencia de este tribunal el conocimiento de la resolución impugnada, indicada en el inciso A), toda vez que ésta corresponde a una (sic) infracciones impuestas por el Poder Judicial, multa que en ninguna de las fracciones indicadas con anterioridad de la ley orgánica de este tribunal, se puede considerar como competencia de este tribunal, aun y cuando en la fracción III, se refiere a las resoluciones que impongan multas, se refiere a las infracciones a las normas administrativas, mas no a las emitidas por el Poder Judicial que es un poder diferente al Poder Ejecutivo. Con copia simple de la demanda y con copia de los anexos córrase traslado a la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, emplazándolos con el carácter de autoridades demandadas, para que la contesten en el término que marca la ley, apercibidos que de no hacerlo se aplicará lo dispuesto por el artículo 212 del Código Fiscal aludido. Se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y por exhibidas las indicadas en los incisos a), c) y d) del capítulo respectivo de la demanda. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Avenida Juárez No. 2318, despacho 709 «Edificio Diana», Col. La Paz, C.P. 72160, Puebla, Pue., y por autorizados a los profesionistas que cita en el escrito de demanda, atento a lo ordenado por el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 10, último párrafo, del reglamento para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, contenido en el Acuerdo G/18/2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil tres, se le hace saber a las partes en el presente juicio, del derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, lo cual se hará cuando se difunda a través de cualquier medio, ya sea impreso o electrónico o por cualquier otro que por innovación tecnológica lo permita, la sentencia ejecutoriada que se dicte en este asunto, pudiendo oponerse a la publicación de dichos datos; lo que deberá realizar dentro del plazo de cinco días hábiles, en el entendido que de no hacerlo, se tiene por aceptado que la sentencia se publicará sin dichos datos. Notifíquese.’ (fojas 21 y 22), el cual fue notificado personalmente a la parte actora el tres de julio de dos mil tres (foja 25) y (sic) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur, el dos de julio del mismo año (fojas 26 y 27). Debiéndose destacar que en contra de dicho acuerdo, ninguna de las partes hizo valer medio de defensa alguno, según se advierte de los autos que integran el juicio fiscal. 3. Las autoridades emplazadas al juicio de nulidad, dieron contestación a la demanda, mediante oficio 325-SAT-21-I-IV-8608, el veintidós de agosto de dos mil tres (fojas 28 a 45). 4. El Magistrado instructor del juicio tuvo por contestada la demanda mediante proveído de veinticinco de agosto siguiente, en el que además citó a las partes para que formularan sus respectivos alegatos (foja 46). 5. Mediante escrito de doce de septiembre de dos mil tres, el actor solicitó la aclaración del auto admisorio de demanda de dieciséis de junio de dos mil tres, en relación únicamente con el número del tercer concepto del crédito fiscal No. H-524054, la fecha de emisión del mandamiento de ejecución de requerimiento de pago y embargo número 33126524054310303 y el nombre de la subadministradora de Control de Créditos de la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur (fojas 52 y 53). Escrito que fue acordado por el Magistrado instructor del juicio, el primero de octubre de dos mil tres (foja 73 frente y vuelta). 6. El cinco de enero de dos mil cuatro, la Sala Fiscal, pronunció sentencia definitiva en el juicio de que se trata, en la que después de supuestamente analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por las autoridades demandadas, estimó probada la acción, por lo que declaró la nulidad de los actos impugnados (fojas 82 a 90). 7. Previa solicitud de la parte actora, como se mencionó en el resultando segundo de esta ejecutoria, con fecha veintidós de marzo de dos mil cuatro, la Sala emitió resolución en la que aclaró la sentencia definitiva señalada en el punto inmediato anterior, por cuanto hace a un número de oficio y una fecha (fojas 100 a 103). Sentencia y aclaración de sentencia que constituyen la resolución recurrida en el presente recurso de revisión fiscal. Precisado lo anterior, por cuestión de método enseguida se analizarán los agravios hechos valer por la recurrente, en un orden distinto al en que fueron formulados. Es infundado el tercer agravio en el que la inconforme alega que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 202, fracción II, 203, fracción II, 236 y 237 del Código Fiscal de la Federación, ya que la Sala Fiscal perdió de vista que los actos del procedimiento administrativo de ejecución diligenciados el treinta y uno de marzo de dos mil tres, no son resoluciones definitivas dictadas por una autoridad fiscal que puedan ser impugnadas en el juicio de nulidad, ni tampoco encuadran en ninguna de las hipótesis contempladas por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que no afectan los intereses jurídicos del demandante; por las razones que a continuación se exponen. La Sala Fiscal al analizar la segunda causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por las autoridades demandadas, estimó en el cuarto considerando de la sentencia recurrida, lo siguiente: A juicio de esta Sala, la causal de improcedencia es infundada, tomando en cuenta que el artículo 202, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, determina lo siguiente: ‘Artículo 202. Es improcedente el juicio ante el Tribunal Fiscal de la (sic) Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante. II. Cuya impugnación no corresponda conocer a dicho tribunal.’. Contrario a lo argumentado por la demandada, el mandamiento de ejecución de requerimiento de pago y embargo de fecha 31 de marzo de 2003, sí es una resolución definitiva, toda vez que es una resolución emitida por una autoridad fiscal, que causa un agravio a la parte actora por lo que sí es de la competencia de este tribunal además y en términos de artículo (sic) 117 y 120 del Código Fiscal de la Federación mismos que a la letra señalan: ‘Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este código. d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este código.’. ‘Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente.’. Del referido artículo 117, fracción II, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el recurso es procedente tratándose de los actos de las autoridades fiscales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que no se ajustó a la ley y en el procedimiento administrativo de ejecución se encuentran entre otros actos los mandamientos administrativos de ejecución, el requerimiento de pago y el embargo de conformidad con el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, además en el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación ya transcrito se indica que la interposición del recurso de revocación será optativo para el interesado, antes de acudir a este tribunal, por lo tanto es de concluirse que si el artículo 120 de referencia, da la opción para que se promueva el juicio de nulidad o el recurso de revocación, respecto de los actos que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, y al haber interpuesto el actor entre otras resoluciones, las consistentes en el mandamiento de ejecución de requerimiento de pago y embargo número 33126524054310303 de 31 de marzo de 2003, emitido por la subadministradora de Control de Créditos de la Administración Local de Puebla Sur, dichos actos son de la competencia de este tribunal por disposición expresa de los artículos en comento, asimismo es de hacerse mención que las resoluciones a que nos hemos referido en puntos anteriores son definitivas y de la competencia de este tribunal, al haber sido emitidas por una autoridad fiscal y causan un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 11 de la ley orgánica de este tribunal, circunstancia por la cual son resoluciones de las cuales este tribunal es competente para conocerlas, en base a lo anterior es de concluirse que la causal de improcedencia planteada por la actora es infundada, y por lo tanto no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de nulidad con fundamento en el artículo 203, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.’ (fojas 86, vuelta a 87, vuelta). Son correctas las anteriores consideraciones, en virtud de que en el caso, contrariamente a lo alegado por la recurrente, las diligencias de mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo de treinta y uno de marzo de dos mil tres, sí constituyen actos definitivos impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en atención a que los mismos fueron dictados dentro del procedimiento de ejecución llevado a cabo por una autoridad administrativa, como lo es la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur, de lo que se sigue que si como lo destacó la Sala Fiscal al analizar dicha causal de improcedencia, los aludidos actos pueden ser combatidos a través del recurso de revocación previsto por el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, en cuya fracción II, inciso b), se dispone que esa clase de actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, pueden ser combatidos mediante la interposición de ese medio de defensa, tomando en cuenta que en términos del diverso artículo 120 del mencionado código tributario, su interposición es optativa, es inconcuso que la Sala Fiscal sí puede conocer acerca de su legalidad, por tratarse precisamente de actos dictados dentro del citado procedimiento administrativo que tienen el carácter de definitivos conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; debiéndose precisar que si bien es cierto, como lo afirma la recurrente, en ellos no se determina la existencia de una obligación fiscal en cantidad líquida o se dan las bases para su liquidación, ni se trata de resoluciones que nieguen devoluciones o un ingreso indebidamente percibido por el Estado, también lo es que al ser actos definitivos inherentes al procedimiento administrativo por el cual se hace efectivo un crédito fiscal, en este caso una multa impuesta por el Poder Judicial de la Federación, sí existe una afectación jurídica a los intereses del demandante, pues con ellos se causa al actor un agravio en materia fiscal diferente de la determinación del crédito en sí misma, por lo que como se ha dicho con antelación, tales actos son susceptibles de ser impugnados en el juicio de nulidad; de lo que se evidencia lo acertado de las consideraciones que llevaron a la Sala a desestimar la causal de improcedencia y sobreseimiento así formulada por las autoridades demandadas. No obsta a lo anterior, lo aseverado por la inconforme en relación con que en la especie, el actor no interpuso recurso de revocación, ni tampoco está impugnando la resolución que pudo recaer a dicho recurso; toda vez que el hecho de que en la sentencia recurrida se haga alusión al artículo que establece lo relativo al recurso de revocación, no lleva a concluir que en el caso se hubiera interpuesto el recurso de revocación o que la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen fuera la que puso fin a dicho recurso, pues es claro que la intención de mencionar lo dispuesto por el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, se hizo atendiendo a que en ese precepto legal se establecen cuáles son las resoluciones y actos que de manera específica pueden ser combatidos a través del citado medio de defensa, los que, por ser optativo ese recurso, pueden ser impugnados mediante el juicio de nulidad respectivo. Asimismo, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado lo manifestado por la recurrente respecto de que el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados entre sí, por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal; en función de que precisamente al tratarse de un procedimiento, los actos llevados a cabo dentro del mismo son independientes unos de otros y, por tanto, para los efectos del juicio fiscal, definitivos en cuanto a sus consecuencias jurídicas; sin que en nada le beneficie la jurisprudencia 17/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al efecto invoca, cuyo contenido es el siguiente: ‘EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie.’; ya que la misma se refiere propiamente a la impugnación de actos aislados dentro del procedimiento administrativo de ejecución a través del juicio de amparo indirecto, antes de que se apruebe o desapruebe el remate, y no cuando en contra del mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo, como actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, se interpone el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como acontece en la especie. ... En las relatadas circunstancias, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión, para el efecto de que la Sala Fiscal la deje insubsistente y, en su lugar, emita otra en la que, en primer lugar reitere la desestimación de la segunda causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer por las autoridades demandadas al contestar la demanda, por haber resultado infundado el agravio correspondiente en la presente instancia, asimismo reitere la desestimación de la tercera causal esgrimida en la aludida contestación de demanda, por no haber sido combatida por la autoridad recurrente en este recurso de revisión fiscal, y siguiendo los lineamientos fijados en la presente ejecutoria, analice tal como le fue planteada la primera causal de improcedencia y sobreseimiento en la contestación de demanda, referente al acto impugnado marcado con el inciso B), que es exclusivamente el citatorio de dos de abril de dos mil tres, hecho lo cual sólo en caso de resultar infundada esa primera causal se ocupe de estudiar los conceptos de nulidad que se hubieran formulado en contra de ese acto impugnado marcado con el inciso B), así como aquellos vertidos contra el acto marcado con el inciso C), de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, resolviendo al respecto con libertad de jurisdicción lo que en derecho proceda; en el entendido de que tales actos impugnados son los únicos por los que fue admitida la demanda fiscal, por lo que deberá abstenerse de hacer cualquier pronunciamiento respecto de los demás actos por los que aquélla no se admitió, incluyendo el marcado con el inciso A) por el que se desechó."

CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos las revisiones fiscales 111/2004 y 164/2004, en sesiones de veintiséis de agosto de dos mil cuatro y nueve de diciembre del mismo año, respectivamente, en ambos negocios arribó a la conclusión de que es impugnable a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa única y exclusivamente la resolución con que culmina el procedimiento administrativo de ejecución y no así los actos intermedios como son la diligencia de requerimiento de pago, embargo y el acta de descripción de bienes embargados, para arribar a tal concl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19194-ccba5d0b/ejecucion-en-materia-fiscal-contra-los-actos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.