MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, en el incidente en revisión 53/2003, promovido por Módulo de Salud Hampolol, dependiente del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública de Estado (INDESALUD), en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"QUINTO. Este tribunal supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, advierte la existencia de una violación manifiesta de la ley que afecta las defensas de la recurrente trascendiendo al sentido del fallo recurrido. Apoya lo anterior la jurisprudencia que se comparte sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible con el número 458, a página 506, Tomo III, Materia Administrativa, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CONFORME AL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA EXIGENCIA CONSISTENTE EN QUE LA VIOLACIÓN MANIFIESTA HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO O PARTICULAR RECURRENTE.’ (se transcribe). Es aplicable también la jurisprudencia 166, que se comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 1337, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA DE LA.’ (se transcribe). Sentado lo anterior, conviene establecer en principio que en la resolución recurrida de veinte de enero de dos mil tres, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche determinó conceder a la quejosa la suspensión definitiva del acto que reclamó consistente en la resolución administrativa de ocho de octubre de dos mil dos, dictada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el recurso de revisión número 6694/CAMP/6443R, supeditada en cuanto a sus efectos a que se exhibiera dentro del término de cinco días hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo, una garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley, por la cantidad de tres mil doscientos veintiocho pesos moneda nacional, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero, para el caso de que la quejosa no obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo. La resolución de mérito, en su parte conducente, establece lo siguiente: (se transcribe). Ahora bien, por escrito de dieciocho de diciembre de dos mil dos, Módulo de Salud Hampolol dependiente del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD), demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución administrativa de ocho de octubre de dos mil dos, dictada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el recurso de revisión administrativo 6694/CAMP/6443RS y su ejecución a cargo de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, por la que se confirmó la multa que en cantidad de tres mil doscientos veintiocho pesos moneda nacional, se le impuso por infracciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, solicitando la suspensión provisional de dicho acto, la que en proveído de diecinueve de diciembre de ese mismo año le fue concedida al igual que la suspensión definitiva en la audiencia incidental de veinte de enero de dos mil tres, con la condición de que exhibiera en concepto de garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la cantidad de tres mil doscientos veintiocho pesos moneda nacional, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero para el caso de que la quejosa no obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo. Para conceder la referida medida suspensional, el Juez Federal se apoyó en los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: ‘Artículo 124.’ (se transcribe). ‘Artículo 125.’ (se transcribe). ‘Artículo 139.’(se transcribe). De acuerdo con lo anterior, fuera de los casos a que se refiere el artículo 123 de la Ley de Amparo, en que resulta procedente conceder de oficio la suspensión de los actos reclamados, el artículo 124 establece como requisitos para decretarla que sea solicitada por el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social y en su caso, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, debiendo el resolutor federal fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. En el caso es relevante hacer notar que el a quo consideró satisfechos los requisitos anteriores por lo cual concedió la medida suspensional instada, sin embargo, la sujetó a que la parte quejosa otorgue garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley por la cantidad de tres mil doscientos veintiocho pesos para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero, lo cual resulta ilegal porque aun cuando el artículo 125 de la Ley de Amparo dispone el hecho de fijar el otorgamiento de una garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con su concesión se ocasionaren, ello, según se previene en el propio dispositivo, no es de manera invariable sino sólo en el supuesto en que se pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, y en el caso ni de la demanda de garantías ni de algún otro modo quedó determinada su existencia. Debe decirse que para efectos del juicio de amparo, tercero perjudicado es aquel que tiene interés en que subsista el acto reclamado y por consiguiente guarda derechos opuestos a los del quejoso y en materia administrativa se reconoce como tal en términos del artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, a quien haya gestionado en su favor el acto que reclama o intervenido como contraparte del agraviado en el procedimiento que antecedió al acto que se impugnó, hipótesis que son meramente enunciativas pues en todo caso tendrá ese mismo reconocimiento quien acredite tener la titularidad de un derecho público subjetivo protegido por la ley del que se viera privado, afectado o menoscabado, correspondiendo al órgano de control constitucional determinar quiénes, en su criterio, pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados. Así lo ha interpretado la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 111, a página 124, Tomo III, Materia Administrativa, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro y texto siguientes: ‘TERCERO PERJUDICADO. QUIÉNES TIENEN ESTE CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). Es también ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 300, Parte III, Apéndice 1917-1965, que dice: ‘TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). Ahora bien, en el caso concreto es ilegal la resolución recurrida porque aun cuando determinó conceder la suspensión definitiva a la quejosa, sujetó sus efectos a que exhibiera dentro del término de cinco días hábiles una garantía por la cantidad de tres mil doscientos veintiocho pesos moneda nacional, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren en su opinión a algún tercero, el a quo perdió de vista que en el caso no era dable determinar la existencia de algún tercero o de terceros perjudicados porque con independencia de que ni en la demanda de garantías se señaló ni el propio a quo precisó a qué persona o ente pudiera atribuirse ese carácter, se advierte que el acto reclamado no emerge de una controversia entre particulares que por haber intervenido en la gestión del acto reclamado o como titulares de un derecho protegido por la ley, tuvieran interés directo en la subsistencia del acto reclamado y que desde luego, con el otorgamiento de la medida suspensional a la quejosa pudieran resentir algún perjuicio, sino que dicho acto es producto de un medio de control administrativo que en razón de su naturaleza no implica la realización de una función jurisdiccional propiamente dicha por cuanto que el órgano que lo tramita y resuelve no es un órgano imparcial e independiente del que lo emite, que tiende más no a (sic) la tutela de intereses particulares, sino a que exista un control interno de legalidad de sus propios actos preservando la eficacia de su actuación que es de orden público para lograr eficiencia administrativa, por lo que en ese sentido no existe controversia entre el particular que lo hace valer y el órgano de la administración pública que lo resuelve. Por tanto, no existe motivo para considerar con ajeneidad al procedimiento administrativo, la existencia de terceros que con intereses semejantes a los de la autoridad responsable tuvieran interés en la subsistencia del acto reclamado y que amerite deba concederse la suspensión definitiva condicionada en cuanto a sus efectos a que se otorgue previamente garantía de reparar el daño e indemnizar los perjuicios, como incorrectamente lo estimó el a quo. Por tales razones no puede sostenerse, como ilegalmente determinó el a quo, que con la concesión de la suspensión definitiva se puedan ocasionar daños o perjuicios a terceros pues con ese carácter sólo se legitima al que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, y en el caso, no se advierte del procedimiento que ventiló la autoridad administrativa la existencia de alguna persona o personas que en términos de lo previsto por el invocado artículo 5o., fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, hubieren gestionado en su favor el acto contra el cual se pidió amparo o que, sin haberlo gestionado tuvieran un interés directo en que subsistiera, lo que además resulta inadmisible por el hecho de que conforme a la naturaleza del acto reclamado que proviene del ejercicio oficioso de facultades conferidas a una autoridad para sancionar administrativamente las violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no es jurídico estimar la existencia de personas distintas a la quejosa que estuvieran interesadas en la subsistencia de dicho acto, máxime ante todo porque en la tramitación y resolución de los recursos administrativos no rigen los principios de igualdad de las partes ni de contradicción, puesto que no hay demandado ni contraparte y el régimen administrativo de responsabilidad no reconoce ni tutela intereses particulares y su único objetivo lo constituye garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de la función pública de impartición de justicia. Viene al caso citar por ilustrativas las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles a páginas 303 y 304, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dicen: ‘RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. LOS PRINCIPIOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL DEBEN ADECUARSE A LA NATURALEZA DE INTERÉS PÚBLICO DE AQUÉLLOS.’ (se transcribe). y ‘RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. NO IMPLICAN EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.’ (se transcribe). En ese orden de cosas, aun cuando para la suspensión en materia de amparo en tratándose de multas por infracción a las normas administrativas federales que son aprovechamientos de naturaleza distinta a las contribuciones, el artículo 125 de la Ley de Amparo, dispone expresamente que deba otorgarse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se puedan ocasionar a terceros, lo cierto es que en el caso resultaba inaplicable ese requisito de efectividad, ya que ni de la demanda de amparo como tampoco de la naturaleza del procedimiento oficioso del que provenía el acto reclamado era válido desprender su existencia, sin ser obstáculo a esta conclusión que la resolución que constituye el acto reclamado fuera dictada por una autoridad diversa de aquella que impuso la sanción, pues esa circunstancia no irroga a esta última carácter de tercero para efectos de exigir garantía alguna al concederse la medida cautelar, toda vez que ambos órganos administrativos constituyen la misma dependencia. Por ende, aun cuando fue correcto que el Juez de Distrito concediera a la quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados al satisfacerse los requisitos previstos en el mencionado artículo 124 de la Ley de Amparo, no lo fue en cuanto que para surtir efectos la suspensión concedida estableció que la quejosa debía otorgar una garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley por la cantidad de tres mil doscientos veintiocho pesos moneda nacional, para garantizar, en su opinión, la reparación del daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero, pues inadvirtió que en el caso el acto reclamado es el resultado de un procedimiento administrativo oficioso seguido por una autoridad en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por la ley, de cuya naturaleza resulta inadmisible desprender la existencia de persona o personas que por haber intervenido en la gestión del acto o como contraparte del agraviado en el procedimiento de origen, le fuera atribuible ese carácter, de ahí que no era dable sujetar los efectos de la suspensión otorgada a la exhibición de garantía alguna. Viene al caso citar la tesis que se comparte, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página 1456, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA QUE SURTA EFECTOS LA QUE SE CONCEDE CONTRA EL COBRO DE MULTAS, NO ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO FIJE COMO CONDICIÓN GARANTÍA ALGUNA.’ (se transcribe). Por las relacionadas consideraciones, siendo manifiesta la violación en perjuicio de la quejosa en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, se impone en consecuencia modificar la sentencia interlocutoria recurrida para el efecto de que la suspensión definitiva otorgada a la quejosa, aquí recurrente, surta efectos sin garantía alguna."
Por su parte el referido Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 367/2003, interpuesto por Ana María Valladolid Díaz, en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:
"CUARTO. Es infundado el único agravio expresado por la parte recurrente. En él, argumenta en síntesis, que la interlocutoria que combate viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, así como 77, 125 y 128 de la Ley de Amparo, y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, pues en el juicio de garantías señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad de la imposición de una multa por parte de los Magistrados de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y le fue otorgada la suspensión provisional únicamente para el efecto de que no se hiciera efectiva dicha multa, condicionando el otorgamiento a que exhibiera garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley por el monto de la misma; sin embargo, mediante diversa resolución de fecha diez de junio de dos mil tres, el a quo determinó otorgar la suspensión definitiva del acto reclamado para los mismos efectos sobre los que versó la provisional, previniendo (sic) como caución para que los efectos suspensivos se mantuviesen, precisamente el mismo monto indicado, fundando su determinación en el artículo 125 de la ley de la materia. Por otro lado, la Ley de Amparo para el otorgamiento de la medida cautelar, precisa la existencia de dos reglas para la determinación de la garantía a cubrir en la suspensión del acto reclamado; una general y otra especial, diversas entre sí atento a su naturaleza. En el artículo 125 alude a la hipótesis normativa consistente en que puede ser procedente la suspensión solicitada pero cuando ésta pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los posibles perjuicios que con aquélla se causaran si no obtiene sentencia favorable. Por otra parte, el numeral 135 hace mención del caso si el acto reclamado consiste en el cobro de contribuciones y podrá concederse discrecionalmente la suspensión solicitada, la cual surtirá efectos previo depósito de la cantidad total que se cobra ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio correspondiente; que es por eso que la sentencia que se impugna se encuentra deficientemente fundada y motivada, pues el Juez de conocimiento aplicó su determinación conforme a la hipótesis prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, fundamentándose deficientemente en el artículo 125 de la ley en comento, violándose sus derechos, atento a que la imposición de la multa, ya que no se encuentra dentro del supuesto que prevé el artículo 135 de la ley en cita y es precisamente porque el caso especial a que alude el numeral es cuando el amparo se haya solicitado por el cobro de contribuciones; y no cuando la naturaleza de la medida de apremio que se le impuso es un aprovechamiento, tal como se establece en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, por lo que debió otorgar la suspensión solicitada sin necesidad de mediar caución para que la misma surtiera efectos; y para apoyar sus pretensiones cita las tesis que han quedado transcritas. En primer lugar, y para mayor ilustración de este asunto, se transcribe el artículo 125 de la Ley de Amparo, que establece: ‘Artículo 125.’ (se transcribe). En segundo lugar, es infundado el agravio que antecede, porque contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al conceder la suspensión definitiva, para que no se hiciera efectiva la ejecución de la multa por el monto equivalente a treinta días de salario, condicionándola a que la quejosa otorgue garantía por el monto de la multa, en alguna de las formas previstas por el artículo 125 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque claramente dicho artículo 125, tal como se desprende de su lectura, condiciona la concesión de la suspensión a que la quejosa otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se puedan ocasionar a tercero, si dicha quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Esto es, debido a que el tercero que sería el Estado, está interesado en que se cobren esas multas administrativas impuestas por la autoridad respectiva, de ahí que sí puede ocasionar perjuicios a tercero (la ley no habla de tercero perjudicado, como pretende la autoridad recurrente, sino sólo de ‘tercero’) con el otorgamiento de la medida suspensional sin la garantía correspondiente, si el quejoso no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, por lo que no sería procedente como lo refiere también dicha recurrente, en el sentido de que la suspensión se le otorgue sin que medie exhibición de garantía alguna, pues el artículo 125 en comento exige la misma. En otro aspecto, la tesis que invoca, relativa a que en el caso de multas la garantía para que surta efectos la suspensión decretada no lo es en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, pues se hace patente que sí lo es en términos del artículo 125 de la misma ley, dispositivo que genéricamente establece dicha garantía, en todos los casos en que con ella se afecten intereses de tercero, como lo es éste, en que mediante la suspensión se posterga el cobro cuyo derecho corresponde al Gobierno Federal, aunque no resulte ‘tercero perjudicado’ en términos del artículo 5o. de la Ley de Amparo. Cabe señalar que es inexacta la apreciación de la recurrente en el sentido de que el a quo funda erróneamente en el artículo 135 de la Ley de Amparo la concesión de la medida cautelar en su favor, por estimar que la multa administrativa que le fue impuesta constituye una contribución, carácter que no le reconoce el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación. Se dice que es equívoca la consideración de la recurrente porque no es exacta la misma, pues de haber estimado el Juez que se estaba en presencia de una contribución hubiera exigido que la garantía se satisficiera mediante depósito en efectivo y no en cualquiera de las formas autorizadas por la ley, única distinción que introdujo la modificación del artículo 135 a que alude el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que cita en su apoyo la quejosa, al separar el legislador la forma de garantizar las contribuciones, así como las exacciones que no tienen esta naturaleza jurídica, ya que éstas no requieren que sea previo depósito en efectivo. Debe destacarse que no se contradice el monto intrínseco de la garantía determinada para satisfacer los daños y perjuicios que puedan ocasionarse con la medida. En conclusión, resulta inexacto que la interlocutoria recurrida se encuentre deficientemente fundada y motivada, pues realmente la Juez del conocimiento aplicó su determinación de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 125 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, ante la ineficacia del agravio propuesto, se impone confirmar la interlocutoria que concedió la medida cautelar solicitada, condicionándola a que el quejoso otorgue garantía por el monto de la multa respectiva, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo."
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la queja administrativa QA. 497/2004 (X), interpuesta por Microformas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"QUINTO. Los agravios son fundados. Aduce la quejosa recurrente que fue incorrecta la determinación de la juzgadora Federal, al haber requerido una cantidad para garantizar la suspensión de la multa impuesta por la autoridad responsable en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso concreto no existe tercero perjudicado. El artículo 125 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías dispone textualmente lo siguiente: ‘Artículo 125.’ (se transcribe). De la transcripción del artículo anterior, y en el cual la a quo fundó su determinación de requerir garantía a la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión solicitada en contra de la multa reclamada, se desprende que es necesaria la existencia de un tercero perjudicado, a quien se puedan ocasionar daños o perjuicios con el otorgamiento de la medida cautelar, en el supuesto que el agraviado no obtuviese una sentencia favorable en el juicio de amparo. Al respecto, el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo señala que tienen el carácter de tercero perjudicado: a) La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento. b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad. c) La persona o personas que hayan gestionado a su favor el acto contra el que se pide el amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado. En el caso en concreto, en el acto reclamado, consistente en la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil cuatro, en el expediente SPC-0068/2004, por el titular del área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Petróleo, se impuso a la aquí quejosa una multa equivalente a $56,850.00 (cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 en moneda nacional). De la lectura de los antecedentes del acto reclamado, así como de la copia simple de tal determinación, específicamente en el cuarto resultando, se advierte que el expediente respectivo se inició oficiosamente, y en tal resolución se concluyó que la aquí quejosa Microformas, Sociedad Anónima de Capital Variable, proporcionó información falsa, al haber dicho que se encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales al momento en que el Instituto Mexicano del Petróleo fincó a esa empresa el pedido 2000000782 para la adquisición de cartuchos de cinta magnética, por un monto de $147,800.00 (ciento cuarenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 en moneda nacional), cuando a criterio de la responsable no fue así. De lo anterior se advierte que no se da ninguno de los supuestos previstos en el artículo 5o., fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna; es decir, en el caso en concreto no existe tercero perjudicado, tomando en consideración que no existe contraparte de la aquí quejosa, y el acto reclamado no emanó de un juicio o controversia. La multa señalada como acto reclamado no tiene relación alguna con la comisión de un delito penal, ni con la reparación del daño, sino que se emitió al haberse contravenido leyes administrativas, específicamente los artículos 59 y 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dicen: ‘Artículo 59.’ (se transcribe). ‘Artículo 60.’ (se transcribe). Finalmente, y como se dijo con anterioridad, el procedimiento administrativo se inició de oficio, por lo que no existió gestión alguna por parte de un particular para su instauración, ni existe un interés directo por parte de ninguna persona en la subsistencia de la multa, ya que la misma únicamente afecta la esfera jurídica de la aquí quejosa. Por lo tanto, si en el caso en concreto no existe tercero perjudicado, fue incorrecta la determinación de la Juez de Distrito en el sentido de haber requerido garantía para que surtiera efectos la suspensión provisional, en términos de lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo. Conviene destacar, que tampoco es procedente requerir una garantía a la parte quejosa, en términos del artículo 135 del ordenamiento legal invocado, el cual dispone que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio que corresponda. Lo anterior, pues en términos de los artículos 2o. y 3o. del Código Fiscal de la Federación, las multas por infracciones a leyes administrativas no son contribuciones, sino aprovechamientos. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 65 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, página 74, que a la letra dice: ‘MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.’ (se transcribe). Por lo tanto, si las multas impuestas por violación a leyes administrativas no tienen el carácter de contribuciones, sino de aprovechamientos, es inconcuso que no se da el supuesto previsto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, en caso de proceder, debe otorgarse la suspensión de los actos reclamados sin necesidad de requerir garantía alguna. Apoya a la anterior conclusión, por analogía, la tesis I.7o.A.188 A de este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, a foja 1456, que a continuación se transcribe: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA QUE SURTA EFECTOS LA QUE SE CONCEDE CONTRA EL COBRO DE MULTAS, NO ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO FIJE COMO CONDICIÓN GARANTÍA ALGUNA.’ (se transcribe). En las relatadas circunstancias se impone declarar fundado el presente recurso de queja, para que siga surtiendo sus efectos la suspensión concedida por el Juzgado de Distrito en el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil cuatro, pronunciado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1916/2004, sin necesidad de requerir garantía alguna a la parte quejosa."
CUARTO. Este órgano colegiado estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
Efectivamente, para que se genere una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19289-26d9f5ef/multas-administrativas-no-fiscales-para-que-surta-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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