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SEGURO SOCIAL. LA CLÁUSULA 56 DE SU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ES DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA Y SOLAMENTE ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE DESPIDO INJUSTIFICADO (CONTRATO VIGENTE EN 2005-2007).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 225/2006-SS. · Registro digital (IUS): 20051
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, , Pág. 888.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 225/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia de trabajo cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. ... La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios, a través, de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine, el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis la formularon los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y como se trata de uno de los órganos jurisdiccionales que sustentó uno de los criterios que se estiman contradictorios debe concluirse que la presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión del nueve de noviembre de dos mil seis, resolvió por unanimidad de votos el juicio de amparo directo número DT. 9716/2006, y las consideraciones en la parte que interesa, para la resolución del presente asunto, son del tenor siguiente:

"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación, que se hace en diverso orden, conduce a determinar: En un (sic) parte del segundo de ellos, aduce el quejoso que la Junta violó en su perjuicio el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque en el laudo reclamado considera, por una parte, que existió despido injustificado y, por otra absuelve del pago de indemnización constitucional, indemnización contractual consistente en ciento cincuenta días, e indemnización contractual consistente en cincuenta días por cada año de servicios, prestaciones reclamadas en los incisos e), f) y g) del escrito de modificaciones, con lo que revela su falta de lógica y congruencia, porque si el actor fue despedido, de conformidad con el artículo 123 constitucional y 48 de la Ley Federal del Trabajo tiene derecho a demandar la indemnización constitucional. El anterior concepto de violación en parte es infundado y en otra fundado. En efecto, del escrito de treinta de abril de dos mil tres, que modificó en su totalidad la demanda inicial, se aprecia que el actor reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo los incisos e), f) y g), respectivamente, indemnización constitucional, indemnización contractual consistente en ciento cincuenta días de salarios, conforme a la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, e indemnización contractual consistente en cincuenta días de salario por cada año de servicios, de conformidad con la citada cláusula, entre otras prestaciones. Manifestó como apoyo de sus pretensiones que: Ingresó a laborar para la demandada a partir del treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y dos; desempeñaba a últimas fechas el puesto de jefe de Servicios de Unidad Médico Hospitalaria Oncología, nivel 51, adscrito al Hospital de Gineco-Obstetricia, Número Tres, en el Centro Médico Nacional La Raza; con un horario de siete treinta a catorce horas de lunes a viernes; con un salario diario tabular de doscientos treinta y seis pesos con cincuenta y cuatro centavos, e integrado de novecientos cincuenta y nueve pesos con cuatro centavos; se le inició investigación administrativa mediante oficio número 36.51.99.1600/8306 de quince de agosto de dos mil dos, recibido por el actor el diecinueve siguiente, sin que se haya notificado con treinta y seis horas de anticipación, como lo prevé la cláusula 55 bis del contrato colectivo de trabajo; no obstante se presentó el veinte de agosto de dos mil dos, para manifestar lo que a su derecho convino; y el veintinueve de agosto de dos mil dos, le notificaron la rescisión de su contrato en el puesto que desempeñaba de jefe de Servicios de Unidad Médico Hospitalaria Oncología, Nivel 51, por pérdida de confianza para regresar a su puesto de base, sin que se hayan reunido los requisitos de la citada cláusula (folios 17 a 24). El instituto demandado contestó la reclamación negando acción y derecho, porque nunca existió despido injustificado, sino que al actor se le perdió y retiró la confianza, regresándolo a su puesto de base, en forma justificada, según se desprende de la investigación administrativa que se practicó en términos de las cláusulas 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo; además, resulta improcedente la reclamación de las indemnizaciones constitucional y contractuales, en virtud de que no se rescindió la relación laboral, sino que al regresarlo a su puesto de base sigue laborando para el instituto y percibiendo un salario, por lo que es inaplicable la cláusula 56 del Contrato Colectivo de Trabajo. Respecto a la fecha de ingreso, la categoría y centro de adscripción, lo retomó como confesión expresa del actor; negó el salario nominal e integrado, precisando que percibía uno mensual de tres mil setecientos dieciocho pesos con veintiséis centavos (folios 28 a 31 y 50). En el laudo reclamado la Junta determinó, por una parte, que el instituto demandado no acreditó haber citado al trabajador con treinta y seis horas de anticipación para la investigación administrativa, como lo prevé la cláusula 55 bis del contrato colectivo de trabajo, considerando en consecuencia que existió despido injustificado; y por otra, absolvió de las prestaciones reclamadas en los incisos e), f) y g) del escrito de modificación, fundando su decisión de absolver en que no existió ‘rompimiento’ de la relación laboral, sino lo que ocurrió fue que el actor fue regresado a su puesto de base, por lo que resultaba improcedente su reclamación; conclusión de absolver que este Tribunal Colegiado estima correcta, únicamente respecto de las prestaciones de los incisos e) y g). En efecto, para acreditar la procedencia de sus reclamaciones, el actor ofreció, entre otras pruebas, copia simple de las cláusulas 54 y 56 del contrato colectivo de trabajo (folios 87 y 88); a las que la responsable otorgó valor probatorio, cuyo contenido es el siguiente: ‘Cláusula 54. Separación. Las partes convienen en regirse por las disposiciones de las cláusulas siguientes, para el caso de separación de trabajadores de los puestos que ocupaban’ (folio 88). ‘Cláusula 56. Indemnización. Si un trabajador es separado injustificadamente y optare por la indemnización y no por la reinstalación, el instituto se obliga a pagarle de inmediato, como indemnización económica que establece la Constitución, la cantidad correspondiente a ciento cincuenta días de salario de la última categoría desempeñada a la fecha de su separación por concepto de indemnización y cincuenta días por cada año de servicios prestados o parte proporcional del año, como liquidación de antigüedad, más la parte proporcional correspondiente a vacaciones, aguinaldo y las demás prestaciones económicas que el instituto adeudare al trabajador y que señale este contrato. Mientras la indemnización y antigüedad no sean pagadas, el trabajador percibirá salarios vencidos. A las mismas prestaciones tendrá derecho, en los casos en que el instituto no cumpla con reinstalarle en su puesto, a virtud del laudo definitivo pronunciado por la Junta, cuando ésta condenare a la reinstalación o cuando el instituto negare someter sus diferencias al arbitraje sin perjuicio de las demás prestaciones a que tuviere derecho. Si un trabajador es separado injustificadamente y demandare la reinstalación, el instituto se obliga además de al cumplimiento del laudo de autoridad competente, al pago de noventa días de sueldo tabular vigente a la fecha de la separación. Asimismo, el instituto se obliga a reinstalar en su puesto, al trabajador que haya sido separado por efectos de determinación de autoridad, en términos de la ley aplicable, cuando en virtud de haberse emitido resolución definitiva de autoridad competente, se deje insubsistente la determinación que haya motivado la separación del trabajador’ (folio 87). Así, primeramente, este Tribunal Colegiado estima que la determinación de la Junta de absolver al instituto demandado de la prestación precisada en el inciso e) del escrito de fecha treinta de abril de dos mil tres, consistente en el pago tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional, fue correcta, aunque por diversas razones a las expuestas en el laudo reclamado. Ello es así, porque como se aprecia de la cláusula 56 citada, en caso de que un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social sea separado injustificadamente de su puesto y optare por la indemnización, tendrá derecho a recibir como indemnización económica que establece la Constitución, ciento cincuenta días de salario de la última categoría; es decir, en lugar de percibir como indemnización constitucional el pago de tres meses de salario, como lo dispone el artículo 123, apartado A, fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá derecho a recibir como beneficio extralegal una indemnización de ciento cincuenta días de salario por la separación injustificada de su puesto. Por tanto, como en el inciso e) del escrito de treinta de abril de dos mil tres, el actor reclamó la indemnización constitucional y, en el inciso f), además pretendió el pago de ciento cincuenta días de salario, como indemnización contractual prevista en la cláusula 56 del pacto colectivo, por separación injustificada; entonces, la prestación extralegal hacía improcedente el pago de la indemnización constitucional de tres meses, porque la indemnización contractual, al igual que la constitucional, tiene por objeto resarcir al trabajador por el despido injustificado, pero otorga mejores beneficios al trabajador que ésta; motivo por el cual, el ejercicio de la indemnización contractual prevista en la referida cláusula, elimina la posibilidad de reclamar la constitucional; de ahí lo infundado del argumento de mérito. Por otra parte, igualmente infundado resulta lo que expone el peticionario del amparo, en relación con la absolución decretada por la responsable de la reclamación de cincuenta días de salario por cada año de servicios, o parte proporcional del año, prevista en el inciso g); en atención a lo siguiente: La citada cláusula 56 contiene dos posibilidades para resarcir económicamente a un trabajador que hubiera sido separado injustificadamente del puesto que ocupaba: La indemnización o la reinstalación. En el caso de la indemnización tendrá derecho a recibir ciento cincuenta días de salario de la última categoría desempeñada y cincuenta por cada año de servicios prestados o parte proporcional del año, como liquidación de la antigüedad, sin perjuicio de las demás prestaciones a que se (sic) tuviera derecho; en el segundo caso, además de ser reinstalado en su puesto, recibirá una compensación correspondiente a noventa días de sueldo tabular vigente a la fecha del despido. Ahora bien, tratándose de la reclamación de indemnización en caso de separación del trabajador del puesto que ocupaba, la señalada cláusula expresamente refiere que el pago de cincuenta días por cada año de servicios, o parte proporcional del año, será por concepto de liquidación de la antigüedad. En ese sentido, si un trabajador del instituto es separado injustificadamente de un puesto de confianza y regresado a uno de base, como en la especie, entonces esa separación no constituye la conclusión de la relación de trabajo, como se abundará más adelante; motivo por el cual no se surte la hipótesis de liquidar la antigüedad del trabajador, porque seguirá ligado con el Instituto Mexicano del Seguro Social desempeñando el puesto de base al que regresó y, por ende, continuará generando antigüedad; pues el hecho de aceptar que tiene derecho a recibir la liquidación de antigüedad, significaría que (sic) necesariamente la conclusión de la relación de trabajo, hipótesis que en la especie no se surte; de ahí que sea infundado el argumento relativo a la absolución de la prestación del inciso g). Por lo anterior, tampoco asiste razón al quejoso, en cuanto alega en el tercer concepto de violación, que la Junta incorrectamente condenó al pago de salarios vencidos, por la diferencia entre el sueldo devengado en el puesto de confianza y el que percibe en el puesto de base, siendo que dicho supuesto no lo contempla el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo; ello se estima así, porque se ha visto que con la separación en el puesto de confianza, el actor regresa al puesto de base, el pago de los salarios caídos, contra lo que acusa el inconforme, sólo debe considerarse sobre la diferencia que existe entre el salario percibido en el puesto de confianza y aquel que obtiene en el puesto de base, porque al regresar a este último puesto, el actor percibirá un salario determinado, de forma tal que para resarcir al trabajador por la separación injustificada de aquel puesto, habrá que cuantificar la diferencia que existe entre ambos salarios y que es lo que dejó de percibir el trabajador en el puesto de confianza, como consecuencia de la separación injustificada; siendo, por tanto, infundado ese argumento. En cambio, resulta fundado lo que expone el quejoso, en una parte del segundo concepto de violación, en el sentido de que la responsable incurrió en incongruencia al resolver sobre la indemnización contractual, consistente en el pago de ciento cincuenta días de salario previsto en la cláusula 56 citada, porque absolvió de esta prestación, no obstante que en el laudo reclamado determinó que existió despido injustificado. En efecto, la cláusula 54 del pacto colectivo, que ha quedado transcrita en la presente ejecutoria, prevé que en caso de separación de trabajadores de los puestos que ocupaban, las partes convienen en regirse por las disposiciones de las cláusulas siguientes. Esto es, al referirse dicha disposición contractual que ‘la separación de los trabajadores de los puestos que ocupaban’, implica la aceptación de regirse por las cláusulas subsecuentes, entre ellas la 56 que refiere el derecho de los trabajadores a reclamar indemnización contractual o reinstalación, es evidente que los contratantes no hicieron distinción alguna respecto a qué clase de puestos se referían, de base o de confianza, ni de aquellos casos en que el trabajador fuera separado de un puesto de confianza y regresado a uno de base. Por tanto, si la cláusula contractual refiere la separación de los trabajadores de sus puestos, como el supuesto para aplicar las cláusulas siguientes, debe interpretarse que la intención de las partes fue la de considerar cualquier tipo de separación de los trabajadores en sus puestos, sean éstos de base o de confianza, inclusive en el caso de que al trabajador se le separe de un puesto de confianza y se le regrese a uno de base; porque se estima que el objetivo principal de la cláusula es resarcir la separación injustificada de un trabajador en el puesto que ocupaba, con independencia de que esa separación no implique la ruptura de la relación de trabajo. Este órgano jurisdiccional considera que debe darse esa interpretación extensiva a la cláusula en comento, porque si el propósito de las partes fue el de establecer un mecanismo de defensa de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando sean separados de sus puestos, éste debe operar en todos los casos de separación injustificada; pues no puede considerarse que aquellos trabajadores que son retirados sin causa justa de sus puestos de confianza y regresados a los de base, queden excluidos de los beneficios que la cláusula 56 les otorga de reclamar la indemnización o reinstalación contractuales, dado que se les estaría dejando en total estado de indefensión, y a la libre disposición del instituto patrón de separarlos de los puestos de confianza y regresarlos a los de base de manera indiscriminada y sin ninguna responsabilidad. En esa virtud, si un trabajador es separado de su puesto de confianza y regresado a uno de base, y el instituto demandado no justifica esa separación, con independencia de que no exista conclusión de la relación de trabajo, aquél puede optar por alguno de los beneficios establecidos en la cláusula 56 del pacto colectivo, a saber: la indemnización de ciento cincuenta días de salario, únicamente, pues como se ha visto el pago de cincuenta días por cada año de servicios, por constituir la liquidación de la antigüedad, implica conclusión de la relación de trabajo; o la reinstalación y el pago de noventa días de salario. Conforme a lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, contenido en la tesis I.13o.T.7 L, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 1447, que dice: ‘SEGURO SOCIAL. EL PAGO DE NOVENTA DÍAS DE SUELDO TABULAR, PREVISTO EN LA CLÁUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, SÓLO ES PROCEDENTE CUANDO EL TRABAJADOR ES SEPARADO DEL SERVICIO. La cláusula 56 del pacto colectivo que rige las relaciones laborales entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el sindicato de sus trabajadores, establece que si un trabajador es separado injustificadamente de su empleo y demanda la reinstalación, el instituto se obliga al pago de noventa días de sueldo tabular vigente a la fecha de la separación, además del cumplimiento del laudo; lo que debe interpretarse en el sentido de que tal beneficio únicamente procede cuando existe separación de la fuente de trabajo, no así cuando el trabajador es desplazado de una plaza de confianza a una de base.’. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 197-B (sic) de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la posible contradicción de criterios entre el sustentado por este Tribunal Colegiado y el del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Bajo ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado estima que si la Junta consideró que hubo un ‘despido injustificado’ la razón que expuso para absolver de la reclamación de ciento cincuenta días de salario, por indemnización contractual prevista en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, fue incorrecta; en virtud de que, como se ha dicho, la separación del trabajador en el puesto de confianza, independientemente de que no haya concluido el vínculo laboral, por haber regresado a su puesto de base, constituyó una separación injustificada del actor en el puesto que ocupaba, tal como lo prevé la cláusula 54 del pacto colectivo y, por ende, hacía procedente la aplicación de la cláusula 56. De manera que, si el actor reclamó indemnización contractual, consistente en el pago de ciento cincuenta días de salario, por haber sido separado injustificadamente de su puesto de confianza, y la responsable concluyó que la separación fue injustificada, en virtud de que el instituto demandado no satisfizo los requisitos de la cláusula 55 bis del contrato colectivo de trabajo; entonces, debió condenar al pago de esa prestación, por simple congruencia, pues demostrado el hecho contemplado en la cláusula, se genera el derecho a percibir la prestación contractual de ciento cincuenta días de salario; de ahí que sea fundado el argumento de referencia. Por otra parte, también resulta fundado el primero de los conceptos de violación, donde el quejoso se duele de que la responsable omitió resolver sobre las prestaciones reclamadas en los incisos a), b), c) y d), del escrito de modificación a la demanda de treinta de abril de dos mil tres. Lo anterior es así, pues en el escrito de treinta de abril de dos mil tres, mediante el cual el actor modificó sustancialmente la demanda inicial, reclamó: De la Junta responsable: a) La declaración de nulidad del oficio 36.51.99.1600/8306 de quince de agosto de dos mil dos; b) La declaración de nulidad del oficio 38.51.88.1000/6552 de veintinueve de agosto de dos mil dos; del instituto demandado, c) La aceptación de la declaración de nulidad del oficio señalado en el inciso a); y d), La aceptación de la declaración de nulidad del oficio señalado en el inciso b). Sin embargo, del análisis hecho al contenido del laudo reclamado, transcrito en esta ejecutoria, se aprecia que la responsable omitió pronunciarse sobre dichas prestaciones, violando con su proceder el principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que le impone la obligación de dictar los laudos de manera congruente con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio; de ahí lo fundado del argumento que se contesta. Finalmente, este Tribunal Colegiado estima fundado el sexto concepto de violación, donde el quejoso alega que la Junta no estableció los términos y condiciones en que habrán de cubrirse todas las prestaciones, suplida su deficiencia en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que hace innecesario estudiar el resto de los conceptos de violación. En efecto, en el escrito que modificó sustancialmente la demanda inicial, el actor manifestó que en el puesto de confianza de jefe de Servicios de Unidad Médico Hospitalaria Oncología, nivel 51, percibía un salario diario tabular de doscientos treinta y seis pesos con cincuenta y cuatro centavos, y uno integrado de novecientos cincuenta y nueve pesos con cuatro centavos, conformado con los conceptos de salario tabular y parte proporcional diaria de: prima vacacional; fondo de ahorro; ayuda para actividades culturales y recreativas; aguinaldo; despensa; ayuda de renta; sobresueldo veinte por ciento; sobresueldo, docencia y enfermería; ayuda para libros médicos, material didáctico a médicos residentes y ayuda para libros no médicos; estímulos por asistencia; y estímulos por puntualidad (folios 21 a 23). Sobre el particular, el demandado negó el salario señalado por el actor, así como su integración; precisando que éste percibía uno mensual de tres mil setecientos dieciocho pesos con veintiséis centavos. Habiendo condenado, en el laudo reclamado, al pago de los salarios caídos, sólo respecto a la diferencia entre la categoría de confianza y la de base, la Junta ordenó la apertura del incidente de liquidación, porque no contaba con datos relativos a la categoría de base; sin embargo, omitió establecer la base salarial en el puesto de confianza, a partir de la cual habrá de determinar las diferencias salariales con el salario del puesto de base y respecto de la que sí tenía elementos para fijarla, pues sobre el punto se generó controversia y la responsable se encontraba obligada a definir el salario del trabajador en el puesto de confianza que servirá para cuantificar las diferencias por salarios caídos frente al salario de base, pero como no lo hizo, con su proceder violó el principio de congruencia. Consecuentemente, sin necesidad de estudiar el resto de los conceptos de violación, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo reclamado y en su lugar dicte otro, en el que determine procedente el pago de la indemnización de ciento cincuenta días de salario, prevista en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo; se pronuncie sobre las prestaciones reclamadas por el actor en los incisos a), b), c) y d), del escrito de modificación a la demanda de treinta de abril de dos mil tres; y defina el salario del trabajador en el puesto de confianza que habrá de servir para cuantificar las diferencias por salarios caídos respecto al salario de base; sin perjuicio de los aspectos ya definidos."

CUARTO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en sesión del cuatro de julio de dos mil dos, por unanimidad de votos, resolvió el amparo directo 12213/2002, y las consideraciones en la parte que interesa, para resolver la presente contradicción de tesis, a la letra dicen:

"CUARTO. Del análisis integral de los conceptos de violación transcritos se obtiene, en esencia, que la quejosa argumenta la ilegalidad de la absolución del pago de los noventa días de sueldo tabular que reclamó con fundamento en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, ya que si la responsable consideró que la separación del puesto de confianza que ocupaba la actora fue injustificada, entonces procedía el pago de la prestación reclamada. Son infundados los conceptos de violación. Rosa Marisela Vargas Gutiérrez reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social la restitución en la plaza con tipo de contratación de confianza ‘B’, categoría N39, coordinador deportivo, encargado de la unidad deportiva ‘Benito Juárez Xalpa’, ya que de manera arbitraria se le había separado de la misma y se le regresó a su plaza de base; asimismo, demandó el pago de noventa días de sueldo tabular como trabajadora de confianza, con fundamento en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, entre otras prestaciones. El instituto demandado negó derecho a la actora y dijo: que lo cierto era que había dado cumplimiento a lo establecido en las cláusulas 55 y 55 bis del pacto colectivo, así como en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, pues se le había regresado a su plaza de base, al perdérsele la confianza, por lo que era improcedente el pago de noventa días previsto en la cláusula 56 del pacto colectivo. La Junta fijó la carga probatoria en el demandado para acreditar que dio cumplimiento a lo establecido en las cláusulas 1o., 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo, así como para acreditar que la actora incurrió en las irregularidades que le imputaba; del material aportado concluyó que el instituto no acreditó los mencionados supuestos; en esas condiciones, condenó a la reinstalación de la actora; por otro lado, absolvió respecto de la indemnización que establecía la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, toda vez que, dijo, la actora no se encontraba dentro de los supuestos establecidos en la cláusula citada. La cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo que regía la relación laboral entre las partes, establece: ‘Cláusula 56. Indemnización. Si un trabajador es separado injustificadamente y optare por la indemnización y no por la reinstalac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20051-db0de3a6/seguro-social-la-clausula-56-de-su-contrato · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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