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Modo: Corpus Pro

INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, QUE REGULA EL DESTINO DE LOS FONDOS ACUMULADOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, CONSTITUYE UNA NORMA DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 243/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20871
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO, SEGUNDO, SEXTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, , Pág. 703.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 243/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO, SEGUNDO, SEXTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE

ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001 dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción se refiere a la materia de trabajo cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer. La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine, el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los representantes legales de las partes quejosas en los diversos juicios en que se emitieron los criterios contradictorios denunciados, razón por la cual es indudable que cuentan con legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis.

TERCERO. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de fecha cuatro de octubre de dos mil siete, resolvió por unanimidad de votos, el recurso de revisión número RT. 438/2007, de su índice, y las consideraciones, en la parte que interesa para la resolución del presente asunto, son las siguientes:

"IV. Son fundados los agravios en los que se hacen valer causas de improcedencia del juicio de amparo, por lo que, resulta innecesario el estudio de los demás ... Los anteriores argumentos, en su conjunto, resultan fundados por lo siguiente: En efecto, de esos argumentos se deriva la causa de improcedencia que establece la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la cual se estima que opera y conduce a decretar el sobreseimiento del juicio de garantías, conforme a lo establecido en la fracción III del numeral 74 del mismo cuerpo de leyes; lo anterior es así, porque en el caso los quejosos consintieron el artículo octavo transitorio del Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al no haber combatido la inconstitucionalidad del mismo, mediante el juicio de amparo, dentro del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, pues tomando en cuenta que el artículo en cuestión dispone lo siguiente: ‘Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones’ de ello deriva que el citado artículo tenga el carácter de ley autoaplicativa en el momento en que se surtieran los supuestos del mismo, o sea, que se obtuviera un beneficio conforme a la Ley del Seguro Social anterior a mil novecientos noventa y siete, el referido término corrió desde el momento en que los quejosos fueron pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que a partir de ese acontecimiento se ubicaron en los supuestos de la norma y ésta les causó perjuicio, causa de improcedencia que se examina a la luz de la jurisprudencia publicada con el número 232, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 190, Tomo VI, Novena Época, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. (La transcribe). ... lo anterior, porque en el caso, como lo alegan al respecto las recurrentes, el Juez de Distrito consideró lo siguiente: ... Al respecto, debe tomarse en cuenta el criterio jurisprudencial que actualmente sustenta el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas. La referida tesis de jurisprudencia es la número 55/97 sustentada por el Pleno de ese Alto Tribunal, que se encuentra publicada en la página cinco, del Tomo VI, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (La transcribe). La jurisprudencia reproducida sustenta los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el individuo se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada. Así, para la impugnación de las normas generales mediante el amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Al respecto, es importante puntualizar que tratándose de normas heteroaplicativas, no cualquier acto legitima al gobernado para acudir en demanda de amparo, por el contrario, es requisito indispensable que dicho acto materialice los supuestos previstos por la norma y, mas aún, que ello trascienda a la esfera jurídica del peticionario, generando un perjuicio, entendido como una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. De lo anterior, debe decirse que el a quo incorrectamente estimó que el artículo octavo transitorio del decreto de reformas y adiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, constituye una norma de carácter heteroaplicativa o de aplicación condicionada, por lo que igualmente resulta inexacta la conclusión a la que arribó en el sentido de que a la fecha en que los quejosos presentaron la demanda de garantías, no había transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, porque estimó que el primer acto de aplicación de la norma en cuestión, lo constituyó cada uno de los oficios por los que el gerente jurídico contencioso institucional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, les comunicó que el instituto estaba imposibilitado jurídica y materialmente para efectuar la entrega de las cantidades requeridas por los quejosos, dado que entre la fecha de notificación de dichos oficios y la de la presentación de la demanda no había transcurrido el mencionado término legal, por lo que en su concepto, resultaba infundada la causa de improcedencia que hacían valer las autoridades responsables; lo anterior, porque no es verdad que la norma impugnada, tildada de inconstitucional, tenga el carácter de norma heteroaplicativa, sino que, de acuerdo a su propia naturaleza, ésta reviste el carácter de autoaplicativa y, para definir dicho carácter, debe atenderse, como lo ha sustentado nuestro Máximo Tribunal del País, al concepto de individualización incondicionada de las leyes, que es consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento en que están en vigor, pues son disposiciones de carácter autoaplicativo aquellas que acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado con la sola entrada de su vigencia y crean, transforman, o extinguen situaciones concretas de derecho, circunstancia que se actualiza en el caso, pues la ley cuya inconstitucionalidad se hizo valer, consistente en el mencionado artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establece lo que a continuación se reproduce: ‘Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones.’; y de ella se deduce que no es la ley quien irá a los particulares sino éstos quienes irán a la ley cuando obtengan un beneficio de aquellos previstos en la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, esto es, causará perjuicio a los particulares cuando éstos se ubiquen en los supuestos de tal artículo autoaplicándose el mismo por haber obtenido el beneficio de, en el caso, una pensión otorgada conforme a la citada Ley del Seguro Social; por tanto, tomando en cuenta el concepto de individualización antes señalado, que es lo que constituye el elemento objetivo de referencia para poder dilucidar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso específico si los efectos de la norma impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, debe concluirse que en el caso se trata de una disposición autoaplicativa, pues no está sujeta a condición alguna para que puedan surtir efectos, ya que debe entenderse que la condición consiste en la materialización del acto indispensable para que la ley adquiera individualización, que bien puede consistir en un acto administrativo o jurisdiccional o incluso el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico ajeno a la voluntad humana que lo sitúa en la hipótesis de derecho. Atento a lo anterior, la disposición ahora impugnada, no era de carácter heteroaplicativo, puesto que no requería de un acto de aplicación y menos tenía ese carácter el contenido de los oficios mediante los cuales se comunicó a los quejosos que al obtener una pensión en términos de la Ley del Seguro Social anterior, vigente a junio de mil novecientos noventa y siete, no procedía devolvérseles las aportaciones pertenecientes a los quejosos; (se transcriben todos sus nombres), en razón a que de conformidad con el artículo octavo transitorio del decreto de reformas y adiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, esos recursos habían sido transferidos al Gobierno Federal vía la Tesorería de la Federación para el pago de sus pensiones, dado que no se estaba aplicando dentro del citado artículo sino sólo reafirmándoseles lo que se había hecho en términos del mismo, lo que determina que, como se dijo la disposición era de carácter autoaplicativo o de individualización incondicionada, desde el momento en que los quejosos se ubicaron en la hipótesis normativa en ella regulada; esto es, cuando alcanzaron u obtuvieron su pensión en términos de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, pues por disposición del propio artículo combatido, los fondos acumulados en las subcuentas de vivienda de las aportaciones hechas a partir del tercer trimestre de mil novecientos noventa y siete fueron transferidos al Gobierno Federal a fin de que con los mismos se cubrieran sus pensiones; en consecuencia, si la hipótesis de la aludida disposición se materializaba desde el momento en que los quejosos fueron pensionados, es evidente que desde ese momento les afectaba su esfera jurídica, por lo que a partir de esa fecha y dentro de los treinta días siguientes debieron acudir al juicio de amparo y no esperar a que en repuesta a las peticiones que formularon al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se les informara por el mismo que se encontraba ‘... imposibilitado jurídica y materialmente para efectuar la entrega de las citadas aportaciones.’, ya que no era necesario un acto específico de aplicación, y de acuerdo a lo expuesto con antelación no se requería un acto diverso que condicionara su aplicación, pues no se trata de un acto de naturaleza heteroaplicativa o de individualización condicionada. A ese respecto, consta en autos que los quejosos obtuvieron sus pensiones en las fechas siguientes: seis de marzo de dos mil tres, treinta y uno de marzo de dos mil seis, veintinueve de julio de dos mil cuatro, treinta de junio de dos mil cuatro, veintinueve de mayo de dos mil dos, veinte de febrero de dos mil tres, diecinueve de mayo de dos mil cuatro, quince de junio de dos mil cuatro, treinta de junio de dos mil cuatro, doce de junio de dos mil dos, doce de octubre de dos mil cinco, trece de julio de dos mil cuatro, cinco de septiembre de dos mil tres, veintitrés de diciembre de dos mil cinco, veintiséis de julio de dos mil dos, quince de junio de dos mil cuatro, veintiuno de octubre de dos mil cuatro, veintinueve de julio de dos mil dos, veintiocho de mayo de dos mil dos, diez de agosto de dos mil cinco, quince de julio de dos mil dos, doce de enero de dos mil, doce de febrero de dos mil tres, dieciséis de mayo de dos mil seis, veintiséis de abril de dos mil dos, dos de abril de dos mil seis, dos de diciembre de dos mil cuatro, quince de junio de dos mil cinco, dos de agosto de dos mil dos, en tanto que el juicio de amparo lo promovieron el dos de octubre de dos mil seis esto es, fuera del término de treinta días que señala el artículo 22 de la Ley de Amparo para impugnar una ley de carácter autoaplicativo. En esas condiciones, si los quejosos promovieron el juicio de amparo indirecto fuera del término de los treinta días posteriores a la fecha en que fueron pensionados de conformidad con la Ley del Seguro Social anterior al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, y esos hechos quedaron plenamente acreditados con las documentales exhibidas por los propios quejosos en copia certificada, y por ello tienen pleno valor probatorio, consistentes en las resoluciones del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante las cuales fueron pensionados en términos de la ley del propio instituto (fojas 149 a 209), resulta obvio que los peticionarios del amparo consintieron el acto reclamado, pues promovieron la demanda aludida fuera del término citado con antelación, ya que al ubicarse en los supuestos de la norma, desde ese preciso momento tenían expedita su acción constitucional para promover la demanda de garantías respectiva, dado que a partir de ese momento el artículo impugnado causó perjuicio a su interés jurídico al actualizarse la hipótesis normativa en ella prevista. Es aplicable igualmente al caso, la tesis aislada número 2a. XIX/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA).’ (La transcribe). No pasa inadvertido a este Tribunal Colegiado, que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 95/2005, Segunda Sala, localizable en la página 328 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, septiembre de 2005, Novena Época, establece lo siguiente: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN.’ (La transcribe). ... de la cual se advierte que existen dos momentos para poder combatir una ley de naturaleza autoaplicativa; el primero, lo constituye el plazo de treinta días a partir de la sola entrada en vigor de la ley y, el segundo, dentro de los quince días siguientes al del primer acto de aplicación; sin embargo, el segundo supuesto no resulta aplicable en el caso, pues de acuerdo a las consideraciones efectuadas con anterioridad, la norma reclamada consiste en un artículo transitorio de carácter autoaplicativo que no necesita ningún acto específico de aplicación para poder ser combatido. Además cabe decir que los oficios reclamados atribuidos al gerente jurídico contencioso institucional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de ninguna forma constituyen un acto de aplicación del artículo que a lo largo de esta ejecutoria se ha venido haciendo referencia, en razón de que en ellos no se les hizo la aplicación del referido numeral octavo transitorio de la ley aludida a los quejosos, pues de su lectura se aprecia que en éstos la responsable lo que mencionó fue que no era factible entregarles los recursos acumulados en sus subcuentas de vivienda, porque los mismos habían sido transferidos al Gobierno Federal, de conformidad con el artículo en comento, lo que ocurrió al momento en que los trabajadores fueron pensionados en aplicación de la Ley del Seguro Social, pues con ello se ubicaron en la hipótesis de la disposición impugnada y, por tanto, se actualizó su aplicación, sin que se requiriera posterior acto de la autoridad para estimar que existía la posibilidad de impugnarla a través de ese acto de aplicación, y mucho menos que ese constituyera el primer acto de aplicación, ya que, se insiste, por un lado, no se requería, dada la propia naturaleza y contenido de la norma y, por otro, los oficios no significan que a los quejosos se les hubiera aplicado concretamente la norma referida en ese momento, sino que lo único que ocurrió fue que se les comunicó la petición expresa que hicieron, en los que de paso sea dicho, no se negó la devolución del dinero, sino únicamente se les informó lo que había ocurrido con motivo de haber alcanzado su pensión; sin embargo, la norma en cuestión ya había sido aplicada desde el momento en que los quejosos se ubicaron en la hipótesis normativa, esto es, cuando se pensionaron, pues precisamente lo que establece dicho artículo es que las pensiones se cubrirán con los recursos reclamados por los peticionarios de garantías, mas no que por haber hecho la solicitud de la devolución de las aportaciones efectuadas a su favor por sus patrones, a partir del tercer trimestre de mil novecientos noventa y siete, y habérseles contestado que no era posible ello, esos oficios constituían el primer acto de aplicación y, a raíz de su notificación, ahí comenzaba a correr el término para la promoción del juicio de amparo. ... . En las condiciones anotadas, procede revocar la sentencia recurrida dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, al actualizarse en el caso las causas de improcedencia del juicio de garantías previstas en el artículo 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, del propio ordenamiento legal, procede sobreseer el juicio de amparo promovido contra las autoridades y por los actos que se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria."

CUARTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dictó sentencia en sesión de quince de marzo de dos mil siete, por unanimidad de votos, en el recurso de revisión número RT. 206/2007, de su índice, y las consideraciones, en la parte que interesa para la resolución del presente asunto, son las siguientes:

"NOVENO. El estudio de los agravios expuestos por el subdirector general de servicios jurídicos del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, conduce a determinar lo siguiente. Aduce que se surte una causal de improcedencia porque el acto reclamado fue consentido por los quejosos pues al optar por la pensión en términos de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, consintió todas las consecuencias legales que derivaron de su decisión, esto es que al adoptar el beneficio establecido en la ley también aceptaron sus consecuencias legales y el perjuicio ocasionado. Es infundado el agravio de mérito en atención a las siguientes consideraciones. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó la jurisprudencia número 2a./J. 32/2006, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de 2006, visible en la página 252, publicada bajo el rubro y texto siguientes: ‘INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (La transcribe). De la lectura de la misma se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, porque amalgama en dicho artículo dos disposiciones legales distintas, con dos diferentes finalidades sociales; verbigracia, el derecho a la vivienda para los trabajadores regulado en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, y la seguridad social en caso de invalidez o vejez, regulada en la Ley del Seguro Social, afirma que ambas leyes tienen un fundamento constitucional distinto, pues mientras la primera de las mencionadas reglamenta la fracción XII del apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el segundo cuerpo normativo tiene sustento en la fracción XXIX del referido precepto constitucional. De lo anterior se colige de forma diáfana que la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, deriva de la imposición de obligaciones de los cuenta-habientes mediante la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, motivo por el cual no es posible, como lo pretende la ahora dependencia recurrente, derivar una causal de improcedencia al considerar que la voluntad de los quejosos expresada conforme a la legislación de la Ley del Seguro Social, produce efectos conforme a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, pues en la tesis transcrita claramente se consideró que dicha relación impuesta al gobernado, es inconstitucional, y por ello, no se pueden desprender elementos de una legislación para aplicarlos en otra en detrimento de los gobernados. Es por ello que no resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 148/2006, perteneciente a la Novena Época, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 289, que a la letra dice: ‘CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.’ (La transcribe). Primero, porque de la lectura de la misma y de su ejecutoria se advierte que el beneficio aceptado debe ser consecuencia del perjuicio combatido, es decir posterior al mismo, lo que en el caso no acontece porque el supuesto beneficio que expresa la autoridad recurrente, ocurre con anterioridad al daño impugnado, en tal virtud, el perjuicio no es condición del otorgamiento del beneficio. Y en segundo lugar, porque el beneficio y el perjuicio no derivan de un mismo cuerpo normativo, sino de dos, y cuya relación establecida en el artículo octavo transitorio del decreto de reformas y adiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y siete, fue declarada inconstitucional en términos de la jurisprudencia transcrita. Aduce que el acto de aplicación que reclaman los quejosos no fue el primero, porque según lo dispuesto en el artículo octavo transitorio se desprende que la transferencia de los recursos se da desde que el trabajador solicita su pensión, bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, por lo que a la fecha en que se promovió el juicio de amparo ya había transcurrido en exceso el término para interponer el juicio de amparo. Es incorrecta la apreciación de la recurrente, en primer lugar, porque la Juez de Distrito sí se pronunció respecto a la causa que invoca, asimismo, la misma no se actualizó en el juicio de amparo indirecto. En efecto, los artículos 73, fracción XII, 21 y 22, fracción I, de la Ley de Amparo, en lo conducente establecen: (Los transcribe). De la interpretación sistemática de dichas disposiciones normativas, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos consentidos tácitamente por el peticionario de garantías, en virtud de que no se solicitó dentro de los términos previstos en los artículos 21, 22 y 218, a saber: a) Cuando no se promueva dentro de los quinc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20871-56d53bc4/infonavit-el-articulo-octavo-transitorio-del-decreto-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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